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24 de julio 2002
Masacres en Comunidades Campesinas.
PUCAYACU
A menos de 15 días de iniciado el mandato del gobierno de Alan García
Pérez, se produjo el primer operativo militar que terminó en
una matanza. El 4 de Agosto de 1985 en la ciudad de Huanta, luego de la captura
del presunto senderista Marcos Laura Jorge (alias "Raúl") fueron detenidas
9 personas y llevadas a la Base Militar de Castropampa donde fueron sometidos
a interrogatorios y torturas. Dos mujeres fueron liberadas y los 7 restantes
fueron trasladados a Pucayacu. Allí fueron ejecutados por orden del
teniente De la Cruz Salcedo, quien entregó al suboficial de tercera
José Gutiérrez Herrada una pistola ametralladora ordenándole
que los matara con dos tiros en la cabeza a cada uno. Los enterraron en dos
fosas que habían excavado previamente.
Luego de denuncias públicas, el general César Enrico Praeli,
jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, reconoció las ejecuciones
y dimite. Según la Comisión Investigadora del Senado, los responsables
fueron procesados en el Fuero Militar por delito de negligencia y abuso de
autoridad. El oficial Gutiérrez Herrada fue sometido a examen psiquiátrico,
hecho que la comisión consideró como una estrategia para declararlo
inimputable.
ACCOMARCA
Pocos días después de la matanza de Pucayacu, un nuevo operativo
del Ejército terminaría en una nueva masacre en la comunidad
campesina de San Agustín de Accomarca, distrito de Accomarca, provincia
de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Fueron cruelmente asesinados
más de 60 personas, incluidos ancianos y niños, cuyas edades
fluctuaban entre meses de nacido y doce años.
Según las denuncias realizadas, el 9 de agosto patrullas del Ejército
que traían a un detenido, llegaron en dos helicópteros a la
comunidad de San Sebastián de Huamanmarca, distrito de Huambalpa.
Allí detuvieron a 7 ancianos que los asesinaron degollándolos.
Después de saquear e incendiar varias casas se dirigieron a los barrios
de Lloclla y Huancayoc, donde continuaron con los saqueos.
En la mañana del 10 de agosto los militares ingresaron al poblado
de Pitecc, donde se venía realizando una feria, y a Ahuaccpampa, donde
también se produjeron saqueos, robos y maltratos a la población
civil indefensa. En dichos lugares habrían asesinado a Seferino Baldeón
Palacios, Pelayo Quispe Palacios y Cornelio Quispe Baldeón, para luego
retirarse a Vilcashuamán.
El 13 de agosto, las patrullas del Ejército regresaron en tres helicópteros
e ingresaron a las comunidades de Quinuas y Runcúa. Los militares,
luego de saquear dichos poblados se dirigieron hacia Pitecc, donde se produjeron
nuevos destrozos y ataques a la población indefensa. Allí se
encontraron con otras patrullas que llegaron por tierra de Vilcashuamán
y Huambalpa, con dirección hacia Accomarca, donde se quedaron a acampar
hasta el día siguiente, fecha en que se produjo la matanza.
El 14 de agosto de 1985, a las 6 y 30 de la mañana, las patrullas
del Ejército, una de ellas dirigida por el subteniente del Ejército
Telmo Hurtado Hurtado, ingresaron a la localidad de Llocllapampa. Los pobladores,
asustados por la presencia de los militares, huyeron despavoridos. Los militares
les dispararon y mataron a 5 personas.
Según los testigos que se encontraban escondidos, al llegar sacaron
a viva fuerza a todos los pobladores que estaban escondidos en sus casas,
incluyendo mujeres y niños. Con el pretexto de realizar una asamblea,
fueron llevados a la vivienda del comunero César Gamboa. Previamente,
las mujeres fueron llevadas hacia una acequia, donde al parecer fueron violadas,
pues los testigos que estaban escondidos en el monte escucharon sus gritos.
En la vivienda los militares acusaron a los pobladores de terroristas y hacia
el mediodía los encerraron e incendiaron la casa con todos los detenidos
vivos, mientras procedían a disparar a la casa. Finalmente, lanzaron
granadas. Según los pobladores fueron ejecutados 39 adultos y 23 niños.
Según la versión del Ejército, los días 1, 5
y 7 de agosto de 1985 se produjeron enfrentamientos con Sendero Luminoso
en Sarhua, Caracha y Putaccassa, donde se habría detenido a Enrique
Gamboa, Alejandro Gamboa, Leoncio Chuchón y Marcelino Gómez
Ticse, quienes habrían manifestado en los interrogatorios que tenían
como destino Accomarca, "donde los esperaban sus compañeros con comida".
Con esta información se dispuso un operativo conjunto de 4 patrullas
militares en Accomarca, Accmay, Chincho, Cayara y Llocllapampa, en donde
las patrullas al mando del subteniente David Castañeda y el teniente
Guillermo Paz Bustamante habrían dado muerte a sospechosos, civiles
y se "elimina a dos terroristas comunistas que huyen".
