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amnistía internacional Perú/Chile
5 DE DICIEMBRE DE 2005
"...Sucedió que al promediar las diez de la noche estábamos celebrando una 'pollada', que era para recolectar fondos para hacer mejoras en ésta quinta. Entonces, a esa hora, abruptamente ingresaron un grupo de seis uniformados con dos que dirigían, que estaban encapuchados. Comenzaron a proferir palabras como....miserables terroristas, ahora van a ver…. Nos insultaron y tuvimos que tirarnos al suelo porque así lo ordenaron. Hay el caso del señor Tomás Livias, que estuvo presente, hizo resistencia…. A él con la culata del arma lo golpearon en su espalda, su pecho y lo tiraron al suelo. Saltó otro señor que dijo: yo soy el que organiza esto y conmigo háganlo. A él lo acribillaron a balazos. Le metieron ráfagas de balas y cayó desplomado. Pasaron al lado derecho que había un cuarto dónde atendían este...dos chicas. Fueron y lo remataron, a balazos y volvieron contra nosotros cuando estábamos en el suelo. Y empezó la matanza…" (1)
Así relataron en su declaración ante la Comisión de la Verdad y la Reparación (CVR) de Perú (2) los sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos como entre seis y diez individuos armados con pistolas y ametralladoras, y con los rostros cubiertos con pasamontañas irrumpieron en el patio del inmueble donde realizaban la reunión y amenazaron con sus armas a alrededor de 20 concurrentes. A golpes, insultos y entre forcejeos, obligaron a todos a tenderse boca abajo, e inmediatamente y sin discriminar, dispararon ráfagas hacia las cabezas y las espaldas de mujeres hombres y niños. Los mismos sobrevivientes y las posteriores pericias balísticas y forenses confirmaron que los autores remataron a los moribundos con un fatal "tiro de gracia".
El asesinato de estas 15 mujeres, hombres y niños en 1991 en el distrito de Barrios Altos en Lima, es sólo una de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por los las fuerzas de seguridad, cuando Alberto Fujimori era Presidente de la República del Perú entre los años 1990 y 2000. (3) A lo largo de los diez años de gobierno de Fujimori, se documentaron centenares de casos de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, y de torturas y malos tratos. Estas graves violaciones de los derechos humanos no constituyeron excesos, sino que como constató la CVR de Perú tras dos años de investigación, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las torturas y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad fueron sistemáticos y generalizados durante el mandato de Alberto Fujimori. (4) La gran mayoría de los sobrevivientes de estas serias violaciones de los derechos fundamentales y los familiares de aquellos que perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad, durante este oscuro periodo de la historia de Perú, continúan esperando verdad, justicia y reparación.
LOS CARGOS CONTRA ALBERTO FUJIMORI
En noviembre de 2000, cuatro meses después de que Alberto Fujimori jurara su cargo para un tercer mandato presidencial, entre denuncias de fraude electoral, el Congreso declaró vacante el cargo de Presidente de la República, por la "incapacidad moral" de Fujimori para gobernar.(5) El ex-Presidente había ya renunciado a su cargo mientras se encontraba de visita en Japón, semanas después de que se revelara que Vladimiro Montesinos, persona muy cercana al Presidente, quien fuera asesor presidencial para asuntos de "inteligencia", había sobornado a congresistas de la oposición, así como su implicación en la venta de armamento a la oposición armada colombiana.
Vladimiro Montesinos fue detenido en junio del 2001 en Venezuela y devuelto a Perú, donde se enfrenta actualmente a más de 60 procesos por cargos relacionados con la violación de derechos humanos, actos de corrupción y blanqueo de dinero. Por cargos similares se encuentran también en espera de ser enjuiciados diversos miembros de las fuerzas armadas durante el régimen de Alberto Fujimori, así como otros miembros de su gabinete. Sin embargo, el propio Alberto Fujimori, el jefe del Estado durante toda esa década, aún no ha sido puesto en manos de la justicia. (6)
Son 20 los cargos por corrupción y violaciones de derechos humanos que existen en contra de Alberto Fujimori.
