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"... debemos buscar que la verdad se abra paso y los hechos queden históricamente registrados tal cual realmente han sido; como a nadie escapa, los episodios vividos son ya parte imborrable de nuestra historia, sirvamos pués, a que a las generaciones futuras lleguen nítidos e imperecederos..."
Presidente Gonzalo
Los prisioneros políticos y prisioneros de guerra de la Luminosa Trinchera de Combate de Yanamayo con plena, absoluta y conciente sujeción a la Jefatura del Presidente Gonzalo, reafirmándonos en el pensamiento Gonzalo nuestra arma ideológica estratégica, específica y principal, las dos armas estratégicas y decisivas para la IV etapa del Partido Comunista del Perú, vanguardia organizado del proletariado peruano, asumimos firme posición por la lucha actual por Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna, centrando en democratización de la Sociedad Peruana, y la brega por una auténtica Comisión de la verdad, son necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto, cuestiones indesligables que requieren de una solución global e integral, y son el camino por el que se puede lograr paz, democracia y desarrollo, en el país.
Asumimos decidida y firme posición porque la verdad se abra paso, los hechos hablen y queden históricamente registrados tal cual realmente han sido, y por tanto que el análisis del proceso desenvuelto de guerra interna en nuestro país en los últimos veinte años, el esclarecimiento de los diversos hechos ocurridos en ese proceso, el establecimiento de las lecciones históricas que se deriven, no pueden surgir de falsas Comisiones, avaladoras del genocidio, unilaterales y burocráticas, conformadas exclusivamente por funcionarios estatales y personalidades largamente comprometidas, directa o indirectamente, con la guerra contrarrevolucionaria, que detrás de sus proclamadas "defensa de la democracia" y "limpiar la imagen de las fuerzas armadas" actúen encubriendo o avalando la impunidad del genocidio, y por otro lado negando participación a las organizaciones levantadas en armas, principalmente al Partido Comunista del Perú, que son una de las partes en el conflicto, así como a quienes son directamente afectadas por la guerra interna, prisioneros y familiares de desaparecidos, victimados, torturados, etc.
En el presente documento exponemos fundamentos y razones por los que sólo una Auténtica Comisión de la Verdad con representantes de las dos partes en conflicto, prisioneros y familiares de desaparecidos, victimados, torturados, expatriados, etc., puede garantizar que sus objetivos de esclarecer los hechos y responsabilidades, establecer las lecciones y plantear las medidas necesarias para resolver las secuelas de la guerra interna y generar las condiciones para una futura reconciliación nacional, pueden ser logrados.
1.- La lucha por la Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna.
Esta es una primera y necesaria cuestión a tratar.
El año 1993 el doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, y Elena Iparraguirre Revoredo, camarada Mírian, plantearon la gran iniciativa política de luchar por un Acuerdo de Paz cuya aplicación llevase a concluir la guerra que por más de trece años vivía el país, y la fundamentaron en importantes documentos entregados a los representantes del Estado peruano.
En las dos cartas dirigidas al entonces Presidente de la República Ingeniero Fujimori, de 15 de setiembre y 6 de octubre de 1993 respectivamente, se expone concentradamente la situación del país, las razones por las que se preparó e inició la Guerra Popular, la acción de los diferentes gobiernos desenvolviendo guerra contrasubversiva y aplicando línea y política genocida, y la fundamentación de la decisión histórica de luchar por un Acuerdo de Paz, así como la petición para celebrar conversaciones con tal propósito.
En junio de 1993, iniciada la histórica Ronda de Conversaciones, el Doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, y Elena Iparraguirre Revoredo, camarada Míriam, partiendo de la convicción de que la paz había devenido en necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto, plantearon que aunque el gobierno de Fujimori, en representación del Estado peruano, y el Partido Comunista del Perú representado por el Presidente Gonzalo y Camarada Míriam, por otro lado, eran como las dos orillas del río, se tenía un problema común y cada uno desde su posición concurría para lograr una meta: un Acuerdo de Paz.
La reafirmación en la necesidad de Solución Política, a través de un Acuerdo de Paz, y la propuesta de pasos y medidas que se requerían para ella, fueron representados y expuestos al gobierno de Fujimori en "Lineamientos para documento de Base", de 6 de julio de 1993, que al margen del tiempo transcurrido y evidente cambio de circunstancias, mantiene en buena parte y demuestra gran previsión. Allí se plantea: que la suscripción de un Acuerdo de Paz, debía significar en su aplicación el cese de la Guerra Popular, así como la guerra contrarrevolucionaria, pero, además, libertad de prisioneros y mejoramiento de las condiciones de prisión; cese de la represión y la persecución por parte del Estado peruano en contra de los militantes, combatientes, simpatizantes del Partido Comunista del Perú y contra el pueblo; corte de juicios, anulación de requisitorias; cese de la campaña en contra del Partido Comunista del Perú, y en cambio una campaña en pro de la necesidad de paz, democracia y desarrollo; favorecer la reincorporación en la vida social cotidiana de quienes participaban en la Guerra Popular así como la de peruanos que pudiesen retornar del extranjero; el respeto de los restos mortales de los héroes del pueblo caídos en los años de guerra, la devolución de los mismos o informar de su ubicación, igualmente de los desaparecidos, y el derecho de los familiares y amigos a visitarlos y rendirles homenaje; la necesidad de ir ajustando la legislación al más estricto respeto de los derechos fundamentales, tanto de la persona como los económicos y sociales, y atender las demandas del pueblo por democracia y desarrollo, fundamentalmente sus demandas básicas; Plan Especial de Desarrollo para las zonas afectadas por la guerra que beneficiasen principalmente al campesinado, a las masas pobres de las barriadas y a los trabajadores, prestando atención sustantiva a los inválidos, huérfanos y viudas de guerra; ley de amnistía general que sirviese a la reconciliación nacional, sin vencedores ni vencidos, sin represalias, venganzas, persecuciones ni restricciones personales contra nadie.
