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	Protestas sociales en Perú JUNIO DE 2007 Protestas en las regiones amazónicas Con paros regionales, la población de las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Huánuco levantaron su voz de protesta contra la eliminación de las exoneraciones tributarias para la amazonía, dispuesta por el gobierno central. Paro regional en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Díos El 4 de junio, las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali acataron un paro regional, en protesta contra la eliminación de las exoneraciones tributarias en la amazonía dispuesta por el gobierno central. Con la medida las tres regiones reclamaron la derogatoria de los decretos leyes 977 y 978, normas con los cuales se van a derogar, paulatina y diferenciadamente, las exoneraciones del Impuesto a la Renta, en cuanto a crédito tributario por reinversión (devolución de IGV por compra de bienes) así como la exoneración del IGV a la venta de bienes y prestación de servicios y contratos de construcción. Además, se va a eliminar la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. A cambio de eliminar las exoneraciones el Ejecutivo ha prometido 37 millones de soles a Madre de Dios, S/. 200 millones a Ucayali, S/. 76 millones a San Martín y a Amazonas 45 millones de soles. Pese a intentos gubernamentales por impedir las medidas, en las regiones de Loreto y Madre de Díos, el 3 de junio, las autoridades ratificaron que el paro será de 72 hrs., en tanto, en Ucayali la paralización será de 24 hrs. Sobre la compensación económica de 270 millones ofrecida por el Gobierno a la Amazonía, el presidente del gobierno regional de Loreto, Vásquez Valera aseguró que con dicho dinero se pueden construir algunas obras, pero que éstas no resolverán el problema de la pobreza en la región, y que de ninguna manera podrán contrarrestar el incremento de los precios y el aumento del costo de vida producto de la eliminación de las exoneraciones en la región. La población de Loreto además exigió S/. 300 millones más para el presupuesto regional para la atención en educación, salud y producción agrícola, el aumento del 20% del canon petrolero y la revisión de las concesiones forestales y petroleras. En el primer día del paro de 72 horas convocado por el Frente Patriótico de Loreto (FPL) y respaldado por el presidente de la región, Yván Vásquez, la capital regional Iquitos, amaneció sin comercio ni tránsito vehicular. Desde las cero horas, piquetes de huelguistas arrojaron vidrios, basura, troncos y pepas de aguaje por las principales calles de Iquitos, impidiendo de esta manera el tránsito vehicular. Los piquetes abarcaron todo el ámbito urbano, instando a los propietarios de los locales comerciales que estaban atendiendo a cerrar sus negocios. El aeropuerto Francisco Secada amaneció bloqueado por un grupo de 150 manifestantes que quemó llantas e interrumpió el tránsito por la avenida José Abelardo Quiñones que lleva al centro de la ciudad. Frente a ello las tres líneas aéreas suspendieron los vuelos para salvaguardar la integridad de sus pasajeros. Igual ocurrió en el aeropuerto de Lima, donde suspendieron todos los vuelos a Loreto. A las 10 de la mañana unas diez mil personas marcharon por la ciudad de Iquitos, encabezadas por los dirigentes del FPL, Eva Matute y Eloy Pizango. La Policía custodiaba los puntos neurálgicos de la ciudad, como los grifos. La protesta también se acató en las provincias de Nauta, Requena, San Lorenzo y Alto Amazonas. En la localidad de Trompeteros unos 100 pobladores invadieron las instalaciones de un lote petrolífero de la empresa argentina Pluspetrol y exigieron el cese inmediato de sus operaciones como medida de apoyo al paro en la región Loreto. A consecuencia, Pluspetrol decidió suspender sus operaciones en este lote, con lo que dejaba de producir aproximadamente 10.000 barriles por día (bpd), según la firma. En la provincia de Alto Amazonas, se inició una huelga indefinida porque será la primera localidad afectada con el retiro gradual de las exoneraciones tributarias. Allí un piquete bloqueó con piedras y llantas el kilómetro 1 de la Carretera Yurimaguas - Tarapoto. En el puerto fluvial de Yurimaguas, otro grupo bloqueó el ingreso al lugar, para impedir la salida y llegada de embarcaciones. En tanto, el paro de 24 horas en Ucayali se cumplió con el bloqueo de pistas y la paralización de un sector del comercio. El secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, calificó como un éxito la paralización de 24 horas que acató dicha región en rechazo a la eliminación de las exoneraciones tributarias. Según refirió, hubo una movilización con gran participación de los pobladores y no hubo actividades comerciales. Argumentó que, de levantarse estas compensaciones, el costo de vida para los lugareños se incrementaría en un 30 por ciento, perjudicando su economía. En Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, la situación no fue diferente. El comercio no abrió las puertas, las carreteras fueron bloqueadas, se incendiaron llantas en las principales arterias de la ciudad y los piquetes de manifestantes contra el decreto que elimina las exoneraciones tributarias en la amazonía colmaron las calles. Un grupo de manifestantes, principalmente mineros y madereros se ubicaron en los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad. El presidente de la cámara de comercio local, Manuel Calloquispe Flores, advirtió que el departamento de Madre de Dios se declarará en huelga indefinida si el Ejecutivo no envía una comisión de alto nivel a la zona por el tema de las exoneraciones tributarias. "Si no tenemos ninguna respuesta, por voluntad de la población que ha salido a la calle continuaremos con esta medida y a partir de mañana nos declararemos en huelga general indefinida", manifestó. Mientras tanto, el presidente regional, Santos Kaway, aclaró que ni él ni la población respaldan esta medida, al sostener que la tributación permitirá recaudar mayores fondos para obras de inversión. Por su parte, el gobierno central calificó el paro regional como totalmente injustificado. El presidente Alan García negó enfáticamente que Loreto tenga motivo alguno para realizar una huelga, porque el Estado ya les iba a proporcionar recursos para contratar profesores, y además los privilegios tributarios de Iquitos no iban a ser tocados de ninguna manera. Asimismo el Premier Jorge del Castillo se mostró extrañado por las razones dadas por los dirigentes de Iquitos para llevar adelante el paro de 72 horas. En el afán de desprestigiar la medida de lucha, aseveró que la población de Loreto está siendo engañada por un sector "ultra" que promueve el paro regional con motivaciones políticas, haciendo referencia del Partido Comunista "Patria Roja" y del Frente Nacional de Humala. Secundado por el presidente Alan García, Del Castillo acusó al presidente regional de Loreto de "subirse al carro de un sector de la población que quiere protestar y él no quiere quedarse atrás". Además denunció que camiones del gobierno regional de Loreto fueron empleados para trasladar a los manifestantes que intentaron tomar el aeropuerto de Iquitos y lamentó que se hayan empleado recursos públicos para intentar tomar una dependencia del Estado y calificó ese hecho como "deplorable y delictivo". Frente a esas acusaciones, el titular de la región Loreto, Yván Vásquez Valera, afirmó que prefiere ser "un títere" de su pueblo que del Fondo Monetario Internacional. En el segundo día del paro, el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, informó que en la noche los gremios locales se reunirán para evaluar las nuevas medidas de fuerza que acatarán por el tema de las exoneraciones tributarias, y no descartó una huelga indefinida. Cambiando de actitud, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, llamó al diálogo a los alcaldes de Loreto para poner fin al paro en la región. No obstante, condicionó el diálogo a que los organizadores de la protesta depongan su medida de fuerza. El 6 de junio, último día de la paralización, las calles de Iquitos estaban intransitables, interrumpidas con vidrios rotos, troncos y llantas quemadas, que eran colocadas por los mismos pobladores en las puertas de sus domicilios. Por las avenidas de la capital de la Región Loreto desfilaron alrededor de 45 mil personas protestando contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los beneficios tributarios que gozaba la Amazonía desde 1998, pues consideran que va a encarecer su costo de vida. La marcha se inició a las cuatro de la tarde, encabezada por el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, y los dirigentes del Frente Patriótico de Loreto Eva Matute y Eloy Pizango. También se sumó un nutrido grupo de la CGTP y de integrantes de otras organizaciones. Pese a su contundencia, la paralización se realizó sin registrarse disturbios, a diferencia de Madre de Dios, donde la Policía detuvo a diez personas por causar destrozos en la vía pública. Mientras que en el resto de la región de Loreto, como previsto, el paro se suspendió el 6 de mayo, después de tres días de movilizaciones, dando un plazo hasta el 8 de mayo, para que el Gobierno atienda las demandas sobre las exoneraciones tributarias, la población de la provincia de Alto Amazonas mantuvo la medida de lucha con la inmovilización de los puertos, el bloqueo de las carreteras y marchas de protesta. El 7 de junio, la comisaría de Yurimaguas informó que, durante