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24 de julio 2002
Principales violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas
Armadas y policiales.
Ejecuciones Extrajudiciales en comunidades campesinas.
Masacre de los penales.
En la madrugada del 18 de junio de 1986 los internos de Sendero Luminoso
iniciaron en forma simultánea un motín en el Pabellón
Azul de la isla penal de El Frontón, en el Callao; en el Pabellón
Industrial del Penal de San Pedro, en San Juan de Lurigancho; y en el Penal
de Mujeres Santa Bárbara, en el Callao. Los motines se realizaron
cuando en Lima se desarrollaba una conferencia mundial de la Internacional
Socialista.
Los amotinados presentaron varias demandas, siendo la principal el temor
de un intento de "genocidio" bajo el pretexto de un traslado a una prisión
de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande. Tal temor se
basaba en declaraciones y hechos ocurridos luego de que el 5 de mayo de 1986
fuera asesinado el contralmirante Carlos Ponce de León Canessa, un
antiguo jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra.
Luego del asesinato, según denunciaron los internos, una patrulla
de la Marina habría hecho disparos al azar al Pabellón Azul
de El Frontón. Asimismo, el entonces ministro de la Marina, almirante
Julio Pacheco Concha, declaró a los medios de comunicación
que "... a los asesinos terroristas no los va a amilanar la pena máxima...
pero la gente irrecuperable tiene que eliminársele de la sociedad".
Y agregó: "sepan los subversivos que han herido profundamente a la
institución y al país entero y sepan también que han
despertado al león". Los subversivos interpusieron una acción
de garantía que fue declarada fundada por el juez, pero fue notificada
el 20 de junio, un día después de la matanza.
Los amotinados tomaron de rehenes a miembros del personal penitenciario y
de la Policía encargados de la custodia de los penales. A pesar del
esfuerzo de las autoridades judiciales, penitenciarias, del Ministerio Público
y de la Comisión de Paz por solucionar de manera pacífica la
crisis, no lo lograron, pues el Gobierno les restringió el acceso.
Pese a las protestas escritas contra la ilegalidad de las medidas que se
iban a tomar, los jueces y fiscales fueron desautorizados por el fiscal de
la Nación y el presidente de la Corte Suprema.
En horas de la tarde, el entonces viceministro del Interior, Agustín
Mantilla Sandoval, llegó al penal de El Frontón, según
el director del penal, manifestando que era por orden del Presidente de la
República. El viceministro ordenó la suspensión del
diálogo con los internos, pese a la protesta de las autoridades judiciales.
El director del penal protestó ante el jefe del servicio penitenciario,
pero recibió como única respuesta que era orden del Presidente
de la República. A las 4 y 30 de la tarde el juez, el fiscal y las
autoridades penitenciaras fueron llevados a las oficinas administrativas,
donde permanecieron encerrados hasta las 11 de la noche.
Poco después se dio inicio al asalto por parte de fuerzas especiales
de la Marina de Guerra y en el que murieron 3 infantes de marina y resultaron
heridos otros 20 y fallecieron al menos 119 internos, la mayor parte de ellos
torturados y posteriormente ejecutados, y un gran número de desaparecidos.
Según declaraciones de los sobrevivientes, los internos fueron seleccionados
y llevados a una zona de la isla llamada "los baños", en donde se
escuchaban disparos. La edificación fue demolida en forma delibera
después de concluir el develamiento.
Situaciones similares se vivieron en los penales de San Pedro y Santa Bárbara.
Luego de los intentos de los magistrados y el personal penitenciario por
lograr la rendición de los internos, se inició el ataque de
la Guardia Republicana en el Penal de San Pedro y de la Fuerza Aérea
del Perú en el de Santa Bárbara. En el primero no quedó
ningún sobreviviente -todos fueron ejecutados luego de su rendimiento-,
y en el segundo fallecieron dos personas.
Ante la evidencia de ejecuciones sumarias, el Presidente de la República
declaró públicamente que se iniciarían las investigaciones,
pero las limitó a las ejecuciones cometidas por la Guardia Republicana
en el Penal de San Pedro. Éstas fueron encargadas a la Justicia Militar,
porque los penales fueron declarados "zonas militares restringidas", y en
el caso del penal de El Frontón se entregó la administración
de la isla en setiembre de 1986.
Para tratar de ocultar estos hechos los ejecutados fueron enterrados clandestinamente
sin la presencia de sus familiares. Varios de los muertos y desaparecidos
no eran de Sendero Luminoso, como son los casos de José Pablo Aranda,
ejecutado en el penal de San Pedro, y de Policarpio Condori Vargas y Sixto
Nicasio Gerónimo, desaparecidos en el penal de El Frontón,
quienes eran presos de conciencia de Amnistía Internacional.
