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Eduardo Bueno León - México
De una vista preliminar del informe de la CVR, se deducen las siguientes conclusiones políticas :
1 - No hay mayores sorpresas sobre el informe, pues ya se habían filtrado a la prensa algunas de sus conclusiones iniciales. Tampoco el diagnóstico sobre la violencia es novedoso, desde hace varios años hay informes, libros y estudios al respecto.
La originalidad tal vez radique en una visión sistemática, articulada y en la recopilación de testimonios orales principalmente de las víctimas de la violencia. Ello servirá para reconstruir la memoria histórica, y generar indemnizaciones y disculpas del estado, pero también la investigación la pudo hacer cualquier ONG. Además la Comisión no logró que los principales actores de la violencia, Abimael Guzmán y sus jerarcas, y las FFAA prestaran su colaboración y dieran su versión de los hechos que las involucran. Les faltó apoyo político en el caso de las FFAA y estrategia personal con SL. Algunos datos que se venían elaborando fueron tal vez trasmitidos a los jerarcas senderistas y los alertaron. De eso debería responder el Secretario Técnico, Javier Ciurlizza.
2 - Hay una clara censura a la clase política democrática que tuvo que enfrentar la violencia. Se les pide una suerte de " reconocimiento " de errores y la " asunción " de sus responsabilidades. La alusión a Alan García, Valentín Paniagua y Lourdes Flores no puede ser más explícita, considerando que se pretende descalificar a quienes aspiran a dirigir al país en el 2006. Sobre este punto, cabe señalar que la CVR tampoco puede ser excluida de esa responsabilidad. Pues por ejemplo Enrique Bernales integró dicha clase política en los años ochenta. Y De Gregory, Tapia integraron organizaciones políticas de orientación marxista-leninista en esa época.
Pero dos precisiones : La primera, es falso que la clase política de los años ochenta practicara el " olvido " o la indiferencia frente a la violencia. El APRA, IU y AP sostuvieron sus aparatos políticos hasta el último momento, especialmente el APRA, y sus cuadros y dirigentes asesinados son la demostración más palpable que no se dejó el espacio libre a los subversivos, sinó que se trabajó políticamente para evitar - hasta donde se pudo - la polarización y militarización del conflicto.
¿ Ha habido por parte de los comisionados un reconocimiento a los mártires de la Democracia, hombres y mujeres humildes que expusieron sus vidas defendiendo al régimen político democrático, sus instituciones, sus valores y sus ideas ? ¿ Quién hace justicia a los mártires de la Democracia peruana ? ¿ Porqué ese " olvido " a los dirigentes apristas, izquierdaunidistas y belaundistas vilmente asesinados por SL y el MRTA ?
Segundo, deslegitimar a la clase política con aseveraciones de orden moral altamente discutibles, es abonar en favor de la antipolítica.Lo único que le faltó decir a la CVR es que los líderes políticos aludidos deberían retirarse del quehacer político. SL planteó el conflicto en términos militares y políticos, sus formas de acción terroristas tuvieron siempre un sentido político-estratégico. Las FFAA diseñaron una estrategia en varios frentes, pero ella sin la acción de la clase política hubiese sido notoriamente ineficaz.
Los comandos político-militares no anularon la acción de los partidos. Fueron SL y el MRTA los que pretendieron hacerlo. No cabe señalar que los gobiernos democráticos le " entregaron " el problema a las FFAA. Los partidos estuvieron haciendo lo suyo, lo que les correspondía. Ello quizás no tuvo los resultados esperados, faltó preparación, consenso interno, mayor liderazgo social, pero no se puede poner en duda la voluntad de los partidos democráticos para enfrentar el problema con métodos también democráticos.
No olvidemos que Don Fernando Belaunde resistió hasta el final mandar al ejército a Ayacucho preocupado por los costos sociales, que resistió implantar la pena de muerte como se lo demandaban sectores mayoritarios del país.No olvidemos que Alan García propuso la formación de una Comisión de Paz para dialogar con los subversivos y abrir caminos para la paz, que los diputados y senadores apristas recorrieron el país investigando violaciones a los DDHH.
Y no olvidemos que al lado de congresistas y dirigentes de IU que hacían política democrática, estaba también el pro senderismo del PUM y Patria Roja y el pro emerretismo de líderes sociales que se mimetizaban en organizaciones de masas vinculadas a IU. Esas tendencias siempre tuvieron una posición ambigua frente a la violencia y con ellas convivieron algunos de los comisionados.
Y más aún ¿Acaso Bernales, De Gregory y Tapia podrían suscribir que en los años ochenta la " clase política " no estaba integrada por IU ?
Ha faltado autocrítica ideológica y política en la CVR, ello hubiese dado mayor legitimidad a su informe.