la jornada de protesta, piquetes de manifestantes impidieron que un deslizador repleto de turistas saliera desde el puerto La Boca hacia Iquitos, por lo que los viajeros tuvieron que optar por salir vía Tarapoto, en San Martín. La paralización era total en la ciudad. No había atención en colegios, comercios, instituciones públicas ni hospitales, salvo en las unidades de cuidados intensivos y de emergencia de estos últimos. La población de Yurimaguas manifestó su disposición a negociar el tema tributario con el Ejecutivo, planteando que los recursos del Estado lleguen directamente a la zona, en un porcentaje que permita el verdadero desarrollo de la selva. El 10 de junio, agrupaciones civiles y organizaciones de base del Frente Patriótico de Loreto (FPL) acordaron iniciar una huelga regional indefinida a partir del lunes 18. Eva Matute, presidenta del FPL, sostuvo que la huelga será acatada ante la negativa del gobierno central a abrir un diálogo que permita llegar a un acuerdo. Indicó que en la asamblea regional -en la que se acordó plegarse a la huelga de Yurimaguas- participaron militantes de diversos partidos políticos, entre ellos del APRA, así como representantes del gobierno regional de Loreto. Mientras tanto, en el séptimo día de paro indefinido en Yurimaguas en contra de la eliminación de las exoneraciones, grupos de pobladores realizaron marchas de protesta en las calles de la ciudad. Los periodistas que desde el viernes 8 se encontraban encadenados a la catedral de Yurimaguas permanecían en huelga de hambre. El 11 de junio, un comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros llegó a Yurimaguas con el fin de iniciar el diálogo con los dirigentes del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (FREDESAA). El representante del Ejecutivo visitó también a los 16 ciudadanos que acataron una huelga de hambre en la puerta de la Catedral de Yurimaguas. El 12 de junio, el Frente de Defensa de Ucayali convocó a la población de dicha región a acatar un paro indefinido a partir del 18 de junio, en demanda de una solución a los problemas que aquejan a los asentamientos humanos en el departamento. Rómulo Coronado, secretario de la referida organización de base, aclaró que la medida de fuerza servirá, además, para apoyar el reclamo de otras regiones respecto a la restitución de las exoneraciones tributarias a la Amazonía. El 13 de junio, a nueve días de iniciada la huelga indefinida en Yurimaguas, el FREDESAA formó una comisión especial para reunirse en Lima con el premier Jorge del Castillo y solucionar así su pliego de reclamos. Los dirigentes tomaron esa decisión, luego de recibir un nuevo comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros en el que se les invocaba a viajar a Lima para dialogar sin obligarlos a levantar el paro. Tras largas horas de negociación, el 14 de junio, las autoridades de Alto Amazonas firmaron en la Presidencia del Consejo de Ministros en Lima, un acta de trabajo con la que accedieron al retiro paulatino de sus exoneraciones tributarias, a cambio de la entrega de recursos para la ejecución de obras de infraestructura en salud, transporte y educación. El presidente del Frente de Defensa de la provincia de Alto Amazonas, Fabián Chu, adelantó que estos acuerdos serán planteados en una asamblea pública en Yurimaguas para proceder al levantamiento de la huelga indefinida iniciada el 4 de junio. Entre los acuerdos alcanzados, destacan el compromiso para aprobar -en el Congreso de la República- una norma que autorice la transferencia de doce millones de nuevos soles, en cumplimiento de la Ley de la Promoción e Inversión en la Amazonía Peruana Negociación del reintegro tributario. Respecto al resto de la región Loreto, el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera; la presidenta del Frente Patriótico de Loreto (FPL), Eva Matute, y el premier Jorge del Castillo suscribieron un acuerdo para dejar de lado la anunciada paralización regional del lunes 18. En el acta el gobierno reiteró su decisión de mantener las exoneraciones tributarias para las zonas que se encuentran incomunicadas hasta el 2047. Otro compromiso al que se llegó fue elevar de 10 a 15 por ciento la tasa del canon minero para la región, propuesta que tendrá que ser aprobada, previamente, por el Parlamento. Además se acordó que el Ministerio de Energía y Minas reducirá en un 23 por ciento las tarifas de energía eléctrica en la ciudad de Iquitos y en 49 por ciento en toda la región y que en el marco del programa Agua para Todos, Loreto recibirá en los próximos años 350 millones de soles para la instalación de redes de agua potable y desagüe, así como la instalación de una planta de tratamiento portátil. El 16 de junio, los pobladores de Alto Amazonas decidieron levantar el paro indefinido que los mantuvo aislados por trece días, tras dar en una asamblea el visto bueno a los acuerdos asumidos por sus dirigentes con el Poder Ejecutivo en Lima unos días atrás. Ucayali y Huánuco acataron paro regional Con la participación masiva de la población, el 26 de junio, la región de Ucayali inició un nuevo paro regional indefinido en protesta por la decisión del gobierno central de eliminar las exoneraciones tributarias para las regiones amazónicas. No hubo mercados, colegios ni tiendas comerciales abiertas. En las primeras horas del día hubo algunos incidentes violentos, con bloqueo de carreteras y quemas de llantas. La policía despejó las vías algunas horas más tarde. Unas 20.000 personas se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Pucallpa, capital de la región, en respaldo a la medida de fuerza impulsada por el Frente de Defensa Regional y apoyada por el presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez, y alcaldes provinciales y distritales. "No estamos dispuestos a permitir que se nos recorten las exoneraciones tributarias que, con todas sus limitaciones, han contribuido a que esta región alcance mejores condiciones productivas", dijo durante el mitin el presidente regional, Jorge Velásquez, sobre los motivos de la protesta. Mientras tanto, en Lima, el premier Jorge del Castillo justificó la decisión del Ejecutivo al señalar que la exoneración alienta al contrabando. "Estas exoneraciones permiten que la gasolina que llegue a Ucayali vaya exonerada de impuestos y nos encontramos con que en esa región se consume más gasolina que en Lima, porque la contrabandean. La compran barata y la venden fuera de la zona", argumentó. Ese mismo día, también en Huánuco, hubo un paro regional de 24 horas en protesta contra las exoneraciones tributarias y en defensa de la también llamada Ley de la Amazonía. La jornada de protesta contó con el respaldo de las congresistas huanuqueñas Karina Beteta (UPP) y Janet Cajahuanca (PNP). En Ucayali, las protestas se tornaron cada día más violentas. El 27 de junio, miles de manifestantes intentaron tomar el aeropuerto Capitán David Abenzur, de Pucallpa. Los manifestantes fueron dispersados por la policía con bombas lacrimógenas y hubo varios detenidos. El día siguiente, una centena de manifestantes del Frente de Defensa de Ucayali (Fredeu) atacó las instalaciones de la comisaría de Pucallpa para exigir la liberación de unos 20 detenidos pertenecientes a diversos gremios sindicales quienes fueron detenidos el día anterior. Los incidentes se produjeron, luego de que un grupo de dirigentes del Fredeu se acercó a dialogar con el comisario de la estación policial para solicitarle que dejara en libertad a sus compañeros. Ante la negativa del oficial, los manifestantes atacaron la dependencia con piedras y palos. Por ello, al menos 100 policías de diversas estaciones utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los agresores, quienes se tornaron aun más violentos por esta reacción. Cerca del mediodía, un nuevo piquete de sindicalistas llegó para apoyar la demanda del Fredeu, por lo que los agentes se vieron forzados a replegarse y a utilizar sus armas para detener el avance de los manifestantes. Ante esta grave situación, el jefe de la comisaría de Pucallpa resolvió dejar en libertad a los manifestantes detenidos, con lo cual logró detener el ataque. De otro lado, se supo que los vuelos de ingreso y salida del aeropuerto de Pucallpa fueron suspendidos completamente hasta que el Ejecutivo no atienda las demandas de la población de Ucayali. Debido al paro indefinido, aumentaron los precios de los productos de los alimentos que no produce el departamento, informó la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local. Nelson Torres Contreras, presidente de la institución, indicó que malos comerciantes se aprovecharon de la huelga al incrementar el precio de productos como el arroz, la leche y la papa. Por ello, el Fredeu instaló más de 35 ollas comunes en las zonas marginales de Pucallpa para paliar esta situación. Además de las marchas multitudinarias y del bloqueo de las principales carreteras, los manifestantes interrumpieron el tránsito fluvial por el río Urubamba. El presidente del Comité de Lucha del Gran Pajonal Oventeni, Juan Pablo Rosales Ponce, informó que, en la zona de Atalaya, un grupo de nativos asháninkas había retenido unas 10 barcazas que transportaban insumos para el proyecto del gas de Camisea. Asimismo, refirió que una comitiva de ashánikas se preparaba para trasladarse a la ciudad con la finalidad de reforzar la medida de fuerza. Por su parte, un grupo de autoridades de la región Huánuco acordaron el 27 de junio, iniciar un paro indefinido el próximo 