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	Protestas sociales en Perú MAYO DE 2007 Huelgas y protestas de los mineros Los obreros de diferentes empresas mineras protagonizaron huelgas y protestas que, el 30 de abril, culminaron con el inicio de una huelga nacional indefinida convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FMMSP). La demanda principal de los mineros era que el presidente Alan García cumpla con su promesa electoral de incorporar a planilla a los 85 trabajadores contratados mediante las denominadas services, contratas especializadas y cooperativas, quienes no tienen las mínimas condiciones sociales y derechos laborales. Huelga nacional indefinida de la Federación de Mineros La huelga fue acatada por unos 25000 a 30000 mil de los alrededor de 110000 trabajadores mineros del Perú. Entre los trabajadores que acataron el paro fueron los obreros de la fundición de Ilo de Southern Copper Corp y los miembros de dos cooperativos de trabajo de Shougang Hierro de la mina Marcona, que ya se encontraban en huelga indefinida por sus demandas específicas. Los trabajadores de las dos minas Cuajote y Toquepala de Southern Copper Corp. se plegaron al paro desde el lunes 30 de abril. En la empresa Minsur, la tercera productora mundial de estaño, los trabajadores continuaban en huelga y su única mina en el país estaba paralizada. Minsur opera la mina San Rafael en la región andina de Puno y una fundición al sur de Lima. Asimismo gran parte de los obreros de empresa Volcán, la principal productora de zinc y plata del país se unieron a la medida de fuerza. En la unidad de Pasco el paro era total, mientras los trabajadores en Junín, San Cristóbal y Andaychagua y Carahuacra, hasta el miércoles 2 de mayo, se sumaron a la a la medida de lucha. En la empresa Buenaventura, la mayor minera peruana de metales preciosos, los trabajadores de su principal mina de plata, Uchucchacua, apoyaban la huelga. Los trabajadores de la unidad Cobriza de la minera estadounidense Doe Run se adherían el miércoles 2 de mayo, a la paralización. Los trabajadores sindicalizados de la peruana Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, informaron que no se habían plegado a la huelga nacional de los mineros porque están en negociaciones de su pliego de reclamos. Otras empresas mineras, donde por diversas razones los trabajadores no acataron la huelga eran las dos minas peruanas de Barrick Gold Corp., la mina Tintaya, la tercera productora de cobre de Perú, controlada por Xstrata con sede en Suiza, la empresa Cerro Verde, la cuarta productora de cobre de Perú, y la mayor productora de cobre en Perú, Antamina, controlada entre otros por Xstrata Plc y BHP Billiton, que no está afiliado a la federación minera y había anunciado que no participaría en la huelga. El 1° de mayo, el premier Jorge Del Castillo encabezó junto con la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, una mesa de negociaciones en la que -además del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FMMSP), Luis Castillo- participó el dirigente de Construcción Civil, Mario Huamán, entre otras personalidades involucradas en el tema minero. La cita terminó con la firma de un acta, con la que se pactó el inicio del diálogo para el día siguiente. Se acordó formar tres comisiones negociadoras: la primera evaluará los temas de la tercerización y las services, entre ellos el tema de las utilidades para los mineros y las jornadas atípicas (más de ocho horas de trabajo); la segunda, tocará el tema del artículo 7 de la Ley 25009 que limita el derecho a la sindicalización de los trabajadores contratados; y la tercera, verá el caso de los despedidos y el levantamiento de las huelgas en el país. Pese a la existencia de grupos de trabajo entre el gobierno y los trabajadores mineros, éstos continuarán protestando y anunciaron que más trabajadores llegarán a Lima desde provincias. La huelga nacional culminó el 4 de mayo, con la firma de un acta de ocho acuerdos entre el gremio y la ministra de Trabajo, Promoción y Empleo (MTPE), Susana Pinilla. El Ministerio de Trabajo se comprometió elaborar una propuesta normativa para garantizar los derechos laborales, el cumplimiento de las normas de seguridad, salud, sindicalización y huelga. En materia del derecho a la participación del minero en las utilidades de la empresa, el Ministerio elaborará un informe jurídico que contendra el reconocimiento del derecho a la información sobre la situación económica de la empresa. Sobre pensiones de los trabajadores, el MTPE formará una comisión tripartita que realizará un estudio técnico. Acerca de la libre desafiliación de los Fondos Privados de Pensiones, se harán las gestiones para la pronta revisión del proyecto presentado por la Federación al Congreso. Asimismo el Ministerio se comprometió evaluar la expedición de un dispositivo legal que promueva acceder a la licencia sindical para participar en reuniones convocadas por autoridades públicas, promover la solución de conflictos laborales entre las empresas y sindicatos y realizar un completo estudio sobre las contratas mineras y la intermediación laboral. El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FMMSP), Luis Castillo dijo que si no se cumplen los puntos desarrollados en el acta, procederán a reanudar la huelga. Huelga indefinida de mineros de la empresa Buenaventura Al levantarse la huelga nacional indefinida de la Federación Minera, los mineros de la mina Uchucchacua - Oyón (región de Lima), de propiedad de la empresa Buenaventura mantuvieron la medida exigiendo el cumplimiento de sus demandas específicas, principalmente mejoras salariales. En la huelga participaron 900 obreros de planilla y de contrata. El 8 de mayo, los trabajadores denunciaron actos violentos por parte de la policía y personal contratado por la empresa. Según explicó el subsecretario general del sindicato de obreros, Traxides Ilanzo, los enfrentamientos se registraron el viernes 4 y sábado 5 de mayo, cuando más de 80 obreros, acompañados por sus esposas llegaron hasta la planta de procesamiento para evitar que siga funcionando y los trabajadores acaten la huelga, y de pronto 40 efectivos policiales, acompañados por personal contratado por la empresa y armada de palos y fierros, los atacaron. El dirigente denunció que en esa oportunidad se produjeron también tiroteos, mientras que en el campamento minero otro grupo de trabajadores protestaba. Como resultado de estos enfrentamientos, 10 personas fueron heridas levemente, entre ellos niños, mujeres y varios trabajadores; también se registraron cuatro heridos de gravedad, quienes eran trasladados a la ciudad de Huacho para ser tratados. Después de nueve días de huelga indefinida, el 9 de mayo, el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Minas Buenaventura, Unidad Uchucchacua, decidió deponer su medida de fuerza al llegar a un acuerdo con la empresa sobre sus demandas laborales. Así lo informó la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, quien indicó que la empresa dará a todos los trabajadores un aumento general de remuneraciones de 4.65 nuevos soles diarios sobre sus salarios básicos, de manera permanente. Adicionalmente, se les entregará una bonificación por trabajar en altura de 7.35 soles diarios y por labores en subsuelo se les entregará además 0.75 soles la hora. Pinilla precisó que estos montos se pagarán durante la vigencia del convenio colectivo que se extenderá hasta el 31 de enero de 2008. Paro de los trabajadores de Southern Copper El 4 de mayo, los trabajadores de la empresa Southern Copper Perú que desde el 28 de abril se encontraban en huelga indefinida, decidieron levantar la medida de fuerza, luego de una reunión entre los funcionarios de la empresa y los dirigentes del Sindicato Unificado de los Trabajadores (SUT). En la reunión, celebrada hasta altas horas, las partes en disputa se comprometieron a iniciar la etapa de conciliación y debatir así el pliego de reclamos de los empleados. El secretario general del SUT, Arnaldo Oviedo, informo que gracias intervención del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se concretaron importantes avances con la compañía trasnacional. Continúa la huelga de los mineros de Shougang Pese a los acuerdos entre el gobierno y la Federación de Mineros del 4 de mayo, y el anuncio de la ministra de Trabajo que la compañía se comprometió en un acta a mejorar sus condiciones laborales, los trabajadores subcontratados de la minera Shougang Hierro Perú decidieron que no levantarán su huelga indefinida, iniciada el 11 de abril. "Nosotros desconocemos la negociación que se ha hecho y en la que no hemos participado, por eso vamos a seguir con la huelga", manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Intermediación destacados en Shougang, Ronny Cueto, quien afirmó que su gremio agrupa a unos 500 trabajadores. Los mineros exigieron que se cumpla su demanda principal, la reposición de los trabajadores despedidos por su actividad sindical. La reunión entre representantes del gobierno y los trabajadores de la minera Shougang, programada para el 5 de mayo, para conseguir una solución al conflicto se frustró, ya que sólo asistieron los representantes de Shougang, de las cooperativas que brindan servicio a la empresa y de la Federación Minera, pero no los dirigentes mineros de Shougang debido a que exigían ingresar a la negociación en compañía de sus asesores. La ministra Pinilla calificó esta actitud como beligerante y motivada por "móviles políticos". Además minimizó el impase al aclarar que solo 11 trabajadores, y no 40, están impedidos de retornar a trabajar para Shougang porque la empresa asegura que protagonizaron actos de violencia contra el local de la empresa, invocando a los mineros a reiniciar sus labores. Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, dijo que "el problema continúa por la intransigencia de los dirigentes mineros" de Shougang. En respuesta, el representante de los trabajadores de intermediación de Shougang, Ronny Cueto, señaló que desconocía a la federación minera como vocera en el diálogo con el gobierno y que los trabajadores continuarán en huelga. El 9 de mayo, los pobladores agremiados en el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Nasca realizaron un paro de 24 horas para exigir a la minera Shougang Hierro Peru más inversión en la zona, así como una solución al problema de los obreros contratados y la reposición de los despedidos. Desde tempranas horas, los manifestantes mantuvieron bloqueada la vía de acceso hacia las instalaciones de la minera, a la altura del kilómetro 449 de la carretera Panamericana Sur, pero fueron desalojados por la Policía. No obstante, en su nuevo intento por tratar de cerrar la vía, un grupo de manifestantes atacó a los efectivos policiales con palos y piedras y retuvo por unos momentos a dos agentes del orden, a quienes despojó de sus armamentos. Los enfrentamientos dejaron varios heridos, entre ellos seis policías, y unas diez personas, entre ellas un menor de edad, fueron arrestadas y conducidas a la comisaría local. Una parte de los manifestantes improvisó un plantón frente a la estación policial para demandar la liberación de los manifestantes. Horas después, un fuerte contingente policial acordonó la Panamericana y logró dispersar a los manifestantes. En la ciudad, la medida de fuerza se acató al 50%. Los bancos, comercios y mercados atendieron con normalidad, pero el transporte público estuvo restringido y la mayoría de colegios suspendió las labores escolares. Entre sus reclamos, el Frente de Defensa de los Intereses de Nasca le exigió a Shougang que invierta 150 millones de dólares en obras. Asimismo, pidió al Gobierno la entrega de los 12 millones de dólares pagados por la compañía como multa ambiental. El alcalde de Marcona, Joel Rosales, expresó su respaldo a las protestas pues dijo que, durante sus 14 años de trabajo en el lugar, la minera no ha realizado verdaderas obras de responsabilidad social para solucionar el impacto ambiental de sus actividades. La autoridad, además, acusó a la compañía de manejar el servicio de energía eléctrica y de agua potable, situación que afecta a los vecinos de la jurisdicción. Como en anteriores oportunidades, el día siguiente, la minera Shougang Hierro Perú, debido a las protestas realizadas por los mineros en huelga, optó por suspender sus operaciones hasta que retorne la calma. En tanto, llegó a la zona un nuevo contingente de 80 policías de la Dinoes. Ante la intransigencia de los funcionarios de Shougang, quienes se negaron a sentarse a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno Regional de Ica, los trabajadores y pobladores de Marcona radicalizaron sus protestas. El 17 de mayo, se produjeron una serie de nuevos enfrentamientos que dejaron varios heridos, entre ellos un niño que fue alcanzado por un perdigón a la altura del cuello, y dos personas detenidas. Durante la reyerta, los agentes detuvieron al periodista Alberto Contreras Ampuero, quien se encontraba filmando los hechos. Luego de arrebatarle su cámara, los policías redujeron a golpes al hombre de prensa y lo trasladaron a la comisaría de Nazca. Allí -y sin mediar pruebas concretas- los efectivos acusaron a Contreras de ser uno de los promotores de los violentos incidentes ocurridos en las oficinas de la empresa minera. Estos policías -que llegaron desde Lima- han sido contratados por la minera y, según versiones de los lugareños, estos agentes reciben un pago extra por los días que permanecen en Marcona. En declaraciones a una emisora de radio, el 20 de mayo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cooperativas de Servicio, Ronie Cueto, informó que un paro regional sería la próxima medida de protesta promovida por los trabajadores de las cooperativas de servicio que laboran para la empresa minera Shougang Hierro Perú. Según Cueto, están agotando todos los mecanismos posibles para resolver la huelga iniciada 41 días atrás. "Hemos acudido al presidente de la Republica (Alan García), a la presidenta del Congreso (Mercedes Cabanillas), para que solucione nuestras demandas y hasta hoy no tenemos nada y se está propiciando que se llegue a un paro regional", señaló. Cueto Rivera afirmó que en una reunión con el Consejo del Gobierno Regional de Ica se dejó abierta la posibilidad de que el presidente de dicha región, Rómulo Triveño, respalde una movilización en el departamento para exigir una solución a sus reclamos. El 30 de mayo, el gerente general de la minera, Raúl Vera, afirmó que debido a la paralización la producción de 20.000 toneladas diarias de hierro quedó paralizada en un 40% por los trabajadores que bloquean la vía que conduce a la mina. Vera manifestó que el 14 de mayo solicitó al ministerio de Trabajo peruano la suspensión total de sus labores porque la empresa no cuenta con las condiciones necesarias para un buen funcionamiento. Mineros de estadounidense Doe Run inician huelga en La Oroya El 4 de mayo, al menos 1.600 trabajadores de la minera estadounidense Doe Run, ubicada en La Oroya, iniciaron una huelga indefinida en demanda de mejoras salariales, informó el sindicato de trabajadores de esa empresa. La medida de protesta era también en solidaridad con la paralización convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos a nivel nacional. La huelga afectó al complejo metalúrgico de La Oroya, ubicada a 180 km al este de Lima y sobre una altitud de 3.800 metros, donde la Doe Run administra una refinería que produce concentrados de cobre, zinc y plomo, lo que la convierte en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Al iniciarse la paralización decenas de trabajadores marcharon por las calles de La Oroya en una manifestación pacífica, bajo la vigilancia de la policía antimotines. El sindicato reclamó solución a su pliego de reclamos, así como el pago de una jubilación justa y mejor reparto de utilidades. En 2006 Doe Run produjo 59.000 toneladas métricas de cobre refinado y 41.000 toneladas métricas de zinc. Organizaciones ambientalistas acusan a la firma estadounidense de dañar el medio ambiente y señalan que, según informes del Ministerio de Salud, 99% de niños de La Oroya tiene altos índices de plomo en la sangre, lo que les puede causar cáncer. Informaciones de fondo:   Minería: es hora de terminar con el abuso de las "services" Humberto Campodónico. Diario La República, 28-04-2007.  » Continuaron las protestas de los cocaleros Los campesinos cocaleros intensificaron sus protestas, iniciadas semanas atrás para exigir el cese de la erradicación forzosa de sus cultivos y un plan integral de desarrollo de las zonas cocaleras. Mientras los cocaleros organizados en la Central Nacional de Agricultores Cocaleros del Perú (Cenacop), que lidera Eduardo Ticerán continuaron con sus protestas, los agricultores de las zonas de Pólvora, Sión, Pizana e incluso Aguaytía se mantenían al margen, debido a una acción política del gobierno que apunta a dividir a los cocaleros. Mientras, por un lado, el presidente Alan García amenazó a los cocaleros en huelga con "pasar sobre ellos", por otro, las entidades encargadas suspendieron la erradicación de cultivos de coca en las zonas bajo el control de la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras (Conpaccp), que lideran Nelson Palomino y las parlamentarias Nancy Obregón y Elsa Malpartida. Además se instaló una oficina de la empresa comercializadora de coca, ENACO, en Tocache que compró cinco mil kilos de hoja de coca a los campesinos de la zona, cumpliendo de este modo por debajo con los compromisos asumidos en el cuestionada Acta de Tocache, firmado el 15 de marzo entre dirigentes cocaleros y el Ministro de Agricultura. Mientras tanto, la labor de erradicación se concentró en Yanajanca y Alto Huanuco, es decir, en las zonas que se encontraron en huelga y en los últimos días del mes de abril habían trasladado sus protestas a la capital regional Huanuco. Los días 2 a 4 de mayo, se realizó un paro regional de 72 horas en apoyo a las demandas de los cocaleros. La medida de lucha fue convocada por sindicatos y organizaciones sociales y respaldado por el presidente del gobierno regional, Jorge Espinoza, quien en los días anteriores se había esforzado por entablar un diálogo con los dirigentes cocaleros y servir de mediador entre ellos y el gobierno central. El paro regional fue acatado por la mayoría de la población en la ciudad de Huanuco y principalmente en las zonas cocaleras de Leoncio Prado y de El Monzón. Desde muy temprano, piquetes de huelguistas recorrieron las calles de la ciudad para llamar a la población que se una a la medida de fuerza. Hasta las 11 de la mañana, se sumaron las delegaciones de Construcción Civil, la central sindical CGTP, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), el sindicato de los maestros SUTEP, la Asociación de Trabajadores del Mercado Central y algunos gremios de transportistas. Los manifestantes también llegaron hasta el complejo policial Alcides Vigo para reclamar por la libertad de los 21 cocaleros que permanecían detenidos por participar en las protestas de la semana pasada. Hasta las dos de la tarde se habían suspendido todas las actividades en la capital huanuqueña. No hubo servicios públicos, ni privados. El mercado central de la ciudad permaneció cerrado, lo mismo ocurrió con los colegios y la Universidad Hermilio Valdizán. Al mismo tiempo, grupos de manifestantes se movilizaron para bloquear las principales carreteras de la región. La salida hacia Lima fue bloqueada en puntos como Tambo, Ayancocha y Tomayquichua. En este último distrito, los cocaleros inutilizaron a los camiones cargueros que venían desde Pucallpa. En la salida hacia Tingo María, en el lugar conocido como El Valle, a media mañana se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y la policía que trató de dispersar con bombas lacrimógenas a los cocaleros que habían bloqueado la carretera. En la gresca dos policías y dos cocaleros quedaron heridos. Uno de ellos, Mildonio Navarro Tadeo, un productor cocalero de 28 años, proveniente de la zona de Yanajanca, recibió una bala en el lado derecho del tórax y, por su condición delicada, los médicos del hospital regional de Huánuco decidieron trasladarlo hacia Lima. Al mediodía, se realizó un mitin en la Plaza de Armas de Huanuco que fue encabezado por el líder cocalero Eduardo Ticerán. Allí se encontró con el presidente regional, Jorge Espinoza, quien en su intervención contradijo al gobierno y aseguró que el poblado de Yanajanca no es territorio de narcotraficantes, ni de terroristas, y que en este lugar existen cultivos alternativos. En el tercer y último día del paro regional los representantes campesinos, liderados por Eduardo Ticerán, se reunieron durante varias horas con el congresista aprista Aníbal Huertas, a quien el premier ministro Jorge del Castillo había encomendado la tarea de convencerlos de que aceptaran la propuesta de reunirse con él en Lima. Sin embargo, los dirigentes cocaleros insistieron que envíe a un representante oficial a Huanuco para que instale una mesa de trabajo en la que se discuta la problemática de la región. Luego de un tenso diálogo, los dirigentes dejaron abierta la posibilidad de viajar a la capital de la República, pero señalaron que lo harán sólo después de que la mesa de trabajo elabore una agenda mínima. Además, pidieron que se le dé validez jurídica a través de una resolución ministerial. El día