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por Alfonso Wieland
Hemos recibido atónitos la propuesta de la cúpula militar que gobierna el país, de poner como una condición de las necesarias elecciones del próximo año la aprobación de lo que se llama medidas que apunten a la reconciliación nacional. Por si fuera poco, el retorno de Vladimiro Montesinos avisa lo que esta dispuesta la cúpula para que estas medidas sean aprobadas. En otra palabra, ponen ante nuestros ojos la disyuntiva democracia con reconciliación, versus continuismo autoritario. ¿Es posible esto? Ya quisiéramos que fuese cierto, pero lamentablemente el lenguaje, como las matemáticas, no son las mejores virtudes de este gobierno. Ya sabemos de aquella famosa suma aritmética fujimorista: 1+1+ 1=2
La Reconciliación es una palabra muy grande como para ser ingresada subrepticiamente en un diálogo que esta centrado en el cálculo político. Y es que aquí falta escuchar la palabra del principal actor de todo auténtico proceso de reconciliación: las víctimas. Es totalmente absurdo plantear el tema sólo desde el lado del victimario. Imaginemos que alguien nos causara un daño irreparable, quedara luego impune por sus influencias con la justicia y al cabo de algunos años nos dijera: "En fin, no podemos vivir siempre pensando en el pasado, yo propongo olvidar lo que te hice, hay que mirar hacia delante, te doy algo de dinero para que no la pases tan mal". ¿Cuál seria su reacción? Usted, como cualquier persona sensata exigiría por lo menos un reconocimiento de lo que ocurrió y una reparación auténtica por no hablar de una sanción penal del responsable.
Pues bien, en este país desmemoriado por la intensa propaganda gobiernista, hubo centenares de centenares de violaciones a los derechos humanos provocados por agentes vinculados al gobierno, y no solo de este, sino de los gobiernos en ejercicio desde 1980, cuando se desata la insana acción de los grupos terroristas. "Era el costo social necesario de toda guerra" es el coincidente argumento de los activistas de Sendero Luminoso, el MRTA pero, desgraciadamente, también de un sector de las fuerzas del orden. Pero habría que explicar este argumento a las viudas y madres de los seis presbiterianos asesinados por marinos en el pequeño poblado ayacuchano de Callqui en agosto de 1984. O a los familiares de la matanza del Frontón y Lurigancho, el 18 y 19 de julio de 1986. O a los padres y familiares de humildes ciudadanos ayacuchanos asesinados y sepultados a la mala en las tristemente célebres fosas comunes. O a los seres queridos de mas de seis mil detenidos desaparecidos que aun lo evocan en su memoria y que no han podido, lo que los psicólogos llaman "procesar el duelo" pues los cuerpos nunca fueron hallados. O quien siquiera ha pensado en devolver de alguna forma los 1870 años, 8 meses y cinco días robados a los 430 presos inocentes, y los que aun les siguen robando a los más de 300 en las cárceles de máxima seguridad.
NO, no, es injusto, es inmoral hablar de reconciliación a espaldas de las víctimas. Ni el actual gobierno, ni los grupos políticos tienen el derecho de asumir una representatividad de quienes sufrieron injustamente la violencia política.
Y es aun más inmoral, si eso cabe, que se hermane el dolor de las víctimas inocentes con el entendible temor de quienes cometieron delitos "en el contexto de la lucha emprendida contra el narcotráfico", como eufemísticamente llama el gobierno a los delitos de narcotráfico perpetrados por los agentes del estado, sean militares o civiles. Se habla de indemnizaciones a los que fueron condenados injustamente por terrorismo y que fueron luego indultados. Asimismo para los familiares de los desaparecidos. Queda así al descubierto que este gobierno ha sido y es consciente del drama de las víctimas y que solo ahora, porque lo necesita para encubrir delitos contra los derechos humanos y delitos comunes de personas como Montesinos, se torna generoso. Pero esta generosidad es sólo aparente. Se pretende el establecimiento de una Comisión de la Verdad, pero no de justicia, pues su función seria el "investigar y describir los actos contrarios a los derechos humanos cometidos por las partes involucradas en la guerra antisubversiva, así como la de formular las recomendaciones conducentes a evitar que se repitan en el futuro". Los Informes o documentos que produzca la mencionada Comisión pueden incluir la individualización de responsabilidades penales, civiles o administrativas, pero solo de manera referencial pues a los responsables deberá aplicarse las amnistías correspondientes. Impunidad absoluta. Y para que no quede duda alguna de que los victimarios y no las víctimas son los favorecidos por esta medida, se dice "que los informes parciales y el informe final que emita la Comisión a que se refiere el presente acápite, así como cualquier documento que pueda hacerse público, deban omitir referencias ad hominem a los responsables de los delitos que sean imputados" y que "sólo cabe referirse nominalmente a las identidades de las víctimas o de los testigos". Las víctimas expuestas al desnudo y los victimarios protegidos hasta el hartazgo.