Durante las investigaciones se tuvo acceso a los partes de combate del subteniente
EP Telmo Hurtado. Uno de ellos, el informe Nº 012/THH, del 17 de agosto
de 1985, que estaba dirigido directamente al general de brigada Wilfredo
Mori Orzo, tenía como referencia "Su orden verbal" de dicho general.
Dio a entender que la matanza fue producto de una orden impartida.
Los generales del Ejército Wilfredo Mori y Sinesio Jarama declararon
públicamente que las denuncias sobre la masacre constituyó
una campaña de los subversivos para desprestigiar a las Fuerzas Armadas,
versión que pretendieron sustentar ante las comisiones del Congreso.
Sin embargo, a mediados de setiembre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
emitió un comunicado oficial en la que tuvo que reconocer los hechos.
Ambos generales tuvieron que ser destituidos de su cargo y el primero de
ellos pasó a la situación de retiro.
El 11 de setiembre de 1985 el pleno del Senado nombró una Comisión
Investigadora bajo la presidencia de Javier Valle Riestra, para investigar
las matanzas de Pucayacu y Accomarca, a la que el Ejército impidió
que pudiera entrevistar formalmente a Telmo Hurtado. Sin embargo, en una
entrevista informal en el cuartel BIM 51 Los Cabitos, en Ayacucho, con relación
a la subversión, el militar manifestó:
- "La mayoría es gente que actúa en contra de nosotros, por la ideología que lleva ya es muy difícil de volverlos a captar...
- ... como le dije, yo he tomado la determinación de eliminarlos.
- ...
- ..., ellos utilizan todos los medios..., utilizan niños, mujeres, ancianos, cualquier ardid que tengan ellos para salir a favor de ellos.
- Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, en estos momentos que estamos viviendo, ...
- Los comienzan a adoctrinar desde los años, tres años, cuatro años, ..., los llevan por distintos sitios.
- Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes"
Aunque Telmo Hurtado pretendió con estas declaraciones exculpar a
los altos mandos, quedó en evidencia que la matanza respondía
a una política de guerra sucia establecida desde el Estado, tal como
refirió el general Sinesio Jarama ante el Congreso:
"La población sirve a la subversión para sustentarla... para curar sus heridas... para darle protección y encubrirla... para renovar sus cuadros...
La contrasubversión debe impedir que la subversión gane a la población y debe encuadrarla dentro de sus planes; ... y como lo señala el Operativo Huanccayocc de eliminar las zonas rojas".
El 13 de setiembre de 1985 el congresista Fernando Olivera viajó a
Accomarca constatando la presencia de militares en lugar. Allí recibió
la denuncia de los pobladores del lugar, quienes le informaron que los soldados
habían llegado unas horas antes y seguían ejecutando personas.
Una hora después encontró cinco cadáveres, entre ellos
un niño, que habían sido asesinados ese día. Según
los pobladores los militares también atacaron el lugar el 8 de setiembre.
El 18 de setiembre de 1985, el presidente de la Comisión Investigadora,
senador Javier Valle Riestra, viajó a Ayacucho para entrevistar a
testigos y señaló a los medios de comunicación que "aquí
lo que hay es una doctrina castrense, que señala que todo fin justifica
los medios, una doctrina que quiso ir a una guerra ilegítima". Sin
embargo, dos días después el presidente Alan García
se presentó en el balcón del Palacio de Gobierno con el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas para declarar que "por hechos individuales
no se puede abrir un capítulo de escarnio en contra de las instituciones
tutelares". Agregó que iba a convertir su balcón en trinchera
para defender a las Fuerzas Armadas contra la demagogia de los traficantes
de cadáveres.
El 12 de octubre de 1985 la Comisión Investigadora emitió sus
informes finales. La mayoría concluyó que "los hechos de Pucayaccu
y Accomarca, se inscriben dentro de la política contrainsurgente que
tiene su origen en el régimen anterior, muchas veces violadora de
los derechos humanos" y que "los autores materiales de los hechos son solamente
la pieza de engranaje y es necesario estudiar si actuaron en virtud de órdenes
verbales o sí actuaron así porque así se les ha formado".
Los senadores Andrés Quintana-Gurt Sara y Felipe Osterling Parodi
suscribieron un informe en minoría, de 4 páginas, en el que
concluían que se había cometido homicidio calificado múltiple,
pero que "aún cuando la naturaleza del delito cometido determinaría
la competencia del Fuero Común, no corresponde a la Comisión
pronunciarse al respecto [como si lo hizo la mayoría], porque siendo
la resolución de la competencia un acto jurisdiccional, ella pertenece
exclusivamente al Poder Judicial".
En marzo de 1986 la Primera Sala Penal de la Corte Suprema entregó
la competencia del caso a la Justicia Militar. El proceso seguido ante la
Segunda Zona Judicial del Ejército fue sólo por abuso de autoridad
y negligencia y no se incluyó a ningún autor intelectual. En
1989, pese a seguir en calidad de procesado y haber reconocido ser el autor
material de la matanza, el teniente Telmo Hurtado continuó prestando
servicios y fue ascendido al grado capitán.
