Actualidad	Informaciones de fondo	Documentación	Archivo	Enlaces	Contacto

	Protestas sociales en Perú MARZO DE 2007 Protestas de los campesinos cocaleros de Tocache Luego de que el gobierno había reanudado la erradicación forzosa de los cultivos de coca, los cocaleros de las diferentes cuencas cocaleras se pusieron en pie de lucha, exigiendo políticas alternativas. En un comunicado difundido el 9 de marzo, en varios medios de prensa de Huánuco, los campesinos de las cuencas cocaleras de las regiones San Martín, Huánuco y Ucayali dieron un ultimátum de 48 horas al gobierno para que los efectivos policiales se retiren de las zonas cocaleras e incluso se levante el estado de emergencia en la zona. "Exigimos el inmediato diálogo con las principales autoridades del gobierno central, una concertación institucional y la descentralización de Enaco (Empresa Nacional de Comercialización de la Coca). (También) que se declare el agro en emergencia en todas las cuencas cocaleras", precisó el pronunciamiento. Mientras tanto, la provincia de Tocache (San Martín) se encontraba parcialmente paralizada a raíz de la toma de carreteras en el sector de Santa Anita por piquetes de cocaleros. Similar situación se vivió en Puerto Pizana, donde los campesinos cocaleros tomaron la vía principal. Luego de cuatro días de protestas de los cocaleros de Tocache, el 11 de marzo, cerca de la 1 de la tarde, se produjo un enfrentamiento entre productores cocaleros del caserío Balsa Provana y efectivos policiales que resguardaban la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, que dejó como saldo un herido: el dirigente cocalero Wilder Satalaya Apagueño. Satalaya, presidente de la Asociación "Saúl Guevara Díaz" de Tocache, la misma que tiene como máxima dirigente a Nancy Obregón en toda la región San Martín, recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo en medio de gases lacrimógenos, cuando intentaba evitar que el personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de coca (Corah) erradicara las plantaciones de agricultores miembros de la Asociación. En la mañana del 12 de marzo, decenas de exaltados cocaleros de Tocache bloquearon la carretera de salida a Tarapoto y Tingo María (Huánuco), lugar en el que hicieron una especie de zanja para bloquear el paso de los vehículos. La policía de la zona informó que lo cocaleros colocaron piquetes en la vía Tocache-Juanjuí-Tarapoto, en los sectores de Bambamarca y Puerto Pizana, ocasionando que diversos buses interprovinciales permanezcan varados. Un grupo de campesinos interceptó a la altura del caserío Sarita Colonia al alcalde provincial de Tocache (San Martín), David Bazán, quien retornaba de un viaje a Lima y lo mantuvo retenido en el local comunal de la zona por más de cuatro horas, para que escuche los reclamos de los cocaleros. Al mediodía del 13 de marzo, unos 200 productores cocaleros marcharon por las calles de Tingo María, como un acto de solidaridad con sus similares de Tocache, que protestaron por la erradicación de sus cultivos por parte del Proyecto especial Corah (Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca). La marcha, convocada por la dirigencia cocalera de Tingo María y Aucayacu, fue impedida de realizarse por la caída de una torrencial lluvia en toda la ciudad y lugares aledaños durante varias horas. Con el bloqueo de carreteras y manifestaciones de protesta, el 14 de marzo, los campesinos cocaleros de Tocache (San Martín) iniciaron un paro regional de 48 horas contra la erradicación de los cultivos de hoja de coca. En el primer día del paro convocado por el Frente de Defensa de Tocache se produjeron enfrentamientos que dejaron varios heridos y la ciudad estuvo convulsionada. Desde muy temprano las actividades comerciales y de transporte en la provincia de Tocache quedaron totalmente paralizadas. Piquetes de manifestantes se concentraron especialmente en los centros poblados de Sarita Colonia y Nuevo Horizonte, donde no existía desplazamiento vehicular de ningún tipo. Los comercios atendieron a "media puerta" y la asistencia en los colegios nacionales fue del 40%. Por la tarde se hizo presente en Tocache el ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien informó que las vías de acceso y