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La lucha contra la impunidad |
¡EXIGIMOS LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR EL ESTADO PERUANO DURANTE LA GUERRA INTERNA!
¡EXTRADICCIÓN Y SANCIÓN DEL GENOCIDA FUJIMORI!
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"… durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori se encuentra una relación funcional entre poder político y conducta criminal. Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se organiza una estructura estatal que controla los poderes del Estado, así como otras dependencias clave, y utiliza procedimientos formales/legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después." (Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación". Tomo III. Capítulo 2.3. Agosto del 2003.)
Cuando, el 28 de julio de 1990, Alberto Fujimori asumió el cargo de la presidencia del Perú, se abrió una etapa de más de 10 años, caracterizada por el socavamiento del Estado de derecho, el recorte de los derechos fundamentales y, sobre todo, por violaciones sistemáticas de los derechos humanos que cobraron miles de víctimas. Fujimori ganó las elecciones gracias a la situación desastrosa en la que el gobierno del APRA con Alan García Pérez a la cabeza había dejado el país, lo que en la mayoría de los peruanos había causado una profunda desconfianza contra los partidos políticos tradicionales. El agrónomo Fujimori, quien hasta esa fecha era un desconocido en la vida política del Perú, insistió en su honradez y se presentó con la promesa de mejorar la situación económica de las amplias masas populares y de derrotar la insurrección armada del Partido Comunista del Perú (PCP) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) a los cuales calificó como la raíz de todos los males que azotaban el país. Su programa económico consistió de un curso estrictamente neoliberal cuyo núcleo era la privatización de las empresas que en parte o en su totalidad se encontraban en manos del Estado. El obstáculo principal para realizar estos planes era la guerra interna que espantó a los inversionistas extranjeros evitando que inviertan sus capitales en el Perú.
Por lo tanto, sus primeras medidas apuntaban a acabar con la subversión como dé lugar. En 1991, el gobierno presentó al Congreso una serie de proyectos de leyes con los cuales, bajo el pretexto de la lucha contra la subversión, pretendía restringir los derechos fundamentales y dar facultades legislativas extraordinarias al Presidente de la República. Luego de que el parlamento, donde la agrupación política de Fujimori "Cambio 90" estaba en minoría, había rechazado la iniciativa, el 5 de abril de 1992, con el apoyo del Ejército dio un golpe de Estado y mediante un decreto formó en "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional" que gozó de un poder casi irrestricto. Fujimori disolvió el parlamento y lo remplazó posteriormente por una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Constitución a su medida que, luego de un referéndum, entró en vigencia el 1° de enero de 1994. Además puso bajo su control el Poder Judicial mediante una llamada reorganización, colocando en los cargos importantes, especialmente en los órganos de control, personas afines y cambiando el 80% de los jueces. En los siguientes meses decretó una nueva legislación antiterrorista, introduciendo penas draconianas para el delito de "terrorismo" y desconociendo todas las garantías judiciales, con una tipificación del delito de terrorismo tan amplia y vaga, que podía ser aplicada a cualquier oposición al régimen. Esta legislación se complementó con una nueva ley de ejecución penal para los acusados y sentenciados de "terrorismo", que violó todos sus derechos fundamentales y les impuso condiciones carcelarias completamente infrahumanas en las nuevas "prisiones de alta seguridad". La aplicación de esta ley empezó en mayo de 1992, con el asalto al penal "Miguel Castro Castro" en Canto Grande, que terminó con la ejecución extralegal y selectiva de alrededor de 50 supuestos dirigentes del PCP y cientos de presos heridos, entre ellos varios de gravedad.