El 28 de febrero de 1992, la Sala de Guerra del Ejército sentenció
a Telmo Hurtado a 6 años de prisión por delito de abuso de
autoridad, con agravante de falsedad. Así lo absolvía del delito
de homicidio calificado, negligencia y desobediencia. También se absolvió
a todos los integrantes de su patrulla y se concedió para los familiares
de las más de 60 víctimas una reparación de 500 nuevos
soles. Entre sus fundamentos, la sentencia señala lo siguiente:
"...luego de detener a los presuntos subversivos que pretendían escapar inmotivadamente y del interrogatorio preliminar y del interrogatorio preliminar..., estableció que se trataban de elementos subversivos..., circunstancia ésta que lo hizo presumir fundadamente que su vida corría peligro...
..., la conducta de dicho acusado tiene que ser apreciada de manera distinta a los que se puedan realizar en una situación de vida normal y de acuerdo a la doctrina jurídico-penal-militar, la violencia y daños que se causen en acciones militares de guerra, con el orden público subvertido y en peligro la seguridad de la República no pueden reputarse como delito de HOMICIDIO ..."
El 24 de febrero de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar, en vía
de revisión confirmó la condena impuesta y la reparación
de 500 soles.
Estas sentencias no fueron de conocimiento público sino hasta mayo
de 1999, en que a través de los medios de comunicación la opinión
pública se enteró que el señor Telmo Hurtado Hurtado
seguía laborando normalmente en la Sexta Región Militar del
Ejército y que incluso ya había ascendido a mayor.
Comunidades de UMARU y BELLAVISTA
El 26 de setiembre de 1985 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicó
el Comunicado Oficial Nº 012-CCFFAA/RRPP, informando de un supuesto
enfrentamiento entre una patrulla de la Base Contrasubversiva de Cangallo
con subversivos a un kilómetro de la localidad de Bellavista - Pompin,
así como la incursión en la localidad de Inca Raccay y la posterior
persecusión de subversivos en las localidades de Bellavista y Umaru,
en la provincia de Cangallo, Ayacucho, dentro del marco del plan operativo
denominado "Pulpo". Según la versión militar habrían
fallecido 29 supuestos subversivos no identificados y se halló una
bibliografía sediciosa.
Sin embargo, el 4 de octubre de 1985 empezaron a aparecer las primeras denuncias
que contradecían la versión oficial. No hubo ningún
enfrentamiento el 2 de setiembre sino una masacre el 27 de agosto. Ese día
patrullas militares incursionaron en ambas comunidades campesinas y reunieron
violentamente a la población y, luego de torturar y golpear a muchos
de ellos, mataron a 63 comuneros, entre ellos 35 menores de edad que incluía
niños desde un año de edad. También asesinaron a una
mujer, Clotilde Janampa, con 8 meses de embarazo, y sus cadáveres
fueron enterrados en 10 fosas clandestinas.
Al día siguiente de las denuncias públicas, el entonces fiscal
de la Nación, César Elejalde, salió en defensa de los
militares y manifestó a la opinión pública que "son
falsas las acusaciones que atribuyen la muerte de 63 campesinos a una patrulla
del Ejército en la localidad de Umaru" y que "con esta campaña
tratan de invertir la situación exculpando a SL y pretendiendo se
desconozca los crímenes que cometen contra sus propios hermanos".
El 11 de octubre, el entonces diputado Jorge Tincopa viajó al lugar
de los hechos y logró ubicar a los sobrevivientes de la matanza y
con ellos también ubicó las fosas donde estaban las víctimas.
Ese mismo día, en sesión de la Cámara de Diputados,
se dispuso que su Comisión de Derechos Humanos recabe la información
necesaria para sustentar los hechos denunciados.
Luego de intensas gestiones ante las autoridades del Ministerio Público,
del Poder Judicial y del Ejército, que en todo momento puso obstáculos
para el viaje, la Comisión del Congreso, con un juez y un fiscal,
llegaron a las comunidades afectadas.
El 19 de noviembre llegaron a Umaru, pero al ver las fosas comprobaron que
la tierra estaba removida. Al día siguiente, a las 10 y 30 de la mañana,
llegaron a Bellavista y se escarbó en los lugares que señalaban
los testigos, pero sólo encontraron ollas y otros enseres, algunos
quemados. Sin embargo, al llegar a Pallca hallaron una fosa común
que contenía 14 personas. Estaba debajo de un armazón de madera
cubierto con ichu. Luego de cavar más de un metro en una dimensión
de 3 metros de largo por 1.5 metros de ancho hallaron los restos semicalcinados
de niños y adultos envueltos en frazadas.
