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Dossier
ÍNDICE
Presentación
Introducción
1. Historia de la mafia de Fujimori en el
poder
La sociedad Fujimori - Montesinos
El golpe de Estado del cinco de abril de 1992
El poder judicial de la mafia
La fachada 'democrática'
Populismo, clientelismo, uso de recursos del Estado y espionaje
telefónico
El segundo período - la mafia se vuelve descarada
El fraude electoral del 2000
Los últimos días de la mafia en el poder
Así se fugó el jefe de la mafia
El costo de la mafia
Las leyes que destruyeron el Estado de Derecho
2. Violaciones a los derechos humanos e
impunidad
Responsabilidad criminal de Alberto Fujimori Fujimori por actos de
violación a los derechos humanos
El Grupo Colina
Ejecuciones sumarias o extrajudiciales
Barrios Altos
La Cantuta
Mariela Barreto
Desapariciones forzadas
Estudiantes de la Universidad del Centro
El Santa
Pedro Yauri Bustamante
Tortura
Leonor La Rosa
Fabián Salazar
Interceptaciones telefónicas
3.
Narcotráfico
El narcoavión presidencial en viaje a Rusia
El rol de las fuerzas armadas
El control de las firmas de narcotraficantes
Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano'
Los López Paredes ('Los Norteños')
'Los Camellos'
4. Principales actos de corrupción de
Alberto Fujimori
La supuesta ignorancia de Alberto Fujimori
El botín de Fujimori
Desvío de fondos al Servicio de Inteligencia Nacional
Uso de decretos de urgencia y decretos supremos secretos con fines
ilícitos
Privatizaciones y lobbies ilegales
Uso delictivo de los recursos de privatización
Donaciones a través de la Fundación APENKAI
Caja de Pensión Policial y Militar
Enriquecimiento ilícito de Alberto Fujimori
Campaña para la segunda reelección (inconstitucional)
Congresistas 'tránsfugas' y 'topos'
Pago de US$15 millones a Vladimiro Montesinos para que se vaya del país
5. Control de medios de
comunicación
El gobierno antidemocrático de las imágenes
Intervención de la mafia en los medios
La expropiación de Frecuencia Latina (Canal 2)
Casos diario La República y otros - El acoso del Servicio de
Inteligencia
Nacional y su prensa amarilla a la oposición
Corrupción
América Televisión (Canal 4)
Panamericana Televisión (Canal 5)
ATV (Canal 9)
Diario Expreso y Cable Canal de Noticias
Red Global (Canal 13)
Diario El Comercio
Chantaje y extorsión
6. Relación Fujimori - Montesinos
El capitán Montesinos
Montesinos abogado de narcotraficantes
El comienzo político de Fujimori
El contacto Montesinos - Fujimori
La relación Fujimori - Montesinos
El rol de Fujimori
El rol de Montesinos
Fujimori participó de las actividades y de la defensa de su socio
Montesinos
El Grupo Colina
La detención del general Rodolfo Robles
El caso Hayduk
Los honorarios del asesor presidencial
El tráfico de armas a las FARC
La entrega a Montesinos de US$15 millones del Tesoro Público
Presentación
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es un colectivo de 61
organismos no gubernamentales para la defensa promoción y educación de
los derechos humanos en todo el país. En la actualidad desarrollamos en
conjunto con diversas instituciones nacionales e internacionales la
Campaña Internacional "Fujimori Extraditable", un esfuerzo de la
sociedad civil para presionar al Gobierno Japonés para que extradite al
prófugo Ex Presidente Alberto Fujimori y así lograr que responda ante
la justicia peruana por los delitos que se le imputan.
La campaña también busca sensibilizar a la sociedad japonesa y a la
opinión pública nacional e internacional, buscando brindar información
confiable sobre lo que fue el régimen de la década de los 90 y los
graves crímenes por los que se quiere juzgar al Ex Presidente Fujimori.
Entre las iniciativas hasta ahora realizadas está la presentación de la
página web www.fujimoriextraditable.com.pe redactada en tres idiomas
(español, inglés y japonés), acciones realizadas por organizaciones de
derechos humanos de distintas partes del mundo pidiendo al gobierno
japonés regrese al prófugo: México, USA, Brasil, Alemania, entre otros;
y otras acciones de sensibilización y cabildeo como el realizado en
mayo de este año ante la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano
que trató nuestro pedido de diseminación de información sobre el caso
Fujimori a sus 22 parlamentos miembros. Así también después de algunos
meses de campaña vemos con entusiasmo la reciente solicitud del
diputado japonés, Nobuhiro Suto, quien pidió al Ministerio de
Relaciones Exteriores precise la situación de Fujimori en Japón,
señalando además que no comprendía por qué se le protegía cuando es un
acusado de matanzas, sobornos y usurpación de funciones.
El "Dossier Fujimori Extraditable", es un esfuerzo más en la búsqueda
hacer pública información exhaustiva y rigurosa sobre los diez años de
violaciones a los derechos humanos y corrupción perpetrados por
Fujimori. Buscamos que este sea un instrumento útil para todas aquellas
personas interesadas en conocer más de cerca este caso y a la vez pueda
seguir creciendo una corriente de opinión favorable al reclamo de miles
de peruanos y peruanas que buscamos acabar con la impunidad en nuestro
país.
Francisco Soberón
Secretario Ejecutivo
Introducción
La característica principal y distintiva del régimen de gobierno que
instauró el ex presidente del Perú Alberto Kenya Fujimori Fujimori fue,
desde un inicio, su carácter intrínsecamente corrupto.
Ya antes de ser electo, la necesidad del candidato Fujimori por
enterrar algunos problemas con la ley, empleando para ello los
servicios de un abogado inescrupuloso - que había defendido a
narcotraficantes - llevó al establecimiento de la alianza inmoral que
se consolidó a partir del golpe de Estado del cinco de abril. Los
hechos demuestran los fines delictivos de dicha sociedad, que
incorporó, entre otros allegados de importancia, a algunos altos
oficiales de las fuerzas armadas.
La naturaleza mafiosa de su relación con Vladimiro Montesinos Torres de
ninguna manera puede ser negada por Alberto Fujimori; él era parte de
ella. Pensar que todo lo que se desarrolló a lo largo de diez años de
gobierno ocurría a sus espaldas es una hipótesis negada. La proximidad
de un individuo de las características de Montesinos - expulsado y
sentenciado por el ejército, abogado deshonesto vinculado a
narcotraficantes, con una amplia reputación de traidor a la patria - le
fue útil desde la campaña presidencial. Fujimori encabezó una camarilla
corrupta de civiles y militares que manejó verticalmente el poder.
Para una mafia la democracia y el estado de derecho no son funcionales.
Por eso el gobierno Fujimori se transformó en una dictadura y contaminó
un sector de las fuerzas armadas, volviéndolas cómplices del
narcotráfico y dándoles carta blanca para violar los derechos humanos,
garantizándoles impunidad respecto los delitos que cometieran.
Para eso fue necesario atacar la cultura política democrática,
satanizar los partidos y cerrar el Congreso. Por eso fue necesario
verticalizar al Estado, manipular el poder judicial, el ministerio
público, el ministerio de Economía, la administración tributaria y
demás instituciones para, finalmente, utilizar la corrupción como
moneda de cambio.
Todos estos actos tuvieron como principal beneficiario al ex presidente
Alberto Fujimori, en tanto jefe de la mafia que controlaba el Estado y
a los medios de comunicación.
Alberto Fujimori es el autor de una de las páginas más negras de la
historia del Perú. Su gobierno es quizás el que más dinero ha manejado
a lo largo del siglo XX: miles de millones de dólares de
privatizaciones y miles de millones de dólares de organismos
multilaterales y gobiernos extranjeros, dinero que pudo servir para
encauzar al Perú por la senda del desarrollo y aliviar la pobreza de
muchos peruanos pero que, en cambio, fue saqueado por una camarilla
inmoral ávida de dinero y poder, que encabezaba el propio Fujimori. Y
cuando el tinglado de corrupción empezó a descubrirse, Fujimori y su
socio Vladimiro Montesinos, huyeron cobardemente del país. Pero además,
Fujimori protagonizó uno de más bochornosos sucesos de la historia
republicana, al acogerse inmediatamente después de su vergonzosa huida
a la nacionalidad japonesa, que el había negado poseer durante la
década en que fue presidente.
Este es sin duda, un caso insólito, no solo en el Perú sino en el
mundo. Un gobernante que ha ejercido la presidencia durante una década
y que inmediatamente después de abandonarla se desenmascara como
ciudadano de otro país.
1. Historia de la
mafia de Fujimori en el poder
La sociedad Fujimori-Montesinos
Entre la primera y la segunda vuelta electoral de 1990, el candidato
presidencial Alberto Fujimori conoció al abogado Vladimiro Montesinos,
especializado en casos de narcotráfico.
Montesinos, a través de sus contactos en el Poder Judicial, se encargó
de arreglar el expediente correspondiente a una evasión tributaria de
Fujimori por la que había sido denunciado en ese entonces, y de
desaparecer otro expediente que implicaba al candidato.
Montesinos, un ex capitán del ejército peruano expulsado de su
institución y sentenciado a prisión, ampliamente considerado como un
traidor entre los militares, ofreció al nuevo presidente sus servicios
en las áreas de seguridad e inteligencia, temas que Fujimori desconocía
por completo.
Rápidamente Montesinos ganó la confianza de Fujimori, proponiéndole una
alianza con las fuerzas armadas, que él controlaría, para gobernar
autoritariamente el país. Montesinos, con el poder que le delegó
Fujimori, se convirtió en jefe de facto del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), usándolo como centro de operaciones para el desarrollo
de las actividades delictivas que realizó en sociedad con Fujimori.
A tal punto se consolidó esta sociedad, que Fujimori se trasladó con su
familia a vivir al SIN por largos períodos. Allí Montesinos hizo
construir un departamento para la madre de Fujimori y otro para el
presidente y sus hijos.
El golpe de Estado del cinco de abril
de 1992
El pacto con la corrupción hizo disfuncional la democracia para
Fujimori, quien evitó la concertación política y rápidamente acabó con
la presencia en su gobierno de independientes ajenos a la mafia.
Conformó un equipo de tecnócratas abocados a tareas administrativas,
dejando los temas políticos en manos de una camarilla inmoral.
Fujimori y Montesinos produjeron cambios en la cúpula de las fuerzas
armadas, con el objetivo de utilizarlas para establecer una dictadura y
gobernar autoritariamente el país. Cuando lograron ubicar en puestos
claves a militares dóciles y deshonestos, todo estaba listo para el
golpe.
Este se produjo el cinco de abril de 1992, cuando el Congreso, en el
que Fujimori no tenía mayoría, iba a iniciar investigaciones que ya
estaban poniendo en evidencia casos de corrupción como el de la venta
de la ropa usada donada por la cooperación japonesa - denuncia de la
primera dama Susana Higuchi que comprometía a familiares del ex
presidente -. Así, Fujimori desconoció su juramento constitucional
optando por el autoritarismo.
El gobierno dictatorial, sustentado en las fuerzas armadas, cerró el
Congreso, defenestró a la Corte Suprema, intervino el poder judicial
(desapareciendo cientos de expedientes con fines de impunidad y
chantaje), cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, disolvió
los gobiernos regionales, declaró en reorganización la Contraloría
General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones, entre otras
instituciones, con el pretexto que eso era necesario para enfrentar a
la subversión.
En diciembre de 1992 se cesó arbitraria e inconstitucionalmente a 117
diplomáticos, a efectos de garantizar un servicio diplomático sumiso,
que representara los intereses corruptos y antidemocráticos de la mafia
en el exterior. Desde el comienzo del gobierno de Fujimori, se atacó
desde el poder sistemáticamente a los partidos políticos, que hasta
entonces canalizaban - es cierto que con errores y dificultades - la
participación política de sectores emergentes del Perú,
proporcionándoles identidad y representación. En su reemplazo, la mafia
se dedicaría a organizar desde el gobierno el control de medios de
comunicación, la propaganda, el clientelismo y la corrupción como regla
de funcionamiento del sistema político.
Fujimori destruyó el estado de derecho, la vida y la cultura
democrática en el país. El golpe de Estado colocó a los militares en un
lugar protagónico en la escena política y convirtió a su comando en el
soporte organizativo del aparato gubernamental comprometido con la
mafia, que llegó a controlar todas las instituciones públicas. Se
modificaron las leyes que regulaban los ascensos y retiros en las
fuerzas armadas, rompiéndose con su previsibilidad y profesionalismo, y
eliminándose los períodos máximos de permanencia en altos cargos. Ello
destruyó la institucionalidad en las fuerzas armadas, dejaron de
importar los méritos profesionales frente a las lealtades con la mafia.
Se dio de baja a valiosos oficiales por incompatibilidad con los
intereses de la cúpula en el poder.
La respuesta popular al golpe del cinco de abril, así como la
reelección de 1995, se explica por la grave crisis que vivió el país a
principios de esa década así como al manejo mediático del régimen, que
demolió la credibilidad en las instituciones democráticas y exaltó como
logros presidenciales el retroceso significativo del terrorismo y la
estabilización macroeconómica.
El Poder Judicial de la mafia
Al declarar en reorganización el Poder Judicial, la mafia se aseguró la
impunidad de sus flagrantes delitos (enriquecimiento ilícito, violación
de derechos humanos, interceptación telefónica, absolución a
narcotraficantes, archivamiento de delitos tributarios) y la
posibilidad de extorsionar y expropiar a quienes se opusieran a sus
intereses (casos Ivcher - Frecuencia Latina, Delgado Parker - Global
Televisión, entre otros). Por medio de normas internas provenientes de
la Comisión Ejecutiva interventora - a cargo de un oficial de la marina
de guerra retirado - se crearon áreas especializadas de derecho
público, narcotráfico y asuntos tributarios y aduaneros al interior de
la judicatura. Dichas áreas eran supervisadas por Salas de magistrados
supremos vinculados a Montesinos.
El control del área de derecho público permitía limitar la posibilidad
de los ciudadanos para defender sus derechos ante eventuales excesos
del Estado. El área vinculada a aspectos tributarios y aduaneros
permitía ejercer presión sobre los empresarios que pudiesen oponerse al
régimen. El control de los delitos vinculados al tráfico ilícito de
drogas evitaba que se fiscalice a personajes cercanos al régimen
vinculados a estos ilícitos. Los jueces y vocales provisionales que
campearon a raíz de la reforma judicial fujimorista, figuran en sendos
'vladivideos' recibiendo instrucciones y dinero de manos de Vladimiro
Montesinos. El enlace principal que despachaba regularmente con 'el
Doctor' fue el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano (hoy
encarcelado).
Para amparar la corrupción y las violaciones de derechos humanos fue
necesario controlar el órgano competente para investigar los delitos:
el Ministerio Público. Blanca Nélida Colán fue nombrada fiscal de la
Nación con el objetivo de asegurar que no se realizarían
investigaciones que comprometieran los intereses del régimen. Cumplió a
cabalidad su función: desde el golpe de 1992 cubrió los actos de
corrupción del gobierno, llegando a defender abiertamente a Vladimiro
Montesinos. Solo salió del Ministerio Público con la caída del régimen.
Días antes, una fiscal nombrada por ella había exculpado a Montesinos
por el flagrante soborno del congresista Alberto Kouri.
Se amplió inconstitucionalmente la competencia de los tribunales
militares y se afectó gravemente el derecho al debido proceso de
militares y civiles que fueron sometidos a su jurisdicción. Ello, a los
efectos de garantizar la impunidad de los miembros de las fuerzas
armadas involucrados en casos de corrupción y de silenciar posibles
fugas de información vinculadas con actividades ilícitas, con el
pretexto que estaban relacionadas con la seguridad nacional.