salida de esta localidad se encontraban despejadas y que los vehículos transitaban libremente, lo que fue desmentido por los manifestantes. Alva Castro fue acompañado del titular de Agricultura, José Luis Salazar quien manifestó la disposición al diálogo del gobierno. Los productores cocaleros presentaron 35 demandas para evitar "una erradicación compulsiva" de sus sembríos por parte del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca (Corah). Por su parte, el alcalde del distrito de El Monzón y ex dirigente cocalero, Iburcio Morales, aseguró que si el gobierno continúa el plan de erradicación de cultivos de coca, habría un levantamiento de protesta en ese valle, al igual que en Tocache. En la mañana de 15 de marzo, el segundo día del paro, el presidente de la Federación de Agricultores de Tocache, Wilder Satalaya, advirtió que si las autoridades del Ejecutivo no se sientan en la mesa y no se comprometan a iniciar un diálogo, no levantarán sus medidas de fuerza. En el curso del día, se realizó una ronda de conversaciones entre los representantes del gobierno y los dirigentes cocaleros que terminó con el acuerdo de una tregua. El ministro Juan José Salazar se comprometió a suspender temporalmente la erradicación forzosa de los cultivos de coca -que demandaban los cocaleros- hasta que se realice un empadronamiento de los agricultores. Según manifestó, este proceso será breve y tomará diez días aproximadamente, y después volverá la erradicación. No obstante, la congresista Nancy Obregón sostuvo que el empadronamiento demorará no menos de 30 días. Además de anunciar el empadronamiento de los agricultores cocaleros en todo el Perú, para identificar a quienes se dedican a abastecer el mercado legal e ilegal, aceptó la demanda de descentralizar la Empresa Nacional de Comercialización de la Coca (Enaco), declarar en emergencia el agro en la zona e indemnizar a aquellos que tuvieron erradicaciones forzosas desde 2001 a la fecha, a pesar de abastecer legalmente a Enaco. También se comprometió a realizar una política de interdicción de los insumos de la droga. Por otro lado, el ministro de Agricultura logró que los dirigentes aceptaran que la erradicación continúe en aquellos lugares donde se detecte pozas de maceración, hasta un radio de mil metros. Tras los acuerdos adoptados entre el Ejecutivo y dirigentes campesinos, en la tarde del 15 de marzo, los cocaleros que bloqueaban las vías de salida e ingreso a la provincia de Tocache (San Martín), depusieron su medida de fuerza. Ni bien la dirigencia cocalera se enteró de que las erradicaciones de los cultivos de hoja de coca se suspenderían apenas por diez días, empezó a correr el rumor de que el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, había sido presionado por los demás miembros del Ejecutivo y por la embajada de Estados Unidos para poner un plazo récord a su compromiso de conseguir empadronar a todos los cocaleros del país para que se reanuden cuanto antes las erradicaciones. Frente a ello, Wilder Satalaya Apagueño, máximo dirigente de la provincia de Tocache, manifestó que los productores esperarían los diez días anunciados para ver si el Ejecutivo cumple con empadronar primero a los cocaleros antes de retomar las erradicaciones y, de lo contrario, saldrán nuevamente a las calles. El fin de semana del 17 y 18 de marzo, en el distrito de Kimbiri (aeropuerto Santa Teresita de Ayacucho) se realizó un mitin convocado por la FEPAVRAE. En la reunión participaron miles de cocaleros, entre ellos Nelson Palomino, ex dirigente cocalero. Los dirigentes de la FEPAVRAE manifestaron que el mitin tenía tres objetivos: Primero, pedir que el precio de la hoja de coca que compra Enaco, debe estandarizarse en 60 nuevos soles; segundo, manifestar la solidaridad con los agricultores cocaleros de Tocache y otras zonas donde se está erradicando la hoja de coca; tercero, rechazo rotundo a la imposición del Plan Vrae. Entre los acuerdos finales, se optó por programar una reunión de coordinación para el 25 de marzo para realizar próximas acciones respecto a la erradicación de la hoja de coca. En esta ocasión, el discurso de los cocaleros estaba dirigido, también, a buscar el apoyo de los productores de cacao, café, barbasco, ajonjolí, maní