PARCCO Y POMATAMBO
El 22 de octubre de 1986, a las 7 de la noche, una patrulla militar de unos
50 soldados ingresó en el pueblo de Pomatambo, Vilcashuamán,
Ayacucho, haciendo disparos con sus metralletas. Ingresó a la vivienda
de Crisanto Pizarro, donde estaban reunidos Antonio Najarro Soto, José
Fernández Bellido, Teodoro Castillo García, Eusebio Najarro
Alarcón, Timoteo Bautista Bellido y Jacinto Gutierrez Gómez,
quienes preparaban la comida y bebida para el campeonato deportivo entre
los anexos de la comunidad con el fin de obtener fondos para la construcción
del local del Consejo. Luego ingresaron a la casa de Manuel Remón
Zea, quien también fue detenido.
Ellos fueron llevados a la plaza principal del pueblo, donde fueron atados
y golpeados brutalmente. A las 10 de la noche los militares se llevaron a
los detenidos a Huaccaña - Parco. A las 6 y 30 de la mañana
ingresaron a Parco. Allí obligaron a los detenidos a permanecer desnudos
en la plaza principal, mientras eran maltratados.
En Parco detuvieron a Reynaldo Ramírez Buitrón y sus menores
hijos Eugenia Ramírez Castillo y Mario Ramírez Castillo de
12 y 8 años e ingresaron al domicilio de Donato Ramírez Rivera,
a quien asesinaron a mansalva junto a su esposa Hilda Buitrón Gutiérrez
y Nicanor García Buitrón, quien sufría de retardo mental.
Luego de robar las joyas de la iglesia y tomar dinero en efectivo asesinaron
a todos los detenidos en la plaza y sus restos son llevados a Capillapampa,
a dos cuadras de la plaza principal.
A las dos de la tarde llega un helicóptero del Ejército y se
lleva uno de los cadáveres envuelto en una frazada y de inmediato
la patrulla militar procedió a quemar los demás restos, los
cuales fueron llevados por los militares, dejándolos abandonados en
Mungaspuncco, antes de dirigirse a Vilcashuamán.
El 22 de octubre de 1986, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite
un comunicado oficial informaron de supuestos enfrentamientos en Parcco y
Pomatambo habían muerto 13 subversivos, entre ellos Claudio Bellido
Haytalla (a) Camarada Cazely. Sin embargo, el Diputado Gustavo Espinoza dio
a conocer que "Cazely" había muerto en Lima dos años antes
y que la Policía había entregado su cuerpo a la familia para
su entierro en octubre de 1984.
El Senado de la República encargó a la Comisión de Derechos
Humanos para que, en calidad de comisión investigadora, se avocara
los sucesos. Sin embargo, las autoridades militares no permitió el
acceso al lugar. Ante la Comisión de Derechos Humanos el Comando Conjunto
de las Fuerzas tuvo que aceptar que hubo la matanza.
Según informó el Ejército, el operativo fue realizado
por dos patrullas al mando de los tenientes "Bayer" y Búfalo" -que
luego se sabría que respondían a los nombres de Dante Retama
Guerra y Becerra Urbina, éste compañero de promoción
de Telmo Hurtado- y que, supuestamente, al intervenir la casa donde se detuvo
a las primeras personas un individuo trató de huir en un caballo,
pero fue alcanzado por los disparos efectuados por el teniente "Búfalo".
Dicha persona sería el camarada "Cazely" a quien se le habría
hallado armas, municiones y propaganda subversiva. Asimismo señaló
que el teniente "Bayer" y su patrulla ingresó en forma violenta en
una de las viviendas de Parcco, utilizando sus armas. Fallecieron tres civiles
y luego dos más. Además se afirmó que el teniente "Bayer"
fue quien ordenó dar muerte a los siete detenidos de Pomatambo e incinerar
los cadáveres, pero que al no ser consumidos por el fuego fueron llevados
por los militares en ponchos y bolsas y arrojados a un barranco cerca de
Huaccaña. Finalmente se reconoció que "los hechos producidos...,
violan normas internas referentes al tratamiento que se debe dar a los detenidos
como consecuencia de la aplicación de los Planes de Operación
de las Bases contra guerrillas".
El 6 de agosto de 1987, la mayoría aprista de la Comisión emitió
su dictamen en mayoría en la que se señalaba que llegaban "a
la conclusión que evidentemente [los hechos] se produjeron los mismos
en la forma que se relatan en la denuncia; pero que de todo ello ya tiene
conocimiento el Fuero Militar, que está juzgando a los responsables
a quienes se le aplicará la sanción correspondiente". El dictamen
no fue suscrito por la oposición, entre ellos el senador Javier Diez
Canseco, quien lo devolvió sin suscribirlo "por encontrarlo insuficiente
y no concordar con sus conclusiones".
El Fuero Militar, que durante todo el proceso no permitió el acceso
al expediente a los familiares de las víctimas ni a los organismos
de derechos humanos que los defendían y a quienes ni siquiera se les
informó el número de expedientes, sobreselló la causa
el 22 de junio de 1988, decisión que fue confirmada por la Sala Revisora
del Consejo Supremo de Justicia Militar en febrero de 1989.