Entre estos se encuentra la acusación de la Fiscal de la Nación por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, en relación a la masacre de Barrios Altos, y al asesinato y "desaparición" de nueve estudiantes y un profesor en la universidad Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, en Lima, en 1992. Crímenes atribuidos a un escuadrón de la muerte denominado "Grupo Colina", un grupo paramilitar creado en 1992 dentro del Servicio de Inteligencia Nacional bajo el mando de Vladimiro Montesinos en el contexto de la nueva estrategia contra-subversiva puesta en práctica por Alberto Fujimori. En base a esta acusación fiscal, el mismo mes de septiembre de 2001, un juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú ordenó la detención de Alberto Fujimori, afirmando que había pruebas convincentes que indicaban que el ex-Presidente había tenido pleno conocimiento de la existencia del "Grupo Colina".
EL "GRUPO COLINA" UN ESCUADRON DE LA MUERTE
Cincuenta y siete personas vinculadas al "Grupo Colina", incluido Valdimiro Montesinos, están actualmente siendo juzgadas en Perú por los delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado, homicidio calificado y desaparición forzada en relación a los casos de La Cantuta, Barrios Altos, el secuestro y asesinato de nueve pobladores de El Santa, Ancash, en 1992, y la desaparición forzada y homicidio del periodista Pedro Yauri Bustamante, en Huacho, Lima, en 1992. En septiembre de 2005, tres de los acusados de pertenecer al grupo paramilitar "Colina" reconocieron haber participado en los crímenes de los cuales se les acusaba y se declararon culpables de los cargos presentados en su contra. Según informes sus testimonios confirmaron la existencia del "Grupo Colina" y su vinculación con el Servicio de Inteligencia y el Ejecutivo durante el mandato de Alberto Fujimori.
En los últimos años es de conocimiento público que en 1991, muy poco después de la matanza de 15 mujeres, hombres y niños en Barrios Altos, Alberto Fujimori felicitó oficialmente a varios de los miembros del "Grupo Colina" además de dictarse un decreto otorgando mayores poderes al Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía Vladimiro Montesinos.
Desde 1993, se comenzaba a conocer la existencia del escuadrón de la muerte y sus operativos. En 1993, el entonces General Rodolfo Robles informó públicamente de la existencia de un "escuadrón de la muerte" que operaba dentro de los servicios de inteligencia del ejército. Robles acusó a este escuadrón de ser culpable de la matanza de Barrios Altos, y de los homicidios y "desapariciones" de la Universidad de la Cantuta, y especificó que tanto el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori tenían conocimiento de cómo operaba el Grupo Colina. El General Rodolfo Robles y su familia tuvieron que huir del país después de estas declaraciones ya que fueron amenazados de muerte.
