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Carlos Angulo Rivas
Frente al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el gran error de la clase política tradicional es y seguirá siendo no reconocer lo históricamente cierto. No reconocer que el Perú subsiste en desesperación, enardecimiento y naufragio gracias a la irresponsabilidad de una comparsa de políticos frívolos e inconscientes, de cuya falta de integridad estamos convencidos. Esa y no otra es la desgracia del país. Sinceramente, no he tenido oportunidad de leer el integro del frondoso Informe presentado ante los tres poderes del Estado y a la ciudadanía, sin embargo basta el discurso de su presidente Salomón Lerner Febres y las 171 conclusiones para quedar impresionados por los tiempos del horror, de la intolerancia, del terrorismo, del asesinato masivo, de la tortura, del abuso y el desprecio casi absoluto por la vida humana. En conclusión un estado de barbarie estimado en 69 mil víctimas en su gran mayoría inocentes y lo más grave, el 75% de ellas de origen humilde, campesinos andinos.
Esta masacre colectiva, auténtica vergüenza nacional, no debe ni puede quedar impune. Les toca a los fiscales y jueces confrontar una realidad de deshonra para el Estado y la sociedad en su conjunto. Nadie debe ser eximido de culpa, no importa el lugar que ocupe, pues los intereses de la nación están por encima de las encumbradas ambiciones partidarias e individuales. La dimensión de la tragedia es tal que sin justicia, desagravio, reparación y castigo a los culpables, el país no puede encaminarse hacia el Estado justo eficaz y democrático, de eso trata la reconciliación. Más todavía si el Estado debe reconstruirse desde sus cenizas a fin de comenzar a ser respetado por todos y sobre todo hacerse creíble frente a los ciudadanos. Hoy, cuando las encuestas seņalan a gritos y campanazos que el país vive en el caos, la corrupción, la inmoralidad, el desprestigio, la incompetencia y encima la supremacía de grupos privilegiados que no aceptan la ley ni la verdad cuando ven amenazados sus intereses, la reconstrucción del Estado es indispensable.
Un mínimo de honestidad, recato y pundonor es necesario para reconocer que los "excesos" no eran excesos sino política sistemática de violación de la constitución, la ley y la vigencia de los Derechos Humanos. Frente a ello, en primer lugar, no debemos permitir la politización del Informe como ya diversos sectores antes y después de su presentación lo vienen haciendo mediante campaņas de distorsión, tergiversación, confusión, ambigüedad y premeditada acción sediciosa contra lo históricamente cierto. Innegablemente, muchos de los actores libres no quieren ser tocados menos aún cuando Lerner afirmó: "El informe expone un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron".
En esta campaņa disolvente, sediciosa y falsaria están al unísono, cuando no, la derecha recalcitrante, el APRA y los remanentes del fujimorismo. De estos sectores, quienes pretenden el poder del Estado por las buenas o por las malas, son los falsos demócratas que aņoran un Perú autoritario y abusivo, no otra idea emerge cuando deliberadamente se van por las ramas acusando a la comisión de poner en el mismo nivel al Estado, las Fuerzas Armadas y PCP-SL. O cuando Alan García trata de eludir sus responsabilidades diciendo que "la verdad debe ser probada y no imaginaria" como si los 69 mil muertos y la forma como murieron (habría que leer los testimonios y anexos del Informe) fueran producto de un espejismo de los comisionados. O cuando se desgarran las vestiduras en una discusión insulsa y baladí, necia, de si Sendero es o no una organización política. O cuando pretenden hacer creer que los crímenes de lesa humanidad son cometidos sólo por las dictaduras y no por los gobiernos elegidos.
Publicado en Tumi - Newsgroup (http://es.groups.yahoo.com/group/tumi/) - 2-09-2003