En octubre de 1990, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó
que el Presidente de la República, señor Alan García
Pérez, era responsable por la matanza de los penales y se formuló
acusación constitucional en su contra. Sin embargo, en alianza con
Cambio 90, movimiento del prófugo Alberto Fujimori, el APRA logro
la votación necesaria para rechazar la acusación.
Robinson Martín Silva Mori.
Robinson Silva era estudiante del sexto ciclo de contabilidad y dirigente
estudiantil de la Universidad Nacional de Huacho y militante de las juventudes
del Partido Comunista del Perú que lideraba el entonces senador Jorge
del Prado. Él vivía en la casa en construcción de Benito
Ramírez Castillo, donde trabajaba como guardián. También
se dedicaba a la venta de sillas y muebles de manera ambulatoria.
El 6 de agosto de 1987, a las 2 y 30 de la madrugada, un grupo de policías
de la extinta Guardia Civil ingresó en la casa por el techo. El dueño
de la casa, quien escuchó ruidos y vio sombras, le avisó a
Robinson Silva que "los choros (ladrones) han entrado" y se escondió
con su hijo. En la oscuridad, Robinson salió de su cuarto para ver
qué sucedía, entonces recibió un impacto de bala en
el maxilar inferior que le destruyó la yugular sin previo aviso.
Producida la muerte, los policías registraron toda la casa, pero sólo
hallaron sus cuadernos y libros de la universidad, una banderola roja que
decía "Izquierda Unida", "Comité de Comensales", "Robinson",
"Por una Universidad Científica", y volantes de su candidatura para
ser secretario general del Centro Federado de la Facultad de Contabilidad.
Luego introdujeron una bolsa plástica con dos mechas, tres balas,
unos afiches arrugados alusivos a la lucha armada y tres casetes, cuyo contenido
se desconocía.
Durante las investigaciones, el jefe de la 36 Comandancia de la Guardia Civil
manifestó que el operativo se realizó por una llamada telefónica
que alertaba de supuestas actividades subversivas.
José Ignacio Garnelo Escobar
El 18 de noviembre de 1987, a las 8 de la noche, una columna senderista incursionó
en el local de la empresa Nissan, ubicado en la cuadra seis de la Av. Tomás
Valle en San Martín de Porres, utilizando un ómnibus robado.
En su huida se enfrentó a la Policía, donde fallecieron algunos
subversivos.
Después de la incursión, José Garnelo fue detenido en
una redada policial en las cercanías del lugar, a quien llevaron con
rumbo desconocido para torturarlo: sus pies y manos presentaban quemaduras,
sus antebrazos y cara huellas de golpes y rastros de ataduras en sus muñecas.
Luego fue asesinado con un disparo en la sien a corta distancia.
Para ocultar el crimen la Policía lo presentó como uno de los
subversivos fallecidos y el 19 de noviembre, a las 2 de la madrugada, efectivos
de la DIRCOTE allanaron su casa y golpearon a su hermano Ronald Rodolfo Garnelo
Escobar, y lo amenazaron para que no presentara denuncia. Sin embargo, la
autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo
encefálico por un único disparo con orificio de entrada en
la sien, por lo que la Policía tuvo que rectificarse de sus acusaciones.
Casos de:
Entre el 7 y el 23 de noviembre de 1988, patrullas del Ejército realizaron
una serie de incursiones en las comunidades campesinas de Checcasa, Sallalli
y Socco, en los distritos de Justo Apu y Tapayrihua, en la provincia de Aymaraes,
departamento de Apurímac, donde detuvieron a un gran número
de pobladores, cuya mayoría se encuentra en calidad de desaparecidos.
El 11 de enero de 1988 los esposos Juan Pablo Carbajal Ayvar y María
Zavala Cayllhua fueron detenidos, por el Ejército en su cabaña
de Llipata, a 2 kilómetros de Checcasa, junto al ganadero Fermín
Gonzáles, en presencia de sus menores hijos y del nieto del señor
Gonzáles. Luego de robarles el dinero de la venta de su ganado, fueron
llevados con rumbo a Santa Rosa por la ruta de Huayquipa.
Luego de la detención en Sallaye se llevaron detenidos a Manuel Niño
de Guzmán Aybar y su hermana Rosa Niño de Guzmán, luego
de quemar la casa del primero. Con ellos iban Juan Pablo Carbajal y María
Zavala a Santa Rosa.
El mismo día, los esposos Armando Huamantingo Villanueva y Matiasa
Huashua Huamaní se presentaron en el cuartel militar de Santa Rosa,
Aymaraes, pues los militares se habían presentado hasta en tres oportunidades
en su casa buscando al primero. En la puerta del cuartel se presentó
el jefe de la base y les dijo que Armando Huamantingo "estaba en la lista
negra" y que lo buscaban como oro. Lo introdujeron al interior del cuartel,
sin permitir el ingreso de su esposa, que fue atajada por varios soldados.