CAYARA
En horas de la noche del 13 de mayo de 1988, luego de pasar por el pueblo
de Cayara, como a 2 kilómetros, en el paraje denominado Erusco, un
convoy de dos camiones UNIMOG del Ejército fue emboscado por una columna
de Sendero Luminoso. Los senderistas hicieron explotar varias cargas explosivas
enterradas en el camino, volando uno de los camiones e inmediatamente después
se produjo un enfrentamiento en el que fallecieron 4 militares y 15 quedaron
heridos.
Según el testimonio de pobladores de Cayara, al momento de producirse
los hechos se realizaba una fiesta patronal, pero al oír las detonaciones
y la balacera, mucha gente huyó del lugar hacia otros poblados o a
la puna por temor a las represalias, tal como ya había ocurrido en
abril de 1986, cuando luego de un enfrentamiento se produjeron violaciones,
asesinatos e incendios.
El 14 de mayo, en horas de la mañana, 10 patrullas del Ejército
provenientes de Ayacucho, Pampa Cangallo y Huancapi llegaron en helicópteros,
camiones y caballos a Cayara, asesinando al primer poblador que se cruzó
en su camino. Inmediatamente ingresaron a la Iglesia, donde asesinaron a
5 personas que se encontraban desarmando un tabladillo. Luego reunieron a
toda la población y asesinaron con armas blancas entre 28 y 31 hombres
en presencia de las mujeres y niños, para luego enterrarlos en un
lugar cercano.
El 18 de mayo de 1988, el Ejército instaló una base militar
en Cayara. Ese día el general de brigada del Ejército, José
Valdivia Dueñas, jefe político militar de Ayacucho y jefe de
la Subzona de Seguridad del Centro del Ejército, leyó ante
la población una lista de nombres de pobladores de Cayara, acusándolos
como supuestos subversivos. Ese día se detuvo a 7 personas, de las
cuales 3 permanecieron detenidas: Jovita García Suárez con
siete meses de embarazo, Samuel García Palomino y Alejandro Echaccaya
(ó Ichihuaya).
El 10 de agosto de 1988 fueron hallados los cadáveres de estos ciudadanos
en el paraje de Pucutuccasa, a cuatro horas de Cayara. Por falta de apoyo
de los militares, sólo se pudo exhumar el cadáver de Jovita
García. Según la autopsia, presentaba ausencia de un ojo y
de la nariz, fractura a nivel del tabique, maxilar inferior fracturado, herida
en el pectoral izquierdo, fractura de las costillas izquierdas, brazo izquierdo
con fracturas, cabeza destrozada con ausencia del cráneo y masa encefálica
y en el corazón la aurícula y el ventrículo reventados.
Los cuerpos de los otros dos fallecidos fueron sustraídos por el Ejército.
El 29 de junio de 1988 una patrulla del Ejército secuestró
en Cayara a Guzmán Bautista, Gregorio Ipurre Ramos, Humberto Ipurre,
Benigna Palomino de Ipurre y Catalina Ramos Palomino. Los dos primeros fueron
testigos de la masacre del 14 de mayo y los tres últimos sus familiares.
Desde entonces no se sabe de sus paraderos. Pobladores del lugar han manifestado
haber visto cómo estas personas fueron subidas a camiones militares
y llevadas con rumbo a Huancapi.
El 14 de diciembre de 1988, a las 5 de la tarde, fueron asesinados el alcalde
y la secretaria de Cayara, Justiniano Tinco García y Fernandina Palomino
Quispe, cuando viajaban en un camión. Los asesinos, encapuchados,
ordenaron detener el vehículo y a los pasajeros a identificarse. Según
los testigos, luego de torturar a los dos pobladores, les cortaron el cuerpo
y dispararon. También asesinaron al chofer del vehículo atándolo
a la parte baja del camión y haciéndole estallar una granada.
Los demás pasajeros fueron obligados a irse a pie, bajo amenaza de
muerte.
El 8 de setiembre de 1989, a las 3 de la madrugada, asesinaron a uno de los
últimos testigos de la matanza de Cayara, la enfermera Martha Crisóstomo
García. Ocho hombres uniformados y encapuchados allanaron su domicilio
en el Barrio San Juan Bautista, en Ayacucho, a donde se había trasladado
por temor a represalias y le dieron muerte con varios disparos.
Entre el 17 y 19 de mayo de 1988 se presentaron las primeras denuncias al
fiscal superior comisionado, doctor Carlos Escobar Pineda, dando cuenta de
la muerte de unas 50 personas en Cayara. El mismo 19 de mayo, la Fiscalía
de la Nación, mediante télex, ordenó al fiscal comisionado
que se encargue de la investigación de los hechos.
El fiscal Escobar tomó la declaración de 40 pobladores, realizó
una inspección ocular en el pueblo el 21 de mayo para constatar los
destrozos y saqueos en las viviendas. Además de otras diligencias,
se exhumaron cadáveres entre el 21 y 30 de mayo sin hallar ningún
cuerpo, pero sí fosas con huellas de sangre y olor fétido a
cadáveres, presumiéndose que los cuerpos fueron retirados previamente.