siguiente, los campesinos cocaleros dieron a conocer que aceptaron viajar a Lima y reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, como parte de una delegación de autoridades regionales que será presidida por el presidente regional de Huánuco, Jorge Espinoza. Eduardo Ticerán, líder de los cocaleros, explicó que los dirigentes que viajarán a la capital sólo serán testigos del proceso de diálogo entre Del Castillo y las autoridades de Huanuco, y que, además, intentarán convencer al premier de que envíe un representante que instale una mesa de trabajo en esa región. Luego de una reunión del premier Jorge del Castillo con las autoridades de Huanuco que, el 7 de mayo, se llevó a cabo en el local de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en Lima, los dirigentes cocaleros aceptaron levantar la huelga sin exigir a cambio el cese de las erradicaciones de los sembríos como sucedió en marzo en Tocache. El presidente de la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (Cenacop), Eduardo Ticerán, sólo pudo sentarse a la mesa de negociaciones a la hora de firmar el acta. Durante las tres primeras horas de reunión intervino desde las sillas laterales planteando, en tono mesurado, la instalación de una mesa de trabajo para atender las demandas cocaleras. A cambio el Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometía a instalar, el miércoles, 9 de mayo a las 9 y 30 de la mañana, en Huanuco, una mesa de trabajo regional con el fin de elaborar "una propuesta de desarrollo integral para las 11 provincias de la región, con especial énfasis en propuestas para las cuencas cocaleras que incluyan carreteras y mercados para los productos agropecuarios". El premier anunció que designará una comitiva de funcionarios de alto nivel para que viaje a la instalación de la mesa y que el 22 de mayo el ministro de Agricultura Juan José Salazar estará en dicha ciudad para atender los reclamos en el sector agrario. La ministra de la Mujer también viajará para implementar un proyecto piloto del Programa de Lucha contra la Pobreza y la Desnutrición Infantil. Se acordó que la mesa de trabajo tendrá un plazo de 90 días para elaborar su informe final. Durante ese tiempo las erradicaciones de los sembríos continuarán donde hay pozas de maceración. Cumpliendo el acta de acuerdos firmada entre el gobierno central, las autoridades de Huanuco y los dirigentes cocaleros, el 9 de mayo, se instaló la mesa de trabajo. Tras el acto oficial realizado al mediodía en la sede del gobierno regional, las bases cocaleras exigieron el cese de las erradicaciones y la liberación de los cocaleros que fueron detenidos en las protestas días atrás, como condición para establecer la agenda de la mesa de trabajo a pesar de que la negociación con el Ejecutivo no se planteó en esos términos. En medio de los reclamos, Eduardo Ticerán, presidente de la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (Cenacop), quien firmó el acta con el gobierno que permitió el levantamiento de la huelga cocalera, dijo: "Hemos dado la palabra y tenemos que asumir responsabilidad de nuestra palabra empeñada". El 13 de mayo, el dirigente de la CENACOP, Eduardo Ticerán, denunció que pese a que el primer ministro, Jorge Del Castillo, durante el diálogo con los cocaleros, se comprometió de manera verbal para que cese la erradicación compulsiva de la hoja de coca, el gobierno no está cumpliendo, por lo que los agricultores de la zona de Yanajanca y Alto Huamuco, distrito de Cholón, evalúan nuevamente salir en protesta. Refirió que cuando se instaló la mesa de diálogo, ambas partes acordaron deponer actitudes que obstruyen la negociación. "Por nuestra parte hemos levantado la huelga indefinida, sin embargo el gobierno sigue con la erradicación de nuestro producto, y hoy los agricultores de Yanajanca se reunieron para levantarse", manifestó. El dirigente cocalera se reunió con el presidente del gobierno regional de Huánuco, Jorge Espinoza, para instarle que como máximo representante de la región, presione al gobierno central para que cese la erradicación de plantas de coca. El 29 de mayo, Eduardo Ticerán, advirtió que el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno y la continua erradicación de los cultivos de hoja de coca en Yanajanca obligarían a los cocaleros de Huánuco a salir nuevamente a las calles. El dirigente hizo recordar que la semana anterior debió arribar a Huánuco un grupo de ministros, entre ellos el de Agricultura, para conversar sobre estos temas. Añadió que los campesinos de Yanajanca le han dado un plazo de 72 horas al Gobierno para que suspenda la erradicación. Caso contrario, reiniciarían sus protestas. Simultáneamente, se supo que el 2 de junio recién se instalará en Tingo María la mesa de trabajo sobre asuntos cocaleros con representantes del Ejecutivo. Informaciones de fondo:   "Si gobierno ignora a cocaleros, la selva alta se puede desbordar". Diario La República, 24-05-2007.  » Agricultores de Piura bloquean carretera para exigir mejores precios y créditos El 2 de mayo, unos seis mil campesinos pertenecientes a diversas organizaciones del sector agrario de Piura iniciaron un paro indefinido para exigir al Ejecutivo un precio más alto para sus productos, así como el otorgamiento de créditos. El paro se inició a las 0:00 horas con el bloqueo de diferentes tramos de la Panamericana Norte. La tensión subió después de la 11 de mañana, hora en que venció el plazo que la policía había dado a los manifestantes para que despejen las carreteras pacíficamente. Ante la negativa de los manifestantes de abandonar sus medidas de protesta, la policía lanzó bombas lacrimógenas y efectuó disparos al aire con el fin de desbloquear la carretera. Los campesinos respondieron el ataque lanzando palos y piedras, Produciéndose varios enfrentamientos que terminaron con 48 personas heridos y diez alumnos del colegio Andrés Avelino Cáceres y del centro educativo inicial Crayolitas, en la provincia de Sullana, con síntomas de asfixia por bombas lacrimógenas. Un primer choque hubo en el Trébol de Catacaos donde campesinos habían bloqueado la vía hasta el ingreso a la provincia de Sechura, impidiendo el paso de los vehículos hacia Tambogrande y Talara. Producto de este enfrentamiento, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Catacaos. Otros enfrentamientos se registraron en el cruce de la vía Piura-La Legua, en la vía Sullana-Talara, en el kilómetro 1024 de la carretera Panamericana, y en el centro poblado de Mallaritos, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. Antes de estos hechos, los dirigentes de los campesinos reunidos en la Gobernación de Piura con autoridades de la región se habían comprometido a desbloquear la Panamericana Norte. Allí una comisión negociadora integrada por César Augusto Delgadillo, vicepresidente regional; Dorcy Niño, gobernadora de Piura, y César Orrego, representante de la Defensoría del Pueblo, al mediodía, firmó un acta con los delegados de los agricultores para que una comitiva -integrada por representantes de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, del Comité de Productores Algodoneros y Arroceros y de las comunidades campesinas San Juan Bautista y San Martín de Sechura- viaje a la capital para entrevistarse con los ministros de Agricultura, de Comercio Exterior y de Economía y con el presidente del Consejo de Ministros. Luego de conocerse esta noticia, un grupo de manifestantes despejó la vía Piura-La Unión. Sin embargo, un piquete de campesinos permanecía obstruyendo la carretera que parte de esta última localidad hacia Sechura, a la espera de los acuerdos a los que puedan llegar los emisarios de su sector en la capital. Por su parte, el ministro de Agricultura, José Salazar, opinó que el paro agrario indefinido en Piura tiene motivaciones políticas y que busca desestabilizar al gobierno de Alan García, que atraviesa una semana de protestas sociales con paros de los cocaleros y mineros en otras regiones del país. En ese sentido, descartó que la fijación de precios, determinada por el mercado, sea una facultad del Gobierno Central, como lo sostienen los agricultores. En la tarde del 3 de mayo, luego de una reunión en Lima, el Gobierno suscribió un acta de entendimiento con dirigentes de los algodoneros y productores arroceros de Piura, que demandaban mejores precios para sus productos y una política sana de reconversión de cultivos. Con este documento, la Junta de Usuarios del Alto Piura y los agricultores se comprometían a poner fin a los actos de protesta que venían desarrollando en la región. El acta fue suscrita por el jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo; el ministro de Agricultura, Juan José Salazar; el presidente Regional, Cesar Trelles; el presidente de Conveagro, César Zúñiga; el presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Teodoro Palacios; y dirigentes algodoneros y arroceros de ese departamento. El primer ministro informó que se han conformado dos comisiones de trabajo encargadas de buscar soluciones, por separado, a la problemática del algodón y arroz. Precisó que en el caso del algodón, se está estudiando la posibilidad de instalar dos desmontadoras, con la finalidad de mejorar las condiciones en la producción del algodón pima. El ministro de Agricultura agregó que a través de la Junta Nacional del Algodón, se gestionará que los precios que se pagan a nivel nacional correspondan a los precios internacionales. En cuanto al arroz, Salazar informó que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) comprará mil toneladas de ese producto y se impulsará una política de reconversión de cultivos que demandan menos uso del agua. Protestas contra las empresas mineras y petroleras Especialmente en la región de Cajamarca se volvieron a expresar nuevas protestas de la población contra la contaminación ambiental por la actividad minera y reclamos a las empresas mineras que cumplan con su responsabilidad social. Además en la selva de Loreto nativos achuares protestaron contra la empresa petrolera Pluspetrol por el incumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad. Nuevas protestas contra las empresas mineras en la región Cajamarca El 2 de mayo, los residentes de 17 caseríos de Chugur (Hualgayoc) salieron a las calles de este distrito para expresar su protesta por la presencia de la empresa minera Sinchao Metals Corp., solicitando el retiro de la maquinaria pesada en la zona. Según denunciaron, la compañía ha desarrollado trabajos de exploración de zinc en el yacimiento, ubicado a unos diez kilómetros de la localidad, sin el consentimiento de sus habitantes. Por su parte, el representante legal del proyecto minero Sinchao, Ulises Raúl Solís Llapa, señaló que la empresa es titular