El 28 de enero de 1988, a requerimiento del Ministerio Público, mediante
Oficio N° 009-88-CPM-ABANCAY, el jefe político militar de Abancay,
coronel de Artillería EP Víctor Márquez Torres, manifestó
que los detenidos, junto a la ciudadana María Zavala Bazán,
habían fallecido en un supuesto enfrentamiento del Ejército
con subversivos el 14 de enero de 1988 en la localidad de Sallaye, Tapairihua,
Aymaraes, y que el resto de campesinos desaparecidos "haya escapado al enfrentamiento
siendo personal subversivo encontrándose en la actualidad en calidad
de refugiados".
Sin embargo, Simona Pérez Tapia había obtenido su libertad
provisional en diciembre de 1987, luego de haber estado recluido en el Penal
de Abancay por presunto delito de terrorismo. En una visita que hizo APRODEH
a ese penal la entrevistó y recibió su denuncia de que fue
torturada y violada por el capitán de la Policía de Investigaciones
del Perú de apellido Martínez. Tan pronto llegó a su
comunidad, fue detenida por el Ejército los primeros días de
diciembre de 1987. Se desconoce su paradero. Poco antes, el 23 de noviembre
de 1987, una patrulla del Ejército asesinó a Leandro Pareja
Tapia en el caserío de Socco, Tapairihua, y su cadáver fue
llevado hasta Santa Rosa.
Walter Quispe Añaca y Lucio Condoma Pañiura.
En octubre de 1987, la comunidad campesina Antilla, Abancay, Apurímac,
y el Instituto de Salud Hugo Pesce (INSAHP) de Lima celebraron un convenio,
por el cual este último se comprometía a realizar un diagnóstico
de la situación de la salud en dicha comunidad y enviar a un promotor
de salud por 6 meses renovables. En noviembre de ese año, el señor
Walter Quispe Añanca, promotor de salud de INSAHP y militante de Izquierda
Unida, se instaló en la ciudad de Curahuasi con su esposa e hijos
e inició su trabajo en la comunidad de Antilla.
El 18 de enero de 1988, una columna de Sendero Luminoso ingresó en
la comunidad y asesina al teniente gobernador, Luciano Valderrama Zavala,
y amenaza de muerte al presidente, Pedro Pablo Gómez Ccahua, en un
intento de intimidar y controlar a la población. Al día siguiente,
el señor Walter Quispe Añancas fue detenido por la fenecida
Guardia Republicana en Curahuasi y puesto a disposición de la también
fenecida Policía de Investigaciones del Perú. Al demostrarse
su total inocencia de los cargos imputados, fue liberado el 3 de febrero.
A fines de enero, y en respuesta al ataque senderista, la comunidad campesina
decidió, en asamblea comunal, reactivar y reorganizar su ronda campesina.
Ello fue comunicado a las autoridades distritales de Curahuasi y del Comando
Político Militar de Abancay.
El 4 de marzo, a las 9 y 30 de la mañana, una patrulla de unos 28
policías de la Guardia Republicana llegó a Antilla, e intentó
sin éxito convocar a la población a una asamblea, que por temor
se había dispersado. Los policías se quedaron hasta las 5 y
30 de la tarde y luego se encontraron con una patrulla del Ejército,
proveniente de Alpaccocha, en la quebrada de Huilca Huilca y, luego de almorzar,
se dirigieron de nuevo a Antilla, a donde llegaron a las 7 de la noche. Pernoctaron
en la capilla de la comunidad a las 4 de la madrugada del 6 de marzo. A esa
hora la Guardia Republicana se retiró con rumbo al puente Cunyac,
mientras que la patrulla del Ejército se quedó esperando a
Walter Quispe Añanca.
Él había salido de Curahuasi el 3 de marzo rumbo a Antilla,
acompañado del joven Lucio Condoma, para despedirse de sus hermanas
que allí vivían y quienes tenían planificado viajar
a Lima para seguir sus estudios superiores. Ellos llegaron a Puca Puca y
de allí partieron en asemilas acompañados de Leoncio Alarcón,
encargado de traer los animales de regreso. Llegaron a Totorpampa, donde
pernoctaron. A las 9 de la mañana del 4 de marzo vieron, cerca de
Antilla, la llegada de la patrulla de la Guardia Republicana. Entonces Leoncio
Alarcón decidió regresar a Puca Puca con los animales y Walter
Quispe y Lucio Condoma se dirigieron a Chizillo y a Trigo Orcco, donde pernoctaron.
A las 5 de la madrugada del 5 de marzo se dirigieron a Antilla, subiendo
a Hualla Hualla, y en la noche fueron a Ascomarca, para descansar en la escuela
de Antilla. Walter Quispe se quedó en la casa de la familia Azurín
y Lucio Condoma en la casa colindante.