En la lucha antiguerrillera Fujimori prosiguió la política de genocidio de sus antecesores, pero a diferencia de ellos combinó la acción de las tropas regulares con la de grupos paramilitares que se unió bajo un solo comando. En el campo, fomentó la creación de las llamadas "rondas campesinas" o "Comités de Autodefensa", formados de campesinos que, muchas veces bajo presión, fueron organizados, entrenados y armados por el Ejército. Su función era sembrar el terror entre la población rural y asesinar a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de la guerrilla. En la ciudad, se creó los comandos paramilitares especiales del Ejército como el Grupo Colina o el grupo GATO que actuó principalmente en el Centro del Perú. Estos grupos secuestraron, torturaron y asesinaron selectivamente supuestos miembros y simpatizantes de las organizaciones subversivas. Hasta donde se conoce, son responsables de la muerte y la desaparición de por lo menos 60 personas. Los comandos paramilitares operaron bajo la dirección del asesor presidencial y jefe encubierto del servicio de inteligencia del Ejército SIN, Vladimiro Montesinos, y con el conocimiento y bajo la protección del mismo Presidente Fujimori. Como posteriormente militares revelaron ante los tribunales, no sólo les felicitó y condecoró por las atrocidades que cometieron, como en el caso del asesinato de nueve estudiantes y un docente de la universidad La Cantuta, sino también aseguró la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, emitiendo en 1995, una ley de amnistía para todos los crímenes cometidos por militares y policías en el contexto de la guerra interna, y retirando el Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, Fujimori estableció un sistema autocrático que le aseguró a él y su camarilla el control de todos los órganos de poder estatal y restringió al máximo a la oposición democrática. Debido a una cláusula de la nueva Constitución que le permitió la reelección inmediata del presidente, hasta entonces prohibida, Fujimori pudo volver a postular para las elecciones de 1995 y fue reelegido. Fujimori debió su reelección principalmente a una recuperación transitoria de la economía, que se hizo viable, luego de que la guerra popular dirigida por el PCP sufrió un revés decisivo por la detención de la dirección central del Partido. Este hecho le permitió al gobierno aplicar sus planes de privatización, logrando que por la venta de las empresas públicas y la entrega de los recursos naturales a empresas multinacionales llegaran capitales frescos al país. Si bien una parte de este dinero terminó en las cuentas bancarias de Fujimori y sus secuaces, como posteriormente se supo, el resto del dinero fue utilizado para crear una imagen pública favorable del gobierno y sobre todo de Fujimori, invirtiendo en obras, muchas veces mal ejecutadas y con jugosas ganancias para los fujimoristas, o regalos populistas a la población como la entrega de computadoras a escuelas de barrios pobres, debidamente publicitada por la prensa oficialista, o para comprar periodistas o políticos de otras bancadas.
Sin embargo, en la segunda mitad de los años noventa, las reservas se empezaron a agotar y la situación económica empeoró. Además se manifestó en la población un creciente malestar por la conculcación de los derechos de los trabajadores y la corrupción cada vez más descarada y abierta del régimen. Cuando Fujimori anunció su intención de postalar nuevamente en las elecciones presidenciales del año 2000, la oposición creció, desarrollándose una ola de protesta, que fue aprovechado por el candidato Alejandro Toledo para presentarse como contraparte de Fujimori. Pese a un evidente fraude electoral, que fue denunciado por los observadores de la OEA y otros organismos nacionales e internacionales, Fujimori nuevamente fue declarado ganador y, en medio de protestas masivas, el 28 de julio del 2000, se inauguró su tercer periodo presidencial.
Las protestas continuaron y se intensificaron, luego de que el 14 de septiembre del 2000, se hizo público un video en el cual se ve Montesinos entregando dinero a un parlamentario de la oposición quien poco antes se había pasada a las filas del oficialismo. Finalmente Fujimori decidió sacrificar a Montesinos, quien la opinión pública además consideraba como responsable principal por las graves violaciones de derechos humanos del régimen. El 16 de setiembre, Fujimori anunció la disolución del SIN y nuevas elecciones presidenciales sin su participación en el año 2001. Con la ayuda de Fujimori Montesinos fugó a Panamá y posteriormente fue extraditado de Venezuela al Perú. Sin embargo, después de la fuga de Montesinos las protestas contra Fujimori no cesaron, y ante el peligro de que el parlamento lo distituya, aprovechó un viaje oficial al extranjero para enviar el 20 de noviembre del 2000, un fax de dimisión al Congreso peruano y, aprovechando su doble nacionalidad, buscar refugio en el Japón. El día siguiente, el Congreso le declaró "moralmente incapacitado para su cargo" y lo destituyó, nombrando un gobierno transitorio encabezado por Valentín Paniagua. En los siguientes meses, el parlamento presentó varias acusaciones constitucionales en su contra, la mayoría por enriquecimiento ilícito, malversión de fondos y otros actos de corrupción, y la Fiscalía de la Nación remitió las denuncias correspondientes a la Corte Suprema. En agosto del 2001, el pleno del Congreso aprobó una acusación constitucional contra el ex presidente Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada cometidos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta el 3 de noviembre de 1991 y el 18 de julio de 1992, respectivamente. En febrero del 2002, el vocal supremo instructor, José Luis Lecaros, dictó la primera orden de captura internacional contra el prófugo ex mandatario Alberto Fujimori, bajo del delito de peculado. En marzo del 2003, INTERPOL emitió formalmente un orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad, asesinato y secuestro contra Fujimori, seguido por una solicitud de extradición presentado por la Cancillería del Perú al gobierno japonés, en agosto del mismo año.