La fachada 'democrática'
Después del golpe y obligado por la comunidad internacional, el régimen
dictatorial de Fujimori transó para evitar sanciones y el aislamiento
externo. Aunque se comprometió a restablecer el orden democrático, en
realidad no lo hizo. Realizó elecciones totalmente controladas por el
gobierno, para elegir un congreso constituyente unicameral - ajeno a la
tradición bicameral peruana - pequeño y disminuido en sus funciones. La
Constitución elaborada por el denominado Congreso Constituyente
Democrático (CCD) en 1993 tuvo como propósito fundamental permitir la
reelección inmediata de Alberto Fujimori, situación que estaba
prohibida en anteriores constituciones. También reforzó un modelo de
régimen presidencialista, y un Estado vertical, centralista y supresor
de derechos sociales. Se promulgó una Constitución a la medida del
régimen autoritario, lo que no impidió su sistemática violación por el
propio gobierno.
La Constitución se aprobó por estrecho margen (52% a 48%) en el
referéndum de octubre de 1993, realizado en medio de graves denuncias
de fraude.
Populismo, clientelismo, uso de
recursos del Estado y espionaje telefónico para la primera reelección
Con el resultado electoral tan estrecho y con la evidencia de la
necesidad de contar con un aparato que llegue a controlar todo el país
y evite peligros a su propósito de reelegirse en 1995, Fujimori reforzó
su alianza con las fuerzas armadas y las hizo participar activamente en
la campaña electoral, politizándolas peligrosamente. Fujimori,
presidente en ejercicio, usó descaradamente los recursos del Estado en
su campaña electoral. Desde el segundo semestre de 1994 se incrementó
desmesuradamente el gasto público y Fujimori se dedicó a inaugurar
obras públicas y a repartir ayuda alimentaria a los más pobres, que
dependen de esa comida para subsistir. Se usó impúdicamente los
recursos del Estado para un intercambio de ayuda por votos.
El cada vez más grande aparato del Servicio de Inteligencia Nacional
que dirigía Montesinos, se dedicó íntegramente a la reelección,
descuidando sus tareas esenciales, como se demostró a principios de
1995 durante el conflicto con Ecuador. El SIN condujo la campaña de
Fujimori, realizando acciones ilegales como la interceptación de los
teléfonos del candidato opositor Javier Pérez de Cuellar, al que le
realizaban contramanifestaciones en todos los lugares donde se
presentaba.
El segundo período - la mafia se
vuelve descarada
Apenas reelecto, el gobierno del ex presidente Fujimori encarceló a
militares retirados que habían discrepado con su conducción del
conflicto con el Ecuador. Luego de amnistiar a los criminales del grupo
Colina - escuadrón de la muerte integrado por miembros del ejército -
que habían sido sentenciados debido a las presiones internacionales y
nacionales, elevó el número de firmas para la inscripción de partidos
políticos. Decretó la reorganización del Jurado Nacional de Elecciones.
Y promulgó una nueva ley de universidades, interviniendo militarmente
las universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) y la
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta).
El 23 de agosto de 1996, luego que el fujimorismo fuera derrotado en
las elecciones municipales de 1995 y que se desatara el escándalo del
narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano', por su
denuncia sobre pago de cupos a Vladimiro Montesinos, el Congreso aprobó
y el ex presidente promulgó una absurda ley de 'Interpretación
Auténtica', que permitía una nueva reelección para Fujimori en evidente
contradicción con la Constitución de 1993 que autoriza solo hasta dos
mandatos consecutivos. Se develó el verdadero propósito del gobierno
mafioso: perpetuarse indefinidamente. En el primer semestre de 1997 la
prensa independiente realizó serias denuncias de violaciones a los
derechos humanos y corrupción, que involucraban directamente al
gobierno de Fujimori y Montesinos. Las agentes de inteligencia del
ejército Leonor La Rosa y Mariella Barreto fueron torturadas y la
segunda asesinada, al parecer por filtrar a la prensa datos sobre el
grupo Colina. Los servicios de inteligencia, bajo órdenes directas de
Fujimori y Montesinos, fueron autores de tales crímenes de lesa
humanidad. La prensa independiente publicó una declaración jurada de
Montesinos con ingresos de cientos de miles de dólares al año, que
contrastaban en mucho con las mentiras del propio presidente Fujimori
sobre - primero - el trabajo ad honorem y - luego - el modesto salario
de su asesor. En realidad, se trataba de coartadas que Montesinos
estaba estableciendo para luego justificar su patrimonio de decenas de
millones de dólares obtenido por la corrupción. En este caso, como
antes en las acusaciones de narcotráfico, Fujimori también defendió a
su socio Montesinos.
Luego del rescate de los rehenes de la residencia del embajador del
Japón, el gobierno destituyó inconstitucionalmente a tres magistrados
del Tribunal Constitucional por haberse pronunciado en sentido de la
inaplicabilidad de la Ley de Interpretación Auténtica que permitía un
tercer mandato a Fujimori.
En protesta por la destitución de los magistrados del Tribunal
Constitucional, se iniciaron las primeras marchas masivas de la década,
destacando en ellas la participación de la juventud estudiantil. En
setiembre de 1997 el gobierno manipuló dependencias estatales y
judiciales para despojar de su propiedad al dueño de canal 2 de
televisión, Baruch Ivcher - luego de quitarle arbitrariamente la
nacionalidad peruana - y entregárselo a los socios minoritarios, los
hermanos Winter que, como se comprobó después a través de los famosos
'vladivideos', habían sido comprados por Montesinos. Esto fue en
represalia por las denuncias de violaciones a los derechos humanos,
narcotráfico y corrupción en el régimen de Fujimori. Las protestas
contra la dictadura fueron en aumento.
En 1998, cuando la oposición ya había reunido un millón y medio de
firmas solicitando un referéndum sobre la posibilidad de una nueva
reelección de Fujimori, la mayoría oficialista en el Congreso cambió
las reglas del juego, aprobando una ley inconstitucional por la cual,
además de las firmas, era necesario el apoyo de 48 congresistas para la
realización de un referéndum. Nuevas marchas mostraron el descontento
de la ciudadanía en las principales ciudades del país.
En la campaña para las elecciones municipales, en noviembre de 1998, el
gobierno central intervino directamente en apoyo de los candidatos
municipales de un nuevo partido oficialista que crearon. El régimen
intensificó su control sobre los medios de comunicación, sobre todo la
televisión y la prensa amarilla, según consta en sendos 'vladivideos' -
que Montesinos realizó con evidentes fines de extorsión - en los que
aparecen los propietarios siendo chantajeados, o directamente
recibiendo dinero e instrucciones del 'Doc', como se le conocía en los
círculos políticos. El objetivo inmediato era el de perpetuar la mafia
a través de una nueva reelección inconstitucional de Fujimori.
Finalmente, en su necesidad de mantener su sociedad corrupta con los
militares, Fujimori decidió retirar al Perú de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a mediados
de 1999, por haber cuestionado sus medidas contrarias a los derechos
humanos y a la democracia.
El fraude electoral del 2000
Ni la manipulación de los medios de comunicación ni el asedio a los
opositores permitió a Fujimori un apoyo mayoritario del electorado en
las elecciones del año 2000. Desgastado por una larga crisis económica
y repudiado por sus prácticas dictatoriales y corruptas, Fujimori
recurrió al fraude para imponerse a como dé lugar. Las elecciones menos
transparentes de la historia reciente del Perú, dieron como ganador a
Fujimori por un estrecho margen, a pesar que todos los sondeos
iniciales de las empresas especializadas daban como ganador al
candidato Alejandro Toledo. Pero al final la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, manipulada por el gobierno, señaló como ganador a
Fujimori, con casi el 50% de los votos.
Tanto el candidato Toledo como los observadores electorales nacionales
e internacionales se retiraron de la segunda vuelta, por la absoluta
falta de garantías.
Los canales de televisión abierta, principal medio de comunicación
política, habían sido comprados por el candidato-presidente y no
cubrieron las campañas de los candidatos opositores ni las denuncias de
fraude. Algunos de ellos ni siquiera pasaron la propaganda de los
candidatos opositores.
Antes, el diario El Comercio había denunciado que el movimiento
oficialista Perú 2000, que presentó a Fujimori a la elección, se había
inscrito fraudulentamente, falsificando un millón de firmas. La
denuncia no fue acogida por el Poder Judicial controlado por Fujimori y
Montesinos.
En julio del 2000 se instaló el tercer mandato de Fujimori en medio de
la protesta generalizada de la población. En el país se desarrolló la
denominada marcha 'de los cuatro suyos' (las cuatro partes en que se
dividía el mundo incaico), que confluyó en Lima, en la que murieron
seis personas en un incendio probablemente montado por el Servicio de
Inteligencia Nacional en el Banco de la Nación con la intención de
culpar a la oposición de terrorismo. No obstante, la marcha fue masiva.
Ante el fraude, la Organización de Estados Americanos presionó al Perú
para restablecer el diálogo democrático, no aceptando la explicación
del canciller De Trazegnies sobre una "democracia sui generis" en el
Perú. En esas circunstancias, el escándalo destapado por el vídeo
Kouri- Montesinos (en el que el segundo aparece comprando al
congresista electo por un partido de oposición para la bancada
congresal oficialista) acabaría por traer abajo a la mafia.
Los últimos días de la mafia en el
poder
En agosto de 2000 Fujimori y Montesinos aparecieron en una insólita
conferencia de prensa denunciando la venta ilegal de fusiles a las FARC
colombianas - hechos ocurridos en 1999 y el 2000 - por una banda
integrada por peruanos. Pronto se descubrió que estos trabajaban para
la red de corrupción de Montesinos. El vendedor, el gobierno de
Jordania, dijo que entregó las armas en cuestión a representantes del
ejército peruano debidamente acreditados y autorizados por el gobierno
de Fujimori.
Esta maniobra de Fujimori y Montesinos fue interpretada como una medida
desesperada para tratar de evadir su responsabilidad en el tráfico de
armas, cuando este ya había sido descubierto por los servicios de
inteligencia de Colombia y los EEUU.
El 14 setiembre del 2000 apareció y se difundió en el Congreso el
primero de una larga serie de 'vladivideos' que mostraron al mundo la
corrupción durante el gobierno de Fujimori. Debido a que, a pesar del
fraude, no habían obtenido mayoría en el Congreso, Montesinos compró a
un grupo de congresistas denominados 'tránsfugas' para asegurar la
viabilidad del tercer gobierno de Fujimori. El protagonista de ese
primer vídeo, Alberto Kouri, hoy cumple su condena en prisión. Ante el
escándalo que dio la vuelta al mundo, el ex presidente se vio obligado
a recortar su mandato, disolver el SIN y convocar a nuevas elecciones
sin su participación.
Vladimiro Montesinos huyó a Panamá poco después, luego de negociar un
pago ilegal de US$15 millones en efectivo, que le fueron entregados por
el propio Fujimori. El mismo presidente se encargó de solicitar a
Panamá un asilo político para su socio, lo que no fue aceptado pese a
los intentos en ese sentido del Secretario General de la OEA, César
Gaviria y de varios gobiernos de América, incluyendo al de los Estados
Unidos. Familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos y
representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viajaron
a Panamá para manifestarse en contra de tal pedido. Ante la posibilidad
de ser detenido por los cargos en su contra, al cabo de un mes
Montesinos regresó al Perú.
Al retornar Montesinos, Fujimori dirigió personalmente una pantomima de
persecución televisada de su ex asesor, que tuvo el verdadero objetivo
de recolectar los vídeos que podían comprometerlo. Llegó a allanar
ilegalmente el domicilio de la ex esposa de Montesinos y a exhibir
relojes y joyas incautadas en presencia de un fiscal que luego resultó
ser un impostor. La burla al país llegó a extremos inverosímiles.
Así se fugó el jefe de la mafia
En noviembre del 2000 el ex presidente Fujimori fugó del Perú con la
coartada de la cumbre presidencial del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) en Brunei. Había incluso confirmado su asistencia
a la cumbre iberoamericana que se celebraría en Panamá, a la que
finalmente nunca asistió. Como buen delincuente, engañó a todos con una
fuga planeada al detalle. Por primera vez, la mayoría oficialista del
Congreso le otorgó una autorización de viaje por tres meses, sin
identificar los destinos. Fujimori solicitó la autorización de
sobrevuelo para el avión presidencial la noche anterior a su partida.
Literalmente, fugó entre gallos y media noche. Según testigos, llevó
consigo decenas de maletas conteniendo vídeos y dinero en efectivo.
Dejó el avión presidencial en San Francisco (EE.UU.) y a partir de ahí
utilizó vuelos comerciales con la evidente finalidad de disimular sus
desplazamientos. Luego de la cumbre de Brunei, en la que como jefe de
Estado peruano departió con su par japonés, cambió su itinerario,
haciendo escala en Malasia y Singapur. Justificó la prolongación de su
presencia en el oriente emitiendo una resolución en el Perú que
oficializó una visita de trabajo a Tokio. De hecho, el Japón lo recibió
en el aeropuerto de Tokio con el protocolo y ceremonial correspondiente
a un jefe de Estado extranjero. Abruptamente, luego de entrevistarse
con autoridades japonesas en calidad de jefe del Estado peruano,
Fujimori anunció su intención de establecerse en Tokio. El diligente
gobierno japonés hasta hoy le permite impunidad sobre la base de una
nacionalidad japonesa que hasta entonces había negado, y que el Japón
silenció durante la década que duró el gobierno de la mafia. Hay
versiones en Japón que sectores de la extrema derecha de ese país y
otras personalidades vinculadas a la mafia japonesa son quienes
protegen al prófugo. Su principal protectora es la señora Ayako Sono,
escritora japonesa que preside la Fundación Nippon. Esta fue una de las
principales donantes al Perú durante el gobierno de Fujimori a través
de APENKAI. (Actualmente se investigan las presuntas irregularidades
cometidas con dichos fondos mediante la sobrevaluación de las obras
realizadas).
La Fundación Nipón tiene una reputación política ambivalente. Por un
lado, es reconocida en varios países por sus millonarios aportes a
obras de caridad en todo el mundo. Sin embargo, también se le vincula,
especialmente a su fundador Ryoichi Sasagawa, con la mafia japonesa y
con grupos de extrema derecha nacionalista que utilizarían la Fundación
para lavar dinero. Entre sus protectores al llegar a Tokio también
destacaron los diputados Muneo Susuki y Torao Tukuda. El primero fue
defenestrado y hoy se encuentra en prisión por un proceso de soborno.
El segundo ha sido recientemente denunciado por delito de evasión
tributaria por más de US$13 millones.
El 20 de noviembre Fujimori renunció mediante un simple fax a su cargo
de Presidente de la República del Perú, escribiendo uno de los
capítulos más cobardes y penosos de la historia del Perú. Ni siquiera
comunicó el hecho a sus ministros o a su bancada congresal. De hecho y
de derecho, el ex presidente abandonó el cargo, por lo que el Congreso
no aceptó la renuncia y declaró la vacancia de la Presidencia por
permanente incapacidad moral de Alberto Fujimori Fujimori, el 21 de
noviembre de 2000.
El costo de la mafia
Los diez años de corrupción correspondientes al gobierno de Fujimori
tienen un costo aún por estimar. Pero moderadamente se calcula que el
desfalco al Estado excedería los US$2,000 millones, habiéndose
descubierto y repatriado una parte significativa pero todavía pequeña
de bancos del exterior.
Ello, sin perjuicio del costo no cuantificable: La descomposición de la
estructura estatal para garantizar la supervivencia e impunidad del
régimen corrupto. Los muertos de la dictadura. Las sistemáticas
violaciones a los derechos humanos a través de un escuadrón de la
muerte bajo las órdenes de Fujimori y Montesinos. Las obras públicas
mal realizadas. Las licitaciones amañadas para beneficio de los
funcionarios y empresas involucrados. La compra de armamento defectuoso
y sobrevaluado. Los gastos que tuvieron como objetivo beneficios
políticos y no el desarrollo nacional. La compra millonaria de
medicinas inadecuadas para el consumo humano. El brutal incremento de
la pobreza y la miseria. El golpe moral al país.