A las 4 de la madrugada del 6 de marzo la patrulla del Ejército allanó
la vivienda de Dominga Soto, viuda del teniente gobernador asesinado por
Sendero Luminoso, y bajo amenaza le preguntaron "por el ayacuchano", refiriéndose
a Walter Quispe Añancas. La viuda le indicó el lugar donde
pernoctaba. Los militares irrumpieron violentamente y se llevaron detenidos
a Walter Quispe y Lucio Condoma.
A las 6 de la mañana los militares llegaron a Millasa, donde señalaron
a un poblador que habían capturado a los asesinos del teniente gobernador
de Antilla. Luego se dirigieron a Suertiyoc, en donde torturaron salvajemente
a Lucio Condoma y luego de amarrar sus pies y manos, con las rodillas replegadas
al cuerpo, le dispararon varias veces y arrojaron su cuerpo a un precipicio
de más de 1 kilómetro de profundidad. En forma extraña,
la autopsia dijo que el cadáver no presentaba impactos de bala y se
consignó como causa de la muerte "politraumatismo grave".
Los militares se dirigieron con el señor Walter Quispe hacia el puente
Cunyacc, pasando cerca a Pataccarhua, donde varias personas lo reconocieron:
vestía como militar pero calzaba ojotas. Allí se detuvieron
para tomar gaseosas y cervezas. Una hora después llegaron dos camiones
militares para llevarse a los soldados y al detenido. Entre las 6 y la 7
de la noche pararon en una tienda de la carretera, a la altura del cruce
del ramal a Cachora. A pocos kilómetros en el abra de Soccllaccasa,
paraje de Leccleccpampa, se encuentra un silo abandonado del Ministerio de
Agricultura. Allí, dos campesinos encontraron el cadáver de
Walter Quispe Añanca, el 9 de marzo.
El 10 de marzo se hizo el levantamiento del cadáver, que mostraban
visibles huellas de maltratos, cortes con arma blanca en la parte anterior
del tórax, sección de algunas falanges de los dedos mientras
estaba amaniatado, los cuales fueron encontrados dentro de su ropa interior;
y fue asesinado con perforaciones punzo cortantes en el corazón y
los pulmones. La autopsia comprobó todo ello: señaló
como causa de la muerte "shock hipobolémico".
El 7 de abril de 1988, el Senado nombró a su Comisión de Derechos
Humanos como comisión investigadora. El 10 de setiembre de 1988, la
mayoría de la Comisión, formada por los senadores Andrés
Quintana Gurt Sara, Javier Valle Riestra Gonzáles, Carlos Enrique
Melgar y José Navarro, del Partido Aprista Peruano, emitieron un informe
señalando que "no se ha podido precisar quiénes han sido los
autores de la muerte".
Sonia Lizbet Muñoz Vega de Yangali
La señora Sonia Muñoz vivía en el Jr. 28 de julio, en
Churcampa, Huancavelica. En su casa tenía una tienda y una concesión
de la oficina de correos. El 23 de noviembre de 1983 los militares secuestraron
a su esposo Fortunato Yangali Huachaca, quien hasta la fecha permanece en
calidad de desaparecido.
Entre las 2 y 3 de la madrugada del 18 de mayo de 1988 unos 8 soldados, que
llevaban ponchos aparentando ser campesinos, allanaron su vivienda. Dentro
de la casa le gritaron "¡soplona!" y la golpearon en el rostro reiteradamente
ante su férrea oposición a ser secuestrada.
Los militares, luego de atarla y amordazarla, la llevaron a rastras, a pie,
hasta la base militar de Churcampa. En el camino, a dos cuadras de su casa,
los militares se pusieron sus uniformes y se unieron otros militares. En
la Base Militar permaneció hasta las 5 de la madrugada, después
fue llevada al cuartel militar de Castropampa, en Huanta, amarrada y envuelta
en una frazada, en un vehículo militar. Llegaron a las 8 de la mañana.
En el cuartel de Castropampa fue salvajemente torturada. Ella fue colgada
de las manos a una viga y golpeada brutalmente, para luego aplicarle electricidad
en el vientre y en la espalda por varios minutos. Los militares le preguntaban
por su labor en la oficina de correos.
Según el testimonio de la señora Muñoz:
"el Capitán alto que me sacó de mi casa ... me dice: avísate
avísate, a quienes has entregado las cartas, ...esta mujer desgraciada,
concha su madre, no va a hablar nada, es mejor colgarla, entonces me colgaron
así de la mano y boca abajo; entonces mis pies me amarraron así
... y ahí me tenían colgada, ... entonces me tenían
torturada, de la frente ya salía agua ya..., tú tienes que
seguir hasta que digas a quiénes has entregado carta, tienes que avisar
a dónde has mandado cartas y de dónde han llegado, ...el sargento
ya comenzó a patearme; en esos momentos sacó corriente me puso
en el vientre y en la parte posterior, más o menos 10 minutos que
me duraban; ... entonces me llevaron a un cuarto y me baldearon todo para
que los golpes se bajen y ahí me dejaron otro rato más, ...el
capitán dijo: son las doce tengo que descansar yo también ¡vuelve
a colgar a la mujer! porque no habla nada, y me volvieron a colgar otra vuelta
y me tenían colgada, ya cansaba todito el cuerpo, ahí en la
mesa... había bastante listas, incluso mi sobrina ahí he visto
su nombre que estaba anotado..."