Sin embargo, el gobierno japonés no respondió a ninguno de los pedidos judiciales del Estado peruano, hasta que Fujimori, después de cinco años, en noviembre del 2005, abandonó voluntariamente el Japón para viajar vía México a Chile con el fin de participar como candidato en las elecciones presidenciales peruanas del año 2006, como él mismo hizo saber. En ejecución de la orden de detención internacional, las autoridades chilenas lo detuvieron en la madrugada del 7 de noviembre, y el Poder Judicial del Perú abrió un proceso de extradición, presentando un total de 12 cuadernillos, principalmente casos relacionados a actos de corrupción pero, gracias a la presión de los familiares de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos, al menos se incluyó algunos casos de violaciones de derechos humanos que Fujimori durante su gobierno ordenó y encubrió, como los casos "Barrios Altos" y "La Cantuta", es decir, aquellos en los cuales existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso de extradición se prolongó por la demora del Estado peruano en la elaboración y presentación de los cuadernillos correspondientes. Tanto el gobierno de Toledo como el gobierno del APRA que le siguió el 28 de julio de 2006, no han mostrado mucho interés en recibir al ex-Presidente, como extraditado, para ser juzgado. Mientras tanto, la detención de Fujimori fue cambiado en libertad provisional, quedando sujeto solamente a la medida de arraigo, lo que le impide abandonar el país. Finalmente, después de un año y medio, el 7 de junio del 2007, la Fiscal Suprema de Chile, Verónica Maldonado, presentó su dictamen, pronunciándose a favor de extraditar al Perú al ex mandatario Alberto Fujimori, abriendo el camino para que sea juzgado y pague por sus crímenes. Unos días después el Estado peruano presentó otro pedido de extradición contra Fujimori, en el cual se sindica a Fujimori como autor intelectual de la matanza en el penal "Miguel Castro Castro" de mayo 1992.
El 11 de julio de 2007, el juez instructor de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez en un sorprendente e inesperado fallo, rechazó -en primera instancia- el pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, alegando falta de pruebas, lo que motivo protestas inmediatas de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas de matanzas cometidas durante el Gobierno de Fujimori. El Estado peruano apeló el fallo, y el 21 de setiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile revisó la sentencia y aprobó la extradición del ex mandatario por siete de los 13 procesos por los cuales se solicitó su extradición, cinco por delitos de corrupción y dos por delitos de violación de derechos humanos. El día siguiente, Fujimori fue extraditado al Perú y recluido en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en el distrito de Ate, en la capital Lima.
DOCUMENTOS, ARTÍCULOS Y PRONUNCIAMIENTOS
 MANIFIESTO DE LOS INTELECTUALES Y ARTISTAS POR LA JUSTICIA, Y CONTRA LA IMPUNIDAD. 4 de noviembre de 2007 »
CNDDHH SALUDA SENTENCIA FAVORABLE A LA EXTRADICIÓN
DE ALBERTO FUJIMORI. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Setiembre de 2007 »
LOS EXPATRIADOS PERUANOS POR FUJIMORI. Alfredo Alberdi Vallejo. Octubre de 2007 »
LA EXTRADICIÓN DE FUJIMORI, UNA ADVERTENCIA. Reed Brody: Diario El País. 30 de setiembre de 2007. »
FUJIMORI Y EL PACTO SECRETO CON EL APRA Luis Arce Borja. 25 de setiembre de 2007 »
FRENTE A LA EXTRADICION DE FUJIMORI. Asociación Reflexión de Inocentes Liberados. 27 de setiembre de 2007 »
FINALMENTE EN EL BANQUILLO: FUJIMORI. Gustavo Espinoza M. (Colectivo Nuestra Bandera). 27 de setiembre de 2007 »
ATENTADO CONTRA EL MEMORAL DEDICADO A LAS VÍTIMAS DE LA VIOLENCIA "EL OJO QUE LLORA". Comunicado. Setiembre de 2007 »
INFORME DE LA FISCAL SUPREMA DE CHILE MÓNICA MALDONADO CROQUEVIELLE A LA CORTE SURPREMA SOBRE EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE ALBERTO FUJIMORI. Santiago, 7 de Junio de 2007. »
FUJIMORI: ¡EXTRADICIÓN AL PERÚ O JUICIO EN CHILE!. Informe de la FIDH. 3 de mayo de 2007. »
¡LA EXTRADICIÓN DE FUJIMORI AL PERÚ: UN IMPERATIVO DE JUSTICIA!. Informe de FIDH. 3 de mayo de 2006. »
LAS GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL MANDATO DE ALBERTO FUJIMORI (1990-2000). Amnistía Internacional Perú/Chile. 5 de diciembre de 2005. »
PRUEBAS QUE COMPROMETEN A FUJIMORI. Human Richts Watch. Diciembre de 2005. »
 ALERTA Y DENUNCIA INTERNACIONAL: INTIMIDACIÓN, AMEDRENTAMIENTO Y ABUSOS EN CHILE CONTRA QUIENES BUSCAN EXTRADICIÓN A PERÚ DE ALBERTO FUJIMORI » 8 de diciembre de 2005.
