|
|||||
| Actualidad | Informaciones de fondo | Documentación | Archivo | Enlaces | Contacto |
|
|||||
La Corte Suprema de Chile finalmente acordó que Alberto Fujimori sea extraditado al Perú. El ex presidente peruano es acusado de crímenes y de actos de corrupción. Un día después de la resolución de la justicia chilena, Fujmori llego (sábado 22 de septiembre) al Perú, y fue confinado en el cuartel de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la policía, ubicado en el distrito de Ate (Lima) donde lo alojaron en una confortable habitación, con baño propio, además de televisión y otras comodidades. Esta cárcel del ex mandatario, que se hizo del poder con el apoyo de la CIA americana y de las fuerzas armadas, es diferente a las prisiones tumbas en las que están recluidos desde hace dos décadas cientos de prisiones políticos y prisioneros de guerra. Fujimori apenas aterrizó en Lima, amenazó a través de sus correligionarios en Lima, que "divulgaría vídeos cuyo contenido pondría en jaque a toda la crema de la clase política peruana. Esa amenaza puso los pelos de punta a todos aquellos que se presentan como moralistas, pero que durante el fujimorismo desfilaron por el cuartel del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para recibir dinero y consignas políticas. Estos videos filmados por Vladimiro Montesinos entre 1990 y el 2000, registran la imagen de actuales ministros, parlamentarios, periodistas, jueces y hasta la conocida cara de Juan Luis Cipriani, actual cardenal del Perú.
La pregunta que se hacen todos los peruanos es ¿quién va a juzgar a Fujimori?. Algunos entre broma y en serio han dicho que para llevar adelante un juicio correcto el Perú tendría que importar jueces desde Chile. Alan García Pérez, el actual presidente del Perú, como se conoce, es igual y hasta peor que Fujimori. Después de su destrozo primer gobierno, salió huyendo por los techos como un vulgar delincuente común. Se refugió en Colombia y Francia, y el gobierno inicio contra él un proceso de extradición por corrupción y crímenes de guerra. Alberto Fujimori negocio con el APRA y quedó en nada la amenaza de extradición. Pero al margen de ello, García aun no ha saldado sus responsabilidades en brutales crímenes cometidos durante su gobierno de 1985-1990. Ahí está sin resolver el crimen de 30 prisioneros en octubre de 1985, o de 300 prisioneros de guerra en 1986 en tres penales del país. Están pendientes los asesinatos selectivos del comando "Rodrigo Franco", que se creó desde palacio de gobierno y del ministerio del interior que en ese tiempo dirigía el aprista Agustín Mantilla. García no ha respondido aun sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito desde el Estado, y centenas de crímenes de campesinos y pobladores. Como se dice en Perú, "entre gitanos no se pueden adivinar la suerte", y los líos entre delincuentes se arreglan a chavetazos, y no delante de un juez.
Por esta razón, un diario peruano ha dicho que Alan García Pérez se quedó sin respiración cuando se enteró a través de la televisión que la corte de justicia de Chile había aprobado la extradición de Fujimori. En ese momento García tomaba su desayuno y casi se atraganta con el pedazo de pan que tenia en la boca, y dejó todo para salir corriendo a buscar sus ministros. No podía explicarse como había ocurrido la extradición si le habían asegurado que eso sería lo último que le podía pasar. A su mente vinieron los videos secretos sobre el dinero que entregaba Vladimiro Montesinos a los partidos políticos del medio oficial. El APRA fue uno de los partidos que en secreto recibía dinero de Fujimori. Agustín Mantilla, viceministro y ministro del interior del primer gobierno aprista (1985-1990), además de secretario privado de Alan García, fue condenado a 6 años de prisión cuando se descubrió que Vladimiro Montesinos le hacia "donaciones" para financiar la campaña electoral del APRA en el 2000. Mantilla fue filmado por el mismo Montesinos en el cuartel del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) cuando estiraba la mano para recibir un paquete de dólares.
Agustín Mantilla, fue el chivo expiatorio del APRA y su "martirologio" lo hizo por Alan García Pérez, principal responsable de las operaciones comerciales entre el aprismo y el fujimorismo. Al contrario de Mantilla que estuvo cuatro años en prisión (salio con libertad condicional en 2005), Alan García pudo negociar con Fujimori para no ser tocado en este asunto, y así limpiamente volvió en el 2006 a sentarse por segunda vez en el palacio presidencial. Las negociaciones mafiosas y secretas entre Alan García Pérez y Alberto Fujimori se remontan cuando este último era candidato presidencial. Era el inicio de 1990 y el Servicio de Inteligencia Nacional estaba bajo las ordenes del general Edwin (Cucharita) Díaz, un militar de confianza de García Pérez. El asesor del general Díaz era nada menos que Vladimiro Montesinos, quien a pedido del mismo García y del jefe del SIN fue encargado para "arreglar" los turbio negocios de viviendas y evasión de impuestos, que la prensa había descubierto y que podían bloquear la carrera presidencial de Fujimori, e incluso llevarlo a prisión. Este fue el primer negociado entre Alan García y Alberto Fujimori. En las elecciones del 2006, Alan García Pérez ganó las elecciones presidenciales apoyado con los votos del partidos de Alberto Fujimori, y en la actualidad la mayoría que cuenta el APRA en el parlamento se ha concretado con los 13 congresistas de la Alianza por el Futuro (AF), el partido de Alberto Fujimori, que lidera Keiko Sofía Fujimori, hija del encarcelado expresidente.