En el curso de la Ronda de Conversaciones se reiteró que correspondía primero establecer la solución política, el Acuerdo de Paz, y luego, derivado de él, la "Ley de Punto Final" propuesta por el gobierno, y otras disposiciones legales.
Contra el Acuerdo de Paz se levantaron quienes directamente se han beneficiado de la guerra contrasubversiva, los cabecillas, cabezas negras y secuaces directos, los afectados en sus intereses y apetitos de lacayos cuyos servicios eran rechazados, los revisionistas y oprtunistas que salieron vociferando "traición", "capitulación", "cobardía". La oposición hizo un siniestro e infame ataque y una campaña negra contra el Acuerdo de Paz para conjurar que el Acuerdo de Paz para conjurar que el gobierno lograra éxitos con la terminación de la guerra, buscando ella misma usufructuar al máximo sus resultados a costa de nuestra sangre y la del pueblo.
La camarilla genocida vendepatria de Fujimori-Montesinos-Hermosa Ríos traficó y manipuló con el Acuerdo de Paz en su beneficio, y Montesinos pretendió erigirse como defensor de la vida y los "derechos humanos". Rechazando la solución política optaron por la solución militar, la "pacificación", esto es acabar a sangre y fuego con la Guerra Popular, propugnaron el "exterminio" de los revolucionarios, usando lo que proseguía de acción armada como justificación con el propósito de perpetuarse como vencedores, y aumentar gastos de guerra para llenar sus arcas corruptas de los tres: Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, genocidas. Fujimori no quiso solución política, optó por solución militar, continuó aplicando la línea y política genocida del Estado peruano. El responde de muertos y heridos, de destrucción de pueblos, de leyes restrictivas, de aislamiento absoluto y perpetuo de prisioneros, de juicios por tribunales militares y jueces sin rostro, etc., que desde el 93 se pudo evitar; prefirió realizar el "operativo aries", los bombardeos en el Huallaga , Ayacucho,etc., con todas sus consecuencias en vidas y destrucción.
La ronda de conversaciones no pudo avanzar más por acción en contra de una parte en nuestras propias filas, por la campaña negra desenvuelta por la oposición y el sistemático rechazo por parte de la camarilla genocida vendepatria.
El 11 de noviembre del 2000, el doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo , y Elena Iparraguirre Revoredo, camarada Míriam, plantearon cinco puntos: Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna, Verdadera Amnistía General en función de una futura Reconciliación Nacional, Democratización de la sociedad Peruana, Producción Nacional y trabajo para el pueblo y Cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao; el 30 de noviembre del 2000 tras el hundimiento de la dictadura genocida vendepatria y establecerse el gobierno transitorio de Paniagua, señalaron que se abría una posibilidad de Democratización de la sociedad peruana. En carta del doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, y Elena Iparraguirre Revoredo, camarada Míriam, de 19 de diciembre del 2000, y en cartas conjuntas de ambos junto con Oscar Ramírez durán, camarada Feliciano, y el compañero Peter Cárdenas Schultz, de 30 de noviembre del 2000 y de 18 de marzo de 2001, todas dirigidas al Presidente Paniagua, se insistió y reiteró la necesidad de Solución Política y especificó cinco peticiones: I. Nulidad de Juicios por tribunales militares y jueces sin rostro, Derogatoria de cadena perpetua y restitución de beneficios penitenciarios. Derecho de defensa y debido proceso; Normas iguales para todos los penales sin exceptuar éste, de la Base Naval del Callao; III. Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna; IV. Autentica Comisión de la Verdad integrada también por representantes de las dos partes en conflicto y familiares; V. Solidaridad con la lucha de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra; además se expresa que se espera "comience el tratamiento de los problemas referidos ya en demasía postergados, agravando de suyo , la sumamente compleja y difícil situación de nuestra patria". A pesar de todo, el gobierno transitorio de Paniagua evitó pronunciarse sobre los planteamientos hechos, se opuso a la difusión de las cartas de los prisioneros y finalmente se impuso en su seno la oposición a la solución Política, aunque para presentar una imagen "democrática" y verse obligada a resolver las exigencias de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra en lucha conjunta, diese medidas parciales y levantarse algunas medidas restrictivas, así como algunos de sus funcionarios tuviesen que admitir ambiguamente que nuestros reclamos y denuncias tenían justificación, como en el caso del Penal Militar de la Base Naval como prisión para civiles, en que reconocen que "desde el punto de vista legal su situación es bastante cuestionable", "irregular y anormal" diseñada "con odio y venganza política... para destruir a los dirigentes del Partido comunista del Perú, pero sin llegar a reconocer explícitamente que es totalmente ilegal, violatoria de la propia Constitución del Estado, violatoria de los derechos fundamentales, sin que siquiera exista ley que lo permita y autorice.
En síntesis, frente a la clara y consecuente posición del Partido Comunista del Perú, planteada desde el año 1993, de solución política a través de un Acuerdo de Paz, primero, y luego el año 2000, de Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna, así como propuestas específicas sobre pasos a dar y medidas a tomar, en el Estado peruano ha primado la tendencia de oponerse sistemáticamente a ellas, dar prioridad a la solución política, persistiendo en aplicar la línea y política genocida que llevan adelante desde fines del año 1982.