Finalmente, el 10 de agosto se hallaron los cuerpos de Jovita García,
identificada por sus familiares, de Samuel García Palomino, también
identificado por sus familiares, y de Alejandro Echeccaya. Pero debido a
la falta de apoyo, sólo se retiró el cuerpo de la primera,
así como dos manos, la planta de un pie y diversos objetos con huellas
de sangre. El 19 de agosto el fiscal retornó para exhumar los otros
cadáveres, constatando que habían sido retirados. Se tomaron
restos de cabellos humanos así como de un pedazo de piel humana. Los
exámenes médicos demostraron que los restos hallados y la sangre
correspondían a seres humanos.
El 13 de octubre de 1988, el fiscal Carlos Escobar emitió su informe
final por orden del fiscal de la Nación, el cual concluyó que:
"... existen elementos suficientes para poder formalizar una denuncia... por la comisión de los delitos de: homicidio con gran crueldad..., en detrimento de Jovita García Suárez; de homicidio, ...; contra la libertad individual, ..., en detrimento de todos y cada uno de los que se indican como muertos en calidad de desaparecidos, incluyéndose los que se indican como muertos en Cayara y Ccechua, hasta que aparezcan sus cadáveres y se pueda ampliar la denuncia por delito de homicidio; de robo, ...; de daños, ...; contra la administración de justicia, ..., y, presumiéndose la responsabilidad del jefe del Comando Político Militar de la SZSNC-5 de Ayacucho, general E.P. José Valdivia Dueñas, ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 100 del Código Penal, ..., toda vez que los hechos dejan entrever la comisión de un delito continuado que se iniciaría el día 14 de mayo de 1988 y concluiría entre el 20 y 21 del acotado mes y año con la muerte de los tres comuneros en Pucutuccasa, delito en el cual han intervenido autores materiales que han ejecutado una orden y autores intelectuales que intencionalmente han inducido a otros a cometerlos; este Ministerio concluye además que existen elementos suficientes para denunciar al acotado General como presunto responsable; general que en el curso de la correspondiente instrucción a abrirse deberá sindicar e identificar a quienes ejecutaron sus órdenes en la comisión de los delitos citados"
Luego de emitir su informe, el fiscal Escobar fue cesado del cargo de fiscal
superior comisionado para casos de desaparecidos en Ayacucho y Apurímac
y en abril de 1989 fue trasladado a Iquitos como fiscal superior provisional.
El 31 de julio dieron por concluidos sus servicios. Abandonó el país
porque fue amenazado de muerte.
El fiscal de la Nación ordenó una investigación ampliatoria
y designó al fiscal provincial Jesús Granda, quien el 24 de
noviembre de 1988 concluyó con una resolución que disponía
archivar provisionalmente la denuncia. El fiscal había llamado a declarar
a los pobladores de Cayara en cuarteles militares y logró que se retractaran
de sus denuncias.
Sin embargo, no estando conforme con el archivamiento, el fiscal de la Nación
anuló tal decisión y ordenó una segunda ampliación
que se encargó al fiscal provincial Rubén Vergara, quien el
24 de enero de 1990 resolvió no formalizar denuncia y archivar definitivamente
el proceso, es decir, no encontró delito ni culpables.
Siete días después, el 31 de enero, el Consejo Supremo de Justicia
Militar confirmó el sobreseimiento definitivo dictaminado por la Segunda
Zona Judicial del Ejército en favor de los militares implicados. En
mayo de 1988, el entonces comandante general accidental de la Segunda Región
Militar del Ejército, general de brigada Jaime Salinas Sedó,
suscribió el Informe de Investigación Nº 07K1/SRM/20.04,
según el cual concluyó, entre otras cosas que "está
probado que el Personal Militar del Ejército no ha consumado una matanza
indiscriminada de campesinos en la localidad de CAYARA; ..." y que "está
probado que algunos medios de comunicación y personas interesadas
en desprestigiar al Ejército e interferir las Operaciones Contrasubversivas,
vienen utilizando como fundamento de su propaganda las versiones de algunos
pobladores de CAYARA que manifiestan la desaparición de sus familiares".
Una vez más, el Senado nombró una Comisión Investigadora
de los hechos, presidida por el senador Enrique Melgar, quien encubrió
a los militares y desprestigió al fiscal Escobar. En su informe concluyó
señalando que las acusaciones al Ejército son "falsos hechos
delictuosos imputados a efectivos militares ... montándose una campaña
manipuladora" y que el fiscal comisionado había "incurrido en responsabilidad
penal y disciplinaria ... con motivo de la ilegal investigación que
practicó".
La minoría, representada por los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo
Mohme Llona, emitió sus respectivos dictámenes, concluyendo
en la responsabilidad del jefe político militar.
La Comisión Interamericana también emitió un informe,
en el que se señaló que"todas estas conclusiones se reafirman
por la existencia de varias denuncias ante esta Comisión de masacres
de aldeas atribuidas a las Fuerzas Armadas en que el Gobierno no ha cooperado
con la Comisión en su tratamiento y eludición o solución,
así como decenas de casos individuales o múltiples que siguen
la misma pauta, casos en los que la Comisión ha declarado que encontraba
que agentes del Estado peruano habían violado derechos humanos y en
especial el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad".