PORQUE JAPÓN PROTEGE AL GENOCIDA-VENDEPATRIA FUJIMORI. Cathy García. 14 de noviembre de 2005. »
FUJIMORI, DICTADOR NARCO CAPITALISTA. Manuel Hidalgo. 9 de noviembre de 2005 »
EL GENOCIDIO INDÍGENA DE FUJIMORI. Por Sumac SONQO. Azkintuwe Noticias. 8 de noviembre de 2005. »
"FUJIMORI EXTRADITABLE". DIEZ AÑOS DICTADURA, CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS. Dossier de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Abril de 2003. »
LA DICTADURA DE FUJIMORI: MARIONETISMO, CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. Esteban Cuya.Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Julio de 1999. »
Véase también la documentación del caso de La Cantuta »
Véase también öa documentación del caso de la matanza en el penal "Miguel Castro Castro" »
CRONOLOGÍA:
28-07-1990 Después de ganar en segunda vuelta las elecciones presidenciales, Fujimori asume la presidencia del Perú.
3-11-1991 El grupo paramilitar Colina ejecuta la masacre de Barrios Altos, asesinando a 14 adultos y un niño en una quinta en el centro de Lima.
5-04-1992 Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori da un golpe de Estado y decreta el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".
2-05-1992 El Grupo Colina secuestra y desaparece a nueve pobladores del distrito El Santa de Chimbote.
6-05-1992 Por orden de Fujimori, fuerzas combinadas de la policía y del ejército atacan con armas de guerra los pabellones 1A y 4 B en el Penal Miguel Castro Castro, donde estaban recluidos los acusados y sentenciados de "terrorismo". Durante el operativo mueren 41 internos, de los cuales la mayoría fue ejecutada ilegalmente, y cientos resultan heridos.
24-06-1992 El Grupo Colina secuestra y desaparece a periodista Pedro Yauri Bustamante.
18-07-1992 El Grupo Colina secuestra, ejecuta e incinera los cuerpos de un grupo de estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta.
1-01-1994 Entra en vigencia la nueva Constitución de 1993 que entre otros cambios permite la reelección inmediata del presidente del Perú.
14-06-1995 En horas de la madrugada y en forma sorpresiva, la mayoría oficialista del Congreso aprobó la Ley Nº 26479, mediante la cual se concedió amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley, efectuada por el Presidente de la República ese mismo día.
28-07-1995 Luego de ser reeligido se inaugura el segundo período presidencial de Fujimori.
23-08-1996 El Congreso aprueba la Ley de Interpretación Auténtica, que permite una tercera postulación (la re-reelección) de Fujimori.
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26-11-1996 Detención del General Rodolfo Robles Espinoza por haber denunciado las violaciones de derechos humanos del gobierno de Fujimori.
8-02.1996 Se denuncian las presuntas torturas sufridas por la agente de inteligencia Leonor La Rosa en los sótanos del Cuartel General del ejército, al parecer por filtrar a la prensa datos sobre el grupo Colina.
22-03-1997 La agente de inteligencia Mariella Barreto es torturada y asesinada por filtrar a la prensa datos sobre el grupo Colina.