Entre sus torturadores estaba uno que los militares que, según decían,
tenía el mismo apellido de la víctima, Muñoz, y otro
que le decían "Capitán Ronald".
En Castropampa permaneció hasta las 6 y 30 de la tarde aproximadamente
y fue subida al mismo vehículo que la trajo atada y envuelta en una
frazada. Los militares le dijeron que la iban a llevar a su casa. En el camino,
luego de pasar el puente de Ajicomachay, a la altura de una laguna, los militares
la bajaron y le dijeron que se dejara amarrar las manos y la boca y que se
pusiera de cuclillas, luego sintió un fierro en su cabeza, mientras
le decían "ahora si te vas a tu casa", luego sintió dos golpes
en la cabeza y chispas y un dolor en el pecho; había recibido tres
impactos de bala que milagrosamente no acabaron con su vida. Los militares
le echaron un poco de tierra y le dejaron un papel con un mensaje subversivo
sujetado con una piedra.
La señora Muñoz contuvo la respiración y simuló
estar muerta, esperando a que los militares se retiraran. Una vez que vio
que el vehículo militar estuvo lejos, logró desatarse y se
dirigió a Juscay, allí pidió auxilio, pero inicialmente
le negaron ayuda por temor a represalias. A pesar de ello, llegó a
casa de sus familiares, quienes la trajeron a Lima para que sea atendida.
Coqui Huamalí Sánchez
Coqui Huamalí Sánchez era un conocido abogado defensor de los
derechos humanos de Pasco, integrante del Comité de Derechos Humanos
de ese departamento, asesor legal del Sindicato de Trabajadores Mineros de
Centromin-Perú, que a la fecha de su muerte había iniciado
una huelga general, y militante del Partido Socialista Revolucionario (PSR),
por el cual venía postulando a la Alcaldía Provincial de Pasco.
El 23 de agosto de 1989, cerca de la una de la madrugada, unos 10 militares
uniformados fuertemente armados allanaron su vivienda situada en Jr. José
Olaya Nº 405, San Juan Pampa, Pasco. Según testigos de los hechos,
uno de los militares ingresó escalando a la casa e intentó
llevarse al padre de la víctima, Sabino Huamalí Arias. Entonces
salió en su defensa y fue llevado a viva fuerza al exterior. El mismo
militar intentó llevarse al señor Sabino Huamalí, pero
otro de los militares le dijo "déjalo ya, que aquí ya está
Coqui". Antes de llevarse a Coqui Huamaní, los militares mataron al
perro de la casa y amenazaron a sus familiares para que no salieran.
Pese a las amenazas, tan pronto se fueron los militares, sus familiares salieron
en su búsqueda. Primero se fueron a las delegaciones de la Policía
Técnica y de la Policía de Seguridad para solicitar protección,
incluso hablaron con el comandante Ruíz, jefe de la Policía
de Seguridad, pero se negaron a ayudarlos.
Entre las 3 y las 4 de la madrugada, los familiares oyeron disparos en el
lugar donde después hallarían el cuerpo de Coqui Huamalí,
en el barrio Paragsha, lugar donde Centromín Perú depositaba
sus desmontes. El cuerpo estaba de cubito ventral, en un charco de sangre,
con visibles huellas de maltratos físicos y presentaba cuatro impactos
de bala en la cabeza con tres orificios de entrada por la parte posterior
y uno en el rostro. Para aparentar que los autores habían sido subversivos,
los autores pusieron un papel escrito en tinta negra con la palabra traidor
y una hoz y un martillo. Cerca del lugar se encontraron los casquillos de
las balas, según los peritos, de 9 milímetros.
Hugo Bustíos Saavedra y Delfín Ortíz Serna.
Los periodistas Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce, corresponsales
de la revista Caretas y del diario Actualidad respectivamente, investigaban
la muerte de dos campesinos, Primitiva Jorge Ayala y Guillermo Sulca Jorge,
presuntamente asesinados por Sendero Luminoso en la localidad de Erapata,
en el distrito y provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, ocurrido
el 23 de noviembre de 1988.
Ellos habían intentado viajar a dicha localidad el 24 de noviembre,
pero las autoridades militares de Erapata les había denegado el ingreso
a la zona, tal como también habían hecho contra miembros de
la Policía Nacional encargados de la investigación de los asesinatos.
El señor Bustíos se comunicó con el jefe político
militar de Huanta, quien le manifestó que se presentara al cuartel
Castropampa, a donde llegó a 11 y 30 de la mañana, acompañado
de su esposa y del periodista Eduardo Rojas Bustíos, donde recibió
el compromiso de dar aviso a la base de Erapata.