3 de julio, fecha en que el presidente Alan García anunció su visita a esta zona del país. El consejero regional por la provincia de Pachitea, Raúl Cabello Aquino, informó que la protesta coincidirá con la llegada del presidente Alan García Pérez, quien -de acuerdo con el gobierno regional- tendría previsto arribar al departamento el 3 de julio, junto con la ministra de la Mujer, Virginia Borra, para el lanzamiento oficial del Plan Articulado de Nutrición 'Crecer'. El 28 de junio, el aeropuerto de Pucallpa fue tomado por más de 3 mil manifestantes que impidieron el aterrizaje de una aeronave que transportaba a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES). En horas de la mañana, más de 100 manifestantes se enfrentaron a la policía local al intentar tomar la comisaría de Pucallpa exigiendo la liberación de 14 personas detenidas. El presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez, aseguró que las paralizaciones continuarán hasta que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Por su parte, Del Castillo, durante una visita la provincia de Satipo (región Junín), calificó de irresponsables a las autoridades de Ucayali que promueven un paro indefinido en contra de la reducción progresiva de las exoneraciones tributarias. En declaraciones a la prensa recordó que tanto el presidente regional, Jorge Velásquez, como alcaldes, cámara de comercio y dirigentes de Ucayali estuvieron de acuerdo con el proceso de reducción, hecho que consta en un acta firmada. Tras los actos de violencia registrados el día anterior, el 29 de junio, el Gobierno declaró en estado de emergencia, por 15 días, la provincia de Coronel Portillo. Después de la emisión del decreto, la Marina empezó a patrullar las calles y fueron suspendidos los derechos constitucionales, así como la libertad de reunión y tránsito. Pese a ello, más de 20 mil personas salieron a las calles para expresar su rechazo a la eliminación progresiva de las exoneraciones tributarias para la Amazonía. Los manifestantes realizaron un multitudinario mitin en el óvalo Sáenz Peña, donde los dirigentes del Frente de Defensa de Ucayali (Fredeu) insistieron en exigir la llegada de una comisión de alto nivel del Gobierno para solucionar sus demandas. En tanto, efectivos de la VI Dirección Territorial Policial retomaron el control del aeropuerto de Pucallpa. El Ministerio del Interior informó que el operativo se realizó sin actos de violencia, luego de dialogar con los manifestantes, quienes optaron por retirarse en forma pacífica. Pese a la declaratoria del estado de emergencia, el 30 de junio, los pobladores de Ucayali salieron una vez más a las calles para protestar por la falta de atención del Gobierno a sus reclamos. Durante un concurrido mitin en la plaza principal de Pucallpa, el presidente regional Jorge Velásquez informó que no suscribió ninguna acta aceptando la propuesta del Gobierno de reducir las exoneraciones en la selva. Tras mostrar al pueblo un papel escrito a mano y asegurar que allí no había ningún acuerdo -como lo aseguró el premier Jorge del Castillo-, rompió el referido documento en medio de la algarabía de la gente. "Esto es solo el borrador de una agenda de trabajo. Allí no se llegó a ningún acuerdo, pues quedamos en realizar otras reuniones, pero nunca se concretaron. Tenemos álgidos problemas y queremos que se resuelvan. No somos opositores el Gobierno, queremos trabajar juntos para enfrentar los problemas de la región", afirmó. Velásquez enfatizó que la protesta continuará hasta que una comisión del Gobierno llegue a esa ciudad para dialogar sobre sus demandas. En ese sentido, dijo que están dispuestos a instalar una mesa de trabajo en Atalaya, en Purús o donde crea conveniente el Ejecutivo, pero siempre y cuando sea en su jurisdicción. Paro regional en Puno, Arequipa y Moquegua El 20 de junio, la población de Arequipa, Moquegua y Puno acató un paro de 24 horas en protesta contra el gobierno central. Si bien cada región manejaba una plataforma de lucha propia, las tres coincidían en protestar por el incremento de los precios de los combustibles y de los alimentos que afecta sobre todo a los más pobres, en una región que aún ahora ya tiene una alta taza de pobreza. La población de Puno protestó además por la octava postergación de la licitación de los tramos 1 y 5 de la Carretera Interoceánica Sur. En esa región, la medida de fuerza - convocada por el Patronato por la Defensa de la Carretera Interoceánica y por el Comité Unitario de Lucha de Puno, que concentra a autoridades regionales, locales y organizaciones populares, fue acatado por el grueso de la población. Las protestas se sintieron desde las 04:00 horas, cuando los manifestantes interrumpieron las vías Puno-Desaguadero, Puno-Juliaca, Puno-Moquegua, Juliaca-Arequipa, Juliaca-Cusco y Juliaca-Huancané. Los comercios cerraron sus puertas, no había transporte y las escuelas suspendieron sus actividades. En la ciudad de Puno, unas 20 mil personas marcharon desde diversos puntos hasta la Plaza de Armas, donde se realizó un mitin masivo. Los manifestantes entregaron al gobernador Víctor Urviola un memorial dirigido al jefe de Estado demandando la pronta licitación de la vía Interoceánica que unirá Puno, Arequipa y Moquegua con Bolivia y Brasil. El presidente regional, Hernán Fuentes, exigió al gobernador una comunicación telefónica con el jefe de Estado para expresarle el malestar del pueblo puneño por la nueva postergación de la obra, sin embargo, su pedido no tuvo eco. En tanto, Fuentes advirtió que si el gobierno no se pronuncia sobre este y otros problemas de la región, el próximo 2 de julio los puneños se declararán en paro indefinido. En la noche, ese anuncio fue respaldado por los alcaldes y dirigentes de las organizaciones sociales. En Lima, el presidente Alan García reaccionó declarando que retira su confianza a los directivos René Cornejo, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), y a Juan Carlos Zevallos, del Organismo de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), a quienes hizo responsables del retraso de la licitación de la construcción de los tramos 1 y 5 de la carretera Interoceánica, que estaba prevista en la primera quincena de junio con la intención de que en esa fecha comenzaran las obras. Docentes, trabajadores y estudiantes de la universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca se aunaron a la gran paralización cívica, para protestar por el incumplimiento de la fecha establecida de la licitación y la postergación de la construcción de la carretera Interoceánica, pero también aprovecharon para exigir la pronta estatización de la Universidad Andina. Asimismo los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano Puno se hicieron presentes en el paro, demandando que el gobierno cumpla su promesa de crear una nueva universidad nacional en la región. El paro en Arequipa, fue convocado por la Asociación de Urbanizaciones y Pueblo Jóvenes en protesta contra el alza de los combustibles y el alza de pasajes. La paralización se inició a la medianoche con bloqueos de las principales vías y la presencia de piquetes de huelguistas, lo cual provocó la reducción paulatina del servicio de transporte. Cerca de las 9 de la mañana el tránsito vehicular fue prácticamente nulo. El comercio no atendió y el ingreso y salida de la ciudad estaban bloqueados, al igual que las vías que conducen a Puno y Cusco. Las puertas de dependencias públicas y privadas se mantuvieron cerradas y en el 99% de colegios no hubo labores. Acudiendo a la convocatoria de los organizadores para protestar contra el gobierno, los pobladores de zonas periféricas de los distritos se desplazaron hacia el centro de la ciudad desde las 8.30 horas de la mañana para concentrarse en la Plaza de Armas que al mediodía estaba repleta de manifestantes. De diferentes arterias llegaban los miembros de las organizaciones civiles, sindicatos, municipios y otras delegaciones con pancartas o muñecos. A la medida de fuerza se sumaron los alcaldes de varios distritos. Tras defender el derecho de la población a protestar, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, en su discurso en la Plaza de Armas, dijo que el paro de 24 horas servirá para hacer que el gobierno reflexione. Además anunció que ese mismo día se conformará una mesa de trabajo con el Ejecutivo para iniciar el diálogo con el objetivo de reducir el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, una de las demandas de la población de Arequipa. Otras demandas eran la transferencia de la empresa eléctrica Egasa a la empresa de agua Seal al gobierno regional de Arequipa, la inmediata licitación del proyecto de irrigación Angostura, una verdadera descentralización fiscal y la inmediata licitación del tramo 5 de la carretera Interoceánica. Durante una reunión que el 26 de junio, se realizó en la ciudad del Cusco, el premier Jorge del Castillo pudo convencer a los presidentes regionales de Cusco, Hugo Gonzales, y de Arequipa, Juan Manuel Guillén, a aceptar el 29 de agosto como fecha límite para la apertura de sobres de la licitación de los tramos I y V de la Interoceánica. En realidad, el anuncio desde las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros no trajo ninguna novedad sobre la celeridad en la convocatoria de la licitación. Desde el 12 de junio se conocía que en agosto se entregaría la buena pro. Sin embargo, el compromiso del jefe del gabinete ante la opinión pública para priorizar la ejecución de la obra resultó