Así había que concluir que se equivocan quienes piensan que con la extradición de Alberto Fujmori, el Perú logra una reivindicación de justicia y moral. Nada de eso, y al contrario el caso Fujimori muestra que el Perú oficial es una letrina donde cualquier delincuente común puede alcanzar la más alta magistratura de la Republica. Una sanción penal contra Fujimori, debería extenderse también contra todos sus cómplices políticos y aquellos que desde la derecha y la izquierda lo sostuvieron en el poder y alentaron que este personaje salido de los antros más bajos de la sociedad peruana cometiera brutales crímenes contra la población. Sus asesinatos de contrincantes políticos no se refieren solamente al caso Barrios Altos (1991) y la Universidad La Cantuta (1992). Son muchos más, y en cifras pueden contarse en miles y no en unidades aisladas del contexto brutal en el que vivió el Perú bajo su mandato. Ningún partido de derecha ni de la izquierda oficial se salva de la responsabilidad en la creación del "fenómeno Fujimori", como lo llamaron efusivamente en 1990. El APRA, Accion Popular (AP), el Partido Popular Cristiano (PPC), y todos los grupos que componen la izquierda legal, participaron con votos, con asesores, con ministros en la etapa fujimorista. Aquí si cabe el término legal, hubo una asociación de delincuentes, y fueron cómplices directos de la corrupción en el Estado y de los crímenes que se cometieron durante el fujimorismo. Por ejemplo, los grupos de izquierda oficial del Perú, que ahora se presentan como paladines de la justicia y del antifujimorismo, fueron los que con sus votos y su apoyo, contribuyeron a implantar en 1990 el fujimorismo. Un ejemplo de la relación entre la izquierda y Fujimori, lo entrega Gloria Helfer Palacios, una militante de lo que fue Izquierda Unida (IU) y ministra de educación durante el fujimorismo, decía, hablando de Fujimori, que el presidente peruano, era "alguien muy convencido de sus ideas, perseverante austero. Le agrada encontrar iniciativas. Es muy renovador". (Gloria Helfer, Asumo el poder como un servicio. Entrevista de Mariella Balbi, revista Viva, diciembre de 1990). Henry Pease, líder de Izquierda Unida (IU) y candidato presidencial de esta agrupación, decía en 1990, que votar por Alberto Fujimori, era retomar el camino popular y significaba la derrota de la derecha peruana.
Allanamiento de domicilio y usurpación de funciones, interceptación telefónica, compra fraudulenta de tractores chinos, compra fraudulenta de medicinas, robo de 15 millones de dólares, y responsabilidad en el crimen de Barrios Altos en 1991 donde murieron 16 personas, y en el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992, son las acusaciones que formularon los jueces peruanos y que dio lugar a la extradición de Fujimori. Estos cargos, siendo delitos penales graves, no son los peores hechos de sangre y de corrupción, cometidos durante el régimen fujimorista. Hay otros casos de abomínales crímenes, que sin duda expresamente han sido olvidados del repertorio criminal de Fujimori. Por ejemplo, la matanza de 100 prisioneros políticos en mayo de 1992. El crimen de los 14 miembros del comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la embajada japonesa el 22 de abril en la ejecución de la operación "Chavin de Huantar". Los secuestros, torturas y muertes de cientos de prisioneros en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El secuestro y asesinato entre 1991 y 1992 de varias centenas de estudiantes secundarios y universitarios en la región del Centro (Huancayo). La matanza de pobladores de barrios pobres de Lima acusados de senderistas. Los operativos sangrientos del ejército en el Alto Huallaga que costó la vida a cientos de pobladores de la región. Es evidente que las acusaciones a Fujimori, han sido diseñadas, no para sancionar un criminal, sino más bien para echar una cortina de humo a graves hechos de violación de los derechos humanos, y dejar el camino libre como precedente de impunidad de crimen masivo contra la población peruana.
25 de setiembre de 2007
Fuente: Indymedia Peru (http://peru.indymedia.org/news/2007/09/36003.php)
