|
|||||
| Actualidad | Informaciones de fondo | Documentación | Archivo | Enlaces | Contacto |
|
|||||
La Asociación Perú - Alemania defiende el derecho de los pueblos de
transformar la sociedad y construir una sociedad más justa. En la
situación actual nuestro trabajo se centra en los siguientes puntos:
Luchar por la democratización de la sociedad peruana y la restitución y
defensa de los derechos fundamentales, los derechos políticos y
sociales y las libertades democráticas del pueblo peruano que han sido
conculcados de manera masiva durante el periodo de la guerra interna
que vivió el Perú a partir de 1980 y por la política neoliberal de la
dictadura de Fujimori de los años noventa.
¡Por una investigación completa y
profunda de los crímenes cometidos por el Estado en la época de la
guerra interna y la sanción a los responsables del genocidio!
El Estado peruano y sus instituciones siempre se negaron a reconocer la guerra interna como un movimiento social que tenía sus causas en los conflictos profundamente enraizados en la sociedad peruana; más bien lo llamaron "terrorismo" calificando a los insurrectos como "delincuentes" y "enemigos del Estado" a los que se tenía que combatir a como dé lugar. De este modo aplicó la estrategia del gobierno norteamericano que a partir de los años 80 empezó a difamar a todo movimiento revolucionario como "terrorista" negando su carácter político y apuntando a aislarlo de su base social.
En el Perú la llamada "lucha contra el terrorismo" sirvió de
pretexto para una matanza generalizada que especialmente en el campo
cobró decenas de miles de víctimas. Cuando en diciembre del 1982 el
ejército entró a combatir a los alzados en armas aplicó una política
sistemática de represión, persecución y aniquilamiento de la población
civil en las zonas de combate. Las tropas estatales asaltaron,
saquearon y quemaron pueblos, violaron mujeres y niños y mataron a
todos los que les parecieron posibles simpatizantes de los insurrectos,
en muchos casos después de torturarles salvajemente. Las bases
militares y cuarteles se convirtieron en verdaderos centros de tortura.
Entre 1980 hasta fines de los años 90 desaparecieron por los menos
10,000 personas después de ser detenidos por el ejército o la policía.
Una parte reapareció después como cadáveres destrozados al borde de los
caminos o en fosas comunes. Sin embargo, la gran mayoría está
desaparecida hasta ahora. En algunas regiones el ejército obligó a los
campesinos a abandonar sus casas y sus tierras concentrándolos en
"aldeas estratégicas" donde les faltaba toda base de subsistencia.
Además los militares formaron bandas paramilitares obligando a la
población rural a organizarse en las llamados "rondas" y "comités de
autodefensa" encabezados por licenciados del ejército, gamonales y
gamonalillos, que utilizaron como fuerzas auxiliares y carne de cañon
para después difundir que los "terroristas" habían matado a campesinos
pobres. En la segunda mitad de la década del 80 la política de
genocidio fue ampliada a las ciudades y alcanzó un triste cenit en los
años 90 bajo la dictadura de Fujimori.
Todos estos crímenes se conocen hace mucho tiempo, porque en el
curso de los años se descubrió una y otra vez fosas comunes
clandestinas y existen una gran cantidad de denuncias ante juzgados
peruanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miles de casos
han sido documentados por organismos de derechos humanos peruanos e
internacionales, por la Defensoría del Pueblo del Perú y últimamente
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y en muchos casos se
conoce a los culpables directos, pero éstos muy raras veces fueron
enjuiciados y condenados. Y en los pocos casos en que realmente se les
juzgó fueron sometidos al Fuero Militar que les sentenció a penas
mínimas.
Pero en todos los casos el gobierno peruano, incluidos diversas
comisiones de investigación y el poder judicial, trataron y siguen
tratando los crímenes como acciones individuales y no como lo que
claramente fueron: expresión de una estrategia sistemática de
aniquilamiento y escarmiento del estado que ante todo apuntó contra
verdaderos o potenciales simpatizantes de la rebelión armada. El Estado
peruano siempre se negó a admitir este hecho y a asumir la
responsabilidad por los crímenes cometidos por el ejército y la policía
y menos por los de los grupos paramilitares. Sin embargo, basta
considerar la magnitud de los crímenes, el gran número de víctimas y
las modalidades constantes practicadas durante años para ver que no se
trata de acciones de algunos individuos de la cadena baja o mediana de
mando, sino de una política sancionada al más alto nivel de la cual la
principal responsabilidad recae en los gobiernos de turno,
especialmente los respectivos presidentes Belaúnde, García Pérez y
Fujimori, así como en el alto mando del ejército.