También la CVR confirmó en su Informe Final publicado en el 2003, la existencia del escuadrón de la muerte denominado "Grupo Colina" vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional bajo el mando Vladimiro Montesinos, e indicó que existen indicios razonables para afirmar que el ex-Presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el "Grupo Colina".(7)
La CVR presentó al Ministerio Público 43 casos de graves violaciones y abusos a los derechos humanos en los cuales, según la Comisión, se habían podido documentar todos los elementos necesarios para llevar a los responsables ante la justicia. Entre ellos se encuentran casos de serias violaciones a los derechos fundamentales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad durante los años en que Alberto Fujimori fue Presidente de Perú, incluidas serias violaciones de derechos fundamentales atribuidas al "Grupo Colina". Entre los casos de graves violaciones de derechos fundamentales documentados por la CVR durante los años en que Alberto Fujimori fue presidente, se incluye: las torturas y desapariciones forzadas de 17 personas detenidas por su presunta vinculación con el "terrorismo" en la base militar Los Laureles en Tingo María, Huanuco, en 1990; la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de más de 55 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (1990 - 1992) en las cuales la CVR encontró también responsabilidad del "Grupo Colina"; las ejecuciones extrajudiciales de 15 detenidos acusados de "terrorismo", entre adultos y menores, por parte de una patrulla del Ejército en la comunidad campesina de Santa Bárbara, Huancavelica, en 1991; la tortura y ejecución extrajudicial de 32 personas en la comunidad de Apiza, Huanuco, por parte de fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía Nacional, en 1992; la ejecución extrajudicial de 42 internos del Penal de Máxima Seguridad "Miguel Castro-Castro", en Lima, en 1992; la participación de efectivos del Ejército en el asesinato de 72 pobladores, incluidos 16 menores, y otras violaciones de derechos humanos como el abuso sexual contra mujeres, en comunidades del Valle del Tsiriari, distrito de Mazamari, Junín, en 1993; las ejecuciones extrajudiciales de al menos 14 personas, en Ayacucho, entre julio y diciembre de 1991, por las cuales la CVR responsabiliza a un grupo de élite de agentes de inteligencia, quienes habrían actuado con la anuencia de sus superiores y en algunos casos, siguiendo sus órdenes; y las decenas de ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga, Huanuco (1990 - 1994).
LA IMPUNIDAD DURANTE LOS AÑOS DE ALBERTO FUJIMORI
Durante los diez años en que Alberto Fujimori estuvo en la presidencia se impidió deliberadamente la investigación de miles de casos de graves violaciones de derechos humanos, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables. Estos crímenes rara vez fueron objeto de investigación y sólo excepcionalmente se puso a los autores a disposición de la justicia.
Como consecuencia de ello, se protegió una política de violación de los derechos humanos, sancionándose, para ese propósito, leyes cuyo único objeto era la impunidad.
Tanto los familiares y sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos, como los de las víctimas de La Cantuta, y millares de otras personas, que fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales o perdieron a sus seres queridos de esta forma han reclamado justicia durante años.
La presión nacional e internacional llevó a que en 1994, nueve oficiales, incluyendo miembros del Grupo Colina, acusados de los asesinatos y desapariciones forzadas de La Cantuta fueran condenados por el Consejo Supremo de Justicia Militar a penas hasta de veinte años de cárcel por el homicidio del profesor y los nueve alumnos detenidos. La decisión de la Corte Suprema de procesar a los nueve oficiales del ejército acusados en la justicia militar y no en la civil se consideró, en general, que venía dictada políticamente por el ejecutivo y el ejército. Nuevamente el ejecutivo mostraba su voluntad de proteger a perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos.
Estas sentencias representaron, sin embargo, tan solo un pequeño avance en la búsqueda de justicia de estas diez familias. No sólo otros diez oficiales de alta graduación y al menos un civil, acusados por miembros disidentes del ejército y defensores de los derechos humanos de estar implicados en el caso no fueron objeto de investigación, sino que además ese mismo año los nueve militares condenados fueron amnistiados y puestos en libertad. El derecho de los familiares de La Cantuta de ver a los responsables de la muerte de sus seres queridos pagar por sus crímenes fue nuevamente pisoteado.
