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Manuel Hidalgo *
¿Quién digita los pasos de Fujimori? ¿Quién y porqué lo vuelve a poner en circulación en el Perú? ¿Por qué esta 'transitoria estancia' en Chile?
Los pueblos chileno y peruano no acababan de ser sorprendidos con la repentina tensión político-diplomática entre sus respectivos gobiernos y estados, creada por la aprobación en Perú de una Ley de Bases para delimitar su territorio marítimo, cuando se produce otro hecho que desata incluso una mayor y más justificada preocupación ciudadana. El ex dictador y actual prófugo de la justicia peruana, Alberto Fujimori desembarca repentinamente en territorio chileno.
Pasada la sorpresa inicial, las autoridades chilenas cumplen rápidamente la solicitud cursada por sus similares peruanas para detener preventivamente al sujeto y someterlo a juicio de extradición por los crímenes que se le imputan. El ambiente de relaciones se ha recargado súbitamente y hay que proceder con cautela.
¿Quién digita los pasos de Fujimori? ¿Quién y porqué lo vuelve a poner en circulación en el Perú? ¿Por qué esta "transitoria estancia" en Chile?
Para ello es importante recordar su trayectoria política y el curso de la política peruana en estos 15 años. Se trata de una figura que irrumpe en las elecciones de 1990, cuando la carta neoliberal representada por Mario Vargas Llosa se debilita dramáticamente y sus patrocinadores temen un desenlace en "el peor de los escenarios": tendrían que disputar la segunda vuelta con un hombre del APRA o de la izquierda, que sumarían sus votos para la ocasión. La derrota es inminente. Entonces, se "inventa" a Fujimori, que levanta el discurso del "Cambio" (Cambio 90, se llamó su seudo conglomerado de entonces) y del "yo no soy político", de gran auditorio entre los públicos hastiados de corrupción de los partidos tradicionales.
Con un discurso populista y que remarca sus distancias con los políticos tradicionales, Fujimori triunfa en segunda vuelta, apoyado por el APRA y por la izquierda, frente a un Vargas Llosa, que ha hecho demasiada ostentación anticipada de las políticas de "shock" monetarista y neoliberales, para reencauzar la crisis de la economía peruana. El "Chino", -como se le apoda a Fujimori-, se desmarca de mayor definición programática, pero apenas se ciñe el cinto presidencial, emprende una de los más rápidos, agudos y violentos procesos de reformas neoliberales que conoce el continente. [1]
Como aún la limitada democracia parlamentaria que existe en el Perú de entonces es una traba burocrática para implementar con energía y rapidez los cambios que el FMI y la banca transnacional exigen, el "Chino" precipita el autogolpe y cierra el Congreso en abril de 1992. Empieza entonces su régimen dictatorial apoyado en el respaldo que le brindan el general Nicolás Hermoza Ríos, al mando de las Fuerzas Armadas y el ineflable Vladimiro Montesinos, a la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Este último es el hombre clave: agente de la CIA y de la DEA norteamericanas desde mediados de los 70's, será el "cerebro gris" de una dictadura "narco-neoliberal".
Narco-neoliberal, porque una parte importante de las modificaciones institucionales se lograrán "apoyar" y financiar con el dinero de los carteles de la droga colombiana. [2]
En los años subsiguientes, Fujimori con el respaldo abierto y encubierto de los EE.UU. no sólo implementa las reformas neoliberales, sino que desata una feroz represión que aísla a los movimientos de subversión armada y los derrota en medio de una "guerra antisubversiva" que deja más de 80 mil muertos y dentro de ellos 20 mil desaparecidos. La represión, como es habitual, se extiende y abarca a toda organización social democrática y popular. Particularmente aguda es la represión sobre las poblaciones de las zonas campesinas en las que existe algún indicio de presencia guerrillera.
Paralelamente, con la plata de las privatizaciones, el "Chino" fomenta el clientelismo en medio de la fragmentación más profunda, al mismo tiempo que realiza obras de infraestructura pública, construye escuelas y postas sanitarias. Con lo que gana una insospechada popularidad en los sectores más pobres sin mayor conciencia social o política. Se abre paso así a su reelección en 1995, bajo una nueva constitución hecha a su medida. En el lustro siguiente profundizará su labor desmanteladora del peso estatal en la economía y avanzará en medidas de apertura y flexibilización laboral, desarticulando el poder de las organizaciones sindicales.