2.- Por Autentica Comisión de la Verdad y no una falsa comisión, avaladora del genocidio, unilateral y burocrática.
Esta es una segunda cuestión a tratar, y para eso el punto de partida no puede ser otro que el reconocimiento expreso, oficial y público que lo que vivió el país desde 1980 ha sido y es una guerra interna. Esa situación ha sido incluido aceptada por autoridades del Estado peruano y organismos internacionales, hasta comentada en forma inconsecuente por algunos de los integrantes de la "Comisión de la Verdad" conformada por Paniagua, pero finalmente desconocida por quienes están comprometidos, como un Vargas Llosa, en defender a todo trance, cueste lo que cueste, la cuestionada y discutible imagen de "democracia" en el país, y en limpiar de toda responsabilidad al Estado peruano y a sus instituciones como las fuerzas armadas y policiales, negando hechos que contra sus deseos y esperanzas les restrega y golpea contundentemente el rostro, así como martillea constantemente en la memoria de los que dudan.
La guerra por parte del Estado peruano se ha desenvuelto como una guerra de carácter contrarrevolucionario, como guerra contrasubversiva, de baja intensidad; el Estado peruano ha aplicado una línea y política genocida desde fines del año 82 y aún lo sigue haciendo. Los instrumentos para aplicar esta línea y política genocida han sido principalmente las fuerzas armadas como columna vertebral del Estado peruano y además las fuerzas policiales, y otros organismos e instituciones estatales, que en su conjunto han servido a la ejecución y plasmación de esa línea y política genocida tales como el Poder Ejecutivo como cabeza del Estado peruano y ejecutor directo, como el Poder Legislativo aprobando leyes para reprimir a los militantes, combatientes y masas del Partido Comunista del Perú, el Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, Salud, etc., que han ejecutado políticas específicas en sus respectivos sectores. Esa guerra contrarrevolucionaria se ha desenvuelto para combatir a la Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista del Perú, con la magistral Jefatura del Presidente Gonzalo.
En la carta de 6 de octubre de 1993 dirigida por el Doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, y Elena Iparraguirre Revoredo, camarada Mírian, al entonces Presidente de la República Fujimori, sobre el desarrollo de la Guerra Popular se señala: "desde comienzos de los años sesenta trabajamos por preparar el inicio de la lucha armada en una sociedad como la peruana, semifeudal, semicolonial y de capitalismo burocrático con un sistema estatal de seudo democracia burguesa y caducos partidos políticos, parasitarios; una sociedad cuya opresión y explotación desde siglos atrás sume al pueblo en el hambre, la miseria, la ignorancia y el atraso que constriñe sus fuerzas productivas impidiendo el desarrollo y la democracia que las masas demandan y necesitan. Nuestra acción se desenvolvió deslindando con la llamada izquierda y especialmente combatiendo al revisionismo, cuyos partidos no son sino socios menores de los otros y sostén del viejo sistema.
La Guerra Popular que iniciamos en mayo del 80 insurgió y se desarrolló en esa década contra ese orden imperante, enfrentando primero al gobierno de Belaúnde basado en la alianza de Acción Popular y el Partido Popular Cristiano y, posteriormente al de Alan García sustentado en el APRA. El primero, después de llamarnos "abigeos", desató una sangrienta represión del pueblo; mientras el segundo, luego de decir que no combatiría la "barbarie con la barbarie", siguió igual camino genocida hundiendo además el país en la peor crisis económica de su historia.
El desarrollo de la Guerra Popular alcanzó el año 90 el equilibrio estratégico, y en julio del 92 a su punto más alto, enfrentando al gobierno de Fujimori que desenvolvía un largo plan de liberalismo y prolongado gobierno de concentración absoluta del Poder para evolucionar el capitalismo burocrático dentro del sistema imperialista y sus actuales orientaciones y exigencias, con las fuerzas armadas como apoyo, cada vez más sustentadas en esa columna vertebral del Estado, particularmente desde el golpe del 5 de abril de 1992, golpe que era una necesidad del Estado peruano como el Doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, previera y planteara en noviembre de 1991.
Especificando todo ese proceso él mismo nos señala que desde el 17 de mayo de 1980 el Partido Comunista del Perú inició y desarrolló "la Guerra Popular sustentada en las masas, principalmente campesinas, con autosostenimiento, autodecisión e independencia, guiándonos siempre por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, sirviendo al pueblo de todo corazón y con desinterés absoluto. Hemos desarrollado una guerra campesina dirigida por el Partido, combatiendo las tres montañas como nadie antes ni partido alguno lo hizo; hemos llevado adelante el más amplio y profundo abrimiento de la feudalidad, hemos combatido y desenmascarado frontalmente, en la práctica y con la guerra, al capitalismo burocrático, mostrándolo cabal y completamente como el sustento de la gran burguesía que dirige el Estado peruano, dictadura organizada de la violencia reaccionaria, que sólo evoluciona, pero no destruye la base feudal de la sociedad, así como ata cada vez más al dominio imperialista; y combatiendo al imperialismo, principalmente yanqui, hemos devenido en peligro o para su seguridad y en uno de sus enemigos fundamentales en el mundo, vociferando su odio contra nosotros mientras tramaba, apoyaba y apoya nuestra destrucción, con la cual sigue soñando pues somos y seremos para él, un pésimo ejemplo contagioso, no sólo en América Latina sino en el mundo. La Guerra Popular ha sido, es y será ejemplo imborrable de lucha contra las tres montañas que aplastan y aplastarán al pueblo hasta que sean barridos cabal y completamente. La Guerra Popular ha generado un ejército de nuevo tipo, el Ejército Guerrillero Popular, y sentado las bases del Nuevo Estado, el Nuevo Poder de las cuatro clases, sustentado en la alianza obrero-campesina bajo la dirección proletaria del Partido Comunista del Perú, los Comités Populares y Bases de apoyo de la República Popular de Nueva Democracia; así, el pueblo por primera vez ha tenido su propio Ejército y su propio Estado".