En 1995 el gobierno de Alberto Fujimori se aseguró de que las familias y víctimas de las graves violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad no pudieran obtener ni verdad ni justicia. La impunidad, que había sido una práctica institucionalizada se legalizó en 1995. El 14 de junio de 1995, el Congreso de la Nación promulgó una ley de amnistía en virtud de la cual se concedió una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y a los civiles que habían sido denunciados, investigados, acusados, juzgados o condenados, o que cumplían penas de prisión, por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995. Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes de la Universidad de la Cantuta asesinados en 1992, al enterarse de la promulgación de la ley de amnistía, dio voz a su temor con palabras desgarradoras:
La noticia de la Ley de Amnistía para los asesinos de mi hijo me hizo sentir que todo lo que habíamos avanzado se derrumbaba sobre mi cabeza... me quitaron al hijo que más quería, al primero que engendré... se lo llevaron a medianoche y me lo ocultaron sin piedad. Tuve que buscar bajo tierra para encontrarlo... Las noches eran eternas. Imaginaba que llegaba a casa y que se acostaba en silencio para no despertarme... cuando me convencí de que había muerto perdí todo el miedo... cuando el caso se destapó y la prensa identificó a los asesinos, me fortalecí. Los familiares nos unimos y seguimos andando, tocando todas las puertas buscando quien nos hiciera caso. ¿Cómo había podido este gobierno perdonarlos tomándose mi nombre?... El viernes de la semana pasada llegaron dos hombres a mi casa. Yo no estaba... Las muchachas dicen que eran dos hombres jóvenes, con el pelo corto, que parecían policías vestidos de civil. Parece como si todo volviera a empezar. El gobierno además actuó resueltamente para preservar la vigencia de la ley de amnistía. El día de su entrada en vigor, la juez encargada de investigar la matanza de Barrios Altos, resolvió que la ley de amnistía no era aplicable en la causa que seguía sobre esos sucesos.
Los familiares de las 15 personas asesinadas en Barrios Altos, llevaban ya cuatro años luchando para obtener justicia para sus seres queridos. Pese a la decisión de la juez, el 28 de junio de 1995, el Congreso promulgó una nueva ley que reforzaba las disposiciones de la primera ley de amnistía. Este segundo precepto prohibía a la judicatura pronunciarse sobre la legalidad o aplicabilidad de la ley de amnistía. De esta manera, el Congreso anulaba, en los hechos, el dictamen de la juez de instrucción.
Estas dos leyes de amnistía hicieron improbable que miles de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y sus familiares pudieran conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos durante el mandato de Alberto Fujimori.
En octubre de 2000, un mes antes de que Alberto Fujimori abandonara la presidencia, nuevamente su gobierno intentó garantizar la impunidad para todos los que hubieran estado implicados en violaciones de derechos humanos, y propuso que se ampliaran las leyes de amnistía para incluir a personas acusadas de estos delitos, así como de actos de corrupción o actividades de narcotráfico durante sus dos mandatos.
EL DETERIORO DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LOS AÑOS DE ALBERTO FUJIMORI Y lAS CONSTANTES AMENZAS A DEFENSORES
Durante los dos mandatos de Alberto Fujimori se mantuvo el deterioro de la protección de los derechos humanos, en Perú, al permitirse que miembros de las fuerzas de seguridad continuaran cometiendo desapariciones forzadas, asesinatos y torturas con impunidad; y a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se produjo el colapso del Estado de Derecho.
En abril de 1992, el Presidente Fujimori anunció la clausura del Congreso de la Nación, la suspensión del orden constitucional y el establecimiento de un gobierno de emergencia, y rigió el país por decreto hasta el mes de diciembre de ese año. Entre los objetivos del recién creado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional estaban la reforma de la Constitución y la administración de justicia, así como de las instituciones relacionadas con ésta, incluida una reforma general del poder judicial, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Público. La suspensión del gobierno constitucional supuso, de inmediato, un riesgo para la protección de los derechos humanos en Perú. La disolución del Congreso puso fin de manera oficial al trabajo de las comisiones parlamentarias, incluidas las comisiones encargadas de los derechos humanos. Entre las comisiones afectadas se encontraban las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado, y Comisiones Especiales de Investigación encargadas de investigar casos concretos de violaciones graves de derechos humanos. Estas últimas Comisiones, cuya competencia consistía en investigar varios casos de presuntas violaciones de derechos humanos, estaban reuniendo pruebas y, en algunos casos, iban a publicar sus averiguaciones cuando el Congreso fue disuelto. Las pruebas, datos y documentos que estas comisiones tenían a su disposición fueron posteriormente retirados por las autoridades del gobierno de emergencia. Cuando se llevó a cabo la reapertura de los edificios del Congreso en diciembre de 1992, se informó de que los archivos que contenían la documentación de los casos que se estaban investigando habían desaparecido.