del denuncio minero y por lo tanto tienen todas las facultades para realizar las exploraciones mineras en la zona. Los pobladores de Chugur, a través de los dirigentes del comité de defensa de intereses y del medio ambiente de este distrito, reiteraron su decisión de evitar las operaciones mineras por atentar contra los recursos naturales, como es el caso de las fuentes de agua. El fiscal provincial de Hualgayoc, William Bustamante, informó que la minera no ha presentado documento alguno que avale las exploraciones que ejecutó en enero pasado. El 7 de mayo, doscientos comuneros del centro poblado Río Grande, en Cajamarca, invadieron el campamento minero La Quinua, de la empresa Yanacocha, exigiendo que la empresa asuma su responsabilidad social. Los comuneros pidieron a la minera, entre otros puntos, que contrate a más personal de la zona, que ejecute el asfaltado de una carretera y que se disponga una inversión anual en Río Grande de S/.15 millones. Frente a estas demandas, el gerente de Asuntos Institucionales de la minera, Felipe Ramírez, señaló que ninguna de las exigencias de los invasores forma parte de los compromisos asumidos por Yanacocha, y que se aceptó una reunión con los pobladores de Río Grande "siempre y cuando desocupen el campamento minero". Con respecto a la demanda de más puestos de trabajo, el representante de la minera refirió que actualmente hay 24 contratados en los dos proyectos que operan allí, pero los invasores pretenden tener más de 60 plazas. Agregó que la protesta ha paralizado las actividades en La Quinua originando una pérdida diaria ascendente a los tres millones y medio de soles. Después de tres días de protestas los manifestantes se retiraron y la compañía Yanacocha reanudó sus actividades en el proyecto La Quinua. Mientras tanto, el 10 de mayo, unos tres mil comuneros de los poblados de Pulán y Tongod marcharon hasta el campamento minero La Zanja que ejecuta la compañía Buenaventura en los límites del distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, y Tongod, provincia de San Miguel para exigir el retiro de la empresa de la zona porque temen que sus actividades estén contaminando el medio ambiente. No obstante, la empresa aseguró que es imposible que sus trabajos generen un grave impacto ambiental pues el proyecto está recién en etapa de exploración. En la marcha participaron también agricultores de Lambayeque, quienes también temen que serían perjudicados, debido a que el proyecto plantea la utilización de las aguas del río Chancay, que irriga los campos de cultivo de Chiclayo, capital de ese departamento. Los campesinos fueron repelidos por la Policía con bombas lacrimógenas. Un grupo de manifestantes permanecía en el sector El Gordillo, cerca al campamento minero, a la espera de dialogar con los funcionarios de la empresa. El 12 de mayo, el alcalde provincial de Santa Cruz (Cajamarca), Manuel Ruiz Bravo, solicitó la presencia del Gobierno Central para evaluar la situación del proyecto minero La Zanja. Expresó que la explotación del proyecto contaminaría las aguas que nacen en esta zona, afectando a la agricultura y ganadería. Para terminar con la ola de protestas, el presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, se ofreció como mediador en los conflictos. Asimismo, defendió el derecho de los comuneros a resguardar el medio ambiente, pues comentó que muchas mineras no cumplen con sus ofrecimientos a las comunidades que se encuentran dentro de su ámbito de influencia, y eso genera conflictos. "Las poblaciones tienen mucha expectativa y, por el contrario, reciben la contaminación de sus aguas y de sus canales de riego. Creo que los directivos deben analizar bien el asunto para poder cumplir con todo lo que se promete", puntualizó. En una reunión realizada el 23 de mayo, más de 400 comuneros de Vista Alegre (Hualgayoc, Cajamarca) acordaron no dejar espacio a la actividad minera, ante la amenaza de expansión de las empresas que operan en la región. Según informó el presidente de las comunidades de la cuenca del río Hualgayoc, Oscar Ortiz Alzamora, el acuerdo final fue no dejar laborar a las empresas mineras, mediante un "convenio general y unánime" de los comuneros que asistieron a la mencionada reunión. Además se acordó convocar a todos los caseríos de la zona a una reunión el día 31 de mayo a las dos de la tarde en Vista Alegre. Ortiz Alzamora indicó que el alcalde distrital de Hualgayoc, Segundo Córdova Ramirez, no asistió a la reunión realizada en la víspera, a pesar de que fue invitado a la reunión donde se pretendía pedirle que declare esta zona intangible. En Loreto nativos achuares protestan contra Pluspetrol Provista de machetes, garrotes, lanzas y escopetas, el 4 de mayo, una veintena de nativos achuares de la comunidad de Nueva Antioquía (Loreto) se apoderó de seis embarcaciones fluviales de la empresa argentina Pluspetrol y cerró el paso de cualquier nave de esta empresa por el río Corrientes. Además tomaron por la fuerza el servicio de radiofonía y los botes auxiliares, además de impedir el libre tránsito de las barcazas que llevan alimentos. Los nativos acusaron a Pluspetrol de incumplir el compromiso asumido hace algunos meses de contratar mano de obra local en sus campamentos petroleros, lo que fue negado por la compañía que informó que el 80% de los miembros de esa comunidad tienen un puesto de trabajo. En octubre del 2006, tomaron por dos semanas, las instalaciones que tiene la transnacional en la amazonía, en protesta por el vertido de petróleo en el río Corrientes y por los supuestos daños que está causando a la salud de los habitantes. En esta oportunidad, Pluspetrol, que paralizó la producción de 50.000 barriles de petróleo diarios como consecuencia de la medida de fuerza, se comprometió a reinyectar la totalidad de las aguas contaminadas por la actividad petrolera en diciembre del 2007 y en julio del 2008. Pobladores de Cuculí (Lambayeque) se movilizan contra empresas mineras El 6 de mayo, pobladores y campesinos de la zona Sur Este de la región de Lambayeque, realizaron una marcha de protesta para expresar su rechazo contra las concesiones mineras otorgadas por parte del Estado para la explotación de amplios territorios de la zona. La movilización, organizada por el Frente de Defensa de Cuculí, presidida por Juan Parra Gonzales, y los movimientos sociales de Chongoyape, Pátapo y Ferreñafe, fue respaldada por la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque, presidida por Genaro Vera Roalcaba; así como por el Frente de Defensa del Ambiente de la región Lambayeque, que preside Cristian Castañeda. Los manifestantes, portando cartelones y banderolas con lemas como "Sí a la Vida, no la minería", "Agro sí, mina no", ocuparon por algunos instantes la carretera que une a Chiclayo con Chongoyape, pero sin alterar el orden público. La marcha continuó por las calles del sector y los promotores invitaban a la población a unirse y tomar conciencia del problema que se avecina. Genaro Vera Roalcaba hizo conocer que 13,500 hectáreas de la reserva de Chaparrí han sido concesionadas a la empresa AG. Energy para ser sembradas con caña de azúcar, materia prima para la fabricación de etanol. Ello significa, explicó, la destrucción de toda la reserva consistente en bosques secos y cerros. A su turno, el presidente del Frente de Defensa del Ambiente, Cristian Aguilar, hizo conocer que gran parte del territorio de Lambayeque ha sido concesionado por el Estado para ser explotado por empresas mineras lo que significa que en breve la región estará contaminada. Bloquean carreteras en protesta por regalías En la mañana del 28 de mayo, unos 200 pobladores del distrito de Huallanca, en la provincia de Bolognesi (Ancash), bloquearon la vía de acceso a la mina Palca, ubicada en el distrito de Pacllón, Con esta medida, los 10 mil habitantes de la localidad de Huallanca, iniciaron un paro de 72 horas en protesta contra la minera Santa Luisa S.A, de origen japonés, porque contamina su medio ambiente y no contribuye con el desarrollo de esa comuna. Asimismo, piquetes de pobladores se apostaron en las inmediaciones de la mina Huanzalá, en Huallanca, también de propiedad de la compañía denunciada. Según el alcalde de Huallanca, Teófilo Marcos Cervantes, la empresa les debe una compensación, equivalente a 32 millones de soles, por daños ocasionados durante 39 años de explotación minera y por regalías. "La empresa contamina el medio ambiente y no contribuye con el desarrollo de la jurisdicción", dijo. "He dialogado más de ocho meses con el representante de la minera, Erafín Valer, sin llegar a ningún acuerdo", dijo. Agregó que por los relaves ha desaparecido la laguna Contaycocha y que los ríos Torres y Vizcarra están contaminados. Por su parte, autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y representantes de la Compañía Minera Santa Luisa, entre ellos su presidente, Minoru Machida, se reunieron para dialogar sobre las soluciones al paro organizado por el gobierno municipal de Huallanca. El segundo día del paro, se produjo un enfrentamiento entre la policía y unos 200 pobladores que bloquearon el acceso a la mina en horas de la mañana, dejando un saldo de tres heridos y dos detenidos. En la tarde, el regidor del municipio distrital Eleuterio Justiniano informó que se había acordado suspender la protesta luego del diálogo sostenido entre representantes de la compañía, la alcaldía, y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Protestas de las regiones contra el gobierno central Luego del contundente paro regional de la región Ancash del mes de abril, otras regiones levantaron su voz de protesta exigiendo más atención del gobierno central, lo que en la región de Loreto, en la provincia La Convención en la región Cusco y, de manera parcial, en Puno, culminó en paros regionales. Mientras el gobierno regional de Huancavelica suspendió la jornada de protesta convocada por las organizaciones de base para el 28 de abril, porque el gobierno central se había comprometido atender tres de los cuatro puntos de sus reclamos, los gobiernos regionales de Loreto y Cusco, el 2 de mayo, lanzaron un ultimátum al gobierno central, advirtiendo que realizarán paros regionales si el Ejecutivo no da una solución concreta para la contratación de más profesores en esos departamentos. Al mismo tiempo, el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, anunció un paro regional para los días 3 y 4 de mayo que será seguido por un paro indefinido, si el gobierno central no atiende sus demandas. En tanto, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales Sayán, advirtió que convocará al primer paro regional de su gestión si el Gobierno no aprueba un decreto de urgencia para contratar