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	Protestas sociales en Perú OCTUBRE DE 2008 Tercera jornada nacional de lucha de la CGTP contra el gobierno de Alan García El 7 de octubre, muchos miles de personas salieron a las calles acatando la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora Política Social a una nueva jornada nacional de lucha contra el gobierno del APRA. Según el Comité Directivo del Paro Nacional, la jornada de protesta era una respuesta al alza del costo de vida, la privatización y/o concesiones de puertos y aeropuertos, los atentados contra los derechos de propiedad de las comunidades campesinas, la criminalización de la protesta y la falta de respuesta del gobierno ante las demandas de los gremios y regiones. Además en las movilizaciones se manifestó la censura contra la corrupción en las altas esferas del gobierno aprista con el vergonzoso negociado de lotes de explotación petrolera que en días anteriores había salido a luz mediante la publicación de audios que contienen las conversaciones entre el director de Perupetro, Alberto Quimper, y el ex ministro aprista Rómulo León Alegría, sobre el dinero que afirman recibirán por haber logrado que Petroperú y la empresa noruega Discover Petroleum, en consorcio, ganaran una licitación. Miles de peruanos en Lima y muchos más en provincias se sumaron a la Jornada Nacional de Protesta que no fue programada como paro general, como el gobierno falsamente difundió para luego hablar de su fracaso, sino como un día de movilizaciones pacíficas en todo el país. Sólo en las regiones de Cusco, Ica y Amazonas se llamó a una paralización que en el caso de Amazonas ya empezó en la víspera. Además los trabajadores del Poder Judicial realizaron un paro preventivo de 24 horas, sumándose a la jornada de lucha con plantones y marchas en demanda de mejoras salariales y en contra del recorte presupuestal a esta institución. La medida de lucha también fue respaldada por la Federación Médica Peruana (FMP), en huelga indefinida desde el 15 de setiembre, que participo en las marchas y movilizaciones a nivel nacional. En el Cusco, el día de protesta fue acompañado por una intensa lluvia que no detuvo a los más de 10 mil cusqueños, que marcharon por las principales calles de manera pacífica, encabezados por el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, quien recalcó que el objetivo de la jornada era exigir el cambio de la política económica, respeto a los derechos laborales, aumento de salarios para enfrentar el alza del costo de vida y exigir al Ejecutivo cumpla con actas firmadas con los diferentes gremios sindicales. En Ica, el paro se desarrolló con movilizaciones pacíficas convocadas por la Coordinadora Ciudadana por la Reconstrucción y el Desarrollo de Ica, exigiendo que el gobierno atienda las demandas de la población, entre ellas la inmediata reconstrucción de viviendas y hospitales, a más de un año del terremoto del 15 de agosto del 2007, así como medidas contra el alza en el costo de vida. El SUTE-ICA confirmó la suspensión de clases en más de ochocientas instituciones educativas. Los principales mercados de abastos de la ciudad no abrieron sus puertas, mientras el servicio de transporte estaba restringido. Según Gerónimo López Sevillano, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), en esta región, 40 sindicatos, de los cuales 28 se encuentran repartidos en las provincias de Castilla y Camaná, participaron en la jornada de lucha. En este último lugar, efectivos policiales reprimieron duramente a dirigentes del Comité de Lucha, quienes tomaron el puente Fierro en protesta contra las empresas pesqueras que contaminan la localidad. Producto del enfrentamiento resultaron cinco manifestantes y un policía heridos. Hubo además cinco detenidos, de las filas de Construcción Civil. En muchos otros lugares del Perú el panorama fue similar. En Ayacucho, cerca de tres mil personas se movilizaron por más de cuatro horas en el centro de la ciudad. Locales como el Poder Judicial, el gobierno regional, municipalidad, entre otros, fueron custodiados por efectivos del Ejército y la Policía Nacional. Hubo suspensión de clases en los centros educativos en demanda de la destitución del Director Regional de Educación, Ricardo Arone Huamaní y los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local. En Huaraz, miembros del Sindicato de Trabajadores de la municipalidad, trabajadores