El entonces Presidente de la República, Alan García Pérez,
también protegió a los militares. En declaraciones públicas
señaló que "no podemos colocarlos permanentemente en el foco
del escándalo o desalentarlos con insultos". El fiscal Escobar recientemente
ha declarado que Alan García se reunió con él, a quien
le informó de todo lo sucedido y que luego un coronel del Ejército
le manifestó que fue él quien ordenó que se borraran
las huellas del delito.
SANTA ANA Y PAMPAMARCA
13 de junio de 1989 en Santa Ana.
26 de junio de 1989 en Santa Ana.
27 de junio de 1989.
Entre febrero de 1986 y enero de 1989 varios poblados del distrito de Aucará,
Lucanas, Ayacucho, entre ellos Cabana, Huaycahuacno, San Francisco de Pampamarca,
Santa Ana y Mayo de Luren fueron objeto de incursiones de Sendero Luminoso,
por lo cual los pobladores solicitaron al Ejército que estableciera
una base militar en San Francisco de Pampamarca. El pedido no recibió
respuesta.
El 9 de junio de 1989, en horas de la tarde, una patrulla del Ejército
conformada por unos 20 soldados de la Base Militar de Huancasancos incursionó
en la comunidad de Santa Ana. Rubén Condori y Oseas Sánchez,
quien sufre de retardo mental, regresaban de pastar vacas cuando se percataron
que los militares habían allanado y saqueado la vivienda del primero.
Los militares se los llevaron detenidos a la base de Huancasancos, fueron
encerrados en un pozo y torturados en horas de la noche acusados de terroristas.
Permanecieron hasta el 13 de junio.
Ese día, a las 8 de la mañana, los militares en número
de 35, al mando de un mayor de apelativo "Cóndor", volvieron a incursionar
en el pueblo. Luego de reducir a los pobladores en la plaza, los militares
se dedicaron a allanar y saquear las viviendas. Una de éstas fue la
de Domingo Quispe Condori, de 95 años, a quien luego de golpear le
dispararon en la cabeza. Los militares se retiraron a las 3 de la tarde,
después de incendiar los archivos de la comunidad que estaban en su
local comunal.
El 26 de junio, a las 4 y 30 de la madrugada, los militares volvieron a incursionar
en Santa Ana. Reunieron a viva fuerza a los pobladores en la plaza principal
torturando a mujeres, niños y ancianos. Las mujeres y niñas
fueron violadas en los confesionarios de iglesia. Antes de irse asesinaron
a tres personas, hirieron de bala a otro y con arma blanca a una menor de
13 años. Los militares se retiraron el 27 de junio.
Ese mismo día, a las 5 y 30 de la mañana, los militares incursionaron
en San Francisco de Pampamarca, donde saquearon, violaron y asesinaron a
10 pobladores. Los militares se retiraron en la madrugada del 29 de junio.
CHUMBIVILCAS
Entre el 20 de abril y 1 de Mayo de 1990, una patrulla EP de 24 soldados
procedentes de Antabamba, efectuó una "caravana de la muerte" en Chumbivilcas
(Cusco) y algunas comunidades campesinas de Apurímac. La patrulla
llegó a la comunidad de Huachullo (Oropesa, Apurímac) con 5
detenidos entre quienes figuraban Pedro Gómez, presunto senderista,
y una niña NN de unos 8 años que fue detenida en lugar de su
padre que no se encontraba en casa. Gómez indicó que los comuneros
se habían reunido con los senderistas después de las elecciones
por lo que los soldados al llegar a la estancia de Ccochapata detuvieron
a Antonia Huachacaru Gómez en su domicilio y a sus dos hijos: Víctor
y Francisco Huachaca Gómez llevándolos a la escuela de la comunidad
en donde detuvieron a 4 más. Los encerraron en esa escuela y torturaron
a todos los detenidos. Víctor Huachaca murió a consecuencia
de las torturas y su cadáver fue escondido.
El teniente "Negro" con 10 soldados partió con un comerciante foráneo
a la casa de Nicolás Apfata, en el pueblo de Fuchunga (Chumbivilcas,
Cusco). El 21 llegaron y detuvieron a 7 miembros de la familia Apfata (4
hombres y 3 mujeres). Torturaron a los 7 campesinos y violaron a las mujeres.
El 22 de abril la patrulla liberó a los 4 detenidos torturados en
el colegio y autorizaron a Francisco Huachaca buscar y enterrar el cadáver
de su hermano. Detuvieron y torturaron también a Jesús Jauja
Sullo y Hermenegildo Jauja Salazar, quienes se dirigían a Fuchungo
a una faena comunal. El último murió a consecuencia de las
torturas.