a 1,180 maestros. "Nos cansamos de esperar. Hemos pedido, desde hace dos meses, la ampliación presupuestal para contratar a los maestros o algún mecanismo para disponer de recursos del canon, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Por eso, hemos decidido dar plazo al Gobierno hasta el martes 8 de mayo para que solucione el problema. De no ser así, convocaremos a los cusqueños para que participen en un gran paro regional", amenazó. Mientras en Cusco se suspendió la medida de fuerza, porque el gobierno central accedió a sus demandas, el 3 y 4 de mayo, la población de la región de Loreto, realizó un paro regional de 48 horas convocado por el gobierno regional y los diversos gremios de la jurisdicción para exigir del gobierno central una ampliación de presupuesto de 15 millones de soles para contratar a 1200 profesores. El gobierno regional recurrió a esta medida pese a la invocación que hizo el día anterior el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, quien, tras indicar que la demanda de los loretanos está próxima a resolverse, pidió que se suspenda el paro, porque no había ningún documento oficial, como remarcó el presidente regional. El paro fue contundente. El 100 por ciento de los centros educativos suspendió sus labores y el 90 por ciento de transportistas no prestó servicio. Los comerciantes de los centros de abastos como el Mercado Modelo, de Belén y Central sólo atendieron hasta las 11:00 horas para luego plegarse a la medida de protesta. Por su parte, grupos de profesores afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) se movilizaron por las calles de la capital regional Iquitos. Durante la mañana, unos 500 huelguistas interrumpieron por algunas horas la carretera de acceso al aeropuerto. Por medida de seguridad, los vuelos de LAN Perú y Aerocóndor hacia y desde esta ciudad fueron suspendidos. La medida de fuerza, convocada por el Gobierno Regional de Loreto, contó con el respaldo del SUTEP, el Frente Patriótico de Loreto y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). La protesta también recibió una mayoritaria acogida en las provincias del departamento como Requena, Contamana y Ramón Castilla. En dichas zonas, la totalidad de los comercios mantuvo cerradas sus puertas desde la víspera. Así mismo, los mototaxistas -principal medio de transporte en Loreto- prefirieron guardar sus unidades en previsión de actos de violencia. La única localidad donde no se acató la paralización era Alto Amazonas, cuyo Frente de Defensa sólo convocó a una movilización en la capital de la provincia, Yurimaguas. El segundo día del paro, se desarrolló con una concurrida movilización pacífica por las principales calles de la ciudad. El presidente regional, Yván Vásquez Valera, advirtió que las organizaciones de base de la región alistan un paro indefinido, desde el 8 de mayo, debido a que el Gobierno no ha dado una respuesta contundente sobre la contratación de más maestros para la jurisdicción. En la tarde, el servicio de transporte se normalizó y se reanudaron los vuelos comerciales. El 7 de mayo, el presidente regional de Loreto se reunió en Lima con el ministro de Educación, José Antonio Chang, y funcionarios del Ministerio de Economía para buscar una solución a la crisis educativa de su región. La reunión terminó sin ningún resultado concreto. El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, responsabilizó al Ministerio de Economía de no dar luz verde al pedido, a pesar de que Educación dio su conformidad, tras constatar la necesidad de contratar los maestros para evitar que 22 mil escolares se queden sin estudiar. Vásquez expresó que en la reunión con el titular de Educación, José Antonio Chang, y los congresistas José Vargas y César Zumaeta, le propusieron más bien que utilice dinero del canon petrolero para contratar a los maestros, propuesta que rechazó porque el dinero del canon no supera los 100 millones de soles, de los cuales ya se estará invirtiendo 28 millones de soles en la construcción y equipamiento de 46 colegios. "Jamás en la historia los gobiernos regionales y municipales han asumido planillas de los maestros. Además, el plan de inversiones de la región de este año ya fue elaborado y destinar dinero para las contrataciones significaría recortar las obras prometidas a la población", explicó Vásquez. El 15 de mayo, las organizaciones sociales de Loreto acordaron realizar un nuevo paro regional el 4 de junio, con un pliego de reclamos más amplio. El Frente Patriótico de Loreto (FPL) indicó que para esta nueva oportunidad no solo estará la demanda para ampliar el presupuesto del sector Educación, sino que también harán sentir su voz de protesta por la eliminación de las exoneraciones tributarias. Paro regional en la provincia La Convención (Cusco) El 6 de mayo, las organizaciones de base de La Convención en la región Cusco convocaron a los residentes de dicha provincia a un paro de 72 horas para los días del 21 al 23 de mayo. La plataforma de lucha de los pobladores de La Convención incluyó demandas agrarias, de infraestructura sanitaria y vial, la construcción de un hospital y que se instale un ramal al gasoducto de Camisea para que pase por su localidad. Además, exigieron que se declare en emergencia el agro de la región y que se realice un estudio a profundidad sobre los seis derrames de gas que se produjeron en el ducto de Camisea y que han puesto en peligro el balance ecológico de la zona. La Convención representa el 40% de la región Cusco. Vive de la producción de café, cacao, frutas y hoja de coca que se vende principalmente a la empresa estatal ENACO. Uno de sus principales problemas es el transporte. La línea férrea está interrumpida casi 10 años y la única carretera que comunica con el Cusco no está pavimentada en su totalidad. En época de lluvias, se registran constantes deslizamientos que interrumpen el tránsito al menos dos veces por semana. El 7 de mayo, una Comisión Técnica de la Provincia de La Convención viajó a Lima solicitar diálogo, en busca de solución a la amplía plataforma de lucha del pueblo de La Convención; sin embargo, los representantes del gobierno no asistieron a la cita pactada con anterioridad. Tras el desaire del gobierno central, el 14 de mayo, la Federación Provincial de Campesinos ratificó su convocatoria a un paro regional para el 21 de mayo. El 15 de mayo, el Ministro de Agricultura José Salazar viajó a Quillabamba, capital de La Convención, para instalar una mesa de diálogo con el Comité Central de Lucha y disuadir a los pobladores a que suspendan la media de lucha. La reunión terminó con la firma de un acta redactada por los asesores del comité en mención y el congresista Luis Wilson Ugarte. Tras un controvertido debate, en este documento, el ministro admitió la probabilidad de que se conforme un grupo de trabajo multisectorial para que evalúe el aumento del precio de la coca comercializada mediante la empresa ENACO. Otro compromiso asumido era la instalación de una oficina de Agro Banco en Quillabamba. El ministro también prometió que el Poder Ejecutivo exhortará al Congreso de la República dar cumplimiento del fundamento 11, supra de la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional sobre la declaratoria de la coca como Patrimonio Natural de la Nación. Además cedió a los pedidos de los campesinos a la despenalización de la hoja de coca, aceptando la conformación de una comisión de juristas con representantes del gobierno central, regional, presidentes colegiados del Comité de Lucha y los asesores que estos designen para el retiro de dicho cultivo de la lista uno de estupefacientes de la Convención de Viena. Este último acuerdo posteriormente era motivo de duras críticas del Presidente García y miembros del gobierno, quienes descartaron cualquier posibilidad de que el Perú se retire de este convenio internacional, haciendo recordar que constituye el requerimiento básico para que los productos peruanos ingresen a los mercados europeos libres de barreras arancelarias, además de ser la base para que el país reciba cooperación en sus esfuerzos por erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes. El día siguiente, el mismo ministro de Agricultura, José Salazar, se retractó aclarando que hubo un error de redacción en el acuerdo firmado en la provincia de La Convención, respecto a la cláusula sobre el estudio de un posible retiro del Perú de la Convención de Viena. A pesar de ello, tuvo que presentar su renuncia, siendo remplazado el 19 de mayo por Ismael Benavides, quien insistió en que no va a cumplir con el Acta de Quillabamba. Tras conocerse la negativa del Gobierno de cumplir con los acuerdos firmados con el renunciante ministro de Agricultura, José Salazar, los cocaleros y el Comité de Lucha de La Convención, una vez más ratificaron el paro de 72 horas que se inició el 21 de mayo, siendo la principal demanda el cumplimiento de los compromisos plasmados en dicho documento. El paro fue todo un éxito. Desde las cero horas, los vehículos interprovinciales que salían del Cusco decidieron suspender el servicio. En la mañana, las asociaciones de agricultores marcharon por las calles de Quillabamba. La Policía informó que no hubo incidente alguno, aunque la carretera Cusco-Quillabamba se vio interrumpida por un derrumbe en el kilómetro 105. La paralización fue apoyada por el alcalde de La Convención, Hernán de la Torre Dueñas, quien advirtió que los agricultores cocaleros radicalizarán sus medidas de fuerza si el gobierno no respeta el Acta de Quillabamba. "La renuncia de 'Chiquitín' Salazar no es un tema trascendente; lo importante es que se respete el documento firmado por el ministro de entonces. Esperamos que, en estos días, el Gobierno analice la plataforma de lucha y acudan los ministros a conversar con nosotros para solucionar los problemas; de lo contrario, radicalizaremos las acciones de lucha", afirmó. En ese sentido, dijo que tanto la municipalidad como los diversos gremios defenderán el acta. El segundo día de paralización se cumplió con un cierrapuertas total de instituciones públicas y privadas. En Quillabamba, la capital de la provincia de La Convención, en tanto, se registró una multitudinaria movilización encabezada por el alcalde provincial, Hernán de la Torre, y los 9 alcaldes distritales de La Convención. Como parte de la paralización, al menos unos 1,500 pobladores de las localidades de Kiteni y Kepashiato marcharon en forma pacífica hasta el puesto de bombeo del gasoducto de Camisea y anunciaron que volverán el día siguiente a la zona. Elio Pro Herrera, alcalde de Echarati, confirmó la llegada de los campesinos hasta el kilómetro 125 del gasoducto, donde se ubica el puesto de bombeo de los líquidos de gas. La