"El pueblo podría preguntar qué se ha logrado en tantos años de combate, y tienen derecho a saberlo. En síntesis, la Guerra Popular, la guerra de masas dirigida por el Partido tiene cinco logros: Primero, es el más grandioso movimiento popular revolucionario de la historia peruana; segundo. Ha establecido el maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del marxismo-leninismo-maoísmo y concretado al pensamiento Gonzalo como nuestra arma ideológica estratégica, específica y principal; tercero, ha elevado al prestigio del Partido Comunista del Perú, la vanguardia organizada del proletariado peruano, al punto más alto de toda su larga historia, y extendido su influencia y repercusión en el mundo como no la tuvo jamás; cuarto, ha acumulado la más ingente experiencia revolucionaria actual, principalmente positiva; y quinto ha hecho un gran aporte a la Revolución Proletaria Mundial llegando a reconocérsela como "antorcha de la Revolución Proletaria Mundial" y al Partido como "vanguardia de choque de la Revolución Proletaria Mundial"... Esta es la Guerra Popular iniciada el 80, hito imperecedero e imborrable de la historia peruana, cumbre de la revolución y base y futuro de su continuación y desarrollo inexorable... Esta es la gloriosa Guerra Popular del pueblo peruano dirigida por el Partido Comunista del Perú marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo, gesta de las masas inigualada hasta hoy y que sólo el futuro superará"
La Guerra Popular es una guerra revolucionaria que tenía por objetivo concretar y culminar la Revolución Democrática de nuevo tipo, por tanto es un hecho social y político; ha sido una guerra dirigida por la política de un Partido Comunista, con una Jefatura, la del Presidente Gonzalo, el más grande comunista y marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la tierra, Jefatura estratégica y decisiva que representa pensamiento, camino, línea y rumbo justos y correctos. En todo el proceso de la guerra ha sido el Partido Comunista del Perú en que en sendos documentos de difusión pública como "No votar sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el Poder para el pueblo" (febrero 85), "Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial" (agosto 86), "Documentos fundamentales del I Congreso del Partido Comunista del Perú" (febrero 1988), "¡Elecciones , no! ¡Guerra Popular, sí!" (mayo de 1990), la entrevista hecha por El Diario al Presidente Gonzalo (julio de 1988), "Que el Equilibrio Estratégico remezca más el país" (noviembre de 1991), "Dos Colinas" (diciembre de 1991), así abundante documentación partidaria ha planteado clara, sólida y públicamente su ideología, su línea política, sus planes militares, los balances del proceso de la Guerra Popular, las acciones desenvueltas, las lecciones principalmente positivas, y asumido su responsabilidad en errores cometidos, casos aislados que nunca fueron lo principal, luego de analizar las circunstancias en que ellos se produjeron; y ha denunciado detalladamente la vil y siniestra aplicación de la línea y política genocida del Estado peruano ejecutado por las fuerzas armadas policiales. Pero además, y lo que destacamos, el Presidente Gonzalo en el III Pleno del Comité Central estableció la Gran Orientación de ajustarnos más estrictamente a las normas internacionales de la guerra, a las Convenciones de Ginebra, especialmente al artículo III común, sobre todo que las acciones bélicas no deben dirigirse contra las masas civiles, preservándolas lo más posible de los daños derivados, así como cambios en la tercera forma, la de aniquilamiento selectivo, llegando a suprimirla porque ya no correspondía.
El Estado peruano y sus Fuerzas Armadas y Policiales por el contrario nunca han obrado igual, hasta hoy, por el contrario los gobiernos de Belaunde, García Pérez y Fujimori se han esmerado en ocultar los crímenes, e imputarnos sus propias acciones y siniestros métodos usando su maraña legal y una sistemática campaña de desinformación para lograr opinión pública favorable. Pero sueñan quienes creen que así pueden engañar a la gente todo el tiempo.
El Partido Comunista del Perú, jamás ha aplicado el genocidio, ni la política de desapariciones, torturas, fosas comunes, etc., ni menos ha sido calificado de genocida por ningún organismo internacional como sí lo ha hecho el Estado peruano y así ha sido calificado. El Partido Comunista del Perú, no teme que se esclarezcan los hechos de la guerra interna, no teme al pasado, y esa es la posición y actitud que los prisioneros asumimos decididamente.