El 23 de Abril la patrulla recorrió la comunidad campesina de Yurencca
- Ccollana (Chumbivilcas) y detuvo a Nicolás Huamaní Llamocca,
a su hijo Julio Huamaní Huisa y a José Eusebio Huamaní
Charcahuana. En otro lugar a Isabel Leoccalla. De allí la patrulla
se dirigió a Tirani y dejó libres a 4, uno se había
dado a la fuga antes. De Tirana se llevaron a Julio Huamaní Charcahuanca,
José Eusebio Huamani, Jesús Jauja Sullo, Gregorio Huisa Alccahuamn
y otros 3. Al medio día detuvieron a Eustaqui Apfata Tanire.
El 24 de abril se dirigieron al pueblo de Naurapata de donde se llevaron
a por lo menos 12 personas detenidas, incluyendo una niña. En el camino
a la comunidad campesina de Ccasahui detuvieron a Alvino Huamaní Medina
y otras 6 personas que buscaban un burro extraviado. Así como a Ochoa
Lacado, que se acercó a saludar a la patrulla. Todos los detenidos
fueron llevados a la laguna de Suracocha, en donde fueron torturados los
comuneros que buscaban el burro. Tres esposas de algunos comuneros lograron
alcanzarles ropa y comida, pero no se les permitió acercarse a sus
familiares. Ellas fueron violadas.
En Ccasahui salió a recibirlos Concepción Huisa, dirigente
de la comunidad que fue detenido y torturado, exigiéndole que entregue
su arma. Mamerto Challa, quien llegó a la casa del anterior, también
fue golpeado al igual que su esposa e hijos. Les robaron 15 mil intis. Allí
dejaron a dos detenidos que estaban muy mal heridos. Prosiguiendo su camino
se encontraron con el comerciante Marcos Torres Sallhua que también
fue detenido y llevado desnudo junto con los demás al sector de Raurapata-Accacco
(Santo Tomás, Chumbivilcas).
El 26 de abril la patrulla se encontraba en Raurapata donde hicieron formar
a los 15 detenidos, les entregaron sus ropas y separaron de la fila a Quintín
Alférez Kiuro, Telésforo Alférez Achinquipa, Máximo
Huamanga y Pedro Gómez, el presunto senderista. Los demás fueron
llevados al cerro. Se presume que allí les tomaron fotos con las armas
que los campesinos usan para defenderse de los abigeos y luego los mataron.
Partieron llevándose a los 4 mencionados hacia la comunidad de Pallcca.
En el camino detuvieron a Efraín Álvarez y se dirigieron a
la casa de Demetrio Huaycani, a quien no encontraron; entonces violaron y
torturaron a su nuera y su vecina.
El 27 de abril mientras los soldados torturaban a las dos mujeres, Álvarez
se escapó. El 28 regresaron a Paccopampa y liberaron a dos de los
detenidos. El 29 cuando se dirigían hacia Tirani detuvieron a Grimaldo
Huisa, quien llevaba tres caballos cargados de algodón. Llegando a
Fuchungo detuvieron a Toribio Achinquipa Pacco y Damacio Chacahuana Huisa,
quien estaba alojado en una tienda. El 30 de abril retornaron hacia Antabamba
y detuvieron a 3 personas más. El 1 de mayo llegaron a Antabamba con
sólo 4 detenidos.
La patrulla mantenía comunicación radial entre el Ejército
y la PNP informándole de sus desplazamientos. Hecha la denuncia se
inició un proceso y el Congreso formó una comisión investigadora
que reconstruyó las acciones mencionadas. Los responsables no fueron
sancionados. APRODEH denunció el caso a la CIDH.
CASERÍO DE CALABAZA
Ejecutados:
Desaparecidos:
Torturados:
El 17 de mayo de 1989, alrededor de las 6 de la tarde, un contingente de
más de 100 soldados del Batallón del Ejército Ollantaytambo
Nº. 3 ingresó al Caserío de Calabaza, distrito de Mariposa,
provincia de Satipo, departamento de Junín. Los militares, luego de
rodear el pueblo, efectuaron disparos y exigieron a los campesinos que salieran
de sus casas. Atemorizados, los pobladores no salieron por lo que los militares
ingresaron a viva fuerza a las viviendas, rompiendo puertas y ventanas, y
saqueando las tiendas.
Una vez que reunieron a la población, los militares seleccionaron
a 20 pobladores. Esta fue dirigida por dos militares que respondían
a los seudónimos "Chito" y "Blanco", al parecer jefes de la patrulla.
Los detenidos fueron llevados con rumbo al río Calabaza en donde torturaron
y asesinaron a varios de ellos.
Varios de los detenidos lograron escapar o fueron puestos en libertad por
los militares, retornando a Calabaza con visibles huellas de tortura para
dar cuenta de las ejecuciones extrajudiciales. Al día siguiente hallaron
los cuerpos de los victimados (entre ellos tres menores de edad) en una fosa
clandestina cerca del río Calabaza.
Como en ocasiones anteriores, el ataque militar se produjo como represalia
contra la población civil indefensa ante actos de Terrorismo de Sendero
Luminoso. En esta ocasión se produjo tres días después
de que SL decretó un "Paro Armado" y dinamitó un puente cercano
al pueblo.
Fuente: Equipo Nizkor - http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/alan.html