zona estaba rodeada de policías y vigilantes particulares de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). Los manifestantes se apostaron en los alrededores para entregar a los funcionarios un documento en el cual expresaron su protesta por los seis derrames de gas, exigiendo ser indemnizados y se haga presente en la zona el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. En vista de que ningún funcionario de TGP se encontraba en el lugar, los manifestantes entregaron una copia del documento a la policía y optaron por retirarse. El 23 de mayo, durante el último día de paro, piquetes de huelguistas impedían en la ciudad que establecimientos comerciales e instituciones públicas abran sus puertas. En las carreteras, a pesar del esfuerzo de la Policía, había una larga fila de vehículos de carga y de transporte de pasajeros que continuaban detenidos. Al culminar el paro de 72 horas, las organizaciones agrarias y sindicales de La Convención, en asamblea general, acordaron declararse en huelga general indefinida y advirtieron que podrían tomar el gasoducto de Camisea y bloquear el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu. De acuerdo a Elena Ascarza, presidenta del Comité de Lucha, la decisión se debía a "la inflexibilidad del Ejecutivo para alcanzar el diálogo". Elena Ascarza rechazó la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien el 22 de mayo, había enviado un fax convocando al Comité de Lucha y a su equipo técnico a una reunión en Lima para el martes 29. Los dirigentes aceptaron la reunión, pero la condicionaron a que se realice en Quillabamba, capital de La Convención, o en el Cusco, argumentando que el traslado de los dirigentes y sus asesores "representa un alto costo". "Nosotros no pedimos que vengan en el contexto del paro, que nos digan 'vamos a ir en 10 días o en 15 días', y levantamos nuestra medida de fuerza. No aceptamos la invitación de ir a Lima porque ya estuvimos allí los primeros días de mayo y no nos han recibido a pesar de que teníamos cita", comentó Elena Ascarza. El 24 de mayo, la calma volvió a la provincia de La Convención. Los campesinos cocaleros junto a las organizaciones sociales que promovían la paralización, aceptaron reunirse el 21 de junio en Cusco con una comisión de ministros presidida por el premier Jorge del Castillo. Acordaron, además, concederle una tregua de 30 días al Ejecutivo, tiempo durante el cual quedará suspendida la huelga indefinida. La propuesta formal para establecer el diálogo llegó a La Convención a través de un fax en el que se les pedía a los campesinos formar una comisión de 10 dirigentes y reunirse en la ciudad del Cusco con el premier y los ministros de Agricultura, Transportes y Energía y Minas. El documento fue sometido a consulta y la mayoría de delegados de la Federación de Campesinos decidió aceptar la propuesta. Los alcances de la cita fueron coordinados en horas de la mañana por Del Castillo y el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, en una breve reunión que no duró más de 15 minutos en el Hotel Bolívar del centro de Lima. "Hemos acordado -informó el presidente regional del Cusco- que el tema del retiro del Perú de la Convención de Viena lo vea el Congreso". "Ese reclamo escapa del ámbito regional", explicó Gonzales, quien afirmó que también participará de la mesa de diálogo. Luego del acuerdo, la ciudad de Quillabamba empezó a retomar el ambiente de normalidad desde las 2 p.m. Las instituciones públicas y privadas abrieron sus puertas, los vehículos particulares empezaron a circular por las calles y los destacamentos policiales que custodiaban la ciudad, retornaron a sus cuarteles. Una vez despejada la carretera Cusco-Quillabamba, los vehículos detenidos durante cuatro días empezaron a circular en dirección a la ciudad imperial. Pese al levantamiento del paro regional, los campesinos del distrito de Kepasiato decidieron ignorar el acuerdo alcanzado con la Presidencia del Consejo de Ministros y continuar con su medida de fuerza. Los pobladores de Kepasiato, una zona alejada de la selva cusqueña, pidieron que una comisión del gobierno realice una exhaustiva auditoría a los trabajos de TGP, operadora del proyecto Camisea. Los campesinos criticaron que en los informes que esta empresa realiza no consignan las roturas de las tuberías, esto a pesar de que los técnicos de la Universidad San Antonio de Abad han emitido informes señalando que en la zona se produjeron derrames de gas. Por ello, una comisión encabezada por el alcalde Miguel Triveño y por el presidente del Comité de Lucha de la zona, Carmelo Huamán, viajaron al distrito de Kiteni, donde opera TGP, para gestionar una reunión con los representantes de la empresa. TGP les propuso discutir su plataforma de lucha el próximo 20 de junio. Los dirigentes quedaron en evaluar la propuesta. Entre otros puntos, los agricultores piden un permanente monitoreo del medio ambiente. Paro regional en Puno De manera parcial fue acatado un paro regional de 48 horas, convocado para los días 16 y 17 de mayo, por la Central de Barrios y Urbanizaciones de la ciudad de Puno, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE) y distintos organismos de base de la región Puno. La medida de fuerza fue convocada en protesta contra el alza en la tarifa de pasajes en la ruta Juliaca-Puno, así como el incremento en el precio del pan. De igual modo, los organizadores reclamaban la implementación efectiva de una zona franca comercial y turística en Puno, y la creación de una universidad nacional para la zona norte del departamento. Así mismo, condenaban el constante traslado de los reos de alta peligrosidad desde los distintos centros penitenciarios del país al penal La Capilla de Juliaca, que origina graves problemas sociales. Si bien en la mañana hubo un breve bloqueo de las carreteras de acceso a la ciudad de Juliaca, el tránsito de vehículos se normalizó a las pocas horas. Los comercios, mercados y demás instituciones públicas y privadas desarrollaron sus actividades con normalidad. A las once de la mañana, en Puno, más de un centenar de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, retuvieron por la fuerza dos buses de las empresas Sur Oriente y Pegaso, que brindan servicio a la ciudad de Juliaca, y cinco trabajadores de las mismas que se encontraban dentro del recinto universitario. Los universitarios exigieron que se apersonen los gerentes de estas empresas e inicien un diálogo sobre su demanda que se rebaje el pasaje para los buses que transitan entre Juliaca y Puno. En horas de la tarde llegaron hasta el lugar efectivos policiales, quienes intentaron apaciguar los ánimos de los estudiantes; sin embargo, los jóvenes les arrojaron piedras. También los gerentes de las empresas de transporte afectados se hicieron presentes para conversar con los estudiantes. En el segundo día del paro, la jornada de lucha culminó con movilizaciones de los sectores que participaron en la acción preventiva. Paros preventivos en el sector Salud Tanto las enfermeras de seguro social Essalud como sus colegas del Ministerio de Salud realizaron paros preventivos y amenazaron con iniciar una huelga indefinida en el mes de junio, si no se cumple con sus demandas. Mientras en EsSalud se llegó a un acuerdo entre trabajadores y la directiva, el conflicto en el Ministerio de Salud siguió sin resolverse. Enfermeras de Essalud paralizaron labores El 9 de mayo, el Sindicato Nacional de Enfermeras de Essalud realizó un paro preventivo de 24 horas en los 326 establecimientos de la institución a nivel nacional. Uno de los principales reclamos era el déficit de 1,000 enfermeras en los hospitales de Essalud. "El recurso humano es una carencia. Una enfermera asume la responsabilidad de dos o tres pacientes. Tenemos que triplicar esfuerzos", señaló Margarita Pajuelo, secretaria general del gremio de las enfermeras. Otra demanda era la creación de una gerencia de enfermería, con la que obtendrían una mayor jerarquía dentro de la institución. Pajuelo advirtió que, de no haber indicios de solución, la medida de fuerza podría terminar en una huelga indefinida, la cual se iniciaría el 22 de mayo. En Lima, más de 500 enfermeras de Essalud protestaron frente a las oficinas de la Gerencia Central de Essalud, en Jesús María. También en Arequipa cientos de enfermeras protestaron solicitando la contratación de más personal o la reincorporación de las jubiladas. En Trujillo, las enfermeras marcharon exigiendo ocupar algunas gerencias de la institución y protestando en contra de la marginación que, dijeron, sufren en los hospitales. El 18 de mayo, las enfermeras de EsSalud suspendieron la huelga, anunciada para el día 22 de mayo, pues la noche anterior llegaron a un acuerdo con las autoridades del Seguro. Protestas de las enfermeras del Ministerio de Salud El 17 de mayo, las enfermeras del Ministerio de Salud realizaron un paro preventivo de 24 horas en los hospitales del país pidiendo el nombramiento de 7 mil de sus agremiadas que trabajan bajo contrato. La medida no afectó la atención al público. Nilda Solís, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Minsa, indicó que el nombramiento de sus agremiadas se posterga desde el 2005 y advirtió que de no atenderse sus demandas realizarán una paralización de 48 horas el 29 y 30 de mayo, y, de persistir la posición del gobierno de no escucharlas, iniciarían una huelga nacional indefinida a partir del 20 de junio. La secretaria de organización del Sindicato, Nelly Chávez, señaló que las enfermeras contratadas del Minsa ganan 700 soles como máximo y no tienen ningún tipo de beneficios como seguro médico o incentivos económicos. "Además estamos expuestas a diversas enfermedades como la tuberculosis o cualquier otra. Y si enfermamos, simplemente somos despedidas o debemos curarnos con nuestros recursos", dijo. Chávez precisó que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el 80% de las enfermeras trabajan como contratadas. Las profesionales de la salud realizaron un plantón ante el Ministerio de Economía en el centro de Lima, donde les prometieron una reunión en los próximos días. Los días 29 y 30 de mayo, las enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa) acataron un paro de 48 horas convocado en demanda del nombramiento de 14 mil profesionales contratadas, así como de beneficios laborales e incentivos en sus planillas de pago. Nilda Solís, secretaria del Sindicato Nacional de Enfermeras del Minsa, advirtió que, de no atenderse sus reclamos, 20 mil de estas profesionales, entre nombradas y contratadas, radicalizarán su medida de fuerza con una huelga indefinida desde el 25 de junio. Tras estimar que la paralización se acató al 80% en los diferentes hospitales del sector, la