suficiente para Gonzales y Guillén que buscaban "voluntad política" para que sus reclamos sean atendidos. Pero no consiguió que la autoridad regional de Puno, Hernán Fuentes, se sentara a la mesa a dialogar y retrocediera en su decisión de convocar a un paro el 11 y 12 de julio. Puno exigió que el Consejo de Ministros se traslade a esta región porque al postergarse hasta en ocho oportunidades la licitación de la obra, la población ya no cree en el gobierno central. Siguen los conflictos laborales en el sector minero Los obreros subcontratados de la empresa minera Shougang en Marcona continuaban en huelga indefinida, agudizándose la situación con la detención del dirigente Ronnie Cueto y otros obreros. También el conflicto laboral en Southern Perú (Moquegua) siguió sin resolver, y los obreros reiniciaron la huelga indefinida suspendida el 5 de mayo, trás romperse el diálogo con öa empresa. Sin visos de solución estaba también la huelga de los obreros de la minera Casapalca, donde la situación se tornó dramática cuando en un enfrentmiento con la policía murieron 2 obreros. Huelga de los mineros de Shougang Los trabajadores de las cooperativas de empleo Santo Domingo y Coopsol de la minera Shougang, continuaron la huelga indefinida, iniciada el 11 de abril, para exigir de la minera china el cumplimiento de sus derechos laborales. Los obreros denunciaron que la empresa minera china había pasado a utilizar mecanismos de presión, engañando a muchos trabajadores respecto a su situación y condición laboral e incluso entregando dinero a algunos para que depongan la medida de lucha, y por otra parte, sigue encaminando las denuncias penales contra muchos de ellos, con el resultado que el Poder Judicial amplió las instructivas a 90 trabajadores más y que existen varios órdenes de detención. El 4 de junio, el secretario general del sindicato de las cooperativas de empleo Santo Domingo y Coopsol, Ronnie Cueto fue detenido por la policía. La detención se produjo en Lima, donde el dirigente estaba realizando gestiones para lograr una solución al conflicto laboral, poniéndose en contacto con los asesores de la primera vicepresidencia del Congreso, a cargo del congresista José Vega Antonio, y con la Federación Minera. Antes de la detención, en los pasillos del Congreso de la República, tuvo un encuentro con el Premier Jorge Del Castillo, a quien hizo recordar su promesa dada el 17 de abril en una reunión con la comisión de los trabajadores mineros contratados de Shougang, que iba a ver la solución al conflicto. Sin embargo, el Premier rechazó cualquier conversación respondiendo: "No hablo con vándalos". En la mañana del 20 de abril, la policía arrestó a la regidora Juana Idolinda Velásquez Carrasco, acusada de ser autora intelectual del vandalismo producido el pasado jueves 12 de abril en contra de la minera Shougang. Enterados de la detención de la regidora; trabajadores y pobladores de Marcona salieron a las calles a protestar en contra la minera Shougang y a exigir la liberación de la edil. Dos horas después del arresto, se produjo un sospechoso incendio en el Asentamiento Humano Ruta del Sol, área en litigio con la minera, quemándose cerca de 40 rústicas casas de esteras. Obreros de Southern Perú reinician huelga indefinida El 3 de junio, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la empresa minera Southern Peru, en Ilo, dio un plazo de 72 horas para que la comisión negociadora obtenga resultados favorables a sus pedidos por mejoras laborales y salariales. Así lo anunció Daniel Ascona Calderón, dirigente del referido gremio, quien emplazó a la comisión enviada a Lima a demostrar frutos antes del 7 de junio. "Iremos a las bases; si no hay nada positivo, nos vamos a la huelga dando el plazo respectivo, después que iniciemos la asamblea (general)", recalcó Ascona. Antes de entrar en negociaciones con la empresa, los obreros de la fundición de Southern Peru Cooper en Ilo habían realizado una huelga indefinida que suspendieron el 5 de mayo, después de casi dos semanas, en virtud a la mediación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La huelga era la primera paralización de la fundición de Southern Peru desde hace unos 15 años y generó grandes pérdidas a la minería, según advirtieron los especialistas del rubro. Después del fracaso de las reuniones celebradas en Lima para encontrar una solución a sus demandas, el 23 de junio, los trabajadores de los tres sindicatos de los trabajadores de Southern Perú reanudaron la huelga indefinida. La medida de fuerza, declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, fue acatada en las unidades mineras de Toquepala, Cuajone e Ilo, situadas en el departamento de Moquegua. Daniel Ascona Calderón, primer secretario de Defensa del Sindicato Unificado de Trabajadores la Empresa Minera Southern Perú, informó que los sindicatos habían alcanzado a la minera una propuesta integral donde plantean un incremento de 25 nuevos soles en sus jornales diarios. Luego de rechazar un pedido del Gobierno de suspender la huelga por seis días, en la noche del 25 de junio, los trabajadores de las tres unidades de Southern Copper en Perú acordaron continuar con la huelga. Después de cinco días de paralización, el 28 de junio, los trabajadores acordaron con la empresa una tregua de seis días y retornaron a sus labores. La suspensión de la huelga se acordó luego de que los sindicatos mantuvieron conversaciones con representantes de la empresa minera y del Gobierno, que actuó como mediador en el conflicto. Mineros de Casapalca continúan en huelga indefinida contra despidos arbitrarios Los obreros de la minera Casapalca, en la provincia de Huarochirí (Lima), continuaron la huelga iniciada el 28 de mayo cuando la empresa decidió rescindir contrato a cientos de trabajadores. Con la medida de fuerza, los obreros exigieron la resposición de los despedidos, el derecho a la sindicalización y la eliminación de los denominadas services. Ante la negativa de la empresa de resolver su demanda, el 14 de junio, un grupo de ex obreros decidió tomar la Carretera Central para exigir una solución a sus demandas. Según la Policía de Carreteras de Lima, pasada la medianoche los manifestantes colocaron piedras, troncos y llantas en el kilómetro 117 de la mencionada vía, a la altura de la zona de Chicla. A las 08:00 horas la Policía desbloqueó la carretera, lo que permitió el pase de más de 100 vehículos, entre buses interprovinciales, camiones y unidades particulares que permanecían varados. Sin embargo, una hora después los manifestantes volvieron a interrumpir el tránsito de la vía. En la tarde se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y la policía que trató despejar la carretera, dejando un saldo de al menos dos trabajadores muertos y 20 policías heridos. Mientras tanto, un grupo de dirigentes llegó a Lima para iniciar un diálogo con la empresa minera, gracias a la mediación de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Juan Astucuri, dirigente del sindicato de trabajadores mineros, y Luis Otiniano, asesor de este gremio, aseguraron que esperaron a los representantes de la minera en las instalaciones del ministerio, pero que los funcionarios nunca llegaron. "Lo que pasa es que ellos no quieren reconocer la validez de nuestro gremio. Les han puesto la mira a nuestros dirigentes", dijo Astucuri. Tras varias horas de negociaciones, el 16 de junio, la comisión multisectorial presidida por representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que llegó a Casapalca para atender las demandas de los mineros en huelga logró un acuerdo con los trabajadores para que se depongan las manifestaciones y se desbloquee la Carretera Central que los obreros mantuvieron cerrada hace dos días. Luego de firmar el acta, los manifestantes se retiraron de la carretera y brindaron las facilidades al fiscal provincial mixto de Matucana, Rubén Astocóndor, para que procediera al levantamiento de los cadáveres de los dos trabajadores fallecidos en las protestas. El segundo punto del acuerdo fue el inmediato inicio de un proceso de investigación que determine las responsabilidades por los lamentables sucesos ocurridos en la víspera. Además los sindicatos mineros se comprometieron a acudir en la mañana del 18 de junio a la sede del Ministerio de Trabajo para retomar las conversaciones sobre la reposición de 106 trabajadores. La directora nacional de Relaciones de Trabajo del MTPE, Manuela García, subrayó que se citará por séptima vez a los representantes de la compañía minera Casapalca, así como a las empresas contratistas, con el objetivo de dialogar sobre el pago de remuneraciones y la asistencia médica a los trabajadores mineros que resultaron heridos. El día siguiente, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Susana Pinilla advirtió que la concesión minera de Casapalca, que explota la compañía minera del mismo nombre, podría ser retirada por el Estado si es que dicha empresa sigue incurriendo en irregularidades. Indicó que, además de los problemas de índole laboral, que derivaron en violentas protestas de sus trabajadores, la empresa también habría generado contaminación al llevar sus relaves al río Rímac, lo que es materia de investigación por parte del organismo regulador del sector y, de confirmarse, podría redundar en el retiro de la concesión. Los días 18 y 19 de junio, representantes del Ministerio de Trabajo, del sindicato de los trabajadores despedidos por la minera Casapalca y de la empresa sostuvieron