de Construcción Civil y los docentes agremiados al SUTE y otras organizaciones sindicales, tras recorrer las calles de la ciudad, quemaron un ataúd con la inscripción "Alan, lárgate". En Trujillo, estudiantes de la universidad de esta ciudad tomaron al menos 10 vehículos de transporte, llevándolos al campus universitario. Y en Chimbote trabajadores de Construcción Civil se enfrentaron a la policía que trataba de mermar la protesta. También había manifestaciones populares en Tumbes, Piura, Cajamarca y Huancavelica. En Lima, miles de manifestantes se trasladaron desde la plaza Dos de Mayo hacia el Parlamento, con la participación de maestros, trabajadores portuarios, obreros municipales, empleados estatales, movimientos agrarios y despedidos por el régimen fujimorista, entre muchos otros. La indignación por los recientes casos de corrupción en Perupetro tras la difusión de los audios que revelan actos de corrupción en la concesión de pozos petrolíferos, también estuvo muy presente entre las manifestantes. La presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, encabezó un mitin junto al titular de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), Julio César Bazán, en el que enfatizó que la propuesta gremial exige la remoción de todo el gabinete encabezado por Jorge del Castillo y la conformación de una comisión especial encargada de detectar las irregularidades de la administración pública. Durante la manifestación, la multitud demandó atención para la plataforma de lucha que motivó el Paro Nacional del 9 de julio, centrándose en el incremento de salarios y pensiones, la derogatoria de decretos lesivos para las comunidades campesinas y el cese de las privatizaciones de puertos y empresas públicas, entre otros puntos. Informaciones de fondo:   PLATAFORMA DEL PARO NACIONAL CÍVICO-POPULAR. Demandas de la jornada nacional de protesta del 9 de julio y del 7 de octubre de 2008.   » Médicos del Ministerio de Salud continuaron en huelga indefinida La huelga indefinida de los médicos del Ministerio de Salud, iniciada el 15 de setiembre, se prolongó por más de un mes, hasta que finalmente el nuevo gabinete, encabezado por Yehude Simon, logró un acuerdo con la Federación Médica Peruana (FMP) y ésta, el 23 de octubre suspendió la medida de lucha. Pese a los cálculos optimistas del Ejecutivo que los médicos levanten la huelga al ofrecer en la víspera una mejor propuesta económica, el 1° de octubre, las conversaciones entre la Federación Médica Peruana (FMP) y el gobierno nuevamente fracasaron. "Estamos profundamente decepcionados por haber perdido el tiempo", sostuvo el presidente de la FMP, Julio Vargas, tras reunirse con el premier Jorge del Castillo, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. "No hay ninguna variación en relación con la nivelación de cesantes y jubilados, así como la homologación de sueldos de los médicos del Ministerio de Salud con los de Essalud", señaló. El dirigente sindical detalló, además, que a su gremio no le convenció la oferta del Ejecutivo sobre el pago de seis Aetas (las siglas de las Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial), calificándola de "insignificante". El día siguiente, el primer ministro, Jorge del Castillo, dio por terminadas las conversaciones con la Federación Médica Peruana (FMP) y lanzó ataques contra sus dirigentes, a tiempo de descartar cualquier posibilidad de buscar atender las demandas de los galenos. Reafirmando su medida de lucha y anunciando que no cederán en sus demandas, pese al entrampamiento del diálogo con el gobierno, el 3 de octubre, los integrantes de la Federación Médica Peruana realizaron una masiva movilización en Lima, marchando desde el hospital Arzobispo Loayza hasta el hospital Dos de Mayo. Durante la protesta, el gremio en huelga hace 19 días exigió una vez más la destitución del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca. Éste, por su parte, instó a los médicos a dialogar región por región para que los gobiernos regionales asuman el pago de las cuatro Asignaciones Extraordinarias de Trabajo Asistencial que el Ejecutivo se niega a asumir. Respecto a las negociaciones indicó que el gobierno se ha comprometido a resolver 12 de los 15 reclamos de la Federación e increpó a los médicos a que cumplan su parte. El ministro fue tajante al desestimar los otros reclamos médicos. También amenazó con medidas legales para los galenos que persistan en la