dirigente sindical aseguró que grupos de enfermeras se han instalado en piquetes para no descuidar la atención de emergencia en todos los nosocomios. Como parte de la medida de lucha, el 30 de mayo, unas 350 enfermeras realizaron un plantón en los exteriores del Congreso de la República. En la tarde, marcharon hacia los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas, para exigir que se apruebe una partida económica de 32 millones de soles para hacer efectivo el nombramiento de enfermeras. Protestas en las universidades Los docentes universitarios volvieron a levantar su voz de protesta por la negativa del gobierno de cumplir con el acuerdo de homologar sus salarios con los de los magistrados del Poder Judicial. Además hubo una serie de protesta de docentes y estudiantes de diferentes universidades por irregularidades de las autoridades universitarias. Docentes toman facultad de Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Chiclayo El 15 de mayo, unos 20 docentes de la Facultad de Física y Matemática de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Chiclayo decidieron tomar las instalaciones de dicha dependencia en protesta por presuntas irregularidades que estaría cometiendo el actual decano Jaime Collantes Santisteban, en la contratación de docentes. El docente Manuel Sandoval Rodríguez indicó que el proceso de contratación de docentes no ha sido transparente, siendo uno de los casos más saltantes el hecho de haber ingresado a la facultad, vía contrato, el hermano del decano cuestionado, por lo cual se ha formalizado una denuncia por nepotismo ante las instancias respectivas. En Juliaca alumnos toman local universitario El 15 de mayo, los alumnos de la escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca, tomaron su local ubicado en el centro Comercial Nº 2, exigiendo la presencia de las autoridades para que les respondan cuándo se les entrega su nuevo local. "Estamos exigiendo que se nos entregue de una vez, nuestro pabellón que se encuentra en la ciudad universitaria, ya que, el con que contamos actualmente no reúne las condiciones necesarias de todo lo que requiere nuestra carrera", señaló Juan Carlos Pinto, uno de los voceros de los estudiantes. Según los estudiantes, existe un acta de compromiso, que se firmó meses atrás, donde las autoridades universitarias, se comprometían a entregar el nuevo pabellón, a fines de abril existiendo una prórroga hasta la primera semana de mayo, para cumplir con ese compromiso, plazo que no se cumplió. Catedráticos realizaron paro por homologación de sueldos El 16 de mayo, los catedráticos de las universidades estatales de todo el país realizaron un paro nacional de 24 horas, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup). Con la medida de fuerza los docentes exigieron que el gobierno cumpla con la homologación de sus salarios con los de los magistrados del poder judicial que por ley les corresponde. El 2005, el Fendup realizó una huelga indefinida prolongada, logrando que el gobierno de Toledo se comprometa a aumentar sus salarios en varias etapas para cumplir con esta disposición legal. Sin embargo, el gobierno del APRA, que asumió el gobierno en julio de 2006, suspendió el proceso y no cumplió con el aumento pendiente para el año 2007. Los catedráticos demandaron además el incremento del presupuesto para mejorar la infraestructura, y reiteraron la defensa de la gratuidad de la enseñanza. El paro fue acatado por la gran mayoría de los docentes a nivel nacional. En muchos lugares, los catedráticos salieron a las calles para manifestar su malestar por el incumplimiento del gobierno. A falta de diálogo con las autoridades del Ejecutivo, los miles de catedráticos decidieron realizar otra paralización, el 30 y 31 de mayo. "No es posible que el 80% de los catedráticos gane 800 soles", aseguró el ingeniero Julio Lazo Tovar, presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) y añadió que de no concretarse el 35% de aumento de sueldo, que les corresponde para este año, iniciarían una huelga el 12 de junio. Protestas en la universidad de Tarapoto Coincidiendo con el paro nacional de los docentes universitario, el 16 de mayo, una vez más los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto, levantaron su voz de protesta contra las principales autoridades universitarias, entre ellas, el rector, Ing. Alfredo Quinteros García y sus funcionarios de confianza, a quienes acusan de irregularidades en la contratación de docentes universitarios, además del irregular ascenso de algunos catedráticos, beneficiados por apoyar la política del rector y su cúpula. Los manifestantes exigieron el cambio inmediato de la directiva universitaria. El caso llegó al Congreso de la República, según confirmó la parlamentaria Hilda Guevara Gómez, precisando que se realiza las investigaciones preliminares y aparentemente se han detectado serias irregularidades, algunas graves, por lo que se está citando a los responsables de la universidad y si hay mérito para una denuncia, el caso pasará a la Comisión de Fiscalización. Estudiantes de Cajamarca acataron paro regional de institutos pedagógicos El 16 de mayo, los alumnos de los institutos pedagógicos de Cajamarca acataron un paro regional de 24 horas en protesta por las últimas medidas dictadas por el Gobierno central para el sector Educación. La paralización fue convocada por los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Bambamarca en rechazo a la resolución ministerial MINEDU-132 que impone nuevas reglas para las actividades de dichos centros de instrucción. A la protesta se plegaron los estudiantes de los pedagógicos de las provincias de Chota, Celendín, Cutervo, Contumaza y Santa Cruz, entre otras localidades. Desde las 05:00 horas, los estudiantes bloquearon las principales vías de acceso a la ciudad. En su intento por impedir la circulación de vehículos se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía, sin heridos que lamentar. A las 10:00 horas, los piquetes de manifestantes se concentraron en la plaza de armas de la provincia, donde sus dirigentes improvisaron un mitin. Esta actividad contó con la participación de algunas agrupaciones de base y docentes de las entidades educativas de Bambamarca. En Arequipa despedidos reclaman su reposición En Arequipa, hubo nuevas protestas de los ex trabajadores de entidades estatales, ilegalmene despedidos durante el gobierno del dictador Fujimori, que hace años vienen luchando por el reconocimiento de sus derechos y su reposición El 10 de mayo, los integrantes del Frente de Despedidos de Arequipa, salieron en marcha de protesta por las calles de la ciudad, en demanda de la reposición de los trabajadores en las diversas instituciones públicas. Su secretario general, Eduardo Retamozo Chávez, reclamó que dependencias como la Sociedad Eléctrica de Arequipa, SEAL, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, Sedapar, EsSalud entre otros, no hayan cumplido con la reposición de los ilegalmente despedidos durante el gobierno de Fujimori, cuyos derechos fueron reconocidos en las listas publicadas durante el gobierno de Toledo. Sólo en el Gobierno Regional, repusieron a 25 personas. El 14 de mayo, un grupo de despedidos del proyecto especial AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes) protestaron en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, en demanda de la reposición en sus puestos laborales. Luis Salas García, delegado de los beneficiarios de la Ley 27803, explicó que el 18 de febrero de 1993, durante la época del ex presidente Alberto Fujimori, fueron despedidos poco más de 560 personas aduciendo una reorganización; sólo permanecieron 160 trabajadores. Sin embargo, los puestos que ocuparon por más de 14,12, 8 y 5 años respectivamente, fueron copados por partidarios fujimoristas y posteriormente, durante la gestión del ex presidente regional Daniel Vera Ballón, del APRA. Si bien, del total de despedidos, 60 (48 obreros y 12 empleados) lograron que se reconozca su derecho a reposición en el año 2004, hasta el momento no han retornado a sus puestos laborales. "Nosotros teníamos estabilidad laboral; sin embargo, injustamente nos sacaron de nuestros trabajos", afirmó Salas García. Indicó que en septiembre del 2005, interpusieron demandas ante el Poder Judicial para lograr la reposición, no obstante ningún expediente fue resuelto. Cansados de esperar, un grupo de despedidos, exigieron al presidente regional Juan Manuel Guillén, su reposición. La respuesta fue que serían atendidos el día siguiente, por lo que amenazaron con iniciar una huelga de hambre si sucede lo contrario. Y además … Protesta en San Miguel (Lima) por colector de desagüe   1-05-2007 Cerca de 8 mil vecinos de San Miguel, distrito de la ciudad de Lima, formaron una cadena humana para protestar contra el Colector Costanero que desde hace 60 años vierte los desagües de 24 distritos de Lima en el mar de San Miguel. Los manifestantes denunciaron que el colector contamina el mar de San Miguel con 3.6 metros cúbicos por segundo de aguas servidas que contaminan el lugar y traen plagas, afectando a 20 mil vecinos y cinco mil escolares de tres colegios aledaños, quienes padecen de problemas respiratorios, conjuntivitis, mareos, dolores de cabeza y falta de concentración. El alcalde del distrito, Salvador Heresi, instó a la empresa de agua y desagüe de Lima, SEDAPAL, a hallarle una pronta solución a este problema. Denunció que el gobierno de Alejandro Toledo invirtió unos 180 millones de soles en el Interceptor Norte, (un sistema de tuberías interconectadas para arrojar las aguas servidas luego de ser purificadas mediante una planta de tratamiento en el Callao), pero lamentablemente sigue sin funcionar. Por ello instó al Congreso a iniciar las investigaciones del caso ya que "la empresa que ganó la buena pro de la obra hasta hoy no resuelve el problema y está pasando piola". Finalmente, planteó que se apliquen en la zona medidas de impacto que disminuyan la situación de emergencia mientras entra en funcionamiento el Interceptor Norte, ubicado en la playa Taboada en Ventanilla, Callao. El presidente del directorio de SEDAPAL, Guillermo León, estimó que en el verano del 2009 deberá estar listo el primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales, con lo que acabará a la contaminación del mar de San Miguel. En Talara trabajadores paralizan 24 horas   7-05-2007 En Talara, trabajadores afiliados al Sindicato de la empresa de servicios petroleros, Skanska, realizaron un paro de 24 horas en protesta contra los abusos de la empresa donde laboran. Los obreros se reunieron en el frontis del local de Skanska, para luego marchar en forma pacifica por las calles del distrito. Los trabajadores