Luego de dejar a su esposa en su casa, Bustíos Saavedra y Rojas Arce
salieron hacia Erapata en motocicleta. A unos 300 metros antes de llegar
a Erapata, encontraron en el camino a una patrulla de la Policía que
iba a pie hacia el lugar y poco después de sobrepasarlos los periodistas
fueron atacados por disparos de arma de fuego que provenían del lado
izquierdo del camino. Pese a que dieron la voz de que eran periodistas los
disparos continuaron, cayendo ambos heridos. Hugo Bustíos recibió
las heridas más graves y sólo atinó a decirle a su compañero
"corre, corre, no te dejes matar, no seas cojudo, estos no son terrucos".
Eduardo Rojas Arce, con dos disparos en el brazo izquierdo y uno en el muslo
derecho, logró escapar y llegar a Erapata y, al retornar al lugar
acompañado de militares, encontró el cuerpo sin vida de Hugo
Bustíos, destrozado por una carga explosiva.
De los hechos hubo varios testigos, uno de los cuales, Alejandro Ortiz Serna,
fue asesinado en mayo de 1989 en circunstancias nunca esclarecidas. La muerte
de este testigo estaba anunciada: él y la esposa de Hugo Bustíos
habían recibido amenazas y pese a haber solicitado garantías
personales al Ministerio Público, nunca le fueron otorgadas.
Debido a ello, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó,
el 5 de junio de 1990, medidas cautelares en favor de la esposa de Hugo Bustíos,
de Eduardo Rojas y de los testigos, requiriendo al Estado Peruano para que
"adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para proteger
el derecho a la vida y a la integridad personal" de dichos ciudadanos.
En agosto de ese mismo año se realizó una audiencia en la Corte
Interamericana, en donde la Comisión Interamericana difundió
que la única medida que se conocía que el Estado Peruano había
hecho para hacer cumplir la medida cautelar "era una citación... por
radio por la que se convocaba a las personas amenazadas a comparecer a un
establecimiento militar para coordinar las medidas provisionales", lo que
a su entender "tendría carácter intimidatorio en vez de constituir
una medida protectora". El representante del Estado Peruano tuvo que reconocer
que "su país había incurrido en 'cierta negligencia'". El 8
de agosto, el pleno de la Corte Interamericana ratificó la medida
cautelar toda vez que el Perú "no pudo precisar en la audiencia si
su Gobierno había dado cumplimiento a dichas medidas y de qué
manera lo había hecho".
En 1991 por investigaciones periodísticas se conoció a los
responsables del crimen, el comandante del Ejército y jefe político
militar de Huanta, Víctor Fernando La Vera Hernández, quien
utilizaba un nombre falso, Javier Landa Dupont, y el capitán del Ejército,
Amador Vidal Sambento, quien se hacía llamar "Ojos de gato", contra
quienes se abrió proceso penal ante el juez instructor de Huanta,
doctor Moisés Ochoa Girón. Este juez fue también objeto
de amedrentamiento. El 4 de junio de 1991 una patrulla de 30 soldados al
mando de un capitán del Ejército, identificado con el apelativo
de "Tauro" allanaron su domicilio para buscar supuestos subversivos. Ante
el reclamo del magistrado, el militar se limitó a decir que actuaba
por "orden superior".
En julio de 1991, el entonces senador de la República, Javier Diez
Canseco, hizo público la hoja informativa Nº 001-91-/SRM-AJ,
suscrita por el comandante general de la Segunda Región Militar, a
cargo del general de división José Valdivia Dueñas,
implicado en la matanza de Cayara, en el que se recomendaba "coordinar con
las autoridades judiciales del Fuero Privativo, a efecto de que el proceso
que se viene siguiendo en el Sexto Juzgado Militar Permanente... sea acelerado
con la finalidad de lograr una pronta resolución, que le ponga término
y evitar cualquier proceso ulterior", es decir, lograr la impunidad de los
autores del crimen, mediante una resolución judicial de la Justicia
Militar que los absolviera y así evitar que el Poder Judicial pudiera
continuar con sus investigaciones.
María Guinarita Pisco Pizango; Juan Pablo Saboya Puerta; Wenceslao
Saboya Puerta; Carlos Saboya Puerta y Alipino Vargas Saboya.
El 5 de enero de 1988, a las 7 y 30 de la mañana, una patrulla militar
de unos 20 soldados ingresaron en la vivienda de la señora María
Guinarita Pisco Pizango, en el fundo Nuevo Junín, Valle del Sisa,
distrito de San Martín de Alao, Lamas, San Martín. La mantuvieron
cautiva junto a sus tres menores hijos de 6, 4 y 3 años, entre ellas
María Guinarita Saboya Pisco, quien sufre de poliomielitis en ambas
piernas, y sus cuñados Wenceslao y Carlos Saboya Puerta.