Las leyes que destruyeron el Estado de
Derecho
Estas son las principales normas que fueron dictadas con la finalidad
de "legalizar" el gobierno autoritario y corrupto de Fujimori:
1.- Decreto Ley 25418 (06.04.92). Crea el "Gobierno de Emergencia y
Reconstrucción Nacional".
2.- Decreto Ley Nº 25446 (24.04.92). Cesa a los Vocales de las Cortes
Superiores, Fiscales Superiores, Jueces de los Distritos Judiciales,
Fiscales Provinciales y a Jueces de Menores de los Distritos Judiciales
de Lima y Callao.
3.- Decreto Ley 25447 (25.04.92). Nombra a Vocales provisionales de la
Corte Suprema de la República.
4.- Decreto Ley 25472 (03.05.92). Nombra a Blanca Nélida Colán Maguiño
en el cargo de Fiscal Supremo en lo Penal.
5.- Decreto Ley 25475 (06.05.92). Establece la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio. Esta norma otorga excesivas facultades al
personal policial y militar en la investigación de delitos, sin ofrecer
garantías del debido proceso a los detenidos.
6.- Ley 26479 (15.06.95). Concede amnistía general al personal militar,
policial y civil, cualquiera que fuere su situación funcional, por
todos los hechos derivados u originados con ocasión y como consecuencia
de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en
forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la
promulgación de la Ley.
7.- Ley 26492 (02.07.95). Precisa la interpretación y los alcances de
la amnistía otorgada por la Ley 26479, para evitar que jueces
independientes dejen de aplicar la amnistía.
8.- Ley 26546 (16.11.95). Crea la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, integrándola con magistrados adictos al régimen, dejando de
lado a la Sala Plena de la Corte Suprema y el Presidente de la misma.
9.- Ley 26592 (10.04.96). Modifica la Ley de los Derechos de
Participación Ciudadana, restringiendo el derecho al referéndum,
estipulando que solo procede en el caso que el pedido sea aprobado por
las dos quintas partes del número legal de congresistas.
10.- Ley 26618 (30.05.96). Modifica la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, reduciendo de seis años a seis meses el plazo para que
los ciudadanos presenten una acción de inconstitucionalidad de una ley,
disminuyendo así las posibilidades de usar este instrumento.
11.- Ley 26623 (15.06.96). Con el pretexto de la creación del Consejo
de Coordinación Judicial, se crea la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público, a la cual se transfieren las funciones del Fiscal de la Nación
y las de las Juntas de Fiscales, convirtiendo a la Comisión Ejecutiva
en un poder omnímodo y al Fiscal de la Nación en una figura decorativa.
Se dictó cuando Nélida Colán iba a dejar la Fiscalía de la Nación.
12.- Ley 26657 (23.08.96). Ley de Interpretación Auténtica del artículo
112 de la Constitución Política. Abrió la puerta a la re reelección de
Fujimori.
13.- Ley 26670 (10.10.96). Derogó el inciso c) del artículo 39 de la
Ley 26300, eliminando la posibilidad de usar el referéndum para derogar
leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Por ello, y con el
fin de paralizar el referéndum convocado para derogar la Ley de
Interpretación Auténtica, se dispone que antes de proseguir con la
recolección de firmas, ésta iniciativa popular debe adecuarse a las
"nuevas reglas" y conseguir por lo menos el voto a favor de 48
congresistas.
14.- Ley 26696 (28.11.96). Deja en suspenso la convocatoria a un
concurso de méritos para cubrir las vacantes en el Poder Judicial y el
Ministerio Público, forzando su asignación a los magistrados
provisionales.
15.- Ley 26700 (06.12.96). Otorgó amnistía al personal militar y civil
que se encontraba procesado en los fueros común o militar por la
comisión de hechos conexos o vinculados a diversos delitos, algunos de
los cuales suponían violaciones de derechos humanos.
16.- Ley 26738 (06.01.97). Profundizó la dependencia del Ministerio
Público con respecto al poder fujimorista. Al Fiscal de la Nación se le
retiraron las funciones de nombramiento de fiscales supremos,
superiores y provinciales, transfiriéndoselas a la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público a cargo de Blanca Nélida Colán.
17.- Resoluciones Legislativas 2, 3 y 4 (29.05.97). Se destituye a tres
magistrados del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un organismo
inoperante.
18.- Ley 26801 (29.05.97). Incorpora una Disposición Transitoria a la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la cual éste, con solo
cuatro votos, podía conocer, en instancia única, la acción de
inconstitucionalidad y, en última instancia, las resoluciones
denegatorias de habeas data y acción de cumplimiento.
19.- Resolución Directoral Nº 117.97-IN- 050100000000 (13.07.97). Deja
sin efecto legal el título de nacionalidad peruana otorgado al señor
Baruch Ivcher Bronstein, paso previo a despojarlo del control del canal
2 de TV.
20.- Ley 26859 (01.10.97). Ley General de Elecciones, hecha a la medida
del fujimorismo. Sus incondicionales se ocuparon de tomar todas las
decisiones claves en el proceso, manteniendo el distrito electoral
único.
21.- Ley 26898 (27.11.97). Amplió la intervención en las universidades
nacionales, varias de las cuáles tienen facultades de derecho que
participan en la elección de un miembro del Jurado Nacional de
Elecciones.
22.- Ley 26898 (10.12.97). Otorgó el voto a los magistrados
provisionales para que elijan al Presidente y Vicepresidente del Jurado
Nacional de Elecciones, garantizando la injerencia del fujimorismo en
su composición.
23.- Ley 26933 (10.03.98). Restringió la capacidad de sancionar a los
magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, aumentando las de
las comisiones interventoras del Poder Judicial y el Ministerio
Público, subordinando aún más a jueces y fiscales.
24.- Ley 26954 (21.05.98). Estableció mayoría calificada del JNE para
denegar la inscripción de candidatos, aceptar impugnaciones o tachas,
de tal manera que con tan solo dos votos se podía controlar las
decisiones importantes.
25.- Resolución Legislativa 27152 (08.07.99). El Perú pretendió
retirarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de San José.
26.- Ley 27163 (06.09.99). Impidió que los funcionarios con derecho a
antejuicio procesados en el Poder Judicial puedan participar en las
elecciones generales.
2. Violaciones a
los derechos humanos e impunidad
Responsabilidad criminal de Alberto
Fujimori Fujimori por actos de violación a los derechos humanos
La responsabilidad de Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, por
crímenes contra los derechos humanos como la matanza de Barrios Altos y
la desaparición forzada y posterior asesinato de nueve estudiantes y un
profesor de la universidad La Cantuta, se encuadra en un panorama de
crímenes perpetrados desde las estructuras del poder del Estado.
Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta son consecuencia de una
política de Estado que, con la finalidad de combatir la subversión no
dudó en recurrir a métodos ilegales. Es un típico caso de crimen de
Estado, en tanto las directivas salieron de las más altas esferas del
poder y se estructuró un escuadrón de la muerte incrustado en el
Servicio de Inteligencia Nacional y el ejército, cuyo accionar estuvo
amparado y apoyado por el ex presidente Fujimori, Montesinos y los
altos mandos militares.
Se debe tener presente que descubiertos y denunciados los crímenes, los
responsables fueron protegidos
por una compleja estrategia de impunidad que supuso, entre otras
acciones, el abocamiento de la justicia militar a casos que no eran de
su competencia, la instauración de un proceso judicial con fraude a la
ley y el consiguiente sobreseimiento de las causas o la imposición de
penas menores o la amnistía, promulgadas por el propio ex presidente.
En atención a su gravedad, naturaleza generalizada y sistematicidad,
tales eventos delictivos merecen el calificativo de crímenes de lesa
humanidad (actos de barbarie condenados por el mundo civilizado). Y sus
autores, el de verdaderos enemigos del género humano o enemigos comunes
de toda la humanidad. El ex presidente Fujimori, además de haber sino
uno de los gobernantes más corruptos de la historia del Perú, ha sido
uno de los que propició la violación sistemática de los derechos
humanos.
El Grupo Colina
Alberto Fujimori, en calidad de presidente del Perú, desde el comienzo
de su gobierno supo de la existencia de un escuadrón de la muerte en la
estructura del Estado. Esto fue informado por el jefe real de los
servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos, que se convirtió en el
cabecilla de esos grupos.
En 1991 el ex presidente Fujimori reforzó el accionar del escuadrón de
la muerte llamado Grupo Colina mediante la modificación de la ley del
sistema de inteligencia, dando mayores poderes al Servicio de
Inteligencia Nacional que dirigía su socio Vladimiro Montesinos.
Las declaraciones de diversos testigos confirman la tesis de que el
presidente conoció, consintió, y promovió las acciones del Grupo
Colina. Un testimonio relevante es el del general del ejército
(retirado) Rodolfo Robles Espinoza, que en declaración prestada ante la
subcomisión del Congreso de la República del Perú, el 25 de mayo de
2001, afirmó que el ex presidente Fujimori conocía de la existencia del
autodenominado Grupo Colina y autorizaba sus operaciones y actividades.
El ex agente de inteligencia José Luis Bazán Adrianzen, en su
declaración ante la misma subcomisión el 11 de mayo de 2001, expresó
que el ex presidente Alberto Fujimori autorizaba las operaciones del
grupo especial de inteligencia 'Colina'. La declaración de Clemente
Alayo Calderon, ex agente del Grupo Colina, ante el Ministerio Público
el seis de febrero del año 2001, se refiere que el ex presidente ordenó
la ejecución de diversas operaciones y que dispuso el pago de las
mismas.
Con fecha 15 de mayo de 2001, la señora Blanca Luz Barreto Riofano,
manifestó ante la subcomisión Investigadora del Congreso de la
República que su hermana Mariela Barreto Riofano, agente del servicio
de inteligencia y ex miembro del Grupo Colina, le contó que el ex
presidente Alberto Fujimori conocía y daba las órdenes para las
acciones del Grupo Colina.
El mayor del ejército Santiago Martín Rivas, jefe operativo del Grupo
Colina, admitió frente al editor general de Canal N, Gilberto Hume, que
los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos fueron obra del Grupo
Colina. Además, que había aceptado que lo lleven ante los tribunales
militares en 1994, porque el propio ex presidente Alberto Fujimori se
lo pidió a cambio de darle, poco tiempo después, una amnistía. Esta
declaración fue confirmada ante la subcomisión investigadora, por el
señor Hume, el día 23 de mayo de 2001.
En los 'vladivideos' signados con los números 880 y 881, en diálogo
realizado el 29 de abril de 1998 con los ex ministros María Luisa
Cuculiza y Juan Briones Dávila, Vladimiro Montesinos sostuvo que:
"(...) la Cantuta, Barrios Altos, la Leonor La Rosa, la Zanatta, todas
son del Servicio de Inteligencia del Ejercito y que no tienen nada que
ver con el Servicio de Inteligencia Nacional. Así es todo sale de acá
(señalando el sillón de cabecera donde se ubica el presidente de la
República). Acá. La Cantuta igual."
Durante los años 1991 y 1992, el presidente Alberto Fujimori solicitó
tanto a la Comandancia General del ejército como al ministerio de
Defensa, el ascenso de militares del ejército peruano (oficiales y
suboficiales) que meses más tarde cobrarían notoriedad por su
pertenencia al sanguinario Grupo Colina. Fujimori amparaba su solicitud
en una supuesta abnegada labor de los mencionados militares "en las
universidades del Perú", firmando un memorandum en tal sentido. Como
veremos, en las universidades del Perú se desaparecía gente.
Ejecuciones sumarias o extrajudiciales
Barrios Altos
La noche del tres de noviembre de 1991, aproximadamente a las 22:30
horas, 16 individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble
ubicado en el jirón Huanta Nº 840, en Barrios Altos, un barrio del
centro de Lima. En esos momentos se estaba celebrando en el lugar una
fiesta social, que tenía como objeto recaudar fondos para reparaciones
en el edificio. Los atacantes llegaron en dos vehículos que portaban
luces y sirenas policiales, las que fueron apagadas al llegar al lugar
de los hechos. De los vehículos descendieron entre seis y ocho
individuos que cubrieron sus rostros con pasamontañas e ingresaron a la
referida vivienda, obligando a sus víctimas a arrojarse al suelo.
Luego, los atacantes
procedieron a disparar a sus víctimas de manera indiscriminada por
varios minutos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras
cuatro. El 15 de noviembre de 1991 la Cámara de Senadores
aprobó la conformación de una comisión investigadora que no llegó a
emitir informe alguno
sobre el caso Barrios Altos por efecto del golpe de Estado del cinco de
abril de 1992, que disolvió el Congreso. En abril de 1993, cuando el
congresista Henry Pease volvió a denunciar el hecho, el general Hermoza
Ríos mandó que salieran los tanques a la calle.
El 29 de agosto de 1994 se formuló denuncia penal en el fuero militar
por estos hechos contra diversos militares. Entre ellos, Nicolás de
Bari Hermoza Ríos, comandante general del ejército, y el asesor
Vladimiro Montesinos. La causa fue archivada un mes después permitiendo
la impunidad de los referidos inculpados. El proceso fue luego
reabierto en contra del general Julio Salazar Monroe, jefe formal del
SIN, y del mayor Santiago Martín Rivas, pero fue nuevamente archivado.
Las investigaciones judiciales no se efectuaron sino hasta abril de
1995, cuando la fiscal Ana Cecilia Magallanes denunció penalmente a
cinco oficiales del ejército como responsables de los hechos. Se
produjo una contienda de competencia
entre el fuero militar y la justicia común. Finalmente, en junio de
1995 se publicó la Ley 26479 concediendo amnistía general y en julio
del mismo año la Ley 26492, precisando los amplios alcances de la
amnistía.
Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por
sentencia del 14 de marzo de 2001, falló por unanimidad que las leyes
de amnistía 26479 y 26492 eran incompatibles con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecían de
efectos jurídicos.
Es en este contexto que la fiscal Flor de María Alba López, el seis de
abril de 2002, formuló denuncia penal ampliatoria por estos hechos
contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás De Bari Hermoza Ríos y
otros, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado
y lesiones graves.
La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, efectivos militares del
denominado Grupo Colina, al mando de Santiago Martín Rivas (hoy en
prisión), incursionaron en las instalaciones de la vivienda de la
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), secuestrando
a nueve estudiantes y un profesor. La universidad se encontraba
entonces tomada por las fuerzas armadas, habiéndose instalado un
cuartel de campaña en su interior, al mando de oficiales del ejército
peruano. El general de división Rodolfo Robles denunció el cinco de
mayo de 1993 (y en una entrevista concedida al diario español 'El País'
el 19 de mayo de 1993), que en el seno del ejército peruano había un
"núcleo de hampones con uniforme", acusando al asesor presidencial
Vladimiro Montesinos de formar un escuadrón de la muerte denominado
Grupo Colina, y de ser el mentor de las múltiples operaciones
realizadas por el comando asesino, entre ellas las matanzas de Barrios
Altos y de las universidades de La Cantuta y Huancayo.
Después de varios meses de considerar desaparecidos a los estudiantes
de La Cantuta, sus cadáveres fueron hallados calcinados y enterrados en
la zona de Cieneguilla, a las afueras de Lima. En abril de 1993 el
Congreso había aprobado la creación de una comisión especial de
investigación. Sin embargo, el 24 de mayo aprobó una moción para
impedir la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de
Investigación de oficiales militares complicados en presuntas
violaciones de derechos humanos, una vez que se hubieran iniciado
procesos en el fuero militar. El 24 de junio de 1993, la comisión del
Congreso publicó dos informes finales. El informe de la mayoría de la
comisión - opositores a Fujimori - concluyó que era evidente la
participación y responsabilidad penal de militares identificados por
sus nombres, los que deberían someterse al fuero común.
El informe en minoría de la comisión (el fujimorismo tuvo minoría en
esa comisión), que finalmente fue aprobado por la mayoría oficialista
del pleno del Congreso. Negó que existieran pruebas y declaró que no se
podía llegar a ninguna conclusión en cuanto a la responsabilidad penal,
ya que los tribunales militares estaban investigando el caso.