En abril de 1992, el gobierno retiró de su puesto a todos los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, a 13 jueces adjuntos a la Corte Suprema de Justicia, y a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y de los Consejos Distritales de la Magistratura. Mediante otros decretos fueron destituidos el Fiscal de la Nación y más de 120 jueces y fiscales de los distritos judiciales de Lima y Callao. La independencia del poder judicial y del Ministerio Público se vio seriamente minada cuando el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional designó nuevos jueces para la Corte Suprema y otros tribunales y un nuevo Fiscal General de la Nación como máxima autoridad del Ministerio Público. A finales del segundo mandato del ex-Presidente Alberto Fujimori, más del 80% de los jueces del Perú eran "provisionales" por lo que no gozaban de la garantía de estabilidad y podían ser removidos sin causa, limitando así severamente su independencia y autonomía.
Durante este periodo además la intimidación y las amenazas de muerte formaron parte de la vida cotidiana de los defensores de los derechos humanos en el país. Ellos, y las víctimas y familiares que presentaban quejas sobre los abusos de las fuerzas de seguridad, vivían en un perenne clima de temor. Los defensores de los derechos humanos lo sintieron intensamente como resultado de las repetidas acusaciones del Presidente Fujimori y otras autoridades, quienes les imputaron complicidad con los grupos alzados en armas.
El clima de temor engendrado por la hostilidad oficial hacia los defensores de los derechos humanos se agudizó en junio de 1995 con la promulgación de las leyes de amnistía. Los defensores de los derechos humanos que repudiaron públicamente dichas leyes fueron blanco de una verdadera ola de amenazas de muerte. Por ejemplo, la doctora Antonia Saquicuray, juez de instrucción que investigaba la matanza de 1991 en Barrios Altos, recibió varias amenazas de muerte anónimas a raíz de haber declarado que la ley de amnistía era inconstitucional y que violaba las normas internacionales de derechos humanos. Estos son sólo algunos de los casos que ilustran el patrón generalizado de amenazas y actos de intimidación contra defensores de los derechos humanos, las víctimas y familiares que presentaban quejas sobre los abusos de las fuerzas de seguridad, existente en Perú durante los años en que Alberto Fujimori ejerció la presidencia.
LA DETENCIÓN DE ALBERTO FUJIMORI EN CHILE
Alberto Fujimori fue detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005 a pedido de las autoridades peruanas que presentarán en las próximas semanas un pedido de extradición a Chile. El ex-Presidente se encuentra detenido en la Escuela de Gendarmería en Santiago de Chile, la capital, por orden del ministro de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez, quien dictó orden de detención provisional contra Alberto Fujimori por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado (hurto de fondos públicos) y falsedad ideológica, así como por homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada en relación a la masacre de Barrios Altos y a los asesinatos y "desapariciones" de La Cantuta. El ex-Presidente había viajado a Chile desde Japón, con el objetivo aparente de preparar su eventual regreso a Perú. Alberto Fujimori se encontraba auto exiliado en Japón desde que abandonó la presidencia en noviembre de 2000. El Estado peruano ya había pedido a Japón la extradición del ex-mandatario en el 2002 por los cargos que pesan contra él en relación a los casos de La Cantuta y Barrios Altos, y por delitos de corrupción. De acuerdo al Tratado de Extradición de 1932 entre Chile y Perú, el Estado peruano tiene un plazo de 60 días, para solicitar formalmente la extradición a las autoridades chilenas. La decisión sobre dicho pedido de extradición dependerá de la Corte Suprema de Chile.