y otros cultivos, para los que pidieron precios rentables. Luego de críticas al Ministro de Agricultura Juan José Salazar, por la decisión "unilateral" e "inconsulta" de suscribir el acta de Tocache con los cocaleros, el 19 de marzo, los dirigentes de diversas cuencas cocaleras anunciaron que convocarán a un paro nacional si es que el Ejecutivo no cumple con los acuerdos firmados por el Ministro de Agricultura y si no lo mantienen en el cargo. Dirigentes cocaleros de diversos valles llegaron a Lima para participar en un foro sobre la "despenalización" de la hoja de coca organizado por la parlamentaria andina Elsa Malpartida. A la reunión asistieron el subsecretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), y los dirigentes Walter Acha, y Flavio Sánchez, de Aguaytía, entre otros. El día siguiente, los representantes de las 14 cuencas cocaleras agrupadas en la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras (CONPACCP) asumieron un pacto acordando que el gobierno retomaba "así fuera en una sola cuenca cocalera, incluida la del Monzón", la erradicación forzosa de los cultivos sin haber hecho el padrón, todos los agricultores cocaleros realizarían un paro a nivel nacional. El 30 de marzo, más de treinta dirigentes cocaleros que habían llegado a Lima desde Tocache se reunieron con el ministro del Interior, Luis Alva Castro. Antes de la reunión manifestaron que ya no confían en la palabra del gobierno. "El gobierno no ha cumplido ni un punto del acta de Tocache. No han empezado el empadronamiento de los campesinos (cocaleros), ni siquiera han continuado la erradicación en las zonas cercanas a las pozas de maceración. Desde que se fueron no hemos visto a ningún policía ni a ninguna autoridad", aseguró Raúl Peña Paz, secretario de organización de las bases cocaleras de Tocache. Horas antes, el presidente Alan García había asegurado que el gobierno no ha detenido su plan de lucha contra el narcotráfico y mucho menos había retrocedido en la erradicación de cultivos ilegales de coca. Informaciones de fondo:   PRONUNCIAMIENTO NACIONAL. Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuecas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Publicado en Indymedia Perú. 14 de marzol de 2007.  » Protestas contra las actividades mineras El 5 de marzo, unos quince mil pobladores salieron a protestar a las calles del Cusco en protesta contra una concesión de exploración minera otorgada por el Ministerio de Energía y Minas que pondría en peligro parte del ancestral Santuario del Señor de Q'oyllur Rity y zonas de peregrinación de una de las festividades religiosa-indígena más importantes del país. La marcha se inició a las 11 a.m. en el distrito de San Jerónimo, ubicado a una hora al sur del Cusco. Luego avanzó hasta la Plaza de Armas y el Instituto Nacional de Cultura del Cusco, para exigir la delimitación física del Santuario y considerarlo zona intangible. Después de la protesta, se llevó adelante una reunión sostenida entre el titular del Instituto Nacional de Cultura (INC) del Cusco, Jorge Zegarra Balcázar; el director regional de Energía y Minas, Ing. Abel Ayarza Romero, y los representantes de la hermandad del Señor de Q'oyllur Rity, de la parroquia y otros que participaron de la marcha de protesta, en la cual se acordó que un equipo técnico del INC se constituirá los días 30 y 31 de marzo en el Santuario de Qoyllur Ritty con la finalidad de realizar los estudios técnicos que permitan ampliar la delimitación de esa zona protegida por el Estado. Dicha demarcación será para delimitar los espacios sagrados que garanticen la intangibilidad, protección y conservación ante la problemática generada por la concesión minera otorgada en esa zona. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas descartó que la concesión minera que otorgaron en el distrito de Ocongate, en Cusco, vaya afectar el santuario de Q'oyllur Riti, como suponen los creyentes de dicha imagen religiosa. El representante de dicha cartera en Cusco, Nemesio Condori, aclaró que la cesión de terreno a la empresa Sociedad Minera Quebrada Lloclla se encuentra a unos ocho kilómetros de distancia de la zona de veneración. En Pasco continuaba paralización contra Minera Milpo Pese a los esfuerzos de la representante de la Defensoría del Pueblo, de la gobernadora del distrito capital Pasco, del Fiscal y de un representante del gobierno regional, quienes el día 26 de febrero viajaron a la zona para mediar en el conflicto entre la comunidad campesina San Juan y la Compañía Minera Milpo, no se pudo llegar a ningún acuerdo ni iniciar el diálogo entre ambas partes. La comunidad había iniciado acciones de protesta en el mes de febrero, porque la empresa estaría ocupando y usurpando algunos terrenos que pertenecen a dicha comunidad, para realizar trabajos de exploración minera, perjudicando los pastizales comunales. Los comuneros solicitaron a las autoridades pasqueñas, que intervengan para resolver este problema, advirtiendo que la comunidad no desistirá de la medida de fuerza, mientras la empresa Milpo no acceda a sus demanda. El 6 de marzo, el conflicto se tornó violento, cuando los lugareños bloquearon la vía de acceso a Lima con la finalidad de impedir el traslado de los minerales y fueron reprimidos por la policía. El incidente dejó varios heridos. El 9 de marzo, se llegó a un acuerdo con la compañía minera Milpo, una de las mayores productoras de zinc y plomo en el Perú, acordando que ésta entregará a los pobladores de San Juan la suma de 1'600,000 soles en compensación por el daño causado a las tierras comunales por la explotación. Además del dinero, Milpo se comprometió en dar beneficios sociales a los pobladores de San Juan, como servicio de electricidad, proyectos de desarrollo, plazas laborales en la empresa y aumento de salarios para quienes ya trabajen para la minera. Luego de más de once horas de diálogo, el 8 de marzo, la comunidad San Juan de Milpo llegó a un acuerdo con la empresa minera y decidió levantar la medida de fuerza. En la reunión participaron representantes del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigentes de la comunidad de San Juan, funcionarios de la compañía minera Milpo, de la gobernadora del distrito capital (Yolanda Serna), del representante del gobierno regional y del alcalde del municipio provincial de Pasco, Tito Valle Ramírez. En el acuerdo la empresa Milpo se comprometió que desembolsará por única vez la suma de un millón 600 mil nuevos soles a favor de la comunidad y a donar una ambulancia para el uso de la posta médica. Sobre el pedido de la dotación de fluido eléctrico y el servicio de Internet para las instituciones educativas, se evaluarán las condiciones técnicas. Otro acuerdo importante, era la suscripción de un convenio marco según el cual la empresa aportará anualmente 200 mil soles por un periodo de diez años para la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible y un adicional de 30 mil soles para la elaboración del expediente técnico. Asimismo, Milpo se comprometió en priorizar a los comuneros de San Juan para que puedan trabajar dentro de las contratas especializadas. Paros preventivos de los trabajadores de Salud Los trabajadores de Salud continuaron su lucha por mejoras salariales, estabilidad laboral y otras demandas. El 6 y 7 de marzo se realizó un paro nacional de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud, exigiendo -entre otras demandas- derogar las disposiciones que atentan contra la estabilidad laboral y las medidas de la municipalización de la salud, aumentos de sueldos, el nombramiento del personal contratado y el nombramiento nuevos directores por concurso. El paro fue acatado por la mayoría del personal asistencial y médico de las instituciones de Ministerio de Salud en todo el país, donde sólo se mantuvo la atención de pacientes de emergencia. Voceros de los huelguistas manifestaron su rechazo contra la municipalización de los servicios de salud dispuesta por el gobierno, que consideraron condenada al fracaso. "No estamos en contra de la descentralización, sino de la municipalización como medio (de descentralización). Parece que esto se está dando de manera algo improvisada. Nunca, en ningún momento, ni en la etapa de formación de la propuesta, fue convocado el gremio médico para poder opinar al respecto", expresaron algunos galenos. El 28 de marzo, el personal técnico y administrativo del Ministerio de Salud (Minsa) volvió a realizar un paro de 24 horas a nivel