paralización indefinida. El 8 de octubre, los dirigentes de la Federación Médica del Perú señalaron que iniciarán otra etapa de lucha, que incluirá pedir a la Fiscalía de Prevención del Delito constatar las condiciones de los hospitales, además de solicitar a jefes de servicio de departamentos de redes y microrredes que renuncien a su cargo y apoyen la huelga. Además, pedirán suspender las actividades académicas para que los estudiantes de medicina respalden la huelga. El presidente de la FMP Vargas La Fuente anotó que pronto se definirán las fechas para la entrega de hospitales, procedimiento que tardó un tiempo debido a que -en primer lugar- debe estabilizarse a los pacientes y transferirlos a otros establecimientos, así como dar de alta a los recuperados, hasta dejar el hospital vacío, para luego entregarlo a su director. Aclaró que habrá atención gratuita en los exteriores de los nosocomios. El día siguiente, miles de médicos realizaron una masiva movilización hacia el Congreso de la República, mientras que otro grupo llegó a la sede de Palacio de Gobierno con la finalidad de entregarle un memorial al presidente García. En el documento, la Federación y demás gremios médicos dieron a conocer los agravios a los que han sido expuestos por el ministro de Salud Hernán Garrido Lecca y señalaron que después 26 días de huelga médica indefinida, no han recibido respuestas que lleguen a resolver los problemas por los que atraviesa la profesión médica en el país. Además reafirmaron su voluntad de diálogo, pero advirtieron que mientras están esperando que se les llame a la audiencia que el presidente García les ofreció, la medida de entrega de hospitales permanece en pie. En la noche del mismo día, ante la amenaza de una censura parlamentaria por las acusaciones de corrupción en relación a la empresa argentina Perupetro, el premier Jorge del Castillo, junto a la mayoría de los ministros, comunicó que todos los miembros del gabinete ministerial han puesto sus cargos a disposición del presidente Alan García. Dos días después, éste presentó como nuevo primer ministro a Yehude Simon, presidente del gobierno regional de Lambayeque y político de larga trayectoria dentro de la izquierda parlamentaria ajena al APRA. En una de sus primeras actividades como designado primer ministro, el 11 de octubre, Yehude Simon se reunió con los dirigentes de la Federación Médica Peruana (FMP), logrando la paz con el gremio, al pedir disculpas por los calificativos del saliente ministro de Salud Hernán Garrido Lecca y el ex premier Jorge del Castillo contra los galenos y consiguindo pactar para el 14 de octubre un diálogo con los dirigentes de la FMP. Representantes de los médicos manifestaron que confían en que con la designación de Simon en el premierato y de Oscar Ugarte -médico de profesión y viceministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo- en la cartera de Salud sus demandas serán atendidas. Julio Vargas, titular de la FMP, precisó que la entrega del hospital Las Mercedes, de Chiclayo, fue postergada y que esperan "propuestas dignas" de las nuevas autoridades, y no las "humillantes" que les ofrecía el ex premier Jorge del Castillo. Luego de varias rondas de conversaciones con los representantes del FMP, el 18 de octubre, el nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte, se comprometió a presentar en tres semanas la propuesta de su sector para solucionar las demandas de la Federación Médica Peruana (FMP), por lo que pidió al gremio levantar o suspender su huelga hasta, por lo menos, que se llegue a ese plazo. El 23 de octubre, después de 38 días, los médicos decidieron en asamblea general suspender por tres semanas su medida de lucha, conforme lo solicitó el ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz. El acuerdo se selló en presencia de la prensa con la firma de una Resolución Ministerial en la que se resuelven algunos aspectos importantes. Entre los acuerdos figuraba aprobar el acta establecida el 21 de octubre, derogar dos resoluciones ministeriales que declaraban como ilegal e improcedente la huelga médica nacional indefinida (Nº 605 y 631-2008), remitir una copia de la misma a los presidentes regionales y publicarla posteriormente en el diario oficial El Peruano. El ministro Ugarte se comprometió a evaluar en estos 21 días la disponibilidad económica con la que cuenta el sector. Al respecto, el doctor Julio