Por eso rechazamos y condenamos con indignación que a nuestra acción armada se la tipifique como "violencia terrorista" y a nuestro Partido como "organización terrorista". Ese calificativo no es sino la demagógica y reaccionaria posición del imperialismo yanqui, que enarbolan y repiten quienes están en contra de la revolución armada buscando cubrirla con un manto de desprestigio. Ha sido el imperialismo yanqui, y particularmente Reagan, quien ha tildado de esa forma a todo movimiento revolucionario. Así se pretende desprestigiar y aislar para aplastar, es lo que sueñan. Conviene reflexionar sobre esta imputación lo que escribiera Lenin: la revolución no es un complot contra un personaje odiado, no es un acto de venganza, no es una salida provocada por la desesperación, no es un simple acto de amedrentamiento. Han pasado los tiempos en que por falta de un pueblo revolucionario hacían la revolución terrorista revolucionarios individuales. La bomba ha dejado de ser el arma del petardista individual y ha pasado a ser elemento necesario del armamento del pueblo. Así, Lenin, nos enseña que los tiempos han cambiado, la bomba ha pasado a ser arma de combate de la clase, del pueblo, y ya no es una conjura, una acción individual aislada, sino la acción de un Partido, con un plan, un sistema, con un ejército. Así las cosas ¿dónde está el imputado terrorismo? Infamia pura. El Partido Comunista del Perú y la Guerra Popular por el dirigida nunca han sido ni serán "terroristas". El Partido Comunista del Perú, reiteramos, es una organización política, un Partido de nuevo tipo, con una Jefatura: la del Presidente Gonzalo; con una ideología: el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo; con un programa: el programa de los Comunistas, establecido por nuestro fundador Carlos Marx, que comprende en nuestro caso llevar adelante las revoluciones democrática, socialista y culturales, hasta la meta el Comunismo. La Guerra Popular ha sido una guerra justa, dirigida por la política del Partido, desenvuelta a través del Ejército Guerrillero Popular, como guerra de guerrillas cuya médula fue crear Bases de Apoyo; ha tenido cuatro formas de lucha: combates guerrilleros, sabotajes, aniquilamiento selectivo y agitación y propaganda armada, las que a su vez se plasmaron en más de dieciocho procedimientos y cada acción ha tenido un definido objetivo político, son pues acciones de guerra. Lo de "terroristas genocidas" es un burdo remedo y plagio que quieren aplicar al Partido Comunista del Perú, cuando más bien esos calificativos les viene como anillo al dedo al estado peruano y sus Fuerzas Armadas y Policiales. Esos calificativos apuntan contra el principal derecho de transformar la vieja sociedad, barriendo la explotación y opresión, construyendo un mundo mejor y una más plena humanidad. De igual forma rechazamos y condenamos que sin antes haber investigado ni haber "esclarecido plenamente", como señala en su parte considerativa el Decreto Supremo de Paniagua, que conformó la "Comisión de la Verdad", se responsabilice al Partido Comunista del Perú, y organizaciones que se levantaron en rebelión armada de "los miles de peruanos victimados". Finalmente, rechazamos la elucubración de que la guerra popular puso al campesinado "entre dos fuegos", porque es precisamente el campesinado la parte inmensamente mayoritaria que ha conformado el Ejército Guerrillero Popular; o la imputación infame de relación con el narcotráfico, lo que no tiene ningún fundamento y que a ellos sí les cae perfectamente y está completamente probado.
El genocidio, en contra de lo que pretenden imputar, ha sido por el contrario la política persistente y sistemática del Estado peruano. Como lo precisa el Presidente Gonzalo, de manera contundente: "... el genocidio es clara y concretamente una política aprobada y ordenada por el gobierno del Estado peruano, a propuesta de sus fuerzas Armadas y aplicada por las propias Fuerzas Armadas auxiliadas por las policiales siniestra y bárbaramente desde el año 83, intensificada cruenta y crudelisimamente el año 84 y sistemáticamente aplicada hasta hoy... Pero, ¿ para qué se aplicó el genocidio? , para contener la Guerra Popular que iniciada el 80 logró establecer a fines del 82, el Nuevo Poder plasmado en Comités Populares; para aplastar la guerra de guerrilllas, para apartar a las masas de la guerra revolucionaria, para destruir el Nuevo Poder y conjurar su desenvolvimiento, para impedir el desarrollo de la guerra popular..."
Justamente contra el desarrollo de la guerra popular se levantó la guerra contrarrevolucionaria que llevó adelante el Estado peruano, siguiendo las teorías establecidas por el imperialismo yanqui, en base a experiencias extraídas de Vietnam y del combate contra la lucha armada en América Latina, en especial de Centroamérica, la experiencia antiterrorista de Israel, Argentina, y la "asesoría de Alemania Federal, Taiwán, España, etc. Las operaciones de la guerra contrarrevolucionaria o "lucha antisubversiva" como la llamaron, han estado bajo dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que actúan según lo dispuesto por el Consejo de Defensa Nacional que está encabezado por el Presidente de la República; así, Belaunde, García Pérez y Fujimori tienen directa e ineludible responsabilidad en todo lo ejecutado, además es su responsabilidad política que los hace los primeros y principales responsables de la guerra contrarrevolucionaria. Desde fines de 1982, al fracasar la acción de las Fuerzas Policiales contra la Guerra Popular, por haber sido humillantemente derrotadas y obligadas a abandonar el campo, se impuso en el Estado peruano la necesidad de encomendar a las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de guerra y Fuerza Aérea) el "restablecimiento del orden público" y pasaron con planificada distribución de planes genocidas, a poner en Estado de Emergencia y bajo control político-militar, a amplias zonas del país, que llegaron a efectuar a la mayoría de departamentos, algunos inclusive con toque de queda, como en Lima y Calllao. Como consecuencia de ello , más de medio país fue sometido a mandato castrense absoluto e irrefrenado control político-militar, cuyos Generales Jefes Político-militares y altos mandos, los que actuaron como nuevos amos, dueños de vidas y haciendas, revivos gamonales engalonados de horca y cuchillo, a quienes nadie podía pedir cuentas ni explicaciones, amparados en legislaciones de emergencia y protegidos por el fuero Militar que absolvió sus crímenes.