22-04-1997 Durante la llamada operación "Chavín de Huántar" de rescate de un grupo de rehenes tomados por el MRTA en la residencia del embajador del Japón, presuntamente por orden de Fujimori varios miembros del comando del MRTA fueron ejecutados ilegalmente, después de haberse rendido.
29-05-1997 La mayoría oficialista del Congreso destituye a tres magistrados del Tribunal Constitucional que habían declarado inaplicable la ley de interpretación auténtica que permitía un tercer mandato a Fujimori.
5-06-1997 Primera de una serie de concurridas marchas de protesta estudiantil contra la decisión del régimen fujimorista de destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
8-07-1999 El gobierno de Fujimori decide retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
28-02-2000 Denuncia de falsificación de más de un millón de firmas para la inscripción a las elecciones generales de alianza fujimorista Perú 2000.
3-05-2000 Miembros del SIN torturan a periodista Fabián Salazar con la finalidad de conocer la identidad de quienes le facilitaron información que compromete al asesor presidencial Vladimiro Montesinos con autoridades del sistema electoral.
28-0-2000 En la segunda vuelta de las elecciones generales Fujimori es declarado ganador por un estrecho margen, a pesar de que todos los sondeos iniciales de las empresas especializadas daban como ganador al candidato Alejandro Toledo. Los observadores de la OEA, la ONG Transparencia y el NDI - Centro Carter denuncian irregularidades y limitan su participación.
28-07-2000 Inauguración del tercer período de Fujimori en medio de protestas. Toledo encabeza la "marcha de los cuatro suyos".
14-09-2000 El Frente Independiente Moralizador (FIM) presenta públicamente un video que muestra Vladimiro Montesinos sobornando al congresista Alberto Kouri para que se pase a las filas del oficialismo.
16-09-2000 Fujimori anuncia la disolución del SIN y la convocatoria a nuevas elecciones en el año 2001 sin su participación.
23-09-2000 Fujimori ordena la entrega de US-$15 millones a Montesinos para que se retire del país.
20-11-2000 Durante un viaje oficial al extranjero, Fujimori busca refugio en el Japón y envía desde Tokio un fax de dimisión.
13-02-2001 La Fiscalía de la Nación acusó formalmente al ex mandatario de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
23-02-2001 El pleno del Congreso presentó una acusación constitucional en contra de Fujimori por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo, y lo inhabilitó para el desempeño de cualquier cargo público durante diez años.
28-02-2001 La Fiscalía de la Nación remitió la denuncia correspondiente a la Corte Suprema.
27-08-2001
Con la votación unánime de 75 parlamentarios, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional formulada contra el ex presidente Fujimori como presunto responsable de los delitos de asesinato (homicidio calificado), lesiones graves y desaparición forzada cometidos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta el 3 de noviembre de 1991 y el 18 de julio de 1992, respectivamente. También se acordó que los atentados de Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad y en consecuencia como delitos universales son perseguibles internacionalmente.
13-09-2001
El juez Instructor de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Lecaros Cornejo, abre instrucción contra el ex Presidente Alberto Fujimori, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves en agravio de Luis León Borja y otros (Caso Barrios Altos) y Hugo Muñoz Sánchez y otros (Caso Cantuta), dictándose mandato de detención.
24-01-2002 El vocal supremo instructor, José Luis Lecaros, dictó la primera orden de captura internacional contra el destituido presidente Alberto Fujimori, bajo del delito de peculado, por el caso de los 15 millones de dólares que se entregó a Vladimiro Montesinos por concepto de "indemnización" cuando su régimen se desmoronaba.
26-03-2003 Interpol emitió formalmente una "difusión roja" de detención por crímenes de lesa humanidad, asesinato y secuestro contra el prófugo ex mandatario Alberto Fujimori. El mismo día, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés dijo que el Japón no responderá al pedido de detención y extradición solicitado por la Interpol contra Fujimori, ya que, según las leyes internas, una notificación de la organización internacional de policía es insuficiente y no obliga a las autoridades japonesas a practicar un arresto.
30-07-2003 La Cancillería del Perú presentó oficialmente ante el Gobierno de Japón la solicitud de extradición del ex presidente Alberto Fujimori para que enfrente gravísimos cargos ante la justicia. El documento de extradición, de 700 páginas, se fundamenta en los delitos de homicidio calificado, secuestros y lesiones graves, así como posible eliminación física de personas durante sus dos mandatos.