Vargas, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), dijo que "de no existir ese presupuesto solicitarán un crédito suplementario para ese propósito". Vargas destacó que el diálogo con el Gobierno para dar solución a la huelga médica indefinida permitió sentar las bases para la construcción del Sistema Único de Salud y mejorar el presupuesto del sector. Por su parte, Julio Castro Gómez, decano Colegio Médico del Perú (CMP), señaló que uno de los mayores logros de la huelga médica es el reconocimiento de la justicia de las reivindicaciones y demandas de los profesionales de la salud. Protestas en Tacna y Moquegua por el reparto del canon minero En las regiones Moquegua y Tacna se desarrollaron diversos paros regionales y acciones de protesta por la modificación de la ley del canon minero, que regula la distribución de los ingresos por la minería. El 1 de octubre, Moquegua inició un paro de 48 horas que incluyó la paralización del transporte público y el cierre de negocios y mercados, para presionar el gobierno que cumpla el acta suscrita el 19 de junio, luego de una intensa lucha del pueblo de la región. En este documento, el gobierno se comprometió a promover la modificación de la ley del canon minero, disponiendo que la minera Southern Perú lleve por separado las cuentas de sus minas Cuajone y Toquepala, ubicadas en los departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente, con el fin de lograr un reparto más equitativo de los ingresos, ya que según la ley vigente Moquegua sólo recibía el 21% de estos recursos mientras Tacna percibía el 79% por las actividades de Southern. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, Zenón Cuevas, criticó que el presidente del Congreso, Javier Velásquez, retrasó para el próximo 7 de octubre el debate del proyecto de ley 2713, que establece las cuentas separadas para el canon producido por Southern Perú. Cuevas advirtió que si el Congreso no debate el proyecto y no establece las estrategias necesarias para solucionar la redistribución del canon, la protesta en el sur del país crecerá. El día siguiente, la región Tacna respondió con otro paro regional de 48 horas, exigiendo más recursos y que el canon quede como está, favorable a los tacneños, sosteniendo que con la modificatoria la región recibiría 300 millones de Soles menos, a pesar de que el agua que usa Southern Peru para el proceso minero de Cuajote es tomado de los reservorios de Tacna y los pasivos ambientales generados en Moquegua contaminan principalmente el departamento vecino. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, José Mejía, manifestó que el objetivo de paralizar no es "sabotear" las conversaciones entre representantes de ambas regiones y del gobierno central previstos para el 7 de octubre en Arequipa, sino "poner en claro que la posición de la región es defender la actual ley del canon". Tras un prolongado debate, las comisiones de Economía y de Energía y Minas del parlamento, el 7 de octubre, modificaron la ley de distribución del canon minero que enfrentó a Tacna y Moquegua. El proyecto de ley propone cambiar el artículo 5 de la Ley del Canon, estableciendo que cuando las mineras tienen varias concesiones, el canon se distribuirá en proporción al valor de venta de concentrado, según declaración jurada sustentada en cuentas separadas. La decisión motivó la protesta de representantes de Tacna como el parlamentario Juvenal Ordóñez quien lamentó el resultado de la votación y anunció que se está evaluando iniciar una huelga general indefinida. Al mismo tiempo, el gobierno regional de Tacna puso en marcha su artillería legal, presentando el 15 de octubre un pedido al Congreso para que el proyecto de ley 2713, que propone un nuevo sistema para distribuir el canon minero, se derive a la Comisión de Constitución. El objetivo era evitar que el tema sea debatido por el pleno y así ganar tiempo para conseguir el respaldo de las ocho regiones mineras que sufrirían también un recorte del canon si se aprueba la norma. Para Tacna, el proyecto viola el artículo 77 de la Constitución, que faculta a las regiones a recibir "una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales". El 23 de octubre, miles de ciudadanos de Tacna realizaron una masiva movilización para protestar contra la eventual aprobación del proyecto de ley 2713 que estaba en debate ese mismo día en el Pleno de Congreso de la República. Trabajadores de municipios, construcción