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Quizá si el tema principal de la coyuntura en el Perú sea, por cierto, el de la extradición de Alberto Fujimori, dispuesta por las autoridades judiciales de Chile el 21 de septiembre. El hecho, finalmente, dio con el ex mandatario nipo-peruano en el banquillo, como un acusado por delitos severos y con penas anunciadas de 25 aņos de cárcel, o más.
El acontecimiento conmocionó sin duda el escenario nacional y agitó diversas pasiones. Y es que no se trata sólo de un caso excepcional, el primero que afecta a un ex Jefe de Estado; sino de un hecho que involucra delitos de mayor cuantía, vinculados a la violación de derechos humanos y crímenes consumados a partir de la instauración de un Estado Terrorista.
De acuerdo con la decisión judicial santiaguina, los procesos aprobados en el caso han sido siete:
1.- Caso de congresistas tránsfugas. Delito de peculado.
2.- Caso de Medios de comunicación. Delito de Peculado y Asociación Ilícita para delinquir
3.- Caso 15 millones de soles a VMT. Delito de Peculado
4.- Caso Interceptación Telefónica. Delitos: violación del secreto de las comunicaciones, asociación ilícita para delinquir y peculado
5.- Caso Allanamiento a vivienda de Trinidad Becerra. Delito: usurpación de funciones y abuso de autoridad.
6.- Caso Sótanos del SIE. Delito. Secuestro
7.- Caso Barrios Altos y La Cantuta. Delitos. Homicidio calificado, asesinato y lesiones graves.
Está pendiente pedido de aclaración por parte de las autoridades peruanas el caso de la matanza de Castro Castro, ocurrida en mayo del 2002
En torno al tema, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile no se ha pronunciado en ningún sentido, lo que no corresponde. De uno u otro modo, aceptando o rechazando el pedido, debe emitir una decisión ampliatoria.
Por lógica jurídica es previsible que la decisión sea favorable al Estado Peruano, pero aun que no lo fuere, éste podría abrir el caso pidiendo después el aval pertinente.
La presencia de Fujimori en el Perú genera diversos interrogantes.
Ya se sabe, por lo pronto, que el ex mandatario será recluido en una instalación especial en el Fundo Barbadillo. En la zona de Vitarte. No se trata de una cárcel, sino de la la Escuela de Policía, en alguna medida similar a la ya conocida Escuela de Carabineros de Santiago, donde permaneció el ex mandatario peruano a partir de noviembre del 2005 y hasta lograr su libertad vigilada en el vecino país.
Es previsible, sin embargo, que ese sea sólo al comienzo, porque luego, cuando se inicien las diligencias judiciales, deberá ser trasladado a un lugar más cercado a la Sala Judicial de la Base Naval del Callao, por razones de seguridad y de orden operativo.
Se sabe también que el tribunal que tendrá a su cargo el caso merece una definida confiabilidad. Los tres jueces, en efecto, constituyen garantía de probidad.
El Presidente del Tribunal, César San Martín luce una trayectoria académica y judicial respetable. Es profesor de la Universidad Católica en materia de Ciencias Penales y fue separado del Poder Judicial precisamente por su independencia de criterio bajo el fujimorato para ser restituido posteriormente, luego del aņo 2000. Víctor Prado Saldarriaga, miembro de la Sala también es profesor universitario y autor de diversos tratados sobre derecho criminal y penal, y ostenta el haber sido consultor de Naciones Unidas para delitos de crimen organizado. Y el doctor Hugo Príncipe es profesor de Derecho Penal de la Universidad de San Marcos y tiene una impecable trayectoria judicial
Aún es prematuro abordar el tema de los procedimientos judiciales que se habrán de seguir, pero probablemente no se procederá a la acumulación de juicios por cuanto algunos de ellos ya están en marcha y porque, además, en varios Fujimori no es el único acusado. Comparte los delitos con otros reos que hoy están en cárcel, o son aún prófugos de la justicia. Se trata, en efecto, de su asesor en materia de Inteligencia -Vladimiro Montesinos Torrres-, de generales de alta graduación, como Nicolás Hermoza Ríos; y de ex ministros que permanecen en prisiòn, como Victor Joy Way.
Es importante considerar sin embargo, la proyección política del hecho.
Fujimori se llevó del Perú alrededor de 400 videos que contienen la más rica información política de su régimen. De ser mostrados, ellos podrían poner en evidencia la relación existente entre su administración y el propio Alan García, quien fuera contactado por Agustín Mantilla en Bogotá en los aņos en los que el entonces Secretario General del Partido Aprista mantenía relaciones secretas con el Servicio de Inteligencia de entonces y recibía dinero "en la salita del SIN". Un video que mostrara el hecho podría constituir una suerte de bomba política de incalculables consecuencias que podría, incluso cambiar radicalmente el escenario político del país.
La presencia del vicealmirante Luis Gampietri como Vicepresidente de la República, y hombre de toda confianza del fujimorismo, podría inducir a algunas gentes a promover una suerte de "Golpe de mano" que termine por entregar el mando de la nación al marino que, a su vez, podría condonar todas las penas y juicios al "chinito de la yuca".
Sobre el tema, podría desarrollarse en la perspectiva más de una hipótesis de trabajo. Una de ellas, la más consistente, sin embargo, plantea la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas del Congreso y un, por lo menos inicial, distanciamiento entre el APRA y el fujimorismo.
Keiko Fujimoro y los suyos en el Poder Legislativo, usarán sus cargos para presionar y exigir demandas imposibles de cumplir en el plano de los procedimientos judiciales. Por lo pronto, exigieron ya a voz en cuello y con singular desenfado, que el reo sea puesto en libertad y siga el proceso judicial sin compromiso alguno con la justicia. No sólo una manera de asegurar su impunidad, sin duda, sino también una manera práctica de asegurar su posibilidad abierta de fuga rumbo a su amada cuna oriental. A partir de allí podría perfilarse la base de un desacuerdo que podría proyectarse hacia otras esferas de la vida nacional.
Pero el tema de fondo, es esencialmente político. Y tiene que ver con la lucha concreta en calles y plazas. Aunque los familiares de las víctimas del régimen dictatorial, acompaņados por los organismos de derechos humanos, hicieron una demostración significativa tanto ante la sede de la embajada de Chile en Lima como ante el monumento "El Ojo que llora" en el Campo de Marte, lo real es que los fujimoristas se tomaron virtualmente el Aeropuerto para darle a su líder "la recepción que se merece".
Esa fue una concesión ciertamente inaceptable. En otras condiciones, los trabajadores, los estudiantes y el pueblo debieron haberse volcado a las instalaciones del terminal aéreo para darle, en efecto, al ex mandatario, la "recepción que se merece", es decir, cubrirlo de escupitajos y hacerle sentir el clamoroso repudio del pueblo por sus crímenes horrendos. He ahí un reto concreto para la Izquierda Peruana (fin)
27 de setiembre de 2007
Fuente: Indymedia Perú (http://peru.indymedia.org/news/2007/09/35897.php)