La Fuerza Armada puso en marcha su plan de utilizar masas contra masas, infiltró el campesinado con agentes, espías y soplones, formó mesnadas con las acciones combinadas con Fuerzas Policiales y Armadas desataron el terror blanco en el campo, la cacería de revolucionarios, y la siniestra política de robar todo, quemar todo y matar a todos, violaciones, torturas, arrasamiento de comunidades y pueblos; impusieron nucleamientos, rondas y "comités de defensa", obligándolas a participar en acciones militares, masa presionada, verdadera carne de cañón, siempre puesta como vanguardia en sus ataques, usándolos como parapetos protectores.
Al fracasar la política reaccionaria de enfrentar masas contra masas, de robar todo, matar a todos, quemar todo, las fuerzas armadas policiales recurrieron al más negro, protervo y criminal genocidio, una de las más grandes infamias de la historia republicana del Perú que se ha aplicado de manera sistemática y planificada.
La línea y política genocida aplicada por las fuerzas Armadas y Policiales del Estado peruano se materializó en las innumerables matanzas genocidas perpetradas desde el año 83, principalmente en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, extendiéndose luego a todo el país. La enumeración, detalles y cronología de las matanzas genocidas es muy grande y exceden largamente los cálculos que sobre el costo en vidas hacen los voceros del Estado y organismos de derechos humanos. Podemos hacer un recuento somero para refrescar la memoria a quienes hoy encubren y avalan el vil genocidio contra el pueblo, y a los plumíferos y ganapanes que pretenden atribuir la responsabilidad de las más de veinticinco mil muertos solamente al Partido Comunista del Perú.
El año 83, en el departamento de Ayacucho comenzó el aniquilamiento del campesinado y la destrucción de comunidades y pequeños poblados: Huambo, Iquicha, Huaychao, Uchuraqay incluidos los periodistas asesinados, Espite, Oqopeja.
En Paccha, Vinchos, la mayoría del pueblo fue asesinada y el resto que quedó fue llevada a Lima. En la ciudad de Ayacucho, en los dos meses anteriores a las elecciones municipales de noviembre del 83 fueron arrojados más de 800 cadáveres monstruosamente asesinados, rematados después de bestial tortura, en las calles y alrededores de la ciudad. En Sivia, La Mar, en noviembre 83, como represalia a emboscada sufrida por el Ejército, apresaron a sesenta personas y asesinaron indiscriminadamente a veinte de ellas. En Hoscos. Huamanga, el destacamento policial del lugar asesinó a más de cincuenta personas participantes en una fiesta matrimonial, luego de torturarlos.
Los cuarteles del ejército "Los Cabitos" en Ayacucho, Totos, Cangallo, Pichari, y en Huanta a cargo de la Marina, se convirtieron en campos de concentración y grandes centros de torturas masiva y siniestra, donde se enterró clandestinamente, incluso vivos a cientos de torturados, En Chinche, caserío de la provincia Alcides Carrión, Pasco, en octubre del 83 fueron aniquilados cuarenta y cinco Campesinos. En Parabamba, Tayacaja, Huancavelica, el 13 de noviembre del 83, desde tres helicópteros ametrallaron a la población matando a cincuenta personas, en represalia por una emboscada que la guerrilla hizo a una patrulla del Ejército. En Ayacucho, a fines de junio del 84 asesinaron a ciento cincuenta personas en la zona de San Francisco. El 5 de julio del 84 en Chiara, Ayacucho, asesinaron a treinta campesinos; el 8 de julio en Rosario, selva ayacuchana, matan a cuarenta campesinos, en Pomabamba el 12 de julio asesinan a treinta, el 15 de julio en Apacheta aniquilan a diecisiete personas, el 16 de julio encuentran veinticinco cadáveres torturados en la carretera a Huamanguilla. El 3 de agosto encuentran treinta y siete cadáveres de torturados en Puramanta. El 18 de agosto 84 encuentran diecisiete cadáveres de niños y adolescentes torturados en Cocahuichun, Vía de Los Libertadores, y ocho cadáveres, dos de niños, en Leonpata. El 27 de agosto encuentran diecinueve asesinados en Sajraruni y veintiún cadáveres en San Francisco, El 1° de setiembre en Churubamba y Misquibamba veintitrés campesinos asesinados. En Huancavelica, entre el 15 y 23 de octubre, el Ejército asesina a setenta y cinco campesinos en Milpo y quince en Pillo-Pachamarca. El 19 de noviembre en Putis y Chullay, Ayacucho, aniquilan a cincuenta campesinos. En Cusco, en Lucmahuayko, Vilcabamba, soldados y mesnadas asesinan a veintidós campesinos, y entre el día 23 y 26 de noviembre a otros veinte. En Huancavelica el 6 de diciembre, fuerzas policiales matan a trentiocho campesinos en Cuñiacobamba. En diciembre de 84 hallan dieciséis cadáveres en Ayahuarcuna , Ayacucho.