intensas negociaciones sin llegar a ningún acercamiento debido a la negativa de la empresa de reponer a los 106 trabajadores despedidos. Por eso, en la noche del 19, los funcionarios del Ministerio de Trabajo (MTPE) plantearon una propuesta final a Casapalca dándole un plazo hasta el día siguiente para responder. Ante la falta de respuesta de la empresa Casapalca, el 25 de junio, los obreros volvieron a bloquear la Carretera Central en la provincia de Huarochirí, lo que impidió el paso de cientos de vehículos particulares, de transporte interprovincial, de carga e incluso ambulancias. El 26 de junio, centenares de mineros de Casapalca volvieran a bloquear la Carretera Central, en los kilómetros 111 y 118, reclamando la solución de sus reclamos. Según reportes del lugar hubo enfrentamientos entre comuneros y pasajeros desesperados por llegar a su destino. A ello se agregó el problema de friaje que afectó especialmente a los niños. Casapalca se encuentra a 4,200 metros sobre el nivel del mar, cerca a Ticlio. El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, criticó el bloqueo de la Carretera Central por parte de los mineros y también la intransigencia de los directivos de Casapalca en no atender el pliego de reclamos. Producto del bloqueo de la Carretera Central, se impidió el paso de productos básicos a Huancayo (Junín), por lo que empezó la especulación de precios en esta ciudad. El 27 de junio, un suboficial de la Policía perdió la vida producto de una pedrada en la cabeza en medio de protesta de los trabajadores que nuevamente bloquearon la Carretera Central. Luego de más de cuatro horas de reunión con la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, el 28 de junio, los trabajadores de la minera Casapalca se comprometieron a no bloquear más la Carretera Central y en contraparte la Policía Nacional se retirará de la zona para evitar roces. La ministra informó que están iniciando una denuncia contra la empresa Casapalca por prácticas antisindicales, que obliga la reposición de los dirigentes y de los trabajadores. En el encuentro, realizado en la Municipalidad Distrital de Chicla, participaron 14 representantes de los trabajadores de Casapalca, la congresista Nidia Vílchez, y el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo. No acudió ningún representante de la empresa Casapalca. Desde la madrugada del 29 de junio, los agentes del orden retiraron las piedras que los mineros habían colocado en la vía. Luego de que se normalizara el tránsito por la Carretera Central y de que los mineros de Casapalca se comprometieran a no volver a bloquear la vía, los efectivos de la Policía que resguardaban la zona se retiraron en su totalidad. En tanto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que ha iniciado un proceso de investigación a la empresa minera por la presunta violación de las normas de salud y de seguridad en el trabajo y en el medio ambiente. Protestas contra las actividades mineras Los conflictos entre las actividades mineras y la población afectada se volvieron a expresar. El hecho más saltante fue el paro regional en Tacna en protesta contra el proyecto Palca de la minera MINSUR. Nuevas protestas contra la minera Yanacocha en Cajamarca El 10 de junio, unos trescientos comuneros de las comunidades de Totorococha y Negritos en la provincia de Bambamarca (región de Cajamarca) tomaron varias horas las instalaciones de la minera Yanacocha exigiendo que la empresa cumpla con el mantenimiento de la carretera que pasa por esas comunidades. El día siguiente, los sucesos volvieron a repetirse, aunque la medida de fuerza se suspendió tras la intervención de la Fiscalía de Turno. Los mineros dieron entonces 48 horas de plazo para que la minera solucione el conflicto que comenzó por incumplir el mantenimiento de la carretera alterna que ellos mismos construyeron y que sirve de acceso a tres comunidades. El 13 de junio, cuatro personas resultaron heridas como resultado de un enfrentamiento entre campesinos y efectivos policiales en las inmediaciones de la empresa minera. Según los comuneros los hechos ocurrieron al promediar las once de la mañana, cuando en un grupo de aproximadamente ochenta personas se acercaron a las inmediaciones de Yanacocha para demandar a la empresa, entre otras medidas, el pago íntegro de sus jornadas diarias de doce horas, informó Néstor Cueva, ex teniente gobernador de la comunidad de Totorococha. Cueva señaló que tras los enfrentamientos miembros de la policía y efectivos de la empresa Forza ingresaron a varios domicilios de la comunidad con el fin de intimidar a los ocupantes de los mismos. Por su parte, la minera informó mediante un comunicado que Néstor Cueva, además de ex teniente gobernador de esta comunidad, también es el propietario de CIATSA, la empresa a cargo de la construcción de la carretera Pachachaca-Totorococha, ejecutada por Yanacocha y motivo de la discordia. De este modo señaló que los intereses de Cueva no estarían centrados en la comunidad, sino que serían estrictamente personales. Yanacocha, además, sostuvo que aún no habría podido pagar a la empresa por la obra en cuestión, porque la emisión del Poder Judicial de una orden cautelar en contra de CIATSA por una deuda con un tercero "impide a nuestra empresa ejecutar el pago". Paro regional contra la minera Minsur en Tacna Con violentas protestas, el bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad y el cierre de los colegios y mercados, el 14 de junio, miles de pobladores de diversos gremios acataron el paro de 24 horas convocado por el Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, para rechazar la posibilidad de que la empresa Minsur inicie sus operaciones en Palca. Durante la medida de fuerza, unas diez mil personas se movilizaron por las calles y obstaculizaron las vías hacia Ilo y Arica. En tanto, un numeroso grupo de manifestantes marchó hasta el frontis del gobierno regional y tras tumbar una pared de sus instalaciones, invadió el local, pero fue repelido por la Policía con bombas lacrimógenas. Los enfrentamientos dejaron cinco personas detenidas y diez heridos. La protesta coincidió con la audiencia pública programada por la minera en la zona de Vilavilani con el objetivo de exponer los detalles del estudio de impacto ambiental del proyecto Pucamarca que la minera pretende ejecutar en Palca. Con la finalidad de que los residentes del lugar pudieran conocer los detalles del informe, el lugar fue custodiado por un fuerte contingente policial, el cual evitó que hubiera incidentes violentos. La presidenta del Frente de Defensa del Medio Ambiente, Nora Melchor, sostuvo que el proyecto de Minsur contaminará el agua de la región. En ese sentido, recordó que, en enero, la Dirección Regional de Agricultura dispuso la suspensión de la licencia otorgada para extraer agua en tres pozos de Palca y el cese de las operaciones de la empresa en Pucamarca. No obstante, durante la audiencia pública, la compañía informó que no utilizará los recursos hídricos de Tacna, pues el proyecto se abastecerá con el agua subterránea de la cuenca del río Azufre, que es tributario del río chileno Yuta. Sin embargo, los integrantes del frente de defensa insistieron en que la actividad minera afectará la salud de las personas por el uso de cianuro cerca de la cuenca del río Uchusuma. Comuneros de Ayabaca (Piura) rechazan a la compañía minera Majaz El 24 de junio, miles de comuneros en compañía de autoridades de diferentes localidades de la provincia de Ayabaca (Piura), realizaron una marcha en rechazo a la compañía minera Majaz y exigieron al alcalde provincial no otorgarle la licencia de funcionamiento del proyecto Río Blanco hasta la realización de una consulta popular, fijada para el 30 de setiembre. Asimismo, los pobladores demandaron al presidente Alan García, al presidente de la Región Piura, César Trelles, y a otras autoridades de la zona tener un mayor compromiso y atender los reclamos de las comunidades. A la protesta se sumaron miembros del sindicato de los maestros SUTEP y grupos de ronderos. Docentes universitarios inician huelga nacional El 12 de junio, los docentes universitarios organizados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) iniciaron una huelga nacional indefinida a fin de que el gobierno cumpla con su compromiso de homologar la remuneración de los catedráticos de las universidades públicas con la de los magistrados del Poder Judicial, obligación que no se ha venido cumpliendo. El secretario general de la Fendup, Julio Lazo Tovar, señaló que después de la huelga realizada por su gremio en 2005, el gobierno se comprometió a la homologación de forma progresiva para 2006, 2007 y 2008, pero para el año 2007 el gobierno aprista no dispuso los recursos para ello. "Nosotros solo pedimos el cumplimiento del cronograma de homologación. Este año se debió aumentar en 35% las remuneraciones y no se hizo. Por eso pedimos que se destine el monto necesario para ello y se aplique con carácter retroactivo desde enero", dijo. Los docentes también plantearon se programe otro 35% de recursos adicionales para el cronograma de homologación del 2008, a partir del 1º de enero. Además exigieron una Ley Universitaria en la que se elija a las autoridades universitarias con voto directo, secreto y universal. Según el presidente de la Fendup, Julio Lazo, en Lima se plegó el 80 por ciento de docentes a la huelga y en provincias fue acatada por el 100 por ciento de los docentes. En Lima los docentes universitarios