Los militares involucrados venían siendo procesados tanto en la
jurisdicción común como en la militar, planteándose una contienda de
competencia jurisdiccional. El 11 de febrero de 1994, tres vocales de
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispusieron que el
proceso a los inculpados por los crímenes de La Cantuta se remitiera a
la jurisdicción militar. El Congreso, por iniciativa oficialista, había
aprobado en la madrugada del ocho de febrero de 1994 la Ley 26291
(conocida como 'Ley Cantuta') que disminuyó la votación requerida para
tal efecto, de cuatro a tres votos.
Por sentencia del 21 de febrero de 1994, el fuero militar condenó a
varios responsables por diversos delitos en relación con los hechos de
La Llavero de una de las víctimas Cantuta. No obstante, el 15 de julio
de 1995 se promulgó la Ley 26479 de amnistía, cuya aplicación por el
Consejo Supremo de Justicia Militar fue inmediata. Se concedió libertad
a todos los condenados por la matanza de La Cantuta. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia aclaratoria en
el caso Barrios Altos dio alcance general a la falta de eficacia
jurídica de las leyes de amnistía. En tal sentido, con fecha 24 de
enero del 2003, procedió a abrir instrucción en la vía ordinaria contra
los presuntos coautores de estos hechos.
Luego de las investigaciones efectuadas por la Fiscal de la Nación y
posteriormente por el Congreso de la República, el 13 de setiembre de
2001 se denunció y abrió proceso penal contra el ex presidente Alberto
Fujimori, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, y
lesiones graves. En tal sentido, se le abrió proceso judicial por
delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en
agravio de Luis León Borja y otros - Caso Barrios Altos - y de Hugo
Muñoz Sánchez y otros - Caso La Cantuta - y se dictó un mandato de
detención en función a la gravedad de los delitos imputados, la
verosimilitud de las denuncias y la no comparecencia al proceso del
prófugo ex presidente.
Mariela Barreto
Mariela Barreto Riofano era una suboficial del ejército y agente de
inteligencia operativa. Laboraba en el Servicio de Inteligencia del
Ejército. El 22 de marzo de 1997 salió de su domicilio con dirección al
Hospital Central Militar, no llegando a su destino.
El 23 de marzo la policía halló, envueltos en dos paquetes, el tórax y
los miembros superiores e inferiores seccionados, no encontrándose la
cabeza ni las manos. El cuerpo presentaba diversas lesiones, lo que
indicaba que la persona había sido sometida a maltratos físicos antes
de su ejecución. Efectuada la pericia de medicina forense, se confirmó
que los restos pertenecían a la agente de inteligencia Barreto.
La investigación del horrible homicidio condujo a atribuir su
responsabilidad al Grupo Colina, debido a que la agente de inteligencia
Barreto había proporcionado a medios periodísticos información sobre
las execrables actividades del Grupo Colina, habiendo sido una persona
muy allegada a uno de los responsables de estos hechos y líder de este
grupo de aniquilamiento, el mayor del ejército Santiago Enrique Martín
Rivas, con quien tenía una hija.
Sobre estos hechos existe también un caso abierto ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Desapariciones forzadas
Estudiantes de la Universidad del
Centro
Se ha probado que la progresiva desaparición de más de ciento cincuenta
estudiantes de la Universidad del Centro, sita en la ciudad de
Huancayo, sierra central del Perú, al inicio del primer mandato de
Fujimori, fue producto de la intervención de un escuadrón de la muerte
apoyado por el Comando Político-Militar de la subregión Mantaro a cargo
del general Luis Pérez Documet, con pleno conocimiento del ex
presidente Fujimori.
Las operaciones fueron abiertas y sistemáticas, siendo desgarradores
los testimonios que al respecto ha recogido recientemente la Comisión
de la Verdad y Reconciliación Nacional. El conocimiento de tales
desapariciones por Fujimori se corrobora mediante dos memoranda de
fechas 25 de junio y 30 de julio de 1991, suscritos de puño y letra por
el ex presidente, en los que solicitaba el ascenso de los miembros del
Grupo Colina "por su abnegada labor en las universidades".
El Santa
El dos de mayo de 1992, efectivos militares presuntamente integrantes
del denominado Grupo Colina incursionaron en el distrito del Santa, en
la ciudad costeña de Chimbote, al norte de Lima, secuestrando y
desapareciendo a nueve pobladores de tres asentamientos humanos.
El 14 de febrero de 2003 se dictó en la vía ordinaria un auto de
apertura de instrucción contra Vladimiro Montesinos, Nicolás De Bari
Hermoza Ríos, Juan Nolberto Rivero Lazo y otros, como presuntos
coautores de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud -
homicidio calificado - y contra la libertad - violación de la libertad
personal en la modalidad de secuestro agravado - por este caso.
Pedro Yauri Bustamante
El 24 de junio de 1992 efectivos militares presumiblemente integrantes
del denominado Grupo Colina entraron en el domicilio del periodista
Pedro Yauri Bustamante, lo secuestraron y posteriormente lo
desaparecieron. Por Resolución del cuatro de octubre del 2002 se abrió
instrucción en la vía ordinaria contra Vladimiro Montesinos, Nicolás
Hermoza Ríos, Santiago Martín Rivas, entre otros, como coautores de los
delitos de homicidio calificado y secuestro agravado incluyendo otros
tantos como cómplices.
Tortura
Leonor La Rosa
Leonor La Rosa Bustamante fue una agente operativa de inteligencia del
ejército. Fue detenida el ocho de febrero de 1997, siendo sometida a
torturas, según afirma, por parte del comandante Carlos Sánchez
Noriega, los mayores Percy Según consta en el expediente judicial,
Leonor La Rosa fue golpeada, le aplicaron corriente eléctrica y le
quemaron las manos, las piernas y los brazos. Como consecuencia de las
torturas, la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)
sufrió una hemorragia nasal y otra vaginal y recibió una lesión en la
medula espinal, la cual la mantiene postrada en una silla de ruedas.
Luego de ser torturada, la señora La Rosa fue internada en el Hospital
Militar, donde se le mantuvo incomunicada y sufrió un intento de
secuestro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
accediendo a una petición, dispuso medidas cautelares y recomendó al
Estado peruano que la ex agente del SIE fuera trasladada a un hospital
civil y que se levante la orden de incomunicación que pesaba sobre
ella. La investigación del caso La Rosa solo se inició después de que
las torturas se hicieron públicas a través de una entrevista televisiva
brindada por la víctima. Si bien cuatro miembros del SIE fueron
condenados por un Tribunal Militar a ocho años de prisión como autores
de los hechos descritos, en una instancia superior se revocó la
sentencia de dos de los agentes y se les absolvió.
Debe tenerse presente que el caso Leonor La Rosa iniciado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culminó en un acuerdo de
solución amistosa en el que el Estado peruano reconoció su
responsabilidad, reparando pecuniariamente a la señora La Rosa
asumiendo el compromiso de investigar y sancionar a los responsables.
Fabián Salazar
El miércoles 3 de mayo del 2000 fue brutalmente torturado en su propia
oficina el periodista Fabián Salazar Olivares por individuos de
apariencia militar, presumiblemente miembros del Servicio de
Inteligencia Nacional. Salazar trabajaba para el empresario Baruch
Ivcher, en ese momento despojado del canal 2 de TV.
Intentaron cortarle un brazo y quemarlo vivo, con la finalidad de
conocer la identidad de quienes le facilitaron información y vídeos que
comprometían al asesor presidencial Vladimiro Montesinos y revelaban
actividades ilícitas del Ejecutivo. Esta documentación vinculaba a
Montesinos con autoridades del sistema electoral, periodistas y
empresarios de medios de comunicación y encuestadoras. Le fue
sustraída, pero Salazar pudo describir su contenido. Dos años después,
una vez caído el régimen mafioso, al difundirse los 'vladivideos' el
relato de Salazar fue confirmado.
Interceptaciones telefónicas
Durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori se puso en marcha una
verdadera estrategia de control político que implicó: a) la creación de
un aparato de escuchas en el Servicio de Inteligencia Nacional y los
distintos institutos de las fuerzas armadas y la policía nacional; b)
la adquisición y dotación paulatina de nuevos y sofisticados medios
técnicos de vigilancia electrónica; y, c) la práctica reiterada de
monitoreo de las comunicaciones telefónica establecidas por diversos
personajes. Existe un suficiente marco probatorio que vincula a Alberto
Fujimori en un acuerdo previo con Vladimiro Montesinos, los comandantes
generales de las fuerzas armadas, los ministros de Defensa e Interior,
y el jefe formal del Servicio de Inteligencia Nacional para la
realización de actos de intrusión telefónica. Este ilegal esquema de
espionaje fue masivo en cuanto al número de afectados, permanente en el
tiempo y nacional en sus alcances.
El ex presidente Fujimori expidió órdenes de interceptación de
teléfonos de ciudadanos; en algunos casos designó personalmente a los
blancos de la interceptación (caso de la periodista Cecilia Valenzuela
y el ex ministro de Trabajo Jorge Mufarech Nemi); y, recibió
información al detalle de las más relevantes transcripciones, según
declaración instructiva de Vladimiro Montesinos Torres y testimoniales
de Matilde Pinchi Pinchi y Wilbert Ramos Viera, estos últimos estrechos
colaboradores de Montesinos.
Existe evidencia que el ex presidente ordenó el monitoreo de las
conversaciones realizadas desde los teléfonos de Palacio de Gobierno, a
cuyo efecto el coronel Huamán Azcurra - el segundo de Montesinos en el
SIN, hoy en prisión - llevó todos los equipos necesarios para cumplir
dicha orden e instaló una central en la residencia del primer
mandatario, según declaración instructiva de Vladimiro Montesinos.
Fujimori ordenó la escucha de teléfonos de 'objetivos de interés
personal': la señora Carmen Ricci (su secretaria privada), Susana
Higuchi (su ex esposa) y la señorita Beatriz Boza, según declaración
instructiva de Vladimiro Montesinos ante la respectiva comisión
investigadora del Congreso (Comisión Estrada).
Por declaraciones de Montesinos se sabe que "cada vez que llegaba un
presidente de otro país al Perú y se alojaba en un hotel o en las
embajadas, había que intervenir los teléfonos para informarle qué es lo
que conversaban cada presidente invitado con sus embajadores
acreditados en Lima y con personalidades del ambiente político
nacional. Similar tarea se tenía que hacer con los cancilleres,
ministros de defensa o miembros de alto nivel de instituciones
extranjeras que visitaban el país, y hacer un seguimiento puntual de
sus actividades, pues el Ing. Fujimori pedía estar debidamente
informado de las actividades de las mismas; incluso pedía un resumen
antes de entrevistarse con los visitantes, ello para estar debidamente
informado de lo que habían hecho."
Asimismo, refiere el precitado asesor que "(...) cuando firmó su
renuncia en setiembre del año 2000, el coronel Roberto Huamán Azcurra
viene con una hoja de papel y me indica que había que gratificar a las
personas que habían trabajado con él durante los 10 años y tenía que
darle una suma mayor a 2 millones de dólares, lo cual me parecía
exagerado, lo que se lo comenté a Matilde Pinchi Pinchi, por lo que
informé al presidente Fujimori la situación planteada y la forma
subliminal que el citado coronel Huamán me hizo conocer, que si no se
cumplía con ese planteamiento se produciría una situación de
descontento de su personal y podría haber filtración respecto a las
interceptaciones telefónicas. Por lo que el Ing. Fujimori me ordenó que
se le pagara la cantidad de 2 millones de dólares, dinero que fue
entregado por mi persona en presencia de Matilde Pinchi Pinchi, con lo
cual se quedó tranquilo, advirtiéndole que tenga cuidado con todo el
material de interceptación telefónica"
Si bien los actos continuos de interceptación de las comunicaciones
telefónicas fueron directamente ejecutados por personal del Servicio de
Inteligencia Nacional y de las fuerzas armadas y la policía nacional,
ellos son imputables a Alberto Fujimori por cuanto la actividad ilícita
respondió a una decisión y a un plan preconcebido de control político
de la intimidad de los ciudadanos adoptados en el nivel más alto de la
organización criminal, en un acuerdo previo en el que participó de
forma determinante el ex presidente.
3.
Narcotráfico
Desde el comienzo de su régimen, Fujimori y Vladimiro Montesinos
constituyeron en las zonas cocaleras un sistema de corrupción de facto,
tras la fachada de un comando político-militar a cargo de la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo. El gran operador de la droga
fue Vladimiro Montesinos. Desde que salió de la prisión militar, en
1978, Montesinos se vinculó con narcotraficantes colombianos y peruanos
y trabajó sistemáticamente con ellos, como abogado y testaferro,
teniendo contacto con cabecillas como Evaristo Porras Ardila y Lucio
Tijero, así como con el grupo de Reynaldo Rodríguez López, conocidos
narcotraficantes.
El narcoavión presidencial en viaje a
Rusia
En 1996 el Perú adquiría armas en Bielorrusia y la Federación Rusa, por
lo que se realizaban frecuentes vuelos de aviones militares hacia esos
países. A raíz de información alcanzada por la Drugs Enforcement Agency
(DEA) de los Estados Unidos, se descubrió en el propio avión
presidencial con destino a Rusia un cargamento de clorhidrato de
cocaína que involucró a altos oficiales del entorno presidencial.
Veintiocho oficiales y subalternos de la fuerza aérea, entre ellos los
jefes del Grupo Aéreo Nº 8 del Callao, fueron incluidos en un proceso
en torno al escandaloso caso de tráfico de drogas descubierto en el
avión presidencial. El presidente Fujimori salió a defender
públicamente a uno de los oficiales comprometidos con el cargamento de
droga, quien por ese entonces era su edecán y su piloto de confianza.
Finalmente el piloto fue liberado por la obsecuente Corte de Justicia
Militar.
El rol de las fuerzas armadas
A fines de 1991 se expidieron el Decreto Supremo 137-91-PCM y el
Decreto Legislativo 749, que otorgaron el control de la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas a las fuerzas armadas controladas por
Montesinos. Las acciones contra el terrorismo y el narcotráfico, que
constitucionalmente corresponden a la policía nacional, fueron
subordinadas a las instrucciones y disposiciones del jefe del Comando
Político-Militar del Frente Huallaga y otros frentes antisubversivos en
la selva alta peruana (pie de monte andino amazónico). Con el golpe de
Estado del cinco de abril 1992 se modificó la legislación antidroga, a
los efectos de someter el juzgamiento de narcotraficantes a la
competencia del fuero militar. El nueve de abril de 1992 se dictó el
Decreto Ley 25426, declarando en emergencia todos los aeropuertos
existentes en la zona del Huallaga y demás áreas cocaleras, y
encargando a la fuerza aérea su control. Hoy se sabe que altos
oficiales las fuerzas armadas cobraron cupos por permitir operaciones
de narcotráfico en las zonas bajo su mando. Los narcotraficantes
pagaban por el uso de los aeropuertos administrados por las fuerzas
armadas y por su impunidad.
El control de las firmas de
narcotraficantes
En la industria ilegal del narcotráfico, el Perú figura como
abastecedor de pasta básica de cocaína. Los acopiadores habilitan y
compran la hoja de coca a campesinos empobrecidos de la selva alta
peruana. Luego la procesan y la convierten en pasta básica de cocaína,
a ser exportada a Colombia.
3. Narcotráfico
Desde el cinco de abril de 1992, el tráfico ilícito de pasta básica de
cocaína a Colombia se hizo a través de los aeropuertos controlados por
dependientes de Montesinos. De hecho, Montesinos sometió a las diversas
firmas de procesadores de pasta básica al pago de cupos:
Demetrio Chávez Peñaherrera, alias
'Vaticano'
En 1996 fue presentado por Fujimori como un capo de cártel cuando solo
era un jefe de firma. Acopiaba coca y procesaba pasta básica para
exportarla a Colombia.