Allí fueron torturados por espacio de unas dos horas. Después
se llevaron a los adultos al destacamento del Ejército en San Martín
de Alao, donde los militares continuaron con las torturas. Al día
siguiente, a las 10 de la mañana, ante la protesta de la población,
sólo la señora María Guinarita fue puesta en libertad.
Hasta la fecha sus cuñados permanecen en calidad de desaparecidos.
La señora María Guinarita retornó a su fundo acompañada
de su madre para poner orden en su casa y por temor a ser objeto de una represalia
de los militares decidió irse al poblado de Alto Roque, a unas tres
horas de San Martín de Alao, donde permaneció refugiada.
Los temores de la señora María Guinarita se hicieron realidad.
El viernes 8 de enero otra patrulla del Ejército detuvo a su esposo
Juan Pablo Saboya Puerta y a su primo Alpino Vargas Saboya cuando estaban
trabajando en la chacra, quienes fueron conducidos a la casa del primero,
donde permanecieron hasta el día siguiente. Allí los militares
los obligaron a matar sus animales para darles de comer.
El 9 de enero, los detenidos fueron llevados al destacamento del Ejército
en San Martín de Alao. Personas que allí estuvieron detenidas
y lograron salir en libertad, avisaron a sus familiares haber visto a los
tres detenidos.
A las 4 y 30 de tarde del domingo 10, los tres detenidos fueron trasladados
en helicóptero al cuartel Morales de Tarapoto, base principal del
Frente Huallaga del Ejército. Desde entonces nunca más se supo
de sus paraderos.
Enterada de los hechos, la señora María Guinarita viajó
a Tarapoto el 14 de enero, en donde se encontró con la madre de su
esposo, Juana Puerta Vela, quien viajó desde Moyobamba. Juntas contrataron
los servicios de un abogado y presentaron sus denuncias ante la Policía
y el Ministerio Público. Como las autoridades les exigieron documentos
que acreditaran la preexistencia de los desaparecidos, tales como partidas
y documentos de identidad, la señora María Guinarita regresó
a San Martín de Alao el 16 de enero para recabar la documentación
solicitada y se quedó alojada en la casa de sus padres, en el fundo
Reátegui.
El domingo 17 de enero, a la medianoche, 5 soldados del ejército allanaron
la casa de sus padres. Los ataron de manos y pies, les vendaron los ojos
y les llenaron la boca con papel higiénico con excremento, y luego
se llevaron a la señora María Guinarita a puntapiés.
Al día siguiente, a las 3 de la tarde, los padres fueron liberados
e iniciaron la búsqueda de la señora María Guinarita,
a quien encontraron sin vida a las 5 y 30 de la tarde, a unos 100 metros
de la casa. Ella estaba tirada en el suelo con las piernas sobre un tronco,
las manos atadas hacia atrás, con los ojos vendados, la boca llena
con un trapo y sus cabellos atados a un arbusto. Presentaba un disparo en
la frente y huellas visibles de tortura en todo el cuerpo. Su ropa interior
estaba llena de sangre y al parecer habría sido objeto de actos contra
natura como parte de las torturas. El juez de paz de San Martín de
Alao, acompañado de un médico de San José de Sisa, un
dentista, dos campesinos y dos policías pudieron hacer el levantamiento
del cadáver, pese a la oposición del Ejército que pretendía
que el cadáver fuera enterrado en el lugar del crimen.
Mediante carta del 25 de enero de 1988, la Federación Agraria Selva
Maestra (FASMA) hizo llegar la denuncia de los hechos al entonces Presidente
de la República, Alan García Pérez, en la que le manifestaron
que:
"queda pues bien claro de cómo se violan los derechos humanos y lo
que es más no hay juez ni fiscal que tenga la suficiente valentía
de asumir la responsabilidad y hacer justicia en el departamento de San Martín...,
por lo que el campesinado de San Martín no está dispuesto a
callar, estamos más bien decididos a denunciar estos execrables crímenes
contra nuestra población, ..., pero primero queremos ver y escuchar
la actitud de su autoridad como jefe supremo de las fuerzas armadas, teniendo
en cuenta Señor Presidente que los que están muriendo asesinados
y mucho más en las formas inhumanas, no son animales son campesinos
a los que Ud. y su gobierno dicen defenderlos"
En respuesta a su denuncia, la Fasma recibió el 13 de octubre de 1988,
el Oficio Nº 2035/88/SGPR, mediante el cual se le remitía copia
fotostática del Oficio Nº 2704-MD-SG/EP/03.02, del Ministerio
de Defensa, en el que parcamente se señala que supuestamente se había
"podido determinar y comprobar que el Ejército en ningún momento
ha intervenido para detener a los ciudadanos ALPINO VARGAS SABOYA, WENCESLAO
y JUAN PABLO SABOYA PUERTA, y tampoco ha dado muerte a la señora MARIA
GUIMARITA PISCO PIZANGO".