en huelga realizaron una marcha al Congreso donde dejaron un memorial. También en otros lugares hubo marchas de docentes y tomas de locales como en Chiclayo, donde los catedráticos tomaron la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En los siguientes días, los docentes universitarios realizaron continuas movilizaciones pacíficas para hacer escuchar sus demandas. El 19 de junio, los docentes universitarios de Huancayo, acompañados por un grupo de estudiantes, salieron a protestar por las calles del centro de la ciudad. Los docentes pretendieron bloquear la Carretera Central, pero fueron dispersados por un contingente de efectivos policiales. Posteriormente se desplazaron hacia el centro de la ciudad, marchando por la calle Real y se concentraron en el Gobierno Regional de Junín. El 20 de junio, los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga universitarios se declararon en reunión permanente para optar por las medidas a efectuarse en la huelga nacional. Asimismo, realizaron una consulta a las bases por cada departamento académico, manteniendo una permanente coordinación con Lima, donde se evaluaba la huelga nacional con presencia de 21 universidades nacionales. A falta de una respuesta del gobierno, el 21 de junio, luego de nueve días de huelga, los catedráticos de las universidades públicas anunciaron que extremarán su lucha tomando locales e iniciando huelgas de hambre. El día siguiente, los docentes universitarios de la universidad nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, bloquearon la carretera Panamericana y quemaron llantas para expresar su repudio que el Gobierno Central no muestra ningún interés para solucionar sus demandas. La protesta de un grupo significativo de docentes universitarios se prolongó por varias horas. Huelga nacional de los maestros del Sutep Los maestros realizaron nuevas acciones de protestas contra los planes de reorganización del gobierno del APRA que se centraron en la Ley de Carrera Magisterial que fue aprobada el 12 de junio por la Comisión de Educación del Congreso. El 18 de junio, la los maestros organizados en el CONARE del SUTEP iniciaron una huelga indefinida. El 14 de junio, los miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) acataron un paro de 24 horas en protesta contra el dictamen de ley de Carrera Pública Magisterial aprobado el martes 12. Los maestros se oponen a las evaluaciones periódicos dispuestos por la nueva ley porque temen que servirá de pretexto para despidos arbitrarios. Además exigieron un mayor presupuesto para el sector Educación. Como parte de la medida, en Lima, los maestros agremiados en el realizaron una marcha hacia el Congreso. También hubo marchas de protesta en muchos otros lugares del país. El paro también fue acatado por el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución Clasista, fracción del SUTEP dirigida por Roberto Huaynalaya, que anunció que estaba preparando una huelga nacional indefinida para el 4 de julio. Ante la inminente aprobación de la Ley de Carrera Pública en la legislatura extraordinaria acordada por el Congreso de la República hasta el 30 de Junio, los maestros organizados en el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución Clasista del SUTEP (CONARE), una fracción del gremio, el 18 de junio, iniciaron una huelga nacional definida, adelantando la medida, inicialmente prevista para el 4 de julio. La demanda principal de los huelguistas era la derogatoria del proyecto de Ley de Carrera Pública Magisterial, que exige una evaluación permanente y plantea una serie de condiciones para que los docentes se mantengan en el magisterio. Además exigieron que el gobierno abandone sus planes de la municipalización de la educación, mayor presupuesto para la educación, el nombramiento de profesores contratados, trabajo para los 170,000 maestros desocupados del país y un aumento real de sueldos. Según informaciones del Comité Nacional de Lucha, la huelga se inició exitosamente en Ayacucho, Huancavelica y Junín, donde el 90 % de los profesores acató la medida, además se plegaron las bases del CONARE en Piura, Tumbes, Tacna, Moquegua, Ancash, Huanuco, Apurímac y en las provincias de Lima. En los siguientes días, la participación iba aumentando. En Piura, donde inicialmente la huelga fue acatada por los maestros de unas cinco instituciones educativas, el 20 de junio, sorpresivamente las bases del SUTEP de las demás instituciones educativas se plegaron a la huelga indefinida de docentes y realizaron una marcha por el centro de la ciudad, apoyados por un grupo de alumnos. En Tacna, hasta el 20 de junio, el 80% de los maestros se habían plegado a la huelga. El 21 de junio, Jorge Luis Castillo, secretario general del Sute-Puno comunicó que luego del paro regional, los 16 mil maestros de la región se plegaron al paro nacional iniciado el 18 de junio por el gremio magisterial a nivel nacional. Del mismo modo, los docentes de la región Moquegua a partir del 21 de junio se plegaron a la huelga indefinida convocada por la dirigencia nacional. Los maestros del Sute Provincial Lambayeque se unieron a la huelga indefinida a partir del 25 de junio. En muchos lugares, los maestros salieron a las calles para hacer públicos sus demandas. Sobre todo en Junín, Ayacucho y Huancavelica donde el CONARE tiene sus bastiones, la huelga se desarrolló con movilizaciones diarios. El 19 de junio, los profesores afiliados al Sutep de Huancayo realizaron una marcha conjunta con docentes universitarios y el personal administrativo del sector Salud que también se encontraban en huelga para exigir mejoras salariales y en protesta por la política laboral del gobierno. Durante casi cinco horas los manifestantes paralizaron el tránsito. El día siguiente, piquetes de huelguistas bloquearon en diferentes sectores, la vía que une Huancayo con Huayucachi. Cinco profesores fueron detenidos luego de un enfrentamiento con la policía. El 22 de junio, en la provincia de Huanta (Ayacucho) miles de estudiantes de las instituciones educativas, padres de familias, campesinos, organizaciones de base y sindicatos realizaron un paro de 24 horas en apoyo al SUTE-Huanta, y en memoria a los mártires caídos en el año 1969 en la lucha por la gratuidad de la enseñanza. Todas las instituciones públicas y privadas, tiendas comerciales y mercados paralizaron sus labores, las calles se mostraron desiertas, mientras piquetes de manifestantes se instalaron en 4 puntos de la ciudad para pedir a la población realizar un alto en memoria de los caídos en la masacre de Huanta sucedido el año 1969. Durante una marcha multitudinaria, los manifestantes quemaron cuatro ataúdes del presidente de la República Alan García; de la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas; del Premier Jorge del Castillo, y del ministro de Educación Chang Escobedo. En la ciudad de Ayacucho, los profesores de diferentes bases de la provincia de Huamanga tomaron las calles pacíficamente en 15 lugares estratégicos con lemas alusivas a la huelga nacional indefinida de profesores. Igualmente en Huancavelica, los maestros agremiados del Sutep volvieron a salir a las calles. A la numerosa marcha se sumaron los trabajadores asistenciales de Salud también en huelga. Por la mañana se apostaron frente al local del Gobierno Regional y arrojaron pinturas amarilla y roja, así como huevos a quienes consideran "amarillos" y no apoyaban su huelga. También en otras regiones como en Tacna, Ancash y Piura hubo movilizaciones casi diarios de los maestros en huelga que muchas veces coordinaron sus acciones con los trabajadores de Salud, que el mismo 18 de junio habían iniciado una huelga nacional indefinida. El 21 de junio, el SUTE Ancash, en una multitudinaria movilización, logró una entrevista con el Director Regional de Educación, firmándose un acta en el cual dicha dirección se compromete a no realizar ningún descuento a los maestros que se encuentran en huelga. Por otro lado, el Comité de Lucha del CONARE se encontraba en Lima pugnando para que se desarrolle el trato directo con la Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas para tratar su pliego de reclamos, en especial el archivamiento definitivo del Proyecto de Ley de Carrera Pública Magisterial. El 19 de junio, una delegación de los huelguistas fue recibido en el Congreso de la República por el Presidente de la Comisión de Educación el Congresista Rafael Vásquez, acompañada de la Congresista Juana Huancahuari, así mismo por el Congresista Francisco Escudero, Presidente de la Subcomisión que preparó el predictamen festinado y sustituido a carpetazo, a quienes los maestros informaron del inicio de la Huelga Nacional, concordando que la comisión exigirá la reconsideración del dictamen, retirándola del Pleno, solicitando vuelva a la comisión para su debate pertinente. Desde Ayacucho partió una delegación de más de 70 docentes de las diferentes bases a la ciudad de Lima para participar en una movilización al Congreso de la República. Asimismo de otras regiones partieron delegaciones para participar en la llamada Marcha de sacrificio por las Tres Defensas, la defensa del Derecho del Pueblo a la Educación Pública y Gratuita, del derecho al Trabajo y la Estabilidad Laboral y de la organización sindical el SUTEP. Además los maestros lograron romper en parte el silenciamiento de la huelga por gran parte de la prensa, consiguiendo el permiso para realizar el día 20 de junio una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Mientras