Dentro de esta siniestra ola genocida del año 84, se resaltan algunas acciones en ayacucho, entre junio y julio. En Vinchos aniquilaron a cuarenta comisarios de comités Populares. En Rimllapata fusilan a dos niños junto con su madre que era comisario de seguridad. En Mayopampa a un comisario lo arrojaron a una casa ardiendo. Esos viles asesinatos muestran el ensañamiento y ferocidad de las fuerzas armadas genocidas fusilando hasta a niños, por el simple hecho de ser hijos de miembros del Nuevo poder, que generó la guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Peru. En Balcón, Ayacucho, los marinos asesinan a dieciocho campesinos entre ellos 6 niños. En Pichari la guardia civil bajo a veinte pasajero de un camión y los aniquiló; la fuerza base del ejército guerrillero popular los enterró y sin embargo se les imputó la matanza. En Azángaro, Luricocha, Ayacucho, la marina aniquiló a cincuenta campesinos.
El arrasamiento se extendió, un botón de muestra es el operativo en Incaraqay en el que luego de robar todo incendiarón quinientas viviendas; el exterminio llegó hasta desaparecer pueblos, como lo ocurrido el 15 de julio del 84 cuando el ejercito aniquiló a toda la población de quinuas y desapareció el pueblo totalmente, borrándolo del mapa. El 22 de agosto 84 en Sivia, la Marina en represalia por emboscada fusiló a cincuenta jóvenes. El 10 de noviembre la marina y guardia Republicana mataron a cuarenta campesinos en Quimbiri, luego de torturarlos salvajemente.
Otra estremecedora prueba del genocidio perpetrado por las fuerzas Armadas del estado Peruano aplicando su línea y política genocida es el hallazgo de fosas, espectáculo macabro y espeluznante que merece la conciencia nacional, con inapagable grito herido de hombres, mujeres y niños destruidos, quebrantados vidas del pueblo convertidas en clamor de histórica justicia de clase, constante denuncia incallable de la barbarie con que el reaccionario Estado se defiende utilizando sus Fuerzas Armadas bajo la dirección del gobierno de turno.
Las fosas halladas y las que aún siguen descubriéndose son también innumerables y están consignadas detalladamente en las denuncias y desenmascaramientos que como en todo lo anterior ha hecho el Partido Comunista del Perú en diversos documentos desde 1983. Denuncias que como muchas otras no han merecido atención alguna de las autoridades o los grandes diarios y la prensa por afán de ocultar la real dimensión del genocidio. Se han encontrado fosas con decenas de victimados por las Fuerzas Armadas como las halladas el 23 de agosto de 1984: 7 fosas con 89 cadáveres en Pucayacu, cuyo responsable directo el genocida capitán de corbeta Alvaro Artaza Adrianzén fue ascendido y enviado a España para protegerlo, por el gobierno aprista de Alan García; fosa con 30 muertos en Huanta, carretera a Mayoc, 22 de agosto; fosa con 30 muertos en Ayahuarcuna, 23 de agosto; fosa con 50 muertos en Iribamba, 13 de agosto del 84; fosa con cadáveres en Vado chico, Huanta y luego otras 4 fosas en este mismo lugar con 41 muertos, el 25 de agosto del 84. En Huamanguilla el 19 de noviembre 3 fosas con 45 cadáveres; el 10 de marzo del 85, 2 fosas con 30 cadáveres cerca de Huanta; el 23 de febrero en Canaire asesinan a 50 campesinos. Estas y muchas otras muestras del genocidio perpetrado por el gobierno de Belaúnde fue proseguido por Alan García y Fujimori, aplicando la misma línea y política genocida para combatir la guerra Popular y al partido Comunista del Perú. Así lo demuestran los genocidios de Aqomarca, Llocllapampa donde en 8 fosas se descubrió 69 cadáveres bárbaramente aniquilados, calcinados, imposibles de identificar, su responsable directo, el genocida Teniente Telmo Hurtado fue ascendido, siguieron los genocidios de Huambalpa el 4 de setiembre 85, con 60 campesinos asesinados. Pucayacu, arrasamiento de los pueblos de Aqomarca, Umaru, Incaraqay, Pantin tankiwa, Cochapata , Mayopampa, Manllasaq. El 2 y 3 de setiembre genocidios de Umaru y Bellavista con 66 muertos, entre ellos 11 niños; el 4 de octubre en Lima, ya con el nuevo gobierno Aprista de Alan García, 30 prisioneros de guerra del partido Comunista del Perú fueron asesinados en el Penal de lurigancho; luego el 19 de junio de l986 fuerón aniquilados 300 prisioneros de guerra, en los penales de el Frontón, Lurigancho y el callao. Esta política genocida contra los prisioneros de guerra se repitió el año 92 en el gobierno de Fujimori, cuando se aniquiló a 50 prisioneros, crímenes que continúan impunes y en el colmo del cinismo y la desvergüenza se enjuicia y procesa a los propios prisioneros de guerra como responsables de la matanza.
La dictadura genocida vendepatria de Fujimori-Montesinos-Hermoza Ríos, prosiguió la nefasta línea y política genocida incrementándola más en cada una de sus formas, lo que ha sido ocultado por el control absoluto que ejerció en todos los poderes del Estado; las denuncias que hoy salen a luz y con las cuales se trafica y las acusaciones que se les hacen por las matanzas genocidas de Barrios Altos y la Cantuta como si fueran las únicas, son producto de la agudización de contradicciones en el seno de la gran burguesía por el control del Estado, atizadas en la contienda electoral y que buscan atenuar y encubrir la responsabilidad en todo el proceso de aplicación de esa línea y política genocida del Estado peruano, desde fines de 1982.