La perversión de las instituciones del estado por parte de Fujimori-Montesinos se hace patente, hasta el límite del descaro más absoluto en ocasión de su segunda re-elección fraudulenta en el año 2000. Montesinos, por su parte, entusiasmado con el negocio del tráfico de armas incurre en un exceso que motiva su "caída en desgracia" ante sus patrones norteamericanos: en aviones del ejército peruano traslada desde Jordania miles de fusiles ametralladoras que deja caer en territorio de la guerrilla colombiana, a cambio de algunos millones de dólares. La corrupción es pública y evidente a la cabeza del estado y se pasea desnuda y campante por todos lados. La CIA, el departamento de Estado, Luigi Einauidi, resuelven el recambio político y el mismo se orquesta teniendo como pieza clave un nuevo hombre formado en los Estados Unidos, el "cholo" Alejandro Toledo. Será el nuevo presidente electo del Perú a partir del año 2001. [3]
En estos 5 años, mientras Fujimori se refugió en Japón, luego de renunciar a su cargo de presidente por fax, Toledo tuvo la oportunidad de limpiar algo la imagen destruida del estado de Derecho en el Perú y por reconstituir algo de su institucionalidad. Practicante del mismo nepotismo que muchos de sus antecesores, flojo e inconsistente, desaprovechó esa oportunidad histórica y no tardó mucho en convertirse en un presidente carente de todo liderazgo moral e intelectual en el Perú y con bajísimos índices de respaldo.
El hombre relevante para Washington, en todo caso, ha sido el ministro de Economía y actual Primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, quien empujó la continuidad del proceso de privatizaciones y de apertura comercial y financiera, al mismo tiempo que resguardó los equilibrios macroeconómicos, con la consabida disciplina fiscal.
En los últimos años, las inversiones transnacionales en la minería (cobre, oro, zinc) y en el gas dieron oxígeno a la alicaída economía peruana, que -como las demás de la región- vio subir sus exportaciones a partir del alza de las materias primas a fines de 2003. Es decir, un crecimiento muy concentrado en el dinamismo del sector exportador y que sólo muy limitadamente se extiende a los amplios sectores que dependen del mercado interno, elevadamente informal.
La movilización social, por otra parte, se ha reiniciado y cobra creciente fuerza e independencia. Los movimientos regionales y de las comunidades indígenas afectadas por la minería (CONACAMI) se han destacado por su accionar directo, que una vez más ha sido enfrentado represivamente. Pero parecen estar lejos de ser aún una alternativa con proyección de poder, o una alternativa de gobierno.
Es por eso que cuando ya faltan escasos 6 meses para las nuevas elecciones presidenciales, el escenario se presenta muy revuelto, con elevada crisis de credibilidad de los ciudadanos en los actores políticos. Un escenario en el que Alberto Fujimori se puede aparecer como la carta más conocida y confiable para los intereses de los Estados Unidos, capaz de atraer un nivel de simpatías más amplia que la de sus más importantes competidores: Lourdes Flores, proveniente de un partido de la derecha democratacristiana (PPC) y Alan García del APRA.
El desplazamiento de Fujimori hacia Chile corresponde con seguridad a un plan para devolverse al Perú en condiciones de desatar una polémica sobre sus derechos a una defensa plena, así como a postularse como candidato. Tales aspiraciones provocarán previsiblemente un cuestionamiento profundo de las instituciones peruanas, cuya solidez y convicción democráticas se pondrán a prueba en el momento en que Chile cumpla con extraditarlo, que esperamos sea el devenir más probable de su actual detención y próximo procesamiento.
Sin una movilización ciudadana nacional e internacional para que este ex dictador, responsable de genocidios y crímenes contra el pueblo peruano, pague sus culpas como corresponde, no habrá garantía de que se burle una vez más la justicia y la dignidad en la tierra de José Carlos Mariátegui, de José María Arguedas, y de tantos otros ilustres patriotas latinoamericanos.
Notas:
1) "Crecimiento, empleo y equidad: El impacto de las reformas económicas en América Latina y el Caribe", Bárbara Stallings y Wilson Peres, CEPAL, Fondo de Cultura Económica, páginas 72 a 75, septbre. 2000.
2) "Mi hermano Pablo. Los secretos de Pablo Escobar Gaviria", Roberto Escobar, Quintero editores, diciembre 2000.
3) Véase editoriales de la revista "Quehacer" Nº 127 y 130, editada por DESCO, Perú, Noviembre- Diciembre 2000 y Mayo-Junio de 2001.
* Manuel Hidalgo es economista peruano residente en Chile.
Fuente: www.argenpress.com. Noviembre del 2005.