Chávez fue detenido en Colombia. Extrañamente, cuando lo trajeron al
Perú, el gobierno hizo que lo procesaran por terrorismo y no por
narcotráfico. La razón es que los juicios por terrorismo eran secretos
y realizados en tribunales militares. De esa manera se evitó que Chávez
pudiera expresarse públicamente.
Pero cuando se le juzgó por narcotráfico, en un juicio manipulado
aunque público, Chávez denunció que pagaba US$50,000 mensuales a
Montesinos y varios militares como 'peaje' por los vuelos de sus
avionetas cargadas de droga, y que el mismo Montesinos le hablaba por
radio para alertarlo de las incursiones antidrogas. Vaticano fue
torturado después de denunciar la participación de Montesinos en la red
del narcotráfico. Una clavícula evidentemente quebrada que no fue
tratada, una fístula sin cicatrizar a la altura superior de la espalda
y un enorme agujero en la coronilla de la cabeza explican la
rectificación que hiciera de su denuncia. El propio ex presidente
Fujimori, la fiscal de la Nación y diversas figuras políticas del
oficialismo salieron a defender públicamente a Vladimiro Montesinos
contra las denuncias de Vaticano. Una vez caída la dictadura, Vaticano
se ratificó en su denuncia de 1996 y la amplió, indicando que durante
1992 entregó a Montesinos aproximadamente US$800,000.
Vaticano señaló a 'Beto' como el nexo entre Montesinos y él, indicando
que era piloto particular del destituido ex presidente Fujimori.
Declaró que este piloto, además de ponerlo al tanto de los mensajes de
Montesinos, le relataba sus hazañas, como haber sido condecorado por
Fujimori después de derribar un avión enemigo, lo que le valió ser
designado como piloto particular de Fujimori.
En marzo de 2001, el Poder Judicial ordenó la captura del general
Nicolás de Bari Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las fuerzas
armadas durante siete años de la dictadura (la estada más larga de la
historia del Perú en dicho cargo), por su colaboración con el
narcotráfico, así como la del general Bellido Mora y dos oficiales de
la policía nacional, por actividades vinculadas al tráfico de drogas de
Elías Chávez Peñaherrera (alias 'Arley'), hermano de Vaticano.
Los López Paredes ('Los Norteños')
En enero de 1995, gracias a gestiones de la DEA se incautó en Piura, en
la costa norte del país, un inusitado cargamento de 3,342 kilogramos de
clorhidrato de cocaína. Iba a ser embarcado en el puerto de Paita con
destino a los grandes cárteles mexicanos.
El origen de las más de tres toneladas de droga estaba en la selva alta
peruana. Provenía de los laboratorios de procesamiento del clan López
Paredes, ubicados en un fundo en Juanjuí rodeado por bases del ejército
y la fuerza aérea.
El recorrido desde los laboratorios hasta Paita se hizo, de acuerdo con
declaraciones del químico de los Norteños, José Mendiola, por la
carretera de Sacanche utilizando camionetas. La caravana, compuesta por
más de diez vehículos, pasó sin ser detenida por los cuatro controles
militares obligados de la zona cocalera.
Los jefes militares y las autoridades judiciales se apresuraron a
excluir de las investigaciones a los peces gordos, personajes de muy
alto nivel del gobierno y las fuerzas armadas que figuraban como
contactos en la agenda del capturado Mendiola. Entre ellos, Edgar Solís
Cano, a la sazón viceministro del Interior y hombre de confianza de
Montesinos, quien pasó a un segundo plano.
También aparecían en la agenda de Mendiola el entonces jefe de la
Quinta Región Militar - nada menos que compadre de uno de los hermanos
López Paredes - y otros oficiales que servían en el Comando Conjunto
bajo las órdenes de Hermoza Ríos, uno de los cuales era hermano de una
candidata al Congreso por el partido de gobierno. El general Hermoza,
jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas durante siete años del
gobierno de Fujimori, está encarcelado y ha aceptado haberse
enriquecido ilícitamente, aun cuando no por narcotráfico sino por otros
casos de corrupción. Se le han descubierto en Suiza cuentas bancarias
por más de US$20 millones.
'Los Camellos'
Esta 'firma' fue descubierta en 1999 por la DEA. En el Callao,
principal puerto del Perú, los trabajadores del frigorífico Setepo
descubrieron en forma accidental que los filetes de merluza de un
contenedor tenían clorhidrato de cocaína. El peso del cargamento era de
2,300 kilogramos y los paquetes estaban marcados con un sello de
fábrica con la figura de un camello.
La droga había sido llevada en un camión contratado por Bruno Chiappe,
quien, pese a estar plenamente identificado desde la captura del
cargamento, pudo salir del país el 15 de abril de 1999 por el
aeropuerto internacional Jorge Chavez. Luego, gracias a gestiones de
Montesinos, retornó para acogerse a una ley de arrepentimiento y
cooperación policial.
Con las declaraciones de Chiappe, la policía llegó a un moderno
laboratorio en Chincha, al sur de Lima, donde se encontraron más de
2,000 kilogramos de cocaína. Según diversas fuentes, la pasta básica a
ser procesada habría llegado en helicópteros del ejército proveniente
de Palmapampa, en Ayacucho, sierra sur del Perú. En febrero de 2000 fue
capturado en Panamá Boris Foguel, acusado de ser cabecilla de los
Camellos. Foguel denunció que, si bien es cierto que tiene
responsabilidad en la banda, los cabecillas eran Chiappe y el abogado y
socio de Montesinos, Javier Corrochano. Señaló que detrás de ellos
estaba Montesinos. Este caso impactó directamente en el núcleo de la
mafia y en el entorno político e institucional del país.
4. Principales actos de corrupción de
Alberto Fujimori
La supuesta ignorancia de Alberto
Fujimori
Para negar su responsabilidad por los graves casos de corrupción en su
gobierno, el ex presidente Alberto Fujimori ha basado su defensa en la
total ignorancia de las actividades ilícitas realizadas por su socio,
Vladimiro Montesinos Torres, y su entorno. Según Fujimori, mientras él
trabajaba por el país, Montesinos y otros corruptos lo saqueaban a sus
espaldas. La defensa de Fujimori no es creíble. El ex presidente delegó
el poder que le permitió a Vladimiro Montesinos convertirse en el jefe
real del SIN y desde allí controlar a las fuerzas armadas, el poder
judicial, los medios de comunicación y otras instituciones, teniendo
como propósitos perpetuar a Fujimori en el poder, saquear las arcas del
Estado y realizar innumerables actos de corrupción. A varios de los
principales y más estrechos colaboradores de Fujimori se les ha
encontrado millonarias cuentas en el extranjero que no tienen forma de
justificar, por lo que ahora están presos y procesados. Entre ellos
están Vladimiro Montesinos, Victor Joy Way (ocupó varios ministerios,
la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia del Congreso);
y Nicolás Hermoza Ríos, que ocupó durante siete años la comandancia
general del ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las
Fuerzas armadas, más que ninguno otro militar en la historia del Perú.
Durante casi toda la década, estos y otros corruptos se enriquecieron
de manera descarada. ¿Y Fujimori no sabía nada? El ex presidente
ejerció el poder autoritariamente y con el objetivo de copar las
instituciones del Estado. Detrás de esta armazón autoritaria, que
reducía la fiscalización y la transparencia de los actos de gobierno,
creció la corrupción. El ex presidente fue un actor clave en este
proceso, promoviendo medidas desde el Poder Ejecutivo que permitieron
el control del Estado y la realización de actos corruptos. Los actos de
corrupción cometidos durante el régimen solo pueden haberse realizado
con la participación y concurso de Alberto Fujimori. Desde la
Presidencia de la República Alberto Fujimori construyó un sistema de
gobierno que garantizaba la impunidad para los corruptos y que tenía
como primer beneficiario a él mismo. En estas condiciones, alegar
ignorancia o ingenuidad es una posición inaceptable. Los hechos de
corrupción fueron denunciados en incontables oportunidades por la
prensa y por la oposición democrática durante toda la década, y
Fujimori continuó amparándolos. De allí su clara responsabilidad en la
inmensa corrupción de la década pasada en el Perú. Irónicamente, el
mismo Fujimori manifestó en más de una ocasión que él no es ningún
'caído del palto', ningún ingenuo. Y ahora basa su defensa en su
supuesta ingenuidad.
El botín de Fujimori
En las investigaciones en curso diversos testigos han señalado que el
ex presidente recibía mensualmente -y durante varios años- de Vladimiro
Montesinos importantes cantidades de dinero en efectivo (entre
US$300,000 y US$500,000 cada vez) de los fondos acumulados en el
Servicio de Inteligencia Nacional. Estos montos luego eran sacados del
país por intermedio de sus familiares. Se menciona especialmente su
hermana Rosa Fujimori y al esposo de ésta, Víctor Aritomi, embajador
del Perú en el Japón durante toda la década. La costumbre de Fujimori
de manejar dinero en efectivo dificulta las investigaciones para
detectar la ubicación de dichos montos. Fujimori ha señalado que el que
no se hayan encontrado, hasta el momento, cuentas bancarias a su nombre
es una prueba de su inocencia en los actos de corrupción. Esta
afirmación es falsa. No solo existen indicios en su contra de conductas
ilícitas, sino que las investigaciones en curso ya han permitido
establecer una actuación comprometida con la corrupción durante la
pasada década.
Desvío de fondos al Servicio de
Inteligencia Nacional
El poder que alcanzara el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
durante la década pasada no habría sido posible sin el envío de fondos
desde otras dependencias del Estado con la autorización del ex
presidente Fujimori. Estos fondos fueron utilizados para realizar
actividades de interceptación telefónica, vigilancia de opositores al
régimen, pago a los propietarios de medios de comunicación para
garantizar su apoyo al gobierno, operaciones de sabotaje a la
oposición, entre otros delitos.
Los fondos del SIN fueron la fuente de dinero que Montesinos utilizó
para mantener a Fujimori en el poder por medio de actos de corrupción.
Los desvíos de fondos al SIN se realizaron de dos maneras. En primer
lugar, a través de envíos periódicos desde las direcciones de
inteligencia de cada instituto armado (ejército, marina de guerra y
fuerza aérea) y de la policía nacional. A inicios de su gobierno
Fujimori fue el promotor de una reunión con el Consejo de Ministros y
altos jefes militares en la que dispuso afianzar el Servicio de
Inteligencia a través de aportes económicos de estos sectores.
Sin sustento legal alguno, se realizaron envíos al SIN con la supuesta
finalidad de hacerlo un órgano más operativo en la lucha contra la
subversión. Desde 1992 hasta septiembre de 2000 se transfirieron
irregularmente un total aproximado de US$500 millones a este organismo.
El segundo método utilizado para dotar de recursos al SIN fue la firma
de resoluciones supremas secretas, autorizando gastos de operaciones
'secretas'. De este modo, se autorizaban gastos específicos que, por
supuestas razones de seguridad nacional, no eran justificados ni
fiscalizados. En todos los casos, la autorización de Fujimori fue
necesaria para que se realizaran estos traspasos. Los montos aumentaron
a través de la década, y se sumaron a sustanciosos incrementos en el
presupuesto de la institución, llegando el SIN a manejar montos de
dinero totalmente desproporcionados en relación con el cumplimiento de
sus funciones formales. Como es de conocimiento público, estos montos
fueron destinados para fines muy distintos a los declarados.
Se convirtió al SIN en un órgano sobredimensionado que, descuidando sus
funciones, se dedicó a cumplir actividades de policía política para el
régimen. El punto más álgido de este uso de dinero del Estado para
fines particulares se dio durante la campaña reeleccionista del año
2000, en la que el Estado y sus dependencias, especialmente las Fuerzas
armadas, fueron puestas al servicio de la candidatura de Alberto
Fujimori.
Los desvíos de fondos al SIN han motivado que se acuse a Fujimori por
los delitos de peculado, falsificación de documentos, abuso de
autoridad y asociación ilícita para delinquir. El Congreso ha aprobado
una acusación constitucional presentada en su contra para poder iniciar
su procesamiento ante el Poder Judicial.
Uso de decretos de urgencia y decretos
supremos secretos con fines ilícitos
Fujimori ha reconocido que, a fin de asegurar la defensa nacional,
autorizó diversos gastos en armamento en forma secreta. Tales gastos se
hicieron sin licitaciones ni controles previos o posteriores. Ello
permitió la realización de actos de corrupción con fondos del tesoro
público. La ausencia de archivos demuestra la intención de ocultar la
forma en que se realizaron dichas adquisiciones. La compra de material
bélico para las fuerzas armadas, en gran medida realizada con fondos de
la privatización, fue quizás la mayor fuente de enriquecimiento ilícito
de la camarilla civil y militar que gobernó con Fujimori. Tomando como
pretexto el conflicto con Ecuador en 1995, usaron cientos de millones
de dólares para adquisiciones secretas, que por lo general no eran las
más adecuadas, con la finalidad de cobrar millonarias comisiones.
Durante la década fujimorista la compra de armas y pertrechos para el
Estado peruano se hizo a través de un grupo de comerciantes vinculado a
Montesinos y a la cúpula militar. A estos traficantes se les benefició
con comisiones millonarias. Tal era la cercanía entre estas personas y
la cúpula del poder que, en el marco de la campaña presidencial del año
2000, se les solicitó una importante colaboración para apoyar la
candidatura de Fujimori.
En la actualidad, varios de los intermediarios de armas han aceptado su
responsabilidad en estos hechos y han colaborado con las autoridades
para recuperar los montos ilícitamente obtenidos. Sus testimonios han
permitido reconstruir cómo se realizaron dichos negociados, y de qué
manera pactaban con los encargados de realizar las adquisiciones los
presupuestos que iban a presentar. Alberto Fujimori, por medio de
decretos de urgencia secretos y resoluciones supremas secretas,
autorizó los gastos y los procedimientos de adquisición de armamento.
La prensa denunció en incontables oportunidades, y era bien conocido en
círculos políticos, la manera turbia en que se adquiría armamento en el
país. Sin embargo el ex presidente nunca tomó medidas para investigar
esta situación.
En el marco del conflicto armado de enero de 1995 con el Ecuador, se
autorizó a las fuerzas armadas, por medio de decretos de urgencia
secretos, a adquirir armamento pasando por alto los procedimientos
regulares. En estas adquisiciones se privilegió a los intermediarios
amigos del régimen. Entre los casos más sonados están la compra de
aviones MIG 29 y Sukoi 25, a Bielorrusia y la Federación Rusa, por los
que se pagaron millonarias comisiones. Dos de los veintiún MIG 29 se
estrellaron por fallas mecánicas poco después de su adquisición, un
verdadero record. Fujimori ha señalado que él solo dispuso la compra
del material bélico en ese entonces necesario para la defensa nacional,
sin conocer el proceso de la compra misma del bien, que habría estado a
cargo de las fuerzas armadas. Ello no es cierto. Para que proceda un
Decreto de Urgencia secreto es necesaria la autorización del Presidente
de la República, cuyo deber, ante la excepcionalidad de esta medida y
los enormes montos involucrados, debe ser ejercer una supervisión
cuidadosa de la misma.
Los decretos secretos debieron ser comunicados al Congreso para que
efectúe su fiscalización. Ello no siempre se hizo, siendo lo contrario
lo más común: solo el Consejo de Ministros tenía conocimiento del
contenido de los decretos. Cabe agregar que en los casos en que sí se
dio cuenta al Congreso de la existencia de dichos decretos, la mayoría
parlamentaria oficialista tampoco fiscalizó las adquisiciones.
Por estos hechos se ha acusado a Fujimori de los delitos de asociación
ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión ilegal,
peculado y destrucción de documentos.
Privatizaciones y lobbies ilegales
El gobierno de Fujimori declara como uno de sus mayores logros la
privatización de empresas públicas producida en la década del noventa.
Producto de estas operaciones, se señala, se habrían logrado
importantes recursos para el Estado peruano. Sin embargo, ello se vio
desvirtuado por la forma poco transparente en que se realizaron las
privatizaciones y el uso posterior de los recursos obtenidos en estos
procesos.