Parte del genocidio es la política de Desaparecidos que se inició desde el ingreso de las Fuerzas Armadas. Suman miles de desaparecidos de 7 a 10 mil, y muchos más que no han sido denunciados por falta de documentación y limitaciones, además de las persecuciones y amenazas contra los familiares, que yacen en fosas aún desconocidas o cementerios clandestinos, de los múltiples campos de concentración que implementó la Fuerza Armada peruana. La política de desaparecidos ha sido aplicada para borrar toda huella de torturas, mutilaciones y demás perversidades contra las masas detenidas, contra los combatientes y militantes del Partido Comunista del Perú, que caían en las manos de las fuerzas Armadas y Policiales y que finalmente fueron rematadas y asesinadas clandestinamente, ocultándose sus restos o calcinándolos y desintegrándolos con armas químicas prohibidas como bombas de fósforo blanco. Nunca respondieron a las denuncias hechas, siempre negaron haber detenido a los desaparecidos y amenazaron y mataron a los testigos.
Finalmente reparamos en la acción de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, aplicando sus llamadas "operaciones encubiertas", usando grupos secretos como los llamados "Rodrigo Franco", "Colina", "GATO", "Escorpión", o los grupos operativos de la DINCOTE, responsables de genocidios como los de la Cantuta, Barrios Altos, asesinato de Abogados, estudiantes, etc.; cuyas actividades estuvieron directamente ligadas a decisiones de las más altas autoridades de los gobiernos de turno.
Está plenamente demostrado que el genocidio lo aplicó el Estado peruano como parte de una línea y política genocida, de manera sistemática y planificada, no fue obra de "algunos agentes del Estado", como encubridoramente plantea el Decreto Supremo que crea la Comisión de la Verdad, para eximir al Estado de su responsabilidad y a los sucesivos gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori principalmente. Situación admitida por instituciones diversas como en el caso de la defensoría del Pueblo que reconoce en su Resolución Defensoría N° 57 de 15 de noviembre del 2000, que los desaparecidos "respondieron a las estrategias diseñadas por las instancias de mando" de las Fuerzas Armadas, o de personalidades como el Doctor Francisco Soberón que admite que las prácticas genocidas "no son casos aislados... son prácticas sistemáticas, generalizadas, extendidas... responsabilidad del Estado... como lo han dicho organismos internacionales de Derechos Humanos... cuando hay un patrón de esta naturaleza no es dable hablar de excesos... En los tres gobiernos han habido estas prácticas."
La aplicación de la línea y política genocida contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra ha sido cruenta, bárbara y siniestramente planificada y ejecutada por las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio de Justicia y el INPE, desde el mismo inicio de la guerra interna, considerando a los prisioneros la parte más débil de la guerra los han sometido con ensañamiento y venganza a un sistemático y sofisticado plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento, negándoles los más elementales derechos fundamentales, destruyendo sus vínculos familiares, sociales, laborales, académicos, negando su derecho a la salud y atención médica especializada, a trabajar, educación, información, promoviendo más bien la nefasta política de enfrentar presos contra presos, presionar y chantajear para lograr arrepentimiento, y finalmente ejecutar el exterminio de prisioneros siendo hitos del genocidio los del 4 de octubre de 1985 en Lurigancho, del 19 de junio de 1986 en El Frontón, Lurigancho y El Callao, y 6, 7, 8 y 9 de mayo de 1992 en Canto Grande, con un total de casi 400 prisioneros asesinados.
Súmese a todo lo anterior que existen como consecuencia de la guerra contrarrevolucionaria miles de requisitoriados, expatriados y desplazados que reclaman se solucione globalmente su problema. Subsisten cerca de 3000 prisioneros políticos y prisioneros de guerra en diversas cárceles del país, cuya situación también debe resolverse mediante una solución política a los problemas derivados de la guerra interna, como lo ha demandado el Partido Comunista del Perú.
Sobre la política del estado peruano y sus Comisiones de la Verdad.
El Partido Comunista del Perú, ha asumido su responsabilidad públicamente en el desarrollo de la Guerra Popular y denunciado puntualmente la acción del Estado peruano y su línea y política genocida, e incluso ello ha sido plasmado útilmente en "La Guerra Popular en el Perú", parte del I Tomo de la historia del Partido Comunista del Perú, entregado por el Doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, a las autoridades para que autoricen su difusión, y retenida indebidamente por éstas. Toda esta documentación debe ser conocida públicamente y no ocultada o desaparecida.
El Estado peruano en cambio no ha hecho ningún balance público de su acción, nunca ha asumido responsabilidad y más bien ha encubierto y avalado el genocidio, lo ha exaltado y premiado tras la cubierta de "Patriotismo", "defensa de la democracia", "defensa del orden constitucional", desatando con todos los medios a su alcance una campaña de propaganda para eximirse de responsabilidad y atribuir sus propios actos a la parte contraria. Pero además están las "Comisiones Investigadoras", o denominadas "Comisiones de la Verdad", que en las experiencias de América y el Mundo han sido establecidas para investigar y establecer responsabilidad sobre hechos ocurridos en procesos de violencia política o guerra interna, y en la experiencia del país han sido conformadas para encubrir y justificar brutales genocidios ejecutados por miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Recordemos la de Vargas Llosa (1983) para supuestamente investigar lo ocurrido en Uchuraqay, con la matanza de periodistas; la Comisión Ames para investigar el genocidio en los penales de El Frontón, Lurigancho y El Callao (1986), y la Comisión Melgar para investigar el genocidio de Cayara (1988). En todos estos casos tales comisiones conformadas por elementos adictos a los regímenes de Belaúnde, García Pérez y Fujimori, , se dedicaron en