3 - El número de víctimas de la violencia es confuso. El informe Sábato admitió algo más de 8,000 desaparecidos registrados, pese a que los rumores y cálculos llegaban a 30,000 la cifra en la Argentina. Se admitió la posibilidad que podrían haber más casos, pero no se recurrió a fórmulas algebraicas para " inflar " el número de muertos y desaparecidos. La CVR ha actuado irresponsablemente aplicando metodologías diseñadas para escenarios de guerra abierta como el Kosovo, donde incluso hasta la OTAN intervino. Y se ha considerado Guatemala, sin reparar que la mayoría de los afectados se refugiaron en México y luego emigraron a los EEUU.
Además se indica que las FFAA son responsables de un tercio de los muertos. Si la cifra final es casi 70,000 las FFAA serían responsables de alrededor de 26,000 muertos y desaparecidos. Y esa es la cifra que oficialmente está verificada y registrada. Si el universo de afectados hubiese estado en 26,000, el número de muertes bajo responsabilidad de las FFAA estaría entre 8,000 y 9,000, con la ecuación algebraica sube a 26,000.
Una mayor cantidad de muertos y desaparecidos implica una mayor responsabilidad del estado y las FFAA, una mayor censura a la clase política democrática, y un mayor impacto mediático e internacional.
4 - Aunque el informe no lo señala explícitamente, las FFAA habrían incurrido en prácticas de genocidio contra la población campesina quechua hablante. Ello refuerza las tesis multiculturalistas que pretende generar actores étnicos en el mundo andino. Lo real, es que como ha sucedido en otras situaciones parecidas, las FFAA tengan institucionalmente responsabilidad funcional, y responsabilidad penal individual.
Durante la gestión de General Clemente Noel en Ayacucho, se produjeron violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Hubo racismo, violencia irracional, irresponsabilidad corporativa e impunidad en Ayacucho, Huancavelica, San Martín y Apurimac.
Los miembros del ejército y la marina que incurrieron en prácticas genocidas deben ser llevados a los tribunales. Hay un marco internacional favorable para juzgar estos delitos. Las presiones sicológicas, la falta de oficio, la paranoia, son atenuantes, pero no liberan de responsabilidad a las cadenas de mando que iban desde tenientes a generales.
La represión indiscriminada deslegitimó a la democracia peruana, la vulneró, la vació de valores a defender y creó un ambiente interno de confrontación entre militares y políticos, entre sociedad civil defensora de los DDHH, y militares que se amparaban en el corporativismo institucional para ocultar sus fechorías contra la humanidad. Si algunos militares represores argentinos echaban vivos y anestesiados al mar del atlántico sur a los detenidos-desaparecidos, los militares peruanos que incurrieron en genocidio practicaron el método de las fosas comunes en los andes.
No hay explicación ni argumento válido para disculpar las prácticas genocidas. Los tribunales deben actuar, y una reforma militar que acerque a las FFAA a los Derechos Humanos se hace imprescindible.
Nunca más los Clemente Noel, los Artazas, los Telmo Hurtados...Nunca Más
5 - Sendero Luminoso es históricamente la organización responsable de la violencia, del proceso de polarización que puso en marcha, de los crímenes que cometió o indujo a cometer. Esta organización expresó una naturaleza social y política, mesiánica y totalitaria, que debe promover la reflexión entre los peruanos. Porque aunque el símil no guste, SL expresó una cierta mentalidad refundadora del orden, de aspiraciones frustradas y de desinterés por las instituciones que no puede ser pasada por alto, pero sobre todo SL expresó el odio, el rencor de sectores rurales y urbano marginales que ponen en cuestión nuestro sentido de nación y sociedad.
Queda descartada la reconciliación con quienes no se han hecho una seria autocrítica ni han renunciado a su programa e ideología. No es la misma situación con el MRTA.
Y si los muertos, el dolor, la angustia y la tragedia de los afectados nos conmueven y reclaman justicia, tampoco olvidemos que toda una generación de dirigentes sociales y políticos rurales fueron llevados estupida e irresponsablemente al sacrificio por SL y su líder enajenado; que una élite democrática que costó formar y que lideró el procreso de transición a la democracia en los años setenta venida del APRA, del belaundismo y del sector democrático de IU, fue sistematicamente eliminada con los atentados selectivos terroristas; que la violencia y la polarización alejó de la democracia a las FFAA; llenó de hipocrecía a la cúpula de la Iglesia Católica; exhibió el carácter antidemocrático del empresariado; desorganizó a la sociedad civil y sus actores; nos aisló como país; corrompió los valores integradores imponiendose el rencor y la venganza; y preparó las condiciones para que surgiera el autoritarismo social y político delegativo de los años noventa.
Los problemas actuales de nuestra democracia, tiene mucho que ver con lo sucedido en esos años.
Saludos a todos,
México DF a 29 de agosto del 2003
Publicado en Tumi - Newsgroup (http://es.groups.yahoo.com/group/tumi/) - 29-08-2003