nacional que fue acatado por el 60% de los trabajadores. La ausencia de personal afectó -sobre todo- los consultorios externos, que no pudieron darse abasto para cumplir con todas las citas. Lo mismo ocurrió con los técnicos a cargo de los exámenes de laboratorio y con el personal de mantenimiento. En Lima, los trabajadores tomaron el frontis del Ministerio de Salud. Luego cerca de cuatro mil personas marcharon al Congreso para entrevistarse con los legisladores de la Comisión de Salud. Según Domingo Cabrera Toro, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Sector Salud (Fersalud), la protesta habría sido solo una advertencia. El dirigente anunció una huelga general para el próximo 22 de mayo, la cual movilizará a 29 mil sindicalistas. Según dijo, contará con el apoyo de 1,500 galenos afiliados a la Federación Médica del Perú. Informaciones de fondo:   TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE LIMA Y CALLAO PARALIZARÁN SUS LABORES EL MIÉRCOLES 28. Nota de prensa. Departamento de prensa y comunicaciones de la LA CGTP. 27 de marzo de 2007.  »   LOS SERVICIOS DE SALUD Y SU DESCENTRALIZACIÓN. Del Coordinador del Proyecto "Soporte Informativo para el Desarrollo Local" del CIPCA. Sin fecha.  » Trabajadores estatales ilegalmente despedidos intensifican sus protestas Los trabajadores de entidades estatales y empresas públicas ilegalmente despedidos durante el gobierno de Fujimori intensificaron sus protestas exigiendo al Presidente Alan García que cumpla su promesa electoral de cumplir con el reconocimiento de sus derechos. Gracias a la presión de los trabajadores y sus sindicatos, en el gobierno de Toledo se inició un lento y engorroso proceso de justicia para los trabajadores estatales despedidos de manera arbitraria por Fujimori. Se publicaron hasta 3 listas de beneficiados los que podían acogerse bien a la reposición a su antiguo puesto de trabajo, bien a la jubilación adelantada o, si lo preferían, a una indemnización. Muchos otros quedaron fuera, por lo que los Sindicatos exigieron la elaboración de una cuarta y última lista, cosa que fue asumida como promesa electoral por Alan García. Sin embargo, más de medio año después de asumir el gobierno aún no salió la cuarta lista, pese a que el propio premier ministro Jorge del Castillo lo prometió en una reunión que tuvo con los sindicatos el 12 de febrero último, lo que motivó nuevas acciones de los trabajadores despedidos. Con la quema de llantas en el frontis de la sede del gobierno regional de Junín en Huancayo, el 5 de marzo, una veintena de trabajadores ilegalmente despedidos por el régimen de Fujimori en los años noventa exigió el reconocimiento de su derecho a reposición. Raúl Miranda, dirigente de los despedidos de la base Junín, manifestó que ellos demandan corregir las irregularidades que cometieron las centrales sindicales (CGTP, CUT, CTP) en la calificación de los ceses colectivos, indicando que fue desleal la firma de un acta de compromiso para favorecer a sus allegados (4 mil despedidos y dejaron de lado a 70 mil). Asimismo, exigió que el Congreso promulgue una ley para que los nuevos representantes de los sindicatos, puedan calificar los ceses colectivos. El 21 de marzo, trabajadores despedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori quemaron neumáticos en la avenida Alfonso Ugarte en Lima, en protesta por la demora en solucionar sus problemas legales y de reposición. El 22 de marzo, cientos de trabajadores despedidos ilegalmente durante el fujimorismo se concentraron frente al Congreso, en la avenida Abancay en el centro de Lima. 15 dirigentes nacionales de las organizaciones de trabajadores despedidos, agrupados en la Unidad Sindical, fueron sacados violentamente por el sótano del Congreso de la República, pese a que habían sido invitados por parlamentarios del Partido Nacionalista a entrar al recinto del Congreso. Entre ellos se encontraron los dirigentes Manuel Cortez (CGTP), Juan Liza (CTP), Omar Campos (CITE) y Severo Rivera (FINATRACI) El 27 de marzo, en Huancayo, un grupo de trabajadores ilegalmente despedidos nuevamente protagonizó un plantón y quemó llantas frente a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Junín demandando al Gobierno su reincorporación. Los