Por supuesto que nuestro país debe ir hacia un autentico proceso de reconciliación nacional. Sectores vinculados a las iglesias hemos reclamado esto no de ahora. La formación de una Comisión de Justicia, Verdad y Reconciliación es una tarea pendiente en este país. Pensamos que no se trata de aplacar apetitos de venganza, pero sí de justicia y reparación que no solo es pecuniaria. Hablando de la situación de Sudáfrica, Caesar Molebatsi sintetizo magistralmente lo que debe ser un proceso verdadero de reconciliación. Dijo: "No puede haber reconciliación sin arrepentimiento del victimario. No hay arrepentimiento sin justicia. No hay justicia sin restitución. No hay restitución sin misericordia, pues la restitución jamás podrá ser total".
Esto quiere decir que la búsqueda de justicia y verdad deben ser puestos en perspectiva de la misericordia que restañe las heridas de un país que fue desangrado por la locura de grupos subversivos que perdieron totalmente la brújula pues llegaron a identificar a la población civil como sus enemigos. Pero también por el accionar del gobierno en su lucha antisubversiva que ocasionó llanto y dolor a personas inocentes. No es la cúpula militar que nos gobierna la más calificada en asumir este proceso. Ellos son parte de los victimarios. El uso instrumental del dolor de las víctimas debería enardecer los corazones de quienes aun no han perdido la sensibilidad en este país. Y aquí estamos pensando en las propias fuerzas armadas, en los políticos vinculados al actual régimen. Estamos frente no a un mero problema político sino a un problema ético, existencial, del ser de la nación peruana. SI no somos capaces de distinguir las lágrimas de las víctimas del sudor cobarde del victimario, entonces hemos dejado de ser humanos. No somos ni siquiera animales. Simplemente estopa, hierba seca destinada al fuego.
Democracia y reconciliación deben ir de la mano. En las actuales circunstancias, una es condición indispensable de la otra. Pero se trata de definir claramente que son dos palabras cuyo fundamento esta dado por otras dos palabras sanadoras, reconciliadoras: justicia y verdad. Si realmente hubiese buena intención de parte del régimen, en la Mesa de Diálogo se podría llegar a un acuerdo: que el próximo gobierno se comprometa a definir, como una de sus primeras medidas, la conformación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación. Y que sea una Comisión que cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas, de la sociedad civil pero principalmente de las víctimas. Eso seria lo ético, eso seria lo justo no solo para las víctimas sino para un país que luego de veinte años, no ha concluido la dolorosa etapa que le tocó vivir. Dios estará de lado de una medida como esta pues El ha prometido que prosperara al gobierno que libre al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra; que tenga misericordia del pobre y del menesteroso; que de engaño y de violencia redima sus almas, y la sangre de ellos sea preciosa ante sus ojos (Salmo 72). Solo así vendrán nuevos días para el Perú donde florecerá la justicia y habrá abundancia de paz.
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Alberto Fujimori es desde el 28 de julio del 2000 un presidente ilegítimo, porque de acuerdo con la Constitución del Perú y la aritmética 1+1+1 suman 3 y no 2; por tanto Fujimori no tuvo siquiera derecho a ser candidato, mucho menos de gobernar otra vez. Además, porque de acuerdo con la Misión de la OEA las elecciones mostraron un cuadro de ?insuficiencias, irregularidades, inconsistencias e inequidades?; concluyendo que, ?de acuerdo con los estándares internacionales, el proceso electoral peruano estuvo lejos de poder ser considerado como libre y justo?.
Tomada de: http://www.idl.org.pe/idlmail/boletines/103.doc