El pasado 9 de noviembre de 2005, la Corte Suprema de Chile negó la libertad condicional al ex Presidente. Alberto Fujimori cuenta con un abogado peruano que se desplazó a Santiago tras su detención, y otro abogado en Chile, que le representará ante la Corte Suprema en este país.
LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE INVESTIGAR, PROCESAR Y CASTIGAR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
El carácter generalizado y sistemático de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000 constituyen crímenes contra la humanidad, es decir en agravio toda la humanidad. El derecho internacional reconoce como tales, entre otros crímenes, a la práctica generalizada o sistemática del homicidio, la tortura, el encarcelamiento arbitrario y la desaparición forzada de personas. Todos los Estados, incluidos Chile y Perú, tienen la obligación de investigar y, en su caso, de procesar y castigar a las personas responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes contra la humanidad y de colaborar en su aprehensión, detención, extradición y castigo.
Si por cualquier motivo, se rehusara conceder la extradición de Alberto Fujimori a Perú, Chile se encuentra obligado a someter el caso a sus propias autoridades judiciales, a efectos de su enjuiciamiento. Si la investigación demostrara que existen pruebas admisibles y suficientes para ello, Alberto Fujimori debe ser objeto de un proceso judicial en Chile, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde se hayan cometido los crímenes de que se le acusa. Asimismo, debe tenerse presente que muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante su mandato presidencial constituyeron casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Conforme lo establecen los Artículos 7 y 8 de la Convención contra la Tortura, (8) si Chile decidiera no conceder la extradición que se le ha solicitado tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de "[someter] el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento".
En consecuencia, Amnistía Internacional solicita a las autoridades chilenas el cumplimiento y respeto de las obligaciones de derecho internacional a las que libremente se ha sometido. Asimismo, Amnistía Internacional confía que las autoridades de Chile demostrarán a la comunidad internacional su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, contribuyendo a que Alberto Fujimori -sobre quien pesan graves acusaciones- sea sometido a un proceso judicial.
Notas:
(1) CVR. Audiencia Pública de Casos en Lima. Caso 17.Tercera sesión, 22 de junio de 2002. Testimonio de Alfonso Rodas Alvitres, sobreviviente de la masacre. Véase Informe Final de la CVR, Tomo 7 Los casos investigados por la CVR, pág. 476.
(2) La CVR fue creada en el 2001 con el mandato de establecer las circunstancias que rodearon los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, tanto por Sendero Luminoso y el MRTA, como por el Estado peruano. La CVR debía asimismo, determinar el paradero, identidad y situación de las víctimas del conflicto interno y, en lo posible, las responsabilidades, además de analizar las condiciones y el contexto político, social y cultural que contribuyó a la violencia, desarrollar propuestas para reparar a las víctimas, y proponer medidas y reformas con el fin de evitar que tales hechos vuelvan a repetirse.
(3) Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia, Sendero Luminoso, el mayor grupo de oposición armada, llevaba cometiendo atrocidades desde 1980 y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) desde 1984. Tanto los lideres como cientos de miembros de estos dos grupos armados de oposición están cumpliendo sentencia en cárceles peruanas.
(4) Véase Informe Final de la CVR, Tomo 6 Patrones en la Perpetración de los Crímenes y de las Violaciones de los Derechos Humanos, pág. 258.
(5) El ex-Presidente Alberto Fujimori fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargo público hasta el 2011.
(6) En los diez años de los gobiernos de Alberto Fujimori, se estima que el desfalco al Estado peruano excedería los US $2,000 millones, habiéndose descubierto y repatriado una parte significativa pero todavía pequeña de bancos del exterior.
(7) Véase Informe Final de la CVR, Conclusiones Generales del Informe Final, pág. 330.
(8) Chile ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1988.
Fuente: amnistía internacional (http://web.amnesty.org/library/index/eslamr460072005) Índice AI: AMR 46/007/2005