manifestantes exigieron la publicación de una cuarta lista de beneficiado y aseguraron que en las listas anteriores existió un manejo político. El 29 de marzo, trabajadores ilegalmente despedidos durante la época del ex presidente Fujimori salieron a las calles de Trujillo para pedir su reposición. Según el Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú, Humberto Galarreta Ulloa, quien encabezaba la protesta, falta reponer más de 5 mil personas. Los manifestantes que los congresistas del partido del gobierno, el 23 de enero, hayan rechazada una disposición que ordena la reposición de los ilegalmente despedidos y que el gobierno sólo aprobó el aumento del presupuesto para la recompensación de los trabajadores despedidos, e insistieron en que sean repuestos en sus antiguos puestos de trabajo. Además exigieron que se vea el caso de los trabajadores que durante el tiempo transcurrido ya han cumplido la edad de la jubilación para que empiecen a cobrar la pensión que les corresponde. Informaciones de fondo:   DESPEDIDOS DEL BCR, REPOSICION. Manuel Jésus López Granados. Publicado en Indymedia Perú. 4 de abril de 2007.  » Protesta de los los pensionistas El 7 de marzo, cientos de pensionistas agrupados en la Coordinadora Nacional de Pensionistas del Perú (Conadepen) hicieron un plantón frente a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para rechazar una campaña del Ejecutivo en su contra, por reclamar sus pensiones de acuerdo a la ley 20530. Jorge Salazar, presidente de la Conadepen, informó que organizaron la protesta para desvirtuar los ataques del Ejecutivo a la denuncia planteada por ellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Precisó que los derechos que les corresponden como pensionistas del régimen de la 20530 fueron "arrasados" por una reforma constitucional realizada en el 2004, que rebajó el monto que les correspondía por pensiones y acabó con otros beneficios. La denuncia planteada ante la CIDH tiene como argumento el abuso de las autoridades a los derechos humanos de los pensionistas. "La pensión no es una dádiva del Estado. Toda nuestra vida hemos aportado a un fondo para tener una pensión digna. Pero recibimos montos miserables", dijo Salazar. El 20 de marzo, integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la ley 19990 y 18846 de Huancavelica, salieron en marcha de protesta por las calles de la ciudad. Epifanio Matamoros, representante de los jubilados huancavelicanos, informó que la movilización de los jubilados se debe a que el gobierno ha incumplido con sus demandas, entre las que resaltan el aumento general de la pensión de viudez, para los pensionistas de la Ley 18846, aumento general de pensiones para la Ley 19990, libre afiliación y desafiliación de las AFPs, restitución del FONAHPU para la Ley 19990 y el pago de la bonificación extraordinaria para la Ley 18846. Con ollas, latas y bocinas en mano, el 21 de marzo, los cesantes jubilados del sector Salud de Ica, reclamaron el pago de los más de 40 millones de nuevos soles que se le adeuda por sentencia judicial según la ley de la nivelación del DU Nº 037. Este pago le corresponde a un total de 900 cesantes del sector de Salud, que ante la inoperancia de los funcionarios para el cumplimiento de esta sentencia, iniciaron un plantón frente a la Dirección Regional de Salud, como medida de fuerza. Y ademas … Pobladores toman sede edil de Azángaro (Puno) por sueldo del alcalde   3-03-2007 Unos trescientos pobladores de la provincia de Azángaro, en Puno, tomaron las instalaciones del municipio en protesta por los elevados sueldos y dietas que se fijaron el alcalde provincial Rubén Pachari y sus regidores. La población se mostró indignada con sus autoridades al enterarse de que el burgomaestre, de las filas de Restauración Nacional, ganará diez mil soles mensuales, mientras que los regidores seis mil. Según los lugareños, estos salarios son inaceptables por la población que día a día tiene que lidiar con la extrema pobreza. Por eso pidieron la renuncia de Pachari Inofuente y de sus regidores. La protesta de prolongó por varios días hasta que finalmente el alcalde y los regidores en una sesión de concejo acordaron rebajarse los sueldos. Trabajadores de Minera Atacocha paralizan labores por despidos   13-03-2007 Los trabajadores de la Compañía Minera Atacocha, ubicada en la región de Junín, paralizaron sus labores en protesta por el despido de 21 trabajadores contratados. Luis Avelino Aval, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores Minero, informó que la medida de fuerza estaba apoyada por las esposas e hijos de los trabajadores, y será de manera indefinida hasta que la empresa Atacocha acceda a las peticiones de los trabajadores, como es la reposición de los 21 trabajadores contratados a sus puestos de trabajo, ya que dichos despidos se habría realizado de manera arbitraria. De la misma forma aseguró que sólo se viene cumpliendo la paralización y que no existe ninguna toma de las instalaciones de la mencionada empresa. Intentaron tomar de rehén al alcalde de Huancané   18-03-2007 La población de Huancané (Puno) inició un paro de 48 horas, demandando al alcalde Alex Gómez Pacoricona, que se rebaje el sueldo. La protesta se realizó pese a que el alcalde aceptó reducir su sueldo de 10 mil a 4 mil soles, ya que la población demandó que sea de 3 mil soles. Otro motivo de la protesta era el aumento de pasajes de la ruta Huancané - Juliaca, que los transportistas habían subido a 2 soles con 50 céntimos. Los pobladores e integrantes del Comité de Lucha del Frente de los Intereses de Huancané, bloquearon las vías de acceso a la provincia, procediendo a protestar provistos de pancartas por las arterias de la localidad para finalmente concentrarse en la plaza de armas local. En el segundo día de paro, un grupo de más de 500 pobladores intentó tomar de rehén al alcalde local tras romperse el diálogo con las autoridades locales. Protestas de los maestros del SUTEP   27-03-2007 En Chiclayo, casi 200 docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) de la ciudad marcharon hasta la sede del gobierno regional para anunciar que irán a una huelga indefinida, sino se solucionan sus reclamos. En ese sentido, Perla Uriarte, representante del Sutep-Chiclayo, señaló que entre los 22 puntos que conforman su lista de reclamos, se encuentra el archivamiento definitivo del proyecto de Ley de Carrera Pública Magisterial que está en el Congreso de la República. Expresó que los maestros critican el plan piloto de la municipalización de la escuela pública, exigen la derogatoria del Decreto Supremo que autoriza la evaluación de los profesores y rechazan la anulación de plazas que establece el Estado en los colegios privados religiosos. Ante la ausencia del presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, los manifestantes fueron atendidos por una comisión designada, tras media hora de espera. Protesta estudiantil en Cusco   30-03-2007 Más de medio millar de estudiantes universitarios intentaron forzar el ingreso al Paraninfo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, donde se discutía el proyecto de la nueva Ley Universitaria con participación del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Rafael Vásquez. En el lugar no solo había estudiantes de la UNSAAC sino de otras universidades del sur que deseaban participar del foro descentralizado. Cuando la Policía les impidió el acceso, los universitarios respondieron con piedras, palos y todo lo que encontraron a su paso para defenderse de la represión policial. La batalla campal duró 15 minutos y dejó varios estudiantes heridos por el impacto de varas y el efecto de los gases. La violencia desatada en la Plaza principal generó el cierre de comercios, turistas sorprendidos, la expansión del gas lacrimógeno y el desorden público. Al final, los más de 500 estudiantes ingresaron al Foro gracias a la intervención del congresista Vásquez. Dentro del local hicieron que el evento académico se suspenda y firmaron un acta para que la propuesta de la nueva Ley Universitaria se discuta de manera transparente. La mayoría de los estudiantes que participó en las protestas considera que la nueva Ley Universitaria terminará por privatizar las universidades públicas y acabará con la autonomía universitaria. Por ello, realizaron previamente un recorrido por la Ciudad Imperial en el cual quemaron algunas llantas. La protesta se inició en la Ciudad Universitaria a las 9 y 30 de la mañana.