civil, mercados, organizaciones de base, se movilizaron por las calles del cono norte, hasta llegar a la zona comercial de Tacna para aunar esfuerzos y solicitar a los comerciantes de los mercadillos participar de esta marcha pacífica que era encabezada por regidores de distintas comunas, los que respaldaron la medida adoptada por la sociedad civil tacneña. Durante el recorrido, los pobladores portaban pancartas y carteles alusivos a las demandas del pueblo, rechazando las cuentas separadas de las minas que explota Southern Perú Copper Corp. (SPCC) en Tacna y Moquegua. Por su parte, la población de Moquegua, los días 28 y 29 de octubre, acató un paro regional de 24 horas, con el fin de presionar para que el Pleno del Congreso apruebe la modificatoria de la ley. El paro convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (Fredim) fue contundente; no hubo transporte, las clases fueron suspendidas y el comercio permaneció cerrado, además de interrumpirse otras actividades esenciales. En la tarde del primer día de la protesta se produjo un violento enfrentamiento entre policías premunidos de escudos, escopetas, varas de caucho y gases lacrimógenos y miles de pobladores que había tomado el Puente Montalvo en la Panamericana Sur, dejando un saldo de 40 heridos, entre ellos tres graves por impactos de bala. El presidente del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cueva, denunció que la policía disparó al cuerpo a los manifestantes durante las protestas. En la noche los pobladores tenían retenidos en el Puente Montalvo a unos diez policías y según afirmaron pensaban entregarlos a la Iglesia Católica. Mientras tanto, un grupo de alcaldes provinciales de Moquegua llegó hasta el Congreso en Lima para buscar convencer a los parlamentarios de que aprueben cuanto antes el proyecto de ley 2713-2008 que modifica la ley del canon minero. El alcalde de la provincia de Sánchez Cerro, Mauricio Lina Juárez, advirtió que de no ser debatido el referido proyecto el 30 de noviembre por el Congreso como estaba previsto, la protesta de Moquegua se radicalizaría con el apoyo de las provincias de Mariscal Nieto e Ilo. El 29 de octubre, unos diez mil pobladores de las comunidades altoandinas de Moquegua bajaron de los cerros para sumarse a las protestas. Ilo también se plegó a la medida de fuerza y sus principales dirigentes, como el presidente del Frente de Defensa, Oswaldo Luque, y el dirigente del Sindicato de Construcción Civil, Óscar Ortiz, condenaron los excesos de las fuerzas del orden. Mientras, la región Moquegua permaneció paralizada por segundo día consecutivo. La Panamericana Sur, en un tramo de tres kilómetros hasta llegar al cruce que da al puente Montalvo continuaba bloqueada con piedras y rocas. Esto obligó a muchos turistas nacionales y extranjeros a bajar de los buses que los trasladaron desde Lima o desde Arequipa y caminar todo ese trecho cargando mochilas y maletas. El 30 de octubre, el Congreso aprobó el proyecto de ley que modifica los parámetros de distribución del canon, favoreciendo a la región Moquegua. Al enterarse de la modificatoria de la ley de distribución del canon por el Pleno del parlamento, los pobladores de Moquegua se concentraron en el puente Montalvo, donde en días anteriores se habían registrados violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, para celebrar la victoria. Mientras tanto, en Tacna, minutos después que el pleno del Congreso aprobara la modificación de la ley del canon minero, miles de manifestantes ganaron las calles para expresar su indignación en acciones violentos, incendiando el local de la Gobernación de Tacna y causando destrozos también en otros locales públicos como las sedes del Partido Aprista, de la Superintendencia de Impuestos y el palacio de justicia. Los manifestantes rebasaron a la policía y virtualmente tomaron el centro de la ciudad. El 31 de octubre, las protestas en Tacna se intensificaron. La ciudad amaneció prácticamente sitiada. Piquetes de pobladores armados con palos bloquearon el puente Locumba y las principales rutas que conectan esta ciudad con Moquegua. Algo similar ocurrió en el punto ubicado en el distrito de Ite, que une a Tacna con Ilo (Moquegua), donde la población inundó la carretera de piedras en un tramo de aproximadamente dos kilómetros, situación que se repitió a la altura del centro poblado La Yarada y la localidad de Los Palos. Durante todo el día se registraron enfrentamientos entre manifestantes, que quemaban llantas y arrojaban piedras a la carretera, y la policía que apoyada por un helicóptero, lanzó bombas lacrimógenas desde lo alto, dejando el saldo de 12 civiles heridos. En la noche, las protestas se encendieron aún más con la noticia de la muerte cerebral de uno de los manifestantes heridos en un enfrentamiento en el puente Locumba en la Panamericana Sur. Informaciones de fondo:   CANON MINERO. ¿Qué es el Canon Minero? Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.   » Y además... Andahuaylas paralizada por protesta universitaria El 1 de octubre, la provincia de Andahuaylas amaneció completamente paralizada porque la población acató un paro de 24 horas convocado por los estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, que protestaron contra sus autoridades. Los escolares y universitarios de la localidad no acudieron a sus centros de labores, los mercados y bodegas no atendieron al público y el servicio de transporte interprovincial y urbano suspendió sus operaciones. La medida de fuerza fue respaldada por el Frente de Defensa de Andahuaylas, así como por las diversas organizaciones de base y por los propios pobladores que salieron a las calles para exigir la inmediata destitución de los miembros de la comisión organizadora de la universidad y un mayor presupuesto. Durante las protestas, los alumnos denunciaron a las autoridades universitarias por la supuesta malversación de los fondos del presupuesto del año en curso, ya que por la ineficiencia de la comisión y su escasa experiencia en gestión universitaria, más de tres millones de soles del presupuesto serían revertidos al Tesoro Público, pese a que los recursos son necesarios para la construcción del pabellón de laboratorios. Para llamar la atención de las autoridades del Gobierno, los estudiantes colocaron piedras y troncos en las principales carreteras de acceso a la provincia, pero la rápida intervención de los efectivos de la policía evitó que los bloqueos se concretaran. Se produjeron algunos enfrentamientos con la policía, que terminaron con 11 alumnos detenidos en la comisaría de la zona. Sin embargo, debido a las fuertes protestas de los estudiantes, estos fueron liberados horas más tarde. Los universitarios anunciaron que el paro continuaría el día siguiente. Ante la contundencia de la medida, el presidente de la comisión organizadora de la universidad, Germán Rivera Olivera, decidió poner su cargo a disposición. Mineros de Cerro Verde iniciaron un paro indefinido El 2 de octubre, los trabajadores de la Sociedad Minera Cerro Verde iniciaron una huelga indefinida, en protesta por la decisión de la empresa de desconocer y suspender un convenio colectivo que recoge sus derechos laborales. El convenio, firmado en 2004, establece un incremento de 4% de los sueldos de los trabajadores para este año, además de un bono por alimentación de 300 soles, asistencia médica familiar y otros beneficios. La vigencia del pacto colectivo expira en diciembre pero, según los trabajadores, la empresa ya no quiere reconocerlo y pretendió suspenderlo en setiembre. Campesinos protestan por entrega de manantial a minera Yanacocha Con el bloqueo de la única vía de acceso a la minera Yanacocha, el 9 de octubre, campesinos del distrito de La Ramada, en Cajamarca, iniciaron un paro indefinido en protesta por la norma que favorece a la transnacional en el uso de sus manantiales. Dicha norma, aprobada en agosto por el Instituto Nacional de Recursos Naturales -Inrena-, decreta la extinción de la licencia de uso del agua superficial con fines poblacionales que tenían los comuneros de La Ramada y entrega el agua de dos manantiales a Yanacocha para el uso en su campamento. "Pedimos la devolución de nuestras aguas que es el único medio que tenemos para subsistir, cultivar y criar animales. Aquí nos quedamos hasta que el Inrena cambie la resolución", manifestó el dirigente campesino Emilio Yopla, quien dijo que solo levantarán la medida de fuerza cuando su demanda sea atendida. Universidades estatales acatan paro de 72 horas Pidiendo al gobierno que cumpla sus promesas y en rechazo a iniciativas legislativas que atentan contra sus derechos, a partir del 15 de octubre, docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de las universidades públicas acataron un paro nacional de 72 horas. Julio Lazo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), recalcó