Carta al embajador del Perú en Argentina

Buenos Aires, Noviembre de 2002

Al Seņor Embajador De la Republica de Perú

De nuestra consideración:

Los organismos defensores de los Derechos Humanos con actuación en Argentina nos dirigimos a Ud, y por su intermedio al seņor Presidente de su país, a fin de manifestarle nuestra inquietud por la situación de los miles de presos políticos en Perú.

En efecto, pese al cambio de gobierno operado en Perú, y al finiquito de la dictadura fujimorista, siguen en las cárceles miles de presos políticos, casi todos juzgados y condenados por tribunales militares o por los tristemente célebres jueces "sin rostro", sin contar ninguna garantía de justo proceso y de derecho a la defensa. Las aberraciones cometidas llegaron a tal punto que el propio gobierno decidió implementar un sistema para indultar a inocentes.

Los presos políticos peruanos, además, están desde hace aņos alojados en lugares alejados de sus familias y amigos en condiciones inhumanas, sometidos a un trato degradante y a condiciones que afectan gravemente su salud física y psíquica. Cárceles como Yanamayo, situada a cinco mil metros de altura, donde no podrían vivir prisioneros y carceleros sin grave afectación de la salud, deben ser cerradas. También la situada en la Base Naval del Callao, donde los prisioneros -tal es el caso de Abimael Guzmán, Elena Iparraguire, Víctor Polay Campos y Peter Cárdenas - están recluidos en celdas de cemento a seis metros bajo tierra. Cabe también hacer mención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya se expidió sobre ese tema, concluyendo que dicha Base debe ser cerrada, y no deben alojarse allí prisioneros.

Tenemos conocimiento de que en febrero de este aņo, 950 prisioneros se han declarado en huelga de hambre. Ellos piden que se implementen las medidas políticas jurídicas necesarias para su libertad, la derogación de las "leyes antisubersivas", el cierre de las cárceles más terribles, el cese de las represalias y castigos, y otras reivindicaciones de indudable justeza. Esa extrema medida que pone en peligro la salud de los presos, ya bastante debilitada por el largo encierro y las condiciones inhumanas que debieron soportar. Como represalia se llevó a 50 de ellos al penal de Challapalca, considerado como de "castigo" y que ya fuera vetado por la Cruz Roja Internacional en su inspección del aņo 1994. Asimismo en el mes de mayo le hicimos llegar un documento similar donde a la fecha no hemos tenido respuesta por parte de usted.

Por lo expuesto, pedimos al seņor Embajador se sirva transmitir a su Gobierno este reclamo que viene desde Argentina para que se responda al justo reclamo de los presos políticos, de sus familiares y de las organizaciones que en su país luchan por los Derechos Humanos. En la seguridad que no puede haber democracia con presos políticos, pedimos su libertad.

Quedamos a la espera de su respuesta.

Saludamos atentamente.