6-08-2003 El ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandante general del Ejército aseguró ante el vocal supremo José Luis Lecaros que fue Vladimiro Montesinos Torres quien le informó expresamente que Fujimori estaba informado del secuestro y asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. También dijo que Fujimori felicitó a los criminales mediante un memorandum por las acciones que realizaron.
7-08-2003
La Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente al ex presidente Alberto Fujimori ante el Congreso por homicidio calificado, porque presuntamente ordenó la ejecución extrajudicial de tres miembros del MRTA luego del rescate de la residencia del embajador japonés en Lima, en abril de 1997.
13-08-2003
El ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, reiteró ante la vocalía superior que el prófugo ex presidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de la existencia y las operaciones del grupo paramilitar Colina y que fue el ex asesor Vladimiro Montesinos quien le informó que Fujimori conocía del secuestro y asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta. Al respecto, sostuvo que el ex jefe de Estado felicitó a los criminales mediante un memorandum por las acciones que realizaron.
14-08-2003
La fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, denunció al ex presidente Fujimori porque se valió de 16 decretos de urgencia secretos para invertir irregularmente 1,922 millones de dólares de las arcas fiscales en la compra de material bélico precario en desmedro de las Fuerzas Armadas, operación que contó con la anuencia de sus ex ministros y de la pasividad del ex Contralor Víctor Caso Lay. La denuncia incluye además sus ex ministros: Jorge Baca Campodónico, César Saucedo Sánchez, Jorge Camet Dickman y Alberto Pandolfi Arbulú, Julio Salazar Monroe, Víctor Joy Way Rojas y Carlos Bergamino Cruz, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, peculado, malversación de fondos, falsedad ideológica y supresión, destrucción y ocultamiento de documentos, delitos sancionados hasta con 15 años de prisión.
14-04-2004
El Pleno del Congreso aprobó una denuncia constitucional contra el prófugo ex presidente Alberto Fujimori al considerarlo presunto autor intelectual del crimen en agravio del sindicalista Pedro Huilca Tecse. La acusación contra el ex jefe de Estado, aprobada por 56 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, por el presunto delito de homicidio calificado, señala, además, como presuntos autores materiales del crimen a los militares integrantes del denominado Grupo Colina.
22-04-2004
La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, abrió una investigación al prófugo ex presidente Alberto Fujimori por haber presuntamente ordenado el asesinato de 40 presos del penal de Canto Grande, en mayo de 1992. El Ministerio Público tomó esa decisión al admitir la solicitud de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que pidió investigar por ese caso a Fujimori.
2-08-2005
Mediante sus abogados, el prófugo ex mandatario Alberto Fujimori presentó, ante la Corte Suprema, su primer pedido para anular uno de los procesos que se le sigue por violación a los derechos humanos. La solicitud de Fujimori se enmarca dentro de la investigación judicial a la que fue sometido por los casos de las matanzas de Barrios Altos y por la desaparición de nueve estudiantes y de un profesor de la Universidad La Cantuta, hechos por los cuales el Ministerio Público demandó que se le condenara a 30 años de prisión.
6-11-2005 Fujimori llega a Santiago de Chile, desde Japón, luego de sobrevolar Estados Unidos, México y espacio aéreo peruano.
7-11-2005 A la 1.30 a.m. Fujimori es detenido en el hotel Marriot en Santiago de Chile, y trasladado a la Escuela de Gendarmería. En los días siguientes, en todo el Perú, miles de personas salen a las calles para exigir la extradición del ex dictador.
5-11-2005
Amnistía Internacional empieza un campaña de recolección de firmas a favor de la extradición de Fujimori.
2-01-2006
Representantes de organizaciones peruanas de derechos humanos iniciaron en Chile una campaña de sensibilización y apoyo para exigir la extradición del ex presidente Alberto Fujimori. Las campaña contó con apoyo del movimiento ciudadano "Aquí La Gente" y tenía como objetivo de recolectar firmas para entregarles a la justicia chilena para avalar la extradición de Alberto Fujimori.
29-01-2006
El parlamento europeo emite una resolución de apoyo a la extradición de Alberto Fujimori a Perú.
18-05-2006
Luego de varios pedidos, la Corte Suprema de Chile otorga libertad restringida a Fujimori. Al conocerse la decisión, en Lima y otras ciudades del país se registraron espontáneas marchas de protesta.