Aladino Melgarejo Ponce; Fernando Mejía Egoechaga y Raquel Martin
Castillo.
Aladino Melgarejo Ponce era profesor y dirigente del Sindicato Único
de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). Fernando
Mejía Egoechaga era abogado asesor de las comunidades nativas Amueshas,
Yaneshas y de asentamientos humanos, presidente del Comité Provincial
de Izquierda Unida de Oxapampa, secretario general del UNIR de Oxapampa y
miembro de la Asociación de Abogados de Oxapampa. La señora
Raquel Martín era esposa de este último.
El 14 de junio de 1989 una patrulla militar del cuartel militar BIM 31 "9
de Diciembre" de Huancayo llegó a Oxapampa y se instaló en
la biblioteca municipal. Al día siguiente los militares se reunieron
con el alcalde, el subprefecto y el jefe del Proyecto Especial Pichis-Palcazu.
Ese mismo día, en horas de la noche, usando un vehículo oficial
del Proyecto Pichis-Palcazu, se realizaron las detenciones.
A las 10 y 15 de la noche los militares allanaron violentamente la casa de
Aladino Melgarejo y se lo llevaron detenido para que les indicara el domicilio
de Fernando Mejía, a donde llegaron a las 11 y 15 de la noche. En
forma violenta la allanaron y se lo llevaron detenidos. Media hora después,
los militares retornaron otra vez a su casa y el oficial a cargo le exigió
a su esposa que le entregara los documentos personales del detenido. Y luego
la violó. La esposa se percató que dicho oficial estaba ebrio
y advirtió que, mientras se retiraba, se le cayeron algunos documentos.
El 16 de junio la esposa de Fernando Mejía se presentó a las
delegaciones policiales y al cuartel militar de Oxapampa, en donde le informaron
que desconocían sobre la detención. Inclusive en el cuartel
los militares la agredieron verbalmente y amenazaron con sus armas.
El 18 de junio le informan que los cadáveres de las víctimas
habían sido hallados a la altura del puente del río Santa Clara,
cerca de Oxapampa, a donde llegó acompañada del juez suplente
y 3 policías para realizar el levantamiento de los cadáveres.
Los cuerpos estaban tirados en un radio de 10 metros, con visibles huellas
de torturas en diversas partes, tales como laceraciones, escoriaciones y
heridas punzo penetrantes; parte del cráneo había sido destrozado
por los impactos de bala y el ataque de animales. Según vecinos del
lugar, el día viernes 16, en horas de la madrugada, escucharon varios
disparos por la zona donde aparecieron los cadáveres.
Luis Alberto Álvarez Aguilar y José Abel Malpartida Páez.
El 26 de noviembre de 1989, a las 11 y 30 de la mañana, Luis Alberto
Álvarez Aguilar salió de su casa, avisando que volvería
para almorzar. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, también
salió José Abel Malpartida Páez, quien llamó
a las 5 de la tarde para avisar que pasaría a recoger a su madre en
su centro de trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos regresó a sus
domicilios.
Al día siguiente sus familiares recorrieron, preocupados, delegaciones
policiales y hospitales de Lima, sin dar con el paradero de las víctimas.
La familia de Luis Alberto Álvarez Aguilar recibió una llamada
anónima avisándole que los dos jóvenes habían
sido llevados a la delegación policial de Infantas, en el distrito
de San Martín de Porres.
El 28 de noviembre apareció en los diarios la noticia de que los cuerpos
de ambos jóvenes habían sido encontrados en el Km. 53 de la
carretera Panamericana Sur, en el balneario de San Bartolo. Cerca del lugar
se encuentra un campo de entrenamiento de la División de Operaciones
Especiales de la Policía.
Los cuerpos de las víctimas habían sido amarrados entre sí
a la altura del tórax y se les puso un artefacto explosivo en el centro.
Producto de la explosión la cabeza, brazos, manos y parte del dorso
de uno de las víctimas se esparcieron en un radio de 300 metros. Y
el abdomen mutilado del otro se encontró a una distancia de medio
metro. Según la autopsia, las víctimas estaban vivas al momento
de la explosión. Además, la familia recibió la información
verbal de que el explosivo utilizado era gelatina C-4, de uso militar.
Ambos jóvenes fueron detenidos en anteriores oportunidades por la
Policía, acusados de terrorismo, y fueron puestos en libertad al encontrárseles
inocentes. Luis Álvarez había sido detenido el 30 de abril
de 1989 y José Malpartida Páez el 1 de mayo de ese año.
Además, este último era primo de Ernesto Castillo Páez,
estudiante universitario que un año después fue desaparecido
por la Policía en el distrito de Villa El Salvador.
Fuente: Equipo Nizkor - http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/alan.html