tanto, la fracción del Sutep controlada por "Patria Roja", agrupación política que también encabeza la dirección nacional del gremio, a partir del lunes 25 de junio, desarrolló sus propias acciones contra la Ley de Carrera Pública, iniciando movilizaciones, tomas de locales y huelgas de hambre en diferentes ciudades del país. En Lima, el 22 de junio, un grupo de dirigentes, en su mayoría integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP, se adelantó iniciando una huelga de hambre en un ambiente de la Casa del Maestro, en el centro de la ciudad. A diferencia del CONARE que exige el archivamiento completo de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, esta fracción demanda un mayor debate del controvertido proyecto de ley con la participación de los profesores. Según informaron los dirigentes del CONARE, en la Asamblea convocada por el CEN, realizada en la noche del 19 de junio, las bases del magisterio limeño cuestionaron la posición de la dirigencia nacional y exigieron la convocatoria a la Huelga Nacional. Para el 26 de junio, el CEN convocó a un paro nacional preventivo de 24 hrs. en rechazo a la Ley de Carrera Pública Magisterial y a la municipalización de la educación. En Lima, los maestros iniciaron su protesta con algunas concentraciones por el centro de la ciudad, antes de dirigirse al Congreso de la República para presentar su pliego de reclamos a Mercedes Cabanillas, titular de ese poder del Estado. A la marcha se unieron los maestros del CONARE que tomaron 5 cuadras de la Av. Abancay. Pese a la medida del SUTEP, la presidenta del Congreso anunció que la norma será debatida el día siguiente por el Pleno. De no haber espacio, adelantó, sería debatida por la Comisión Permanente. El 28 de junio, centenares de maestros del Sutep en huelga indefinida, recibieron al presidente Alan García con piedras, tomates y huevos a su llegada a la plaza de Ayaviri, en Puno. El incidente se produjo cuando Alan García y su comitiva llegaron a esta localidad como parte de su recorrido por zonas altoandinas para atender a las víctimas del friaje. Apenas descendió del vehículo oficial, los maestros lo abuchearon y le lanzaron objetos de todo tipo. Luego de los sucesos en Ayaviri (Puno), en una conferencia de prensa, realizada el 30 de junio, el presidente Alan García arremetió contra los maestros enfatizando que el único argumento de esos "dizque profesores es tener una piedra en la mano". Se trata -dijo- de la justificación "más primitiva de la historia, están casi homínidos, casi en el simio, qué pena, solitos se identifican". Además, subrayó que esa ala "reaccionaria" y "enemiga del cambio" no tiene mayor apoyo. Durante su encuentro con los periodistas, García además del Sutep fustigó a los otros sectores que realizaron manifestaciones violentas en la semana que terminó. Se refirió directamente a los productores ilegales de hoja de coca, que -indicó- le hacen el juego a los narcotraficantes, y a los griferos de la Amazonía, "que amasaron fortunas abusando de los precios bajos de los combustibles para llevarlos de contrabando a la ciudad". García Pérez fue secunda por el premier Jorge del Castillo, quien incluso señaló que muchos en el Sutep "son ideológicamente pro senderistas (.), primos hermanos de Sendero Luminoso". Los acusó, en ese contexto, de enquistarse en todas partes para azuzar a la población, crear problemas y generar violencia. Un ejemplo claro de eso, anotó, fueron las protestas en Ucayali. Informaciones de fondo:   Decreto de huelga indefinida. Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución Clasista del SUTEP. 14 de junio de 2007.  »   ¡Por una línea sindical clasista!. 18 de junio inicio de la Huelga Nacional indefinida del SUTEP. Comité Regional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP de Lima al Magisterio Nacional. 21 de junio de 2007.  » Trabajadores de Salud iniciaron huelga nacional Luego de varios paros preventivos, el 18 de junio, miles de los trabajadores asistenciales del Ministerio de Salud en todo el país iniciaron una huelga nacional indefinida. Con la medida, los trabajadores reclamaron el nombramiento de los más de 7000 trabajadores contratados que no gozan de estabilidad laboral ni de beneficios sociales, la nivelación de incentivos laborales a nivel nacional y que pasen a ser pensionables, el abandono de los planes de la municipalización del sector salud, libre desafiliación de las fondos privados de pensiones (AFP), el cumplimiento del pago total de los devengados de acuerdo al decreto de urgencia 037 y pago inmediato del mismo, dando cumplimiento del tribunal constitucional, aumento de sueldos y salarios, así como aumento del presupuesto de salud al 7 por ciento de producto bruto interno. La huelga fue acatada en gran mayoría de los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud en todo el país, incluso en el apartado departamento de Madre de Díos, donde la totalidad de los trabajadores de los nosocomios de Puerto Maldonado, al igual que en las postas de la periferia se plegaron al paro, reclamando además de las demandas generales en el caso específico de Madre de Dios, la reestructuración inmediata de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), debido a las severas deficiencias que atentarían contra el normal desempeño de dicho organismo. En el marco de la huelga nacional indefinida los trabajadores restringieron los servicios, manteniendo sólo la atención de emergencia, para realizar concentraciones y movilizaciones en las calles. En Huancavelica, donde el 1005 de trabajadores acató la medida, el día del inicio de la huelga, en la mañana la atención al público en el Hospital Departamental no se restringió, pero al mediodía, los trabajadores se reunieron y dejaron sus servicios, salvo emergencias para junto los trabajadores de diversas bases de periferia recorrer las calles. El mismo panorama se presentó en muchas ciudades del país. En Trujillo, donde igualmente la mayoría de los trabajadores de Salud se plegaron al la huelga nacional indefinida, protagonizando marchas y protestas, los trabajadores de la Dirección Regional de Salud acataron un paro de 24 horas en apoyo a la huelga de los trabajadores asistenciales, exigiendo además al presidente regional José Murgia mejoras en su situación. En Ilo, los galenos y el personal asistencial del Ministerio de Salud, acataron un paro preventivo de 48 horas, los días 20 y 21 de junio, demandando el pago de las Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial (AETAS) atrasadas desde el 2006. En el hospital José Alfredo Olavarría Mendoza de Tumbes, el 22 de junio, hubo un sorpresivo cierrapuertas debido a la huelga nacional indefinida, a la cual se plegaron los trabajadores de dicho nosocomio, al igual que todos los trabajadores que laboran para el Ministerio de Salud. El inicio de la huelga fue apoyado por los gremios miembros de la central sindical de los trabajadores estatales, CITE, que había convocado a un paro de 24 horas a nivel nacional para expresar su rechazo a la modificatoria del Decreto Legislativo 276. Dicho decreto establece para el sector público la evaluación individual y colectiva, y la supresión de plazas en caso se declare en reorganización a una entidad, medida que los trabajadores consideran como atentatoria a la estabilidad laboral, porque puede servir de pretexto para despidos arbitrarios. Además, tanto en Lima como en provincias, los trabajadores de Salud en huelga coordinaron acciones con los maestros y otros gremios del sector público en huelga. Y además ... Trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho toman local   4-06-2007 Cansados de tanta improvisación y manejo político en la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa), los trabajadores de esta institución protagonizaron un paro de "brazos caídos", además tomaron el local, provocando una de las mayores acciones de crisis en la gestión del presidente regional, Ernesto Molina Chávez. Desde tempranas horas de la mañana, personal agremiado al sindicato de trabajadores cerró la puerta principal de la institución así como de las oficinas administrativas, arengando lemas en contra la gestión del médico Oscar Gamarra Morales y sus cuestionados funcionarios. La principal plataforma de lucha de los trabajadores en protesta fue la formulación de los documentos de gestión, contratos de personal sin presupuesto y designación de funcionarios que no vendrían aportando a la institución. Los trabajadores acusaron al presidente regional de que, por motivos políticos, haya designado a un director que está rodeado de funcionarios incapaces, además de haber causado un sobredimensionamiento de personal contratado en la Diresa, lo que provoca un desorden económico de los fondos. Los trabajadores del sindicato de la Diresa manifestaron que si el presidente regional no escucha sus pedidos, estarían ingresando a una huelga indefinida. Estudiantes de la Universidad de Ayacucho exigen laboratorio   4-06-2007 Un promedio de 400 estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga realizó un plantón frente al Rectorado de la primera casa superior de estudios de Ayacucho, demandando la pronta construcción de un laboratorio de prácticas y su respectiva implementación. Tras desplazarse por diferentes calles de la ciudad, los manifestantes llegaron hasta las oficinas principales de las autoridades universitarias y a su paso lanzaban frases como la construcción urgente de un laboratorio para la especialidad de enfermería