14-08-2006
En una denominada "Caravana contra la Impunidad" familiares de las víctimas de la violencia política del Estado peruana durante la época de la guerra interna partieron rumbo a Chile con la finalidad de sensibilizar a la población de dicho país sobre las probadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori y así crear un clima favorable para acelerar la extradición del ex dictador.
5-09-2006
El juez del Segundo Juzgado Supraprovincial Omar Pimentel abrió un nuevo proceso por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, contra el ex presidente Alberto Fujimori, por la muerte de presos en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992 durante un operativo denominado "Mudanza 1", que dejó un saldo de 42 muertos.
10-04-2007
Una delegación de familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori viajó a Chile para iniciar una campaña de sensibilización en este país al acercarse el plazo para que la fiscalía chilena se pronuncie sobre el pedido de extradición del ex Presidente. Los familiares fueron acompañados por una comisión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
7-06-2007
La fiscal chilena Mónica Maldonado se pronunció a favor de que la Corte Suprema de su país apruebe la extradición solicitada por las autoridades peruanas para juzgar a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos y por delitos de corrupción.
9-06-2007 A pedido del abogado que representa al Estado peruano en ese país, Alfredo Etcheberry, el Poder Judicial chileno ordenó la detención domiciliaria del ex presidente Alberto Fujimori, al conocerse la recomendación de la fiscal suprema Mónica Maldonado que recomienda su extradición por la mayoría de los casos solicitados.
13-06-2007
El Estado peruano presentó a la justicia chilena otro cuadernillo contra el ex dictador Fujimori, en el cual se sindica al ex mandatario como autor intelectual del asesinato de 41 internos en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992. En la solicitud de extradición se acusa a Fujimori de haber dirigido el operativo "Mudanza" entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 y de haber ordenado la ejecución de aquellos que se encontraban en una lista.
11-07-2007
El juez instructor de la Corte Suprema de Chile Orlando Álvarez en un sorprendente e inesperado fallo, rechazó -en primera instancia- el pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, alegando falta de pruebas. El Estado peruano anunció que apelará de inmediato el fallo de Alvarez para que la sentencia será revisada por la Corte Suprema de Chile.
21-09-2007
El juez chileno Alberto Chaigneau, informó que la Corte Suprema de Chile aprobó extraditar al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori por cargos de corrupción y contra los derechos humanos. El juez confirmó la extradición del ex mandatario por siete de los 13 procesos por los cuales se solicitó su extradición, cinco por delitos de corrupción y dos por delitos de violación de derechos humanos, y puntualizó que en los casos La Cantuta y Barrios Altos los jueces se pronunciaron por unanimidad a favor de la extradición.
22-09-2007
En un avión de la Policía Nacional del Perú y custodiado por oficiales de la policía el ex dictador Fujimori llegó desde Santiago de Chile al aeropuerto de Lima y fue recluido en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en el distrito de Ate.
23-09-2007
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial oficializó la declaratoria cómo sede judicial al centro de reclusión del ex dictador Alberto Fujimori, en parte de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en el distrito de Ate. La medida fue adoptada para facilitar el inicio de las diligencias judiciales en el proceso contra el ex mandatario, quien fue extraditado de Chile, por acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción.
27-09-2007
En Lima, familiares, amigos de las víctimas de la violencia política en Perú, así como representantes de grupos sindicales y de derechos humanos participaron en una marcha para expresar su repudio a la agresión contra el monumento "El ojo que llora", una roca triangular levantada en el Campo de Marte que simboliza la sangre inocente que fue derramada en las ejecuciones extrajudiciales. Los manifestantes protestaron por la pasividad del gobierno de turno frente a la extradición de Fujimori y exigir al Poder Judicial una sanción ejemplar al ex dictador. La marcha con el lema "Acabemos con la impunidad" congregó a muchos peruanos que perdieron a sus seres queridos en las ejecuciones extrajudiciales a cargo de las Fuerzas Armadas y que fueron autorizadas por Alberto Fujimori. Ese mismo día, Rafael Vela, titular del Cuarto Juzgado Anticorrupción, ordenó el embargo preventivo, por la suma de setenta mil nuevos soles, de los bienes del ex presidente Alberto Fujimori, por presuntamente utilizar dinero del tesoro público para mantener en la clandestinidad al empresario Alfredo Zanatti. Según la acusación fiscal, Zanatti formó parte de un complot, para acusar a Alan García Pérez de haber recibido sobornos durante la licitación del tren eléctrico, durante su primer gobierno (1895-1990).
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