La forma en que se llevaron los procesos de privatización no fue la
adecuada, habiendo lucrado grupos particulares con la venta del
patrimonio de todos los peruanos. En diversos procesos de privatización
se habrían dado tráficos de influencias, concertación previa entre el
Estado y determinados interesados, y subvaluaciones que afectaron el
precio de venta de las empresas. Hubo funcionarios estatales que, a
pesar de sus vínculos con empresas privadas interesadas en las empresas
a ser privatizadas, participaron en las negociaciones favoreciendo a
los compradores en vez de defender los intereses del Estado. La
Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros
cometidos entre 1990- 2000 del Congreso de la República ha elaborado un
amplio informe al respecto, en el que se concluye que habrían existido
graves casos de corrupción financiera en estos procesos que contaron
con la complicidad de altos funcionarios del fujimorismo.
También existen graves indicios de que el uso dado a los recursos de la
privatización no se sostuvo en criterios técnicos ni pensando en el
desarrollo nacional. Gran cantidad de ellos se empleó en forma
irresponsable por el régimen para la compra de armas sobrevaluadas o
con fines electorales. Se gastaron más de US$ 4,000 millones de dichos
recursos en el periodo 1995-2000, cinco veces más que en el periodo
1992-1994. El déficit fiscal y el costo para el país de la reelección y
de la compra irregular de armamentos fueron cubiertos con estos
recursos.
Asimismo, puede cuestionarse la forma en que algunas empresas privadas
se relacionaron con el poder corrupto en el Perú. En vez de seguir los
procedimientos normales para realizar determinados trámites,
prefirieron caer en actos de corrupción y de tráfico de influencias.
Un caso de lobby ilegal realizado por las empresas privadas fue el que
realizara la empresa Luchetti en su litigio contra la Municipalidad de
Lima. Dicha empresa tenía problemas judiciales con la comuna limeña por
la ubicación de su planta industrial, localizada en la reserva
ecológica de los pantanos de Villa, en las afueras de Lima. A fin de
superar el problema, altos ejecutivos de la empresa, incluida su
presidente, Andronico Luksic, se reunieron con Vladimiro Montesinos
para negociar una solución favorable a sus problemas. Montesinos estaba
interesado en perjudicar a Alberto Andrade, figura política de la
oposición y en ese entonces alcalde de Lima. Utilizando el poder
judicial fujimorista, se interpuso un recurso de amparo que le dio la
razón a Luchetti. Como resultado, se burló a la Municipalidad de Lima y
se causo un grave daño ecológico a la reserva circundante.
Uso delictivo de los recursos de
privatización
Las compras de armamento y de un nuevo avión presidencial muestran el
uso irresponsable que se hizo del dinero obtenido de las
privatizaciones en la primera parte de la década del 90. De un total de
US$ 1,885'675,000 utilizados durante el periodo 1990-2000 para adquirir
armamento, US$ 998'588,000 correspondieron a fondos de la privatización.
Dicho dinero, que debería haber sido invertido para reducir la pobreza
o para la pacificación nacional, sirvió para adquirir bienes militares
a través de procedimientos oscuros en los que unos pocos lucraron con
dinero de todos los peruanos. Lo más grave es que un tema tan
importante, como es la defensa nacional, se subordinó a los intereses
de enriquecimiento ilícito de la camarilla civil y militar que
gobernaba autoritariamente el Perú.
Donaciones a través de la Fundación
APENKAI
Se tiene indicios de que una fuente de dinero del ex presidente
Fujimori fue el manejo corrupto de las millonarias donaciones
realizadas desde el Japón a favor de obras de caridad y desarrollo en
el Perú. Contra lo que señala Fujimori en su defensa, el manejo de
estas cuentas no fue transparente y, más bien, se trató como un asunto
de familia en la que los fondos eran controlados en forma personal por
varios miembros de la familia Fujimori.
Víctor Aritomi, ex embajador del Perú en Japón y cuñado de Fujimori,
manejó directamente las entregas en efectivo de las donaciones
recibidas. La información y registros de los fondos recibidos habrían
sido desaparecidos por Aritomi al abandonar la delegación diplomática.
En las investigaciones se ha determinado que existe una transferencia
de fondos proveniente del Banco do Brasil S.A., sucursal Tokio, por
indicaciones de la Embajada del Perú en Japón, por un monto de US$
225,118.82, que señala como beneficiario a Alberto Fujimori. Se hizo
efectiva con el cheque de gerencia del Banco de la Nación del Perú N°
000022971 de fecha 25 de junio de 1993, el cual se remitió a Alberto
Fujimori.
En los anales de la información financiera de APENKAI se señala que el
29 de junio de 1993 una persona de apellido Utsumi realizó una donación
a dicha asociación por la misma suma de dinero. Fujimori ha admitido
que efectivamente dicho monto fue entregado a APENKAI, pero esta
situación muestra la forma irregular en que se manejaron las donaciones
recibidas desde el Japón. Los montos donados eran usados solo en parte
en la construcción de obras. Los donantes consideraban que su donación
había sido usada íntegramente en la construcción de colegios u otras
obras públicas, cuando en realidad éstas no habrían costado lo señalado
por las autoridades. En la actualidad se realizan pericias en estas
obras a fin de determinar su valor real.
Caja de Pensión Policial y Militar
La Caja de Pensión Policial y Militar es una entidad financiera
dependiente de las fuerzas armadas y la policía, por tanto, vinculada
al Poder Ejecutivo. Durante la década pasada se utilizó la Caja como
negocio privado, habiendo evidencia clara de la malversación de sus
fondos.
La Caja de Pensión Policial y Militar realizó diversos negocios
inmobiliarios que ocasionaron graves pérdidas al Estado peruano, pero
altos beneficios ilícitos a sus directivos. Entre estos directivos se
encontraban conocidos testaferros de Vladimiro Montesinos, quien es su
defensa ha señalado que, en realidad, la Caja trabajaba para establecer
un fondo de contingencia en beneficio de la campaña presidencial de
Alberto Fujimori.
Se ha determinado que el candidato a la alcaldía de Lima por el partido
de gobierno en el año 1998, Juan Carlos Hurtado Miller, tiene una deuda
millonaria con la Caja. Hay evidencia clara de que, a cambio de su
candidatura para la alcaldía de Lima, Hurtado Miller logró que se le
brinden amplias facilidades en el pago de dichas deudas. Alberto
Fujimori habría autorizado dicha operación a fin de contar con un
candidato que compita contra el entonces alcalde de Lima, Alberto
Andrade.
Enriquecimiento ilícito de Alberto
Fujimori
Los ingresos declarados por Fujimori durante la década pasada
corresponden a su salario como Presidente - concepto por el que recibió
un total neto aproximado de S/.76,000 (aproximadamente US$ 22,000) - y
a una pensión de la Universidad Nacional Agraria - que sumó, durante la
década, un total aproximado de S/.85,000 (unos US$ 26,000) - que le
eran depositados en cuentas separadas.
Los ingresos oficiales de Fujimori no guardan relación con sus egresos
durante sus diez años de gobierno, especialmente si consideramos que de
la cuenta de la Universidad Agraria solo se retiraron S/.12,000 y que,
en la cuenta correspondiente a su salario presidencial, luego de su
salida del país aún quedaban S/.21,856.
En las investigaciones realizadas se ha determinado que los ingresos
del ex presidente Fujimori no guardan relación con los costos de los
estudios de sus hijos en universidades de los EE.UU. El monto gastado
por Fujimori en la educación de sus cuatro hijos, hasta junio del año
2002, asciende a un aproximado de US$ 460,000.00. Hay que considerar,
además, los costos de los pasajes por los frecuentes viajes al Perú que
realizaron durante estos años. Es evidente que tales montos exceden los
ingresos declarados por el ex presidente. Por los estudios de Keiko
Sofía Fujimori, desde enero de 1993 hasta mayo de 1997, se habrían
pagado US$ 93,092.65 solo por gastos en educación. Las universidades a
las que asistió fueron Stony Brook State University of New York y
Boston University. El total de gastos por estudios de Keiko Sofía
Fujimori ha sido calculado por la Comisión Townsend, incluidos gastos
de manutención, en US$ 120,000. La Comisión Townsend ha determinado que
los costos de la educación del hijo mayor del ex presidente, Hiro
Fujimori, en la Universidad de Nueva York, ha sido por un monto similar
al antes mencionado. En la actualidad dos hijos del ex mandatario
continúan estudiando en los EE.UU. La educación de Sachi Marcela
Fujimori hasta el momento en que se presentó la investigación de la
Comisión Townsend en junio del 2002, alcanzaba un costo aproximado de
US$ 110,000 Sachi Marcela se encuentra estudiando en la Escuela de
Diseño de Boston. Los gastos educativos de Kenyi Fujimori ascienden a
un monto similar al de Sachi Marcela. Kenyi estudia en la actualidad en
la Universidad Estatal de Kansas.
Keiko Sofía Fujimori ha intentado justificar estos gastos señalando que
sus padres tenían ahorros para costear sus estudios. Asimismo, indicó
que el producto de la venta de la casa familiar en Surco permitió el
pago de los mismos. Esta segunda justificación no es sólida, pues dicho
inmueble recién se vendió en diciembre de 1998, cuando Keiko e Hiro ya
habían concluido sus estudios.
La firma Ingenieros Edificadores (INGEDSA) adquirió en 1998 un inmueble
de propiedad de Alberto Fujimori, ubicado en Surco. El monto por el que
se vendió el inmueble fue de US$ 669,500 El primer pago de US$ 334,750
se realizó el 22 de diciembre de 1998. El 15 de febrero del 2000 se
pagó el saldo del precio de venta (US$ 334,750).
Se sospecha que la venta de la casa Fujimori se hizo por un precio
mayor al precio real del bien, con el objetivo de justificar los gastos
realizados por Fujimori en la educación de sus hijos. Vladimiro
Montesinos ha señalado que dicha venta fue ficticia, pues el ex
presidente exigió que los compradores le asegurasen que el bien
seguiría siendo suyo.
Matilde Pinchi Pinchi, secretaria personal de Montesinos, ha declarado
que el asesor de Fujimori abrió una cuenta en el Banco Exterior de
Panamá para solventar los gastos de las tarjetas de crédito de los
hijos del ex presidente.
Campaña para la segunda reelección
(inconstitucional)
El uso de recursos públicos en la campaña electoral del año 2000 supone
un grave acto de corrupción que benefició directamente a Alberto
Fujimori. Este uso ilegal de recursos del Estado fue dirigido desde el
SIN y tenía como objetivo lograr, cueste lo que cueste, la segunda
reelección de Fujimori.
El costo de la campaña incluyó diversa actividades ilícitas financiadas
con recursos del Estado. Los gastos realizados en la campaña de
Fujimori incluyeron el reparto de bienes a pobladores de sectores
sociales deprimidos, propaganda electoral, campañas para reducir la
publicidad de los demás candidatos en los medios de comunicación o para
sabotear la presencia en provincia de candidatos y prensa de oposición.
Los jefes de las regiones militares promovieron activamente la
candidatura de Alberto Fujimori y hostilizaron a las fuerzas de
oposición. Este compromiso de las fuerzas armadas con la campaña de
Fujimori ha quedado documentado en un video en el que se observa a
Montesinos brindando con los comandantes generales y jefes de región
por el éxito obtenido en la campaña electoral. Las fuerzas militares
fueron utilizados en beneficio del candidato - presidente y el gobierno
no hizo nada por esclarecer estas denuncias. El beneficiario de todas
estas acciones fue Alberto Fujimori. Las denuncias contra la ilegalidad
de la campaña electoral fueron oportunamente realizadas por la
Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y nacionales de
supervisión electoral y la prensa opositora, por lo que Fujimori no
puede aducir que desconocía dichos hechos.
Congresistas 'tránsfugas' y 'topos'
A pesar del fraude electoral realizado por el gobierno, la alianza
oficialista Perú 2000 no alcanzó mayoría parlamentaria en las
elecciones generales del año 2000. Eso era inaceptable para un gobierno
autoritario y corrupto, que no podía tolerar ningún tipo de
fiscalización de parte del Congreso que hubiera puesto al descubierto
las violaciones de los derechos humanos y la corrupción reinante en el
régimen.
Por eso el gobierno de Alberto Fujimori puso todo su empeño en comprar
una mayoría parlamentaria. Esa práctica ya la habían utilizado en los
Congresos de 1993 y 1995. Sin embargo, ahora la utilizaron de manera
masiva y sistemática. El encargado de realizar la operación fue
Vladimiro Montesinos.
Así, pocas semanas después de producidas las elecciones, varios
parlamentarios, denominados 'tránsfugas', manifestaron su decisión de
dejar las bancadas por las que fueron electos para pasar a formar parte
de la bancada del gobierno en el Congreso. Otros, denominados 'topos',
respondían igualmente a las órdenes del gobierno, pero permanecían
ocultos en bancadas de la oposición. Esta situación le otorgaba una
nueva y amplia mayoría al fujimorismo en el Congreso -unos 70 votos
sobre un total de 120 -, a pesar de no haberla ganado en las ánforas.
Posteriormente ha quedado evidenciado en sendos 'vladivideos'
(destacando el del congresista Kouri, cuya difusión a la postre
desencadenó la caída del régimen) que dichos cambios no se produjeron
por convicción, sino por la compra de voluntades realizada desde el
Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos pagó con favores y con
montos de dinero, variables de tránsfuga a tránsfuga, su fidelidad al
nuevo gobierno. Alberto Fujimori ha señalado como defensa que él
consideraba que estos cambios se producían por el real interés de
dichas personas de ser parte del grupo de gobierno. Montesinos, por su
parte, ha confesado que él realizó el reclutamiento por órdenes de
Fujimori dado que éste sabía que un gobierno sin mayoría en el Congreso
sería peligroso para su permanencia en el poder.
Pago de US$15 millones a Vladimiro
Montesinos para que se vaya del país
Tras la aparición del video Kouri-Montesinos, Montesinos inició una
negociación con Fujimori para renunciar y alejarse del país. Una de las
exigencias de Montesinos fue el pago de US$15 millones en efectivo.
Este pago ilegal se realizó el 23 de septiembre del 2000, poco antes de
que Montesinos dejara el país para refugiarse en Panamá. Ese dinero
salió del tesoro público con la expresa autorización de Fujimori,
deseoso en ese momento de alejarse de su ex socio, y de otros
funcionarios.
5. Control de medios
de comunicación
El control de los medios por la dictadura fue un proceso gradual
directamente proporcional a la magnitud de los hechos que se quería
legitimar, u ocultar y mantener impunes, así como a la necesidad de
reelegir indefinidamente a Fujimori. Al final de su gobierno, la mafia
había suprimido de facto la libertad de prensa a los efectos de
perpetuar el régimen corrupto. El control de los medios fue evidente y
denunciado en múltiples oportunidades, por lo que no es verosímil que
el principal beneficiado de dicho control haya desconocido esta
situación. Fujimori intenta hacer creer que él vivía en otro país, sin
leer periódicos ni ver televisión. argentino Daniel Borobbio, hoy
prófugo de la justicia peruana en vías de ser extraditado. Las señales
de televisión abierta y los diarios sensacionalistas que proliferaron
en esos años se convirtieron en el canal privilegiado de comunicación
política con las clases populares, dada la práctica desaparición de los
partidos políticos, los gremios y los sindicatos. La figura
presidencial fue la única con plena cobertura de prensa. Se censuró y
atacó sistemáticamente - a través de la prensa amarilla - a todo líder
opositor que pudiera ganar protagonismo político.