denunciaron que la empresa viola la Ley de intermediación laboral, porque el 80% de trabajadores están en las services y solamente el 20% en la planilla regular. Además acusaron la empresa de realizar despidos arbitrarios. El secretario provincial de la central sindical CGTP Juan Rodríguez Flores, anunció que el 18 de mayo viajarán a Lima, para exponer la problemática laboral en Talara. Trabajadores de Agrícola Virú protestan por quejas laborales   9-05-2007 Por segundo día consecutivo, los trabajadores de la empresa Sociedad Agrícola Virú protestaron en la ciudad de Trujillo para buscar una solución a sus demandas laborales. En una marcha de aproximadamente 400 trabajadores reclamaron la liberación de sus compañeros trabajadores detenidos la noche anterior y pidieron la intervención de las autoridades municipales como mediadoras en este conflicto social que busca la reivindicación de sus derechos laborales. Por ello, los trabajadores realizaron una larga caminata pacífica desde el sector Víctor Raúl hasta la ciudad de Virú, bajo el cuidado de un contingente de efectivos policiales provenientes de Trujillo. En un primer instante se instalaron frente a la comisaría policial para pedir que liberen a ocho trabajadores detenidos; sin embargo, el jefe policial les indicó que todos fueron liberados. Luego se trasladaron a la sede de la Municipalidad Provincial de Virú para pedir la intervención del alcalde provincial, pero ante su ausencia salió a entrevistarse con los demandantes el teniente alcalde, Damián Castillo Mederos y los regidores Edy Camacho Barreto y Andrés Chávez Gonzáles. Mientras esto sucedía en Virú, otro número de trabajadores apostados en la vía de ingreso a la empresa agroindustrial dialogaban con la representante de la Defensoría del Pueblo, Yolanda Falcón Lisarazo, quien logró con la intervención de la Dirección Regional de Trabajo un primer diálogo entre los trabajadores y los directivos de la popularmente conocida empresa Nicolini. Ex trabajadores de Telefónica Móviles insisten en reposición   11-05-2007 Un grupo de ex servidores de Telefónica Móviles realizaron un plantón frente a la oficina principal de la empresa, en la avenida Juan de Arona, en San Isidro, distrito de Lima, exigiendo la reposición en sus puestos de trabajo. La empresa había despedido a los trabajadores fundamentando que estos servidores forman parte del canal de ventas y su trabajo es independiente de la empresa. Los trabajadores sustentan su pedido en las dos inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo. "Exigimos la eliminación de las relaciones laborales encubiertas y rechazamos la actitud del Ministerio que facilita la evasión de las responsabilidades laborales de Telefónica", manifestó Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que apoya a los más de 100 ex trabajadores. En Canchis (Cusco) bloquearon carretera protestando contra construcción de central hidroeléctrica   18-05-2007 "Ochoa escucha, el agua no se vende... el agua se defiende", fue la arenga al unísono de más de mil pobladores durante la movilización campesina que confluyó en la plaza de armas de Sicuani, capital de la provincia de Canchas, en la región Cusco. La protesta era para manifestar su rotundo rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica de Salcca-Pucara anunciada por el vicepresidente regional, Mario Ochoa Vargas, y el consejero Francisco Choquenayra Ojeda. Desde tempranas horas los campesinos de la localidad de Checacupe tomaron el puente Chuquicahuana, quedando varados cientos de vehículos que al mediodía recién pudieron hacer paso hacia la provincia de Acomayo, Puno y Arequipa. En los carteles se leía "No a la construcción de la hidroeléctrica", "Fuera Proyecto Salcca", "El agua se defiende", entre otros, que eran portados por los comuneros de Qquehuar, Livincaya, Lari. Además participaron en a protesta las federaciones de campesinos de Pitumarca, Combapata, Sicuani, Maranganí, notándose la ausencia en esta lucha del alcalde provincial Mario Velásquez y de los demás alcaldes distritales. Los oradores coincidieron en la férrea defensa de sus recursos naturales recurriendo a la propia fortaleza moral de los pueblos para gobernarse y librarse de los que se venden a las transnacionales. Cusco protesta por su patrimonio cultural   23-05-2007 Alrededor de diez mil personas marcharon en la ciudad del Cuzco en contra del proyecto de ley que permitirá dar en concesión las zonas adyacentes a los monumentos arqueológicos Machu Picchu, Choquequirao, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Pisac, entre otros para construir hoteles y restaurantes. La movilización fue convocada por el Instituto Nacional de Cultura (INC) como señal de protesta porque no fue consultado, a pesar de que es la organización responsable de defender el patrimonio cultural, declaró su director en el Cuzco, Jorge Zegarra. Al mismo tiempo, el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Cultura (INC) Cusco, determinó declararse en sesión permanente y en rechazo al proyecto de ley promovido por el congresista Carlos Bruce. El 17 de mayo, el Congreso de Perú, aprobó el proyecto de ley que permitirá dar en concesión, por 30 años, los bienes culturales del país para instalar hoteles y restaurantes que guarden coherencia con los circuitos turísticos. Los recursos por la concesión serán destinados a recuperar los sitios arqueológicos que lo requieran, precisó la norma. El proyecto de ley todavía no ha sido promulgado por el Ejecutivo. El rechazo a este proyecto fue unánime y enérgico pues los trabajadores del INC señalaron que se permitiría el irracional abuso de explotación turística y comercial del patrimonio cultural por poderosos grupos económicos del negocio turístico. Por su parte, Benicio Ríos Ocssa, alcalde de Urubamba, distrito donde se encuentra parte de este patrimonio cultural, manifestó que participará de la protesta junto a otros alcaldes distritales. A la protesta se sumaron además la Federación de Trabajadores del Cusco (FTC), la Asamblea Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Empresa Privada (SITEP), el gobierno regional, diversas municipalidades, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú del Cusco (SUTE Cusco), la Federación de Comerciantes, Ambulantes y Construcción Civil. Pensionistas protestaron en calles   24-05-2007 Después de tres meses de silencio, los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales, volvieron a protestar en la plaza de Armas de Arequipa, exigiendo el aumento de sus pensiones. Su dirigente, Aquiles Gironda Villegas, dijo que desde febrero de este año, les dieron una tregua para que el Gobierno Central cumpla con abonar los 50 soles prometidos en julio y octubre del 2004. "Esta es una promesa que hicieron el 19 de febrero pasado y dijeron que cumplirían, pero han pasado 3 meses y nada", recriminó. Dijo que sus pensiones, oscilan entre 260 soles y 600 soles por más de 18 años de servicio. Las viudas apenas reciben el 50% de las pensiones. Advitieron que continuarán con su medida de lucha hasta que el Gobierno cumpla su promesa. Asimismo los integrantes de la Asociación de Pensionistas de la provincia de Islay con sede en Mollendo, por las principales calles del Puerto Bravo, exigiendo al gobierno Central un mejor trato con justicia y dignidad. Los manifestantes se dirigieron hasta las instalaciones del despacho del Gobernador de Mollendo, Sabino Ampuero Najarro, quien recibió el memorial que le entregaron a fin de poderlo hacer llegar a la instancia pertinente. El presidente de esta asociación, Carlos Cuba Núñez indicó que están pidiendo al presidente de la República cumpla su compromiso asumido durante la campaña electoral de mejorar los sueldos que reciben los pensionistas del D.L. 19990, ya que perciben cantidades mensuales que oscilan entre S/. 250 hasta los S/. 415 nuevos soles. Trabajadores postales acatan paro de 48 horas   25-05-2007 Demandando la nivelación de sus renumeraciones, los trabajadores postales de la provincia de Huancayo, iniciaron un paro de 48 horas, suspendiendo sus labores de mensajeros. Los empleados que se encuentran agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Postales del Perú (SINATS), manifestaron su rechazo al cierre de la oficina principal de Huancayo, dispuesto por el Gobierno Central. como parte de la protesta colocaron banderolas en el frontis de la institución que decían: ¡Basta ya de funcionarios con jugosos sueldos!, ¡Trece años con el mismo sueldo!. Al respecto, la trabajadora Eneida Lino Cruz, refirió que con esta medida de fuerza, demandan el incremento de los beneficios que se debe efectuar cada año para todos los trabajadores, y no sólo a favor de los funcionarios con altos cargos; aumento en la asignación por escolaridad, ya que actualmente perciben sólo 100 soles; asimismo, el otorgamiento de pasajes a los mensajeros y carteristas que se desplazan a los distritos; así como el otorgamiento de desayunos a todo el personal. Portuarios paralizan el Callao y puertos regionales en 100%   29-05-2007 Los trabajadores portuarios realizaron un paro nacional de 24 horas, exigiendo la compra urgente de grúas pórtico, el nombramiento de autoridades portuarias regionales, y la renuncia del presidente de la APN, Frank Boyle. Además demandaron que el gobierno cese en su intención de privatizar los puertos y aeropuertos regionales. El paro fue acatado al 100% en los puertos de Iquitos, Yurimaguas, Paita, Chimbote, Salaverry, Pisco, Ilo y Arica desde las 7 de la mañana. A la medida de fuerza acatada por los portuarios se unieron los trabajadores de la estiba. En total fueron 5 mil trabajadores que pararon a nivel nacional. Según Adolfo Granadino, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (Fentenapu), se trató de una alerta al gobierno para que tome una decisión definitiva. En el puerto del Callao, el más grande del Perú, el frontis de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) fue el escenario de las protestas de los portuarios que exigían a voz en cuello la emisión de un Decreto de Urgencia para permitir a la empresa estatal adquirir las grúas pórtico para el Muelle 5, del Callao. En el puerto de Salaverry los trabajadores tomaron la sede de Enapu y exigieron al gobierno la modernización de este terminal portuario, advirtiendo que iniciarán a fines de junio una huelga indefinida si el Ejecutivo no atiende sus demandas. En el puerto de Ilo, la protesta fue en apoyo de la compra de grúas pórtico para el Callao, además rechazaron la intención del Ministerio de Transporte y Comercio y de ProInversión de concesionar los puertos. Los portuarios de Chimbote también acataron el paro y dijeron que no cesarán en exigir respeto a la Ley de Puertos.