con los últimos adelantos en tecnología. Los dirigentes estudiantiles manifestaron que hace 50 años continúan los mismos equipos considerados como chatarra. Advirtieron que si la primera autoridad universitaria no toma cartas en el asunto a la brevedad posible, se verán obligados a tomar medidas radicales hasta lograr sus justas demandas. Paro de rondas campesinas en Ancash   5-06-2007 Las rondas campesinas del departamento de Ancash realizaron un paro de 48 horas para exigir la destitución de los magistrados que liberan a los abigeos que ellos capturan. Durante las protestas, los ronderos bloquearon las principales carreteras a Huaraz y al Callejón de Huaylas y, tras destrozar las lunas de los vehículos con palos, hondas y piedras, bajaron las llantas de los buses con clavos y vidrios. La Policía se desplazó a la zona para controlar la protesta y logró dispersar a los manifestantes. Sin embargo, los desmanes continuaron debido a la superioridad numérica de los manifestantes. Los ronderos advirtieron que la protesta seguirá hasta que los malos magistrados sean destituidos. Trabajadores textiles se movilizaron por derechos laborales   7-06-2007 Los trabajadores textiles efectuaron una marcha de protesta en el centro de Lima, convocada por la central sindical CGTP para demandar al ejecutivo y a los empresarios el respeto a los derechos laborales, como el de la sindicalización y la negociación colectiva. En la marcha participaron obreros de Topy Top, Textiles San Sebastián, Industrial Textil Creditex, Universal Textil entre otros, quienes se concentraron el la Plaza Dos de Mayo, para desde allí marchar al Ministerio de Trabajo y a la CONFIEP, donde dejaron memoriales, denunciando el incumplimiento de la Ley Nº 22342, denominada de Promoción de Exportación No Tradicional. Dicha norma obliga a las empresas a exportar el 40% de su producción, si quieren acogerse a sus beneficios tributarios y laborales, lo que estarían incumpliendo la mayoría de textiles, por lo cual los despidos que se están efectuando serían ilegales y contrarios a lo dispuesto por las leyes nacionales y los convenios de la OIT. Estas irregularidades se estarían cometiendo con conocimiento de las entidades del Estado, como el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores denunciaron que empresas como Topy Top estarían usando la hostilización y el despido selectivo para evitar que los trabajadores denuncien los abusos como las largas jornadas de trabajo, el incumplimiento de pagos por beneficios sociales, entre otros. La CGTP demandó al ejecutivo y a los empresarios textiles a cumplir la ley y se respete los derechos laborales, lo que implica la reposición de los trabajadores despedidos y el inicio de las negociaciones colectivas, conforme lo establece la legislación vigente. Cocaleros ratifican reinicio de protestas   13-06-2007 La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACC) y la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (Cenacop) ratificaron su decisión de emprender nuevas jornadas de protesta contra la erradicación de sus cultivos en Huánuco y San Martín. La dirigencia de ambas organizaciones emplazaron al Ejecutivo a evaluar objetivamente el desempeño del programa de desarrollo alternativo, el cual consideran no ha dado los frutos esperados. Por su parte, los campesinos de Aguaytía (Ucayali) afirmaron que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y otras organizaciones han desplegado una intensa campaña publicitaria a favor de la destrucción de los campos de hoja de coca. Los cocaleros abandonaron la mesa de diálogo promovida por el Ejecutivo ante la inasistencia de los representantes del Gobierno Regional de Huánuco y de los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a la cita pactada para el sábado 9 de junio, en la municipalidad provincial de Leoncio Prado. La CONPACC es encabezada por Nelson Palomino, y abarca los valles de Huánuco y San Martín; en tanto, Eduardo Ticerán lidera la Cenacop, la cual tiene influencia en el valle del Monzón y algunos sectores de Marañón y Leoncio Prado. A inicios de mayo, los cocaleros sostuvieron una huelga indefinida en la Región Huánuco, con bloqueo de carreteras y enfrentamientos con la policía, para reclamar el fin a la erradicación de hoja de coca hasta completar el empadronamiento de los productores. Trabajadores de azucarera Pucalá marchan en rechazo a grupo Gloria   15-04-2007 Trabajadores y accionistas minoritarias de la Corporación Ucupe y la empresa azucarera Pucalá realizaron una movilización por las principales calles de Chiclayo en rechazo al posible ingreso del Grupo Gloria como accionista mayoritario. Cerca de medio millar de trabajadores protestaron frente al local de la oficina principal del Banco de Crédito en esta ciudad, donde se produjo una pequeña escaramuza con efectivos de la Policía que acordonaron el lugar. Luego, los manifestantes llegaron hasta la sede de los juzgados del Poder Judicial, donde una comisión dialogó con el magistrado del Primer Juzgado Civil de Chiclayo que ve el proceso de la azucarera Pucalá. Según el secretario de organización de Pucalá, Jorge Samamé, esta marcha se acató en rechazo al ingreso de la empresa liderada por Jorge Rodríguez Banda a las azucareras locales. Advirtió que el Grupo Gloria pretende tomar el control de Pucalá tras comprobar que existen dos mil hectáreas sembradas y una fábrica en producción. Los trabajadores manifestaron su temor que el citado grupo empresarial, tras su ingreso a la empresa Ucupe, pretendería llevar a liquidación a la empresa Pucalá ante el Indecopi para luego adjudicarse las tierras, en un momento, en que después de seis meses se ha reiniciado la molienda con inversionistas lambayecanos que pagan puntualmente las planillas de los trabajadores. Demetrio Ruiz Ríos, dirigente coordinador de la Industria Azucarera en Lambayeque, sostuvo que las inversionistas que se anunciaron, en otras partes del país han dejado una amarga experiencia y hizo recordar su paso por la empresa de energía eléctrica y las constantes denuncias que se hicieron por la poca inversión que hicieron en este sector. Obreros de Construcción Civil derriban reja del Banco de la Nación en Chiclayo   20-06-2007 Miles de obreros del Sindicato de Construcción Civil salieron a las calles de Chiclayo derribaron en demanda de mejoras salariales y mayores oportunidades de trabajo. Los enardecidos manifestantes que se desplazaron por las principales calles de Chiclayo exigieron al Gobierno Regional de Lambayeque la contratación en las obras civiles que se ejecutan en esta parte del país. Responsabilizaron a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) de las exiguas remuneraciones que perciben. Durante la marcha derribaron la reja de la oficina principal del Banco de la Nación que ejecuta trabajos de mejoramiento de su infraestructura, con un presupuesto superior al millón de nuevos soles. Los manifestantes dejaron un memorial en la Dirección Regional de Trabajo para luego dirigirse hasta la sede del gobierno regional de Lambayeque, donde la dirigencia sostuvo un diálogo con el presidente regional Yehude Simon Munaro, quien se comprometió a atender sus demandas. CGTP y sus bases se movilizaron para demandar solución a la problemática laboral   21-06-2007 Miles de trabajadores de los diversos sectores de la producción, públicos y privados, se movilizaron desde tempranas horas por las calles de la capital Lima para demandar al gobierno aprista la solución a la problemática laboral y el cumplimiento de las promesas electorales. Con pancartas y otros medios, los trabajadores expresaron su malestar por las constantes violaciones a los derechos humanos, especialmente los laborales, por parte de los empresarios y del propio Estado, verdaderas causas de los diversos conflictos que están provocando el despido de cientos de sindicalizados y las muertes de otros, como recientemente los dos obreros de la minera Casapalca. La movilización concluyó a media cuadra del Congreso de la República, donde una delegación presidida por el Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, se entrevistó con el Primer Vicepresidente de dicho poder del Estado, José Vega, el Presidente de la Comisión de Trabajo, Aldo Estrada, y miembros de la bancada de UPP. Al concluir la reunión Huamán se dirigió a los concurrentes a la marcha e informó que según los congresistas, el Presidente de la República promulgará en los próximos días la Ley de la Cuarta Lista que beneficiará a los despedidos irregularmente durante el fujimorismo. Asimismo, los parlamentarios manifestaron que se opondrán a que el proyecto de Ley sobre la Carrera Magisterial se debata sin analizar los aportes del SUTEP. Agregó que se les refirió a los parlamentarios que si se iba a aprobar una Ley General de Trabajo peor que la vigente preferían que no se debatiera, más aún cuando los empresarios continúan con su campaña para evitar que los trabajadores recuperen derechos conculcados. Mencionó que en la conversación se expresaron las demandas de todos los gremios participantes en la movilización y que la CGTP reiteró su exigencia a las autoridades a que respeten la dignidad de los trabajadores para evitar más muertes, como las ocurridas en Casapalca, algo que debe ser investigado para sancionar a los responsables y aliviar en algo el sufrimiento de dichas familias trabajadoras. Finalmente invitó a toda la ciudadanía a la Jornada Nacional de Lucha que se realizará el miércoles 11 de julio.