El gobierno antidemocrático de las
imágenes
Ante la ausencia de una ideología que convoque a la ciudadanía en torno
a un proyecto político, desde un inicio la popularidad del gobierno
fujimorista se sustentó en la difusión de la imagen presidencial por
los medios de comunicación. Se estudió, diseñó e implementó un vínculo
emotivo entre la población y el mito de un líder brillante, único e
imprescindible para la conducción del país. En ello jugó un rol central
el publicista
Intervención de la mafia en los medios
El gobierno de Fujimori necesitó de la complacencia y la buena voluntad
de los medios de comunicación. Cuando fue perdiendo su apoyo y la
popularidad de Fujimori fue sintiendo el impacto de algunos periodistas
independientes que empezaron a denunciar el autoritarismo, la
corrupción y las violaciones de derechos humanos, el régimen intervino
directamente para asegurarse el control de los medios, principalmente a
través de la corrupción.
En apariencia había libertades de prensa, expresión y empresa. En
realidad, había una sistemática intervención inconstitucional y
antidemocrática del aparato estatal en los medios de comunicación.
La manipulación mediática del régimen se concentró en los segmentos más
pobres y mayoritarios de la población. Al final de la dictadura todos
los canales de señal abierta estaban controlados, produciéndose
groseras distorsiones de la realidad.
Así, durante la campaña electoral del año 2000, los medios
prácticamente solo cubrieron al candidato Fujimori, generando en última
instancia el retiro de las misiones de observadores electorales de la
OEA y del Centro Carter.
El día que fue mostrado el vídeo Kouri- Montesinos (en el que el
segundo compraba al primero para la bancada oficialista del Congreso),
solo dos medios televisivos de los seis de señal abierta informaron del
mismo, uno de ellos como una noticia de interés secundario entre los
sucesos del día.
La expropiación de Frecuencia Latina
(Canal 2)
En 1996 y 1997 el programa periodístico 'Contrapunto' que transmitía
Frecuencia Latina asumió una posición de fiscalización del régimen de
Fujimori: congresistas y periodistas de oposición, incluyendo a Javier
Pérez de Cuellar, quien se enfrentara a Fujimori en las elecciones
presidenciales de 1995.
- Propaló la denuncia de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano',
respecto de vínculos entre el narcotráfico y el gobierno de Fujimori.
- Propaló la denuncia de Leonor La Rosa, una ex agente del servicio de
inteligencia torturada, presuntamente por haber filtrado a la prensa
informes sobre las actividades que desarrollaban esos servicios contra
periodistas opositores.
- La denuncia del asesinato y descuartizamiento de otra agente del
servicio de inteligencia, Mariela Barreto, hecho que también fue
propalado por el Canal 2.
- Canal 2 dio otro golpe al gobierno de Fujimori, al presentar una
declaración jurada de ingresos de Vladimiro Montesinos por US$ 80,000
mensuales, en contradicción con lo señalado por el propio presidente
Fujimori en el sentido que su asesor solo ganaba S/ .2,000 (US$ 600,
aproximadamente) al mes.
- Finalmente, el Canal 2 propaló unas grabaciones que el SIN había
hecho a conversaciones telefónicas realizadas por políticos, La
respuesta del gobierno de Fujimori a estas denuncias fue un arbitrario
procedimiento administrativo en la Dirección Nacional de Migraciones y
Naturalización del ministerio del Interior, que culminó con el retiro
de la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher (de origen israelí),
accionista mayoritario y Director Ejecutivo del canal. La consecuencia,
habida cuenta que la Ley de Telecomunicaciones impide a los extranjeros
ser propietarios de medios de comunicación en el Perú, fue que los
hermanos Mendel y Samuel Winter (hoy encarcelados por recibir dinero de
Vladimiro Montesinos, según consta en sendos 'vladivideos') asumieron
el control del canal y suprimieron cualquier sesgo opositor o
fiscalizador del gobierno de Fujimori, convirtiendo a Frecuencia Latina
en vocero de la dictadura. El caso llegó a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que en el año 2000 dictaminó que a Baruch Ivcher
debería devolvérsele la nacionalidad peruana y el control de su canal.
Casos diario La República y otros - El
acoso del Servicio de Inteligencia Nacional y su prensa amarilla a la
oposición
De propiedad y bajo la dirección de Gustavo Mohme Llona, el diario La
República mantuvo una línea crítica y de oposición al régimen
fujimorista desde el golpe del cinco de abril de 1992.
Desde 1999 el diario y su director se convirtieron en blanco de la
guerra sucia dirigida desde el Servicio de Inteligencia Nacional e
instrumentada a través de la prensa amarilla o prensa 'chicha' (los
diarios sensacionalistas 'El Tío', 'El Chino', 'El Chato', 'El
Mañanero', 'La Chuchi', 'El Men', 'La Yuca' y otros) que dedicaba
titulares y páginas enteras a difamarlos y desacreditarlos, tratando a
Mohme de conspirador, traficante de armas y partidario de Sendero
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, etc.
El SIN publicó también una página en internet a nombre de una
organización de fachada denominada Aprodev, que cumplía la misma
función de la prensa amarilla y la retroalimentaba. Similar trato
recibían sistemáticamente los políticos y líderes de opinión que se
oponían al régimen mafioso.
Aparecieron los panfletos clandestinos 'La Repúdica' y 'Repudio', que
imitaban el formato de 'La República' y que luego se demostró eran
impresos en los mismos talleres de los diarios sensacionalistas que
financiaba el SIN. Dichos diarios llegaron al extremo de amenazar de
muerte a periodistas de 'La República' y otros medios. Todo ello fue
parte del 'Plan Octavio', dirigido desde el SIN, que suponía vigilancia
y hostigamiento a diferentes periodistas.
Los periodistas de 'La República' no fueron los únicos que sufrieron el
acoso de la dictadura. La periodista de investigación Cecilia
Valenzuela, entre otros, fue amenazada de muerte en reiteradas
ocasiones.
En provincias, el hostigamiento y persecución de los periodistas
independientes que con valentía denunciaron la corrupción, el
narcotráfico y las violaciones de derechos humanos fue aún mayor,
siendo actualmente investigada la muerte de por lo menos un periodista
a manos de la mafia de Fujimori.
Corrupción
Hoy se conocen los escandalosos casos de los dueños de medios
televisivos y escritos (hoy encarcelados o prófugos de la justicia),
así como de algunos periodistas y comunicadores, que aparecen en los
denominados 'vladivideos' recibiendo indicaciones, prebendas y fajos de
billetes de manos del asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Los pagos fueron hechos con recursos del Servicio de Inteligencia
Nacional y los vídeos fueron hechos con propósitos de extorsión. Los
dueños de los canales llegaron al extremo de firmar convenios
comprometiendo la línea política de sus medios, en los que renunciaban
a la venta de espacio publicitario para propaganda electoral opositora
al régimen. Se utilizó la señal pública que el Estado confiere a los
efectos de mantener desinformada a la población.
América Televisión (Canal 4)
Dirigido por la familia Crousillat, desde el inicio del gobierno de
Fujimori mostró un apoyo incondicional al régimen. En 1998 se hicieron
públicas unas grabaciones en las que Vladimiro Montesinos, el
publicista Daniel Borobbio (asesor de imagen de Fujimori) y José
Francisco Crousillat definían el contenido y la presentación de los
titulares del noticiero nocturno 'América Noticias'.
Además de las deudas con el fisco del canal, son de destacar los
'vladivideos' en los que sus dueños (hoy prófugos de la justicia)
aparecen recibiendo millones de manos de Vladimiro Montesinos para
apoyar al gobierno de Alberto Fujimori y su ilegal reelección en el año
2000.
Panamericana Televisión (Canal 5)
Los problemas judiciales de sus accionistas, los hermanos Delgado
Parker, permitieron la manipulación de Montesinos, quien digitó sus
contactos en el poder judicial para favorecer a Ernesto Schutz en el
juicio que sostenía con Genaro Delgado Parker por la compra de las
acciones de sus hermanos Manuel y Héctor, sin haberse respetado el
derecho de preferencia de Genaro en tanto accionista. Hoy el canal ha
regresado a manos de Genaro Delgado Parker. Son escandalosos los
'vladivideos' en que el prófugo Schutz (hoy en vías de ser extraditado)
aparece recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos, comprometiendo a
cambio la línea periodística de su canal para apoyar a Fujimori.
ATV (Canal 9)
Su propietario Julio Vera Abad (hoy prófugo de la justicia) también fue
corrompido - y con él la línea periodística de su canal - como se
aprecia en el 'vladivideo' respectivo. Consecuencia de ello fue la
cancelación de los programas periodísticos independientes de Cecilia
Valenzuela y César Hildebrandt.
Diario Expreso y Cable Canal de
Noticias
Bajo la dirección del prófugo Eduardo Calmell del Solar, su precaria
condición económica llevó al grupo Expreso (integrado entre otros por
el accionista mayoritario Manuel Ulloa van Peborg y por Vicente Silva
Checa, asesor de Jaime Yoshiyama, este último hombre de confianza de
Alberto Fujimori durante su primer mandato presidencial) a establecer
estrechos vínculos con la dictadura. Ello consta en sendos
'vladivideos', destacando uno en el que el prófugo Calmell aparece
recibiendo US$ 2.000,000 de manos de Vladimiro Montesinos.
Red Global (Canal 13)
El programa 'En Persona', dirigido por el periodista César Hildebrandt,
que gozaba de altos índices de rating en mérito a sus denuncias contra
el régimen fujimorista, ocasionó que el dueño del canal, Genaro Delgado
Parker, fuera presionado y extorsionado por Vladimiro Montesinos sobre
la base de procesos judiciales que tenía en curso. Finalmente el
programa fue cancelado en diciembre de 1998, justo antes de iniciarse
la campaña para las elecciones presidenciales del año 2000. Antes, en
octubre de 1996, una filial de Canal 13 en Puno fue víctima de un
atentado dinamitero, poco antes que se cancelara otro programa de
Hildebrandt. La policía descubrió que los autores eran militares del
servicio de inteligencia. Ellos incluso confesaron su delito, a pesar
de lo cual el Poder Judicial manipulado por el gobierno los puso en
libertad.
En noviembre de 1999 Genaro Delgado Parker declaró que en el Perú no
había libertad de expresión y que algunos canales eran controlados por
el gobierno mediante chantajes publicitarios. Un mes después se expide
una orden de arresto en su contra por supuestas malversaciones de
fondos, siendo despojado de la dirección de Red Global.
Diario El Comercio
En marzo de 2000, un mes antes de las fraudulentas elecciones
presidenciales con las que la mafia pretendió reelegir por segunda vez
a Fujimori, el diario El Comercio, caracterizado por su mesura y
credibilidad ante la opinión pública, denunció la falsificación de un
millón de firmas por el movimiento fujimorista para la inscripción ante
el Jurado Nacional de Elecciones de la Alianza Perú 2000 que postulaba
a Fujimori a la segunda reelección.
Inmediatamente, el señor Luis García Miró, accionista y ex gerente
general del diario, denunció que éste había incurrido en una serie de
irregularidades financieras en perjuicio del Estado peruano. Manifestó
que sus acciones se habían vendido sin su consentimiento y que le
debían sus beneficios sociales, por lo que demandó el pago de US$20
millones por daños y perjuicios. La familia Miró Quesada, propietaria
del diario, denunció el riesgo de una expropiación, dado que el
gobierno de Fujimori había promovido y/o aprovechado similares
problemas familiares y societales en los casos de los canales 2 y 5 de
TV para tomar el control de esos medios, favoreciendo a través del
sumiso poder judicial a aquellos que aceptasen subordinarse al régimen
autoritario.
Chantaje y extorsión
Otro mecanismo de control de los medios de comunicación fue colocar
selectivamente la publicidad estatal en función del apoyo al régimen
fujimorista. Pero también se manipuló la publicidad privada a través de
agencias publicitarias de propiedad de personas vinculadas al SIN, como
el mismo Daniel Borobbio. Las empresas privadas que anunciaban en
medios de oposición fueron sistemáticamente acotadas por la
administración tributaria. La Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria y el Poder Judicial fueron empleados por el
gobierno de Fujimori para chantajear y extorsionar a los medios de
comunicación y a las empresas anunciantes. Al efecto, el Estado se
constituyó en importante deudor de los medios, condicionándolos a
través de canjes de deuda por publicidad.
6. Relación
Fujimori-Montesinos
El capitán Montesinos
En 1976 el capitán Vladimiro Montesinos Torres fue dado de baja del
ejército peruano tras haber sido procesado y sentenciado en el fuero
militar por abandono de puesto y falsificación de documentos para
viajar sin permiso a los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera
razón fue, según numerosos testimonios de militares de la época, el
haber vendido secretos militares a los EE.UU. en momentos en que el
Perú se había convertido en el mayor comprador de armamento soviético -
exceptuando Cuba - de la región. Por razones de la política del
momento, no se acusó a Montesinos de traición a la patria. Salió en
libertad en 1978, manteniendo estrechos contactos con algunos oficiales
del ejército. En esos años Montesinos desarrolló una red de contactos
corruptos con jueces, fiscales y policías que luego le permitiría
controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. En 1983 se abrió
un proceso a Montesinos por traición a la patria, pero fugó al Ecuador
y luego a la Argentina. Cuando cambiaron los mandos del ejército, fue
sobreseído y pudo regresar en 1985. Sin embargo, Montesinos estaba
prohibido de ingresar a instalaciones militares y su foto se exhibía en
las puertas de los cuarteles. Pero él retomó sus contactos con los
servicios de inteligencia en 1988, cuando ofreció al ejército el
expediente de la masacre de Cayara (Ayacucho, mayo de 1988), imputada
al ejército en el marco de la lucha contra la subversión. Montesinos
había robado el expediente gracias a sus contactos con el entonces
fiscal de la Nación.
Montesinos abogado de narcotraficantes
En 1978 Vladimiro Montesinos se graduó de abogado, especializándose en
Derecho Penal y dedicándose a casos de narcotráfico como el del capo
colombiano Evaristo Porras Ardila, que se fugó de una prisión peruana,
y cuyo expediente desapareció misteriosamente de las oficinas del Poder
Judicial.
El comienzo político de Fujimori
Alberto Fujimori era un ingeniero agrónomo que había cambiado el
ejercicio activo de su profesión por un puesto como docente
universitario de cálculo. Al inicio de su carrera política, en 1990,
Fujimori ocupaba los cargos de rector de la Universidad Nacional
Agraria y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y había
dejado la conducción de un programa de televisión llamado
"Concertando", en la televisión del Estado. Al decidir tentar suerte en
la política formó un movimiento político denominado Cambio 90 con un
grupo variopinto entre cuyos integrantes destacaban amigos y compañeros
de trabajo, miembros de organizaciones de pequeños y medianos
empresarios, así como grupos religiosos de cristianos no católicos.
El objetivo político real era llegar al Congreso. De allí que postulara
al mismo tiempo a una curul en el senado y a la Presidencia de la
República. Pero el desprestigio de la clase política y la oposición por
parte del gobierno de Alan García y de sectores de centro-izquierda al
shock económico propuesto por la candidatura del candidato Vargas
Llosa, permitieron a Fujimori aparecer como alternativa en las
elecciones de 1990.
El contacto Montesinos - Fujimori
Montesinos fue convocado entre la primera y segunda vuelta electoral de
1990 por Francisco Loayza, agente del SIN y personaje de confianza del
naciente entorno político del entonces candidato presidencial Alberto
Fujimori, para resolver una denuncia interpuesta por el Frente
Independiente Moralizador sobre subvaluación en la venta de inmuebles
que el matrimonio Alberto Fujimori - Susana Higuchi construía para
vender, evadiendo parte del pago del impuesto correspondiente. La
sustracción y desaparición, en el Poder Judicial, de las declaraciones
juradas de impuesto a la renta que los incriminaban, constituyeron un
gran 'mérito' de Montesinos para el futuro presidente.
A partir de ese momento se comenzó a gestar una relación de confianza,
reforzada por el ofrecimiento, por parte de Montesinos, de proveer a
Fujimori de seguridad, inteligencia e información frente a sus enemigos
políticos, y de asesorarlo en temas como terrorismo y narcotráfico.
Montesinos aportó a Fujimori sus contactos en el ejército, el poder
judicial, la policía y el ministerio público, consolidando un pacto
originado en el oscuro pasado de ambos personajes. Ello se vio
reflejado en el confinamiento voluntario de la familia Fujimori en el
Círculo Militar tras su victoria electoral en segunda vuelta, así como
en el levantamiento del veto que pendía hasta ese momento sobre el
ingreso de Montesinos a cualquier dependencia del Ejército.
La creciente empatía entre el presidente y su asesor le permitió a éste
acceder al círculo íntimo del mandatario, conformado por sus familiares
más cercanos y su cuñado Victor Aritomi Shinto.
La relación Fujimori-Montesinos
Una vez en el poder, la relación entre Fujimori y Montesinos puede
calificarse como una relación simbiótica en la que pueden distinguirse
tres campos:
(i) el poder político y la imagen pública, a cargo de Fujimori;
(ii) el poder militar y la inteligencia, a cargo de Montesinos; y,
(iii) el control del aparato estatal y los medios de comunicación desde
el poder ejecutivo, mediante relaciones que iban entre el manejo
compartido, la competencia y el predominio de uno de ellos en algún
momento determinado del gobierno dictatorial.
El rol de Fujimori
El campo predominante de Fujimori fue el del poder político y la imagen
pública. Los poderes del Estado fueron sometidos verticalmente a la
autoridad del ex presidente, quien tomaba todas las decisiones
políticas relevantes muchas veces sin siquiera consultar a sus
ministros o a los parlamentarios de su bancada. Fujimori fue la fachada
que sostenía la popularidad y legitimidad del régimen, a través de una
imagen diseñada a propósito de la lucha antiterrorista y la supuesta
necesidad de un régimen de "democradura" o "dictablanda" (el ex
canciller Trazegnies llegó a calificarlo ante la OEA como una
"democracia sui generis") para hacerle frente en un escenario de
desorden interno y descomposición del sistema político.
El rol de Montesinos
El campo predominante de Montesinos fue el del poder militar y la
inteligencia.
El protagonismo de Montesinos se reflejó en un incremento desmesurado
de actividades de inteligencia, realizadas principalmente en el frente
interno y contra civiles opositores al gobierno. También en el
desarrollo de actividades de exterminio por el Grupo Colina, a partir
del marco dado por la lucha contra el terrorismo. Y en el control del
aparato estatal. Todo ello se orientó a la perpetuación del régimen de
Fujimori. Son de destacar, el uso de las fuerzas de seguridad e
inteligencia para extorsionar a bandas de narcotraficantes y cobrar
cupos para brindarles impunidad; el soborno de militares, funcionarios
públicos, políticos y propietarios de medios de comunicación para
controlar el Estado y manipular la opinión pública; la comisión de
delitos políticos como la falsificación de padrones electorales; y, el
uso de recursos públicos (humanos y materiales) para financiar campañas
electorales.
Fujimori participó de las actividades
y de la defensa de su socio Montesinos
Partidarios de Fujimori han insinuado una línea de defensa del ex
presidente en el sentido que la mafia "montesinista" operaba a sus
espaldas. Esto es inverosímil, por cuanto el propio presidente delegó
crecientes responsabilidades en Montesinos, participó en las
actividades de su socio, y lo defendió cuando era denunciado, todo esto
a lo largo de una década, estableciendo un verdadero equipo de
impunidad.
Hay que recordar que Montesinos formalmente tenía solo el cargo de
"asesor" del jefe del SIN. Si podía disponer de un enorme poder, era
porque Fujimori lo respaldaba completamente, como se aprecia en los
siguientes ejemplos:
El Grupo Colina
En 1991 el ex presidente Fujimori reforzó el accionar de este escuadrón
de la muerte felicitando oficialmente a varios de sus miembros y dictó
un decreto legislativo otorgando mayores poderes al Servicio de
Inteligencia Nacional que dirigía, en la práctica, Vladimiro Montesinos.
La detención del general Rodolfo Robles
La identificación del agente de inteligencia autor del atentado
dinamitero contra la filial de canal 13 en Puno, suboficial Angel Sauñi
Pomaya, precipitó el secuestro-detención del general retirado Rodolfo
Robles en noviembre de 1996.
Robles resultaba peligroso para el régimen porque podía conseguir y
difundir más información sobre las operaciones del Grupo Colina y sus
ramificaciones en los servicios de inteligencia.
La orden de captura firmada por el general Hugo Pow Sang, vocal
instructor suplente del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue
dirigida al director de Inteligencia del Ejército (DINTE), siendo
ejecutada en pocos minutos. La única forma de justificar este
procedimiento fue mediante una autorización del jefe supremo de las
fuerzas armadas: el ex presidente Fujimori.
El caso Hayduk
En 1998, las hijas de Eudocio Martinez, presidente de la empresa
pesquera Hayduk, se vieron envueltas en un proceso judicial por tráfico
de drogas tras la detención de un camión de su empresa, que habría
llevado un cargamento de droga y que generó la detención de su padre.
Las Martínez consiguieron una entrevista con la primera dama Keiko
Sofía Fujimori, hija del ex presidente, y la convencieron de ser
víctimas de una extorsión de Montesinos, quien les exigía una alta
cifra de dinero para no detenerlas junto con su padre. Keiko Sofía
declaró ante la comisión investigadora del Congreso que logró el
indulto presidencial para el padre de sus amigas - así administraba
justicia Fujimori - pero que el ex presidente no tomó ninguna medida
respecto de la acusación contra Montesinos. Ante la insistencia de su
hija, según testimonios de ésta, Fujimori guardó silencio.
Los honorarios del asesor presidencial
En abril de 1997 se propagó un reportaje televisivo sobre los ingresos
formales de Vladimiro Montesinos. Se exhibió una serie de declaraciones
juradas para el impuesto a la renta del asesor presidencial, refiriendo
un ingreso promedio mensual de US$ 80,000.
Ello contrastaba completamente con dos afirmaciones previas de
Fujimori. La primera en el sentido que Montesinos era un asesor ad
honorem que trabajaba "24 horas al día" por el país. La segunda, pocas
semanas antes del reportaje en cuestión, en el sentido que Montesinos
percibía S/.2,000 (unos US$ 600) mensuales por sus servicios a tiempo
completo en el Servicio de Inteligencia Nacional. Fujimori envió a su
primer ministro, Alberto Pandolfi, a esbozar un intento de explicación
ante el Congreso de la República sustentado en supuestas razones de
seguridad nacional. Increíblemente, no prosperó la formación de ninguna
comisión investigadora del Congreso por el abrumador voto negativo de
la mayoría oficialista.
El tráfico de armas a las FARC
En agosto del año 2000, ante el inminente escándalo ya advertido por
autoridades estadounidenses, Fujimori apareció en una conferencia de
prensa junto con Montesinos para afirmar que éste había descubierto una
operación de venta de armas a la narcoguerrilla colombiana por un grupo
de militares de rango medio encabezado por Luis Aybar Cancho, teniente
retirado del ejército que fuera colaborador de Montesinos.
La situación se complicó tras la aparición de sólidas evidencias
aportadas por Estados Unidos, Colombia y Jordania que señalaban la
responsabilidad del asesor presidencial. Fujimori pretendió tapar el
sol con un dedo, afirmando que no había más involucrados en el caso que
los hermanos Aybar Cancho.
La entrega a Montesinos de US$15
millones del Tesoro Público
Luego del escándalo suscitado por el vídeo Kouri-Montesinos el 14 de
setiembre del 2000, Montesinos demandó dinero para salir del país.
Fujimori, personalmente, gestionó y entregó US$15 millones a
Montesinos. El dinero provino de una partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa destinada a contrarrestar la posible incursión y
acciones subversivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
- FARC en territorio peruano. Es decir, que con su entrega a Montesinos
se afectó la seguridad nacional. Irónicamente, junto con el dinero,
Montesinos obtuvo una Resolución Suprema, firmada por Fujimori, en la
que se le agradecía por los servicios prestados a la Nación. Luego de
recibir el dinero en efectivo, Montesinos fugó a Panamá sin que su
socio Fujimori le hubiese podido conseguir asilo político, a pesar de
las muchas gestiones que realizó en tal sentido.
Si Fujimori no hubiese sido socio de Montesinos, hubiera investigado
antes de "poner sus manos al fuego" (literalmente lo dijo en más de una
ocasión) por el ex capitán y abogado de narcotraficantes. Asumió todos
los riesgos políticos y penales que la presencia de su asesor supuso, a
los efectos de perpetuar la mafia.
Conclusión
Al hacerse público el vídeo en que aparece el jefe real de los
servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos comprando al ex
congresista Alberto Kouri, el 14 de septiembre de 2000, se hizo
evidente lo que era conocido por muchos y denunciado por algunos que
tuvieron el valor de enfrentarse al régimen en ese entonces: una mafia
se había instalado en el poder.
Este acontecimiento no solo fue el inicio del fin del gobierno del ex
presidente Alberto Fujimori. Motivó la reacción de la sociedad, que
exigió la investigación y sanción de los responsables por los delitos
perpetrados en agravio del Estado peruano y de todos los peruanos.
Gracias a la decidida gestión del gobierno de transición del ex
presidente Valentín Paniagua y a la firme intención de la
administración del presidente Alejandro Toledo, se iniciaron e
impulsaron las investigaciones y procesos judiciales contra la
organización delictiva montada por el prófugo Alberto Fujimori y su
capturado asesor Vladimiro Montesinos.
Si bien sectores de la sociedad sospechaban de los niveles de
corrupción alcanzados, la realidad superó todos los cálculos y se
descubrió cómo en el país se había constituido un grupo mafioso que
tenía como finalidad saquear las arcas del Estado y enriquecerse
utilizando diversas modalidades delictivas. Los gobernantes hicieron
uso del poder estatal para perpetuar su organización delincuencial. Y
los delitos cometidos fueron desde la afectación de fondos públicos
hasta el tráfico ilícito de drogas y la violación de derechos humanos.
La mafia no solo cooptó a todo el aparato estatal. También a parte de
la actividad empresarial privada, en especial los medios de
comunicación social. Utilizando dineros del Estado y de la corrupción,
el régimen compró las conciencias de empresarios de la comunicación,
buscando garantizar no solo la impunidad a los gravísimos delitos
cometidos, sino también materializar una estrategia que a través de la
reelección de Fujimori le permitiría perpetuarse indefinidamente en el
poder.
Es importante resaltar este último punto. No es posible entender la
desesperación de Fujimori, Montesinos y sus socios menores por
mantenerse en el poder, sin tener en cuenta los niveles de corrupción
existentes. Entendían que al dejar el gobierno la corrupción podía
quedar al descubierto y que su impunidad sería insostenible. Por otro
lado, se mantenía el interés de los involucrados en seguir lucrando
desde el poder.
Los actos vandálicos perpetrados por el propio gobierno durante la
marcha de los Cuatro Suyos, el uso de la prensa para destruir a sus
opositores o la manipulación del sistema de inteligencia para
transformarlo en una policía política - descuidando sus importantes
fines institucionales para cumplir las órdenes del gobierno - expresan
tal desesperación.
Lo ocurrido en el país demuestra los niveles a los que puede llegar la
corrupción en una sociedad tolerante y permisiva. No obstante, la
reserva moral y la resistencia de millones de peruanos y peruanas
finalmente permitieron el derrumbe de la mafia.
NUNCA MÁS. NO A LA IMPUNIDAD.
Lima, abril de 2003
Cronología
Setiembre de 1976. Vladimiro Montesinos, capitán del ejército peruano,
viaja en secreto a EE.UU. haciendo abandono de cargo. Se sospecha que
vendió secretos militares. Estuvo preso hasta 1978.
12 de julio de 1979. Promulgación por el Congreso Constituyente de la
Constitución de 1979. Vigencia plena desde el 28 de julio de 1980.
1988. Vladimiro Montesinos reanuda contacto con el ejército y los
servicios de inteligencia peruanos al entregar el expediente de la
masacre de Cayara.
Abril de 1990. Montesinos conoce a Fujimori y comienza a asesorarlo. Su
primer caso consiste en solucionar un problema de evasión tributaria.
28 de julio de 1990. Toma de mando del ex presidente Fujimori.
3 de noviembre de 1991. El Grupo Colina ejecuta la masacre de Barrios
Altos.
5 de abril de 1992. Golpe de Estado. Se decreta 'Gobierno de Emergencia
y Reconstrucción Nacional'.
2 de mayo de 1992. El Grupo Colina secuestra y desaparece a nueve
pobladores del distrito El Santa de Chimbote.
24 de junio de 1992. El Grupo Colina secuestra y desaparece a
periodista Pedro Yauri Bustamante.
18 de julio de 1992. El Grupo Colina secuestra, ejecuta e incinera los
cuerpos de un grupo de estudiantes y un profesor de la Universidad
Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta.
31 de octubre de 1993. Referéndum de aprobación de la Constitución de
1993.
1º de enero de 1994. Vigencia plena de la Constitución de 1993.
28 de julio de 1995. Inauguración del segundo período de Fujimori
(Primera reelección)
23 de agosto de 1996. Ley de interpretación auténtica 'legaliza' la
posibilidad inconstitucional de una segunda reelección de Alberto
Fujimori.
26 de noviembre de 1996. Detención del General Rodolfo Robles Espinoza.
Febrero de 1997. Detención y tortura de agente de inteligencia Leonor
La Rosa en los sótanos del Cuartel General del ejército.
22 de marzo de 1997. El Grupo Colina secuestra y descuartiza a agente
de inteligencia Mariella Barreto.
22 de abril de 1997. Operación Chavín de Huántar.
29 de mayo de 1997. La mayoría oficialista del Congreso destituye a
tres magistrados del Tribunal Constitucional que habían declarado
inaplicable la ley de interpretación auténtica.
13 de agosto de 1997. Retiro de nacionalidad inhabilita a Baruch Ivcher
ejercicio de su propiedad del canal 2.
8 de julio de 1999. El gobierno de Fujimori decide retirar al Perú de
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
28 de febrero de 2000. Denuncia de falsificación de más de un millón de
firmas para la inscripción de alianza fujimorista Perú 2000.
9 de abril de 2000. Elecciones generales. Toledo denuncia fraude.
3 de mayo de 2000. Miembros del SIN torturan a periodista Fabián
Salazar.
28 de mayo de 2000. Elecciones generales, segunda vuelta. 'Victoria' de
Alberto Fujimori frente a llamado de Alejandro Toledo a viciar el voto
o a no votar. Los observadores de la OEA, la ONG Transparencia y el NDI
- Centro Carter denuncian irregularidades y limitan su participación.
28 de julio de 2000. Inauguración del tercer período de Fujimori
(segunda reelección) en medio de protestas: Toledo encabeza la marcha
'de los cuatro suyos'.
21 de agosto de 2000. Se hace público el tráfico de armas para las FARC.
14 de setiembre de 2000. Es exhibido el primer 'vladivideo' con soborno
de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri para que se pase a las filas
del oficialismo.
16 de setiembre del 2000. Fujimori anuncia la disolución del SIN y la
convocatoria nuevas elecciones el próximo año sin su participación.
23 de setiembre de 2000. Fujimori ordena la entrega de US$15 millones a
Montesinos para que se retire del país.
2 de noviembre de 2000. El ministro de Justicia revela la existencia de
tres cuentas bancarias por 48 millones de dólares a nombre de
Montesinos en bancos de Suiza.
7 de noviembre de 2000. El presidente Fujimori allana el domicilio de
la ex esposa de Montesinos con la presencia de un falso fiscal.
13 de noviembre de 2000. Congresista oficialista Martha Hildebrandt es
censurada como presidenta del Congreso. En la noche, el presidente
Fujimori viaja a la cumbre presidencial de APEC. 20 de noviembre de
2000. Presidente Fujimori renuncia desde Tokio.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Calle Túpac Amaru 2467, Lima 14, Perú
Fono: 441-1533 / Fax: 422-4827
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Fuente: http://www.fujimoriextraditable.com.pe