que su gremio exige el cumplimiento del cronograma de homologación de sueldos con la de los magistrados del Poder Judicial. Michael Gámez, presidente de la Federación de Estudiantes anunció que los estudiantes protestan en defensa del pasaje universitario y en rechazo al proyecto de Ley que busca cobrar a los universitarios procedentes de colegios privados. Por su parte, trabajadores administrativos reclamaron un aumento salarial de 200 nuevos soles mensuales y la incorporación progresiva de los trabajadores a planilla, compromiso hecho por el ex premier, Jorge del Castillo. El primer día del paro, unos 4000 docentes, trabajadores administrativos y estudiantes realizaron una movilización por las calles de Lima desde la UNI hasta el Tribunal Constitucional (TC) para exigir la pronta solución de la demanda de los docentes respecto a la homologación de sus salarios con los de los magistrados. Los docentes amenazaron con una huelga indefinida de no obtener una respuesta en un mes, como lo ha prometido el TC. Madres de comedores populares protestan contra el recorte del presupuesto El 16 de octubre, unas 2 mil madres de familia beneficiarias de los comedores populares marcharon hacia el Congreso de la República para protestar contra el recorte del presupuesto que les asignarían el 2009 que podría reducir las raciones de víveres en un 50%. La protesta, encabezaba por Rosalinda Sosa, secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (Conamovidi), congregó a comedores creados desde San Juan de Lurigancho, distrito de Lima, hasta los alejados pueblos de Puno. Continúan protestas de cocaleros contra erradicación forzosa de cultivos Tres heridos dejó un enfrentamiento entre cocaleros y erradicadores de cultivos de coca que se produjo el 21 de octubre en el sector Pluma de Oro, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, en la región de Huánuco. El hecho ocurrió cuando un grupo de trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah) se disponía a realizar su labor. Se informó que en el enfrentamiento resultaron heridos un empleado del Corah y dos agricultores. Paro campesino en la provincia de Canchis (Cusco) El 20 de octubre, los campesinos de la provincia de Canchis en la región Cusco iniciaron una huelga indefinida en protesta contra la construcción de la central hidroeléctrica Salcca Pucará, por considerar que la obra en marcha afectará sus sembríos, ya que utilizará las aguas del río Salcca. Además la protesta fue dirigida contra las concesiones mineras en la provincia, al otorgamiento de un préstamo de un banco japonés para obras de agua y desagüe (estiman que va a encarecer el producto) y a la gestión del alcalde Mario Velásquez. Debido a la medida de fuerza, durante días el transporte terrestre en la macroregión sur quedó paralizada, porque los campesinos bloquearon el puente Arturo - en el distrito de Combapata - que conecta Cusco con los departamentos de Puno y Arequipa, y las vías en Chicapuque, San Pablo y Sicuani. En Sicuani, las instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas por temor a las represalias de los organizadores de la protesta, denominada "Levantamiento de los Pueblos". Mientras tanto, hasta Sicuani llegaron distintos representantes del gobierno, entre ellos representantes de los Ministerios de Vivienda, Energía y Minas y Agricultura, con el fin de instalar una mesa de diálogo y solucionar la protesta, según informó el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa. "Estamos los representantes del Ejecutivo iniciando el diálogo, junto con el congresista Oswaldo Luizar y el representante de la Defensoría del Pueblo, Silvio Campana; estamos pidiendo por diversos medios que la población se retire a sus domicilios y eviten la confrontación", mencionó el funcionario. Figueroa agregó que también que se encuentran representantes de los Ministerios de Vivienda, Energía y Minas y Agricultura. El 24 de octubre, la situación en Sicuani se desbordó cuando un grupo de manifestantes atacó las instalaciones de Radio Sicuani, que se relaciona con el vicepresidente regional del Cusco y miembro del UPP, Mario Ochoa, quien precisamente impulsó la construcción de la hidroeléctrica. Asimismo, los huelguistas intentaron tomar la sede del municipio de Canchis, en la Plaza de Armas. Se produjo un enfrentamiento entre la policía y miles de pobladores del distrito de Sicuani, que dejó varios heridos.