Rechazamos enérgicamente que los representantes del Estado peruano,
inclusive la Comisión de la Verdad y Reconciliación pretendan
justificar los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas
de los derechos humanos con el pretexto que se tenía que defender "la
democracia y el Estado de derecho". Asimismo condenamos que estén
tratando de imputar la responsabilidad de los crímenes del Estado a los
insurrectos argumentando que éstos han empezado el conflicto armado, o
que se intente contrapesar los caídos en los combates contra las
fuerzas armadas, policiales y las bandas paramilitares con las víctimas
de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado porque ésto
sólo sirve a imponer la impunidad del genocidio contra el pueblo.
Más bien exigimos al gobierno peruano:
¡Contra la política de aislamiento y
aniquilamiento de los presos políticos!
¡Por la derogatoria de las leyes antiterroristas violatorias de los
derechos fundamentales!
¡Presos políticos libertad !
La política de genocidio contra el pueblo también determinó la
actuación del Estado peruano frente a los presos políticos y
prisioneros de guerra, a quienes en ningún momento se les reconoció
como tales, sino se les enjuició y sentenció como "terroristas",
basándose como sustento legal en una legislación antiterrorista ilegal
y especialmente creada, que con los años se hizo cada vez más severa.
Ya con la primera ley antiterrorista promulgada por el gobierno de
Belaúnde en marzo 1981, se sancionó tipos delictivos que en el Código
penal se califica como delito menores, con muchos años de prisión si
fueran motivados políticamente. Además se creó los delitos de "apología
al terrorismo", de la "colaboración con el terrorismo" y de "asociación
con fines terroristas". De este modo, el Estado peruano desató una
persecución política indiscriminada que no sólo apuntaba contra los
mismos insurrectos, sino abarcaba todo su ámbito social, sus familias,
amigos, conocidos y compañeros de trabajo. Desde el comienzo, en los
procesos se desconocía todas las garantías jurídicas de los acusados.
Según la ley, los detenidos fueron aislados durante los 15 días que
duraba la investigación policial, plazo en que no podían entrar en
contacto ni con sus abogados ni con sus familiares y fueron sometidos a
todo tipo de torturas y maltratos, mientras los jueces hacían oídos
sordos a todas las denuncias respectivas de las víctimas y reconocían
sin miramientos, confesiones o acusaciones arrancadas con torturas. Más
aún se obstaculizaba de forma masiva el trabajo de los abogados que
fueron hostigados, amenazados y en varios casos asesinados o
desaparecidos.
En las cárceles se aplicó una política sistemática de aislamiento y
aniquilamiento. Los presos políticos fueron aislados en condiciones
infrahumanas en los llamados penales de máxima seguridad. Cartas,
periódicos, libros y algún otro material de lectura fueron censurados
arbitrariamente y por lo general con criterios absurdos. El derecho de
visita fue restringido, a pesar de que el sistema carcelario peruano no
está en condiciones de garantizar las necesidades básicas de los
internos y éstos dependen del apoyo de sus parientes. Familiares,
amigos y abogados de los presos fueron sometidos a hostigamientos,
amenazas y maltratos constantes para que se abstengan de visitarlos,
corriendo el permanente riesgo de que se les enjuicie también como
colaboradores o cómplices. Muchos de ellos fueron detenidos y otros se
vieron obligados a abandonar el país por la constante persecución
política.
Los presos políticos mismos sufrieron permanentes amenazas,
provocaciones, hostilidades abiertas y ataques directos que cobraron
una serie de víctimas mortales y que, el 4 de octubre de 1985,
culminaron en una masacre en el penal de Lurigancho donde fueron
asesinados 30 presos. El 19 de junio siguió, por orden directa del
entonces presidente García Pérez, un segundo genocidio de mucha mayor
magnitud en las prisiones El Frontón, Lurigancho y en el penal de
mujeres del Callao, donde fueron asesinados alrededor de 300
prisioneros indefensos.
La situación de los presos políticos se agudizó aún más cuando
Fujimori, quien fuera elegido como presidente en las elecciones de
1990, en abril 1992 con un golpe de Estado, cerró el parlamento y
estableció una dictadura. En mayo del 1992 mandó atacar a los presos
políticos de Canto Grande con armamento pesado de guerra y asesinar
selectivamente alrededor de 50 supuestos dirigentes. A los
sobrevivientes se los aisló en nuevos "penales de máxima seguridad".
Además Fujimori decretó una nueva legislación antiterrorista que negó
todas las garantías judiciales y derechos fundamentales de los presos
políticos e incrementó las penas draconianamente. Las nuevas leyes,
entre otras cosas, introdujeron tribunales anónimos, los llamados
"jueces sin rostro", el delito de "traición a la patria" para casos
agravados de "terrorismo", la competencia de tribunales militares para
juzgar a civiles, juicios sumarios no públicos y sin derecho de
defensa, la sentencia en ausencia del acusado, el aislamiento ilimitado
durante la detención policial, y la aplicación de las "leyes
antiterroristas" a menores a partir de los 15 años. En base a esta
legislación abiertamente violatoria de la constitución peruana y
convenios internacionales, se condenó a miles de personas a penas
draconianas y se les encerró en condiciones infrahumanas en los campos
de concentración del Estado peruano. Reiterados llamados de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de adecuar las leyes antiterroristas
a los estándares de Convención Americana de Derechos Humanos y
sentencias correspondientes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que son obligatorios para los Estados miembros, fueron
ignorados por el gobierno peruano.
Después de la caída de Fujimori en noviembre del 2000, el gobierno
de transición de Paniagua se empeño en corregir las violaciones más
graves de la Constitución y del derecho internacional para restituir la
imagen internacional dañada del Estado peruano. Asímismo el actual
presidente Toledo afirmó después de su asunción al poder en julio 2001
que su gobierno cumpliría las exigencias de los organismos de derechos
humanos de la OEA. Sin embargo, en la práctica, siguió aplicando la
legislación anticonstitucional y se mantuvo su vigencia. Fortalecido
por la "lucha internacional contra el terrorismo" del imperialista
yanqui Bush, Toledo declaró que "durante su gobierno ningún terrorista
saldrá en libertad".
A raíz de una demanda constitucional, en enero 2003, el tribunal
constitucional del Perú se vio obligado a declarar anticonstitucional
una parte de la legislación antiterrorista y a anular las sentencias
que se basaban en estas leyes, es decir todos los procesos por
"traición a la patria" ante tribunales militares y ante los "jueces sin
rostros". Por consiguiente, se hubiera tenido que liberar a todos los
presos afectados, ya que un principio jurídico internacionalmente
reconocido dice que nadie puede ser juzgado y condenado dos veces por
los mismos hechos. Sin embargo, el tribunal constitucional en su fallo
determinó que se debe juzgar a todas estas personas nuevamente por
"terrorismo" pidiendo del gobierno peruano la promulgación de las leyes
correspondientes. A consecuencia, ésta entre febrero y marzo 2003
decretó una nueva "legislación antiterrorista" que mantiene las penas
desproporcionadas, sigue recortando elementales garantías jurídicas e
introduce un fuero especial y disposiciones especiales de ejecución
penal para los presos por "terrorismo" para dificultar su liberación
después de cumplir su condena.
Además, en respuesta a los avances, logros y éxitos obtenidos por los
presos políticos, sus familiares y abogados, el gobierno de Toledo
empezó a imponer una serie de medidas restrictivas y represivas contra
los prisioneros políticos, decretando primero para el Penal Militar de
la Base Naval del Callao y posteriormente para todos los llamados
penales de máxima seguridad el "régimen cerrado especial ...
caracterizado por el énfasis en las medidas de seguridad y disciplina",
restringiendo y negando los derechos fundamentales de socialización,
visita directa de familiares y amigos, trabajo, educación, adecuada
alimentación, salud, medidas que implican el retorno al régimen
penitenciario de la dictadura de Fujimori, basado en el odio y la
venganza, que ha sido cuestionado y condenado por muchos organismos de
derechos humanos a nivel nacional e internacional. Paralelamente
aumentaron la represión y proscripción, el hostigamiento y seguimiento,
la detención, las amenazas y los chantajes a los familiares y abogados.
Ante esta situación exigimos
¡Por la restitución y defensa de los
derechos fundamentales, los derechos políticos y sociales y las
libertades democráticas del pueblo peruano!
¡Contra la criminalización y
persecución política de los movimientos sociales!
¡Por el derecho a la resistencia
contra la mayor explotación, desocupación y pobreza generadas por el
neoliberalismo y la globalización!
Como los gobiernos de turno siempre se negaron a reconocer las causas
sociales de la guerra interna , tampoco no vieron ninguna necesidad de
buscar una solución a éstas, sino optaron por la represión, la
persecución política y el recorte de los derechos del pueblo. En
especial la dictadura de Fujimori aplicó en los 10 años de su duración
una política estríctamente neoliberal al servicio de la globalización y
recortó sistemáticamente los derechos políticos y sociales conquistados
en largas y duras jornadas de lucha. Con los decretos para la llamada
flexibilización del mercado de trabajo se socavó la estabilidad
laboral, fomentó contratos de trabajo temporales e introdujo contratos
de trabajo no sujetos al derecho laboral para jóvenes hasta los 25
años, dispuso el incremento de la jornada máxima de trabajo a 48 horas
por semana, facultando a los empleadores para que pudieran modificar
unilateralmente los horarios, redujo el pago por la labor prestada en
jornada extraordinaria y suprimió el derecho que los trabajadores
tenían a participar en parte de la propiedad de sus empresas (a través
de lo que se denominaban Acciones Laborales), y de participar en la
gestión y utilidades de estas acciones y se incrementó el mínimo de
años de aportación necesarios para obtener una pensión mínima del
Sistema Nacional de Pensiones, promoviendo al mismo tiempo un sistema
privado de pensiones; además se dificultó la formación de sindicatos,
se restringió el derecho a la huelga y fortaleció la posición de los
empleadores en la negociación colectiva. Disposiciones legales para
mejorar la igualdad de oportunidades de la mujer mediante la licencia
parental o el tratamiento diferencial en materia de jubilación fueron
parcialmente eliminados. Por otro lado, el gobierno cada vez cumplió
menos sus funciones sociales, recortando los gastos de salud, educación
y programas asistenciales de alimentación. En el campo se limitó los
derechos territoriales, el derecho a la participación en la explotación
de los recursos naturales y el derecho consuetudinario de las
comunidades campesinas e indígenas selváticas a administrar justicia en
asuntos internos. Los pocos programas de fomento a la agricultura
benefician unilateralmente a las grandes empresas agroindustriales.
Pese a la obligación constitucional de promover la descentralización se
ha recortado cada vez más los recursos económicos de los municipios en
el interior del país.
Los resultados de esta política son que el Perú, a pesar de su
riqueza en recursos naturales, hoy es uno de los países más pobres de
la región. Más del 50 % de la población vive en la pobreza, mientras la
quinta parte vive en pobreza extrema, de ellos el 80% en el campo. Sólo
el 15% de la población económicamente activa tiene un puesto de trabajo
regular y con ello acceso al seguro social, mientras el 80% está
desocupado o subempleado y sobrevive con trabajos eventuales o en el
llamado sector informal. Al mismo tiempo se redujeron los salarios
hasta el 80% en comparación con los años 80. La tasa de mortalidad
infantil aumento a 50 de 1,000 niños hasta los 4 años. Alrededor de la
mitad de los niños en edad escolar sufren de desnutrición crónica o
aguda. La calidad de la educación escolar está bajando cada vez más
rápidamente. A pesar de que existe la escolarización obligatoria cerca
de la cuarta parte de los niños en edad escolar no asisten o asisten
irregularmente a las clases y muchos sólo estudian unos pocos años o
terminan en el mejor de los casos la primaria porque tienen que
trabajar para aportar al sustento de la familia. Especialmente
dramática es la situación en el campo donde la pobreza, la desnutrición
y la mortalidad infantil están muy por encima del promedio.
En vista de toda esta situación el potencial de conflictos sociales
es sumamente alto y se manifiesta en constantes luchas sociales por la
mejora de la situación de vida y la restitución de los derechos
políticos y sociales. Sin embargo, el gobierno de Toledo hace oídos
sordos a las demandas del pueblo y continúa sin miramientos la política
neoliberal, mientras niega los fundamentos sociales de las protestas
imputando que están "atizados por terroristas" contra los cuales el
Estado "tiene que defender la democracia", justificando de esta manera
la represión generalizada y la persecución política de los movimientos
sociales.
Frente a esta situación condenamos la criminalización de las luchas
políticas y sociales del pueblo peruano bajo el pretexto de la "defensa
de la democracia" y de la "lucha contra el terrorismo" y defendemos el
derecho a la resistencia contra la explotación y la opresión.
Exigimos del Estado peruano
¡Solidaridad con las luchas de los
pueblos del mundo, por la liberación nacional y la autodeterminación de
los pueblos y la defensa de sus derechos económicos, sociales y
políticos!
Entendemos nuestro trabajo como parte de la lucha que libran los
pueblos del mundo por su liberación y por una sociedad más justa y
expresamos nuestra solidaridad con las luchas en contra de la violación
de los derechos fundamentales, la negación de los derechos políticos,
sociales y libertades democráticas del pueblo, contra la persecución
política y la criminalización de los movimientos sociales y
revolucionarios, contra la tortura, el aislamiento y el aniquilamiento
de los presos políticos y prisioneros de guerra, contra la impunidad de
los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, contra la pobreza, la
desocupación y la mayor explotación por los efectos de la globalización
y el neoliberalismo, contra la negación del derecho a la
autodeterminación de los pueblos y la agresión abierta de los EE.UU. y
sus aliados contra las naciones oprimidas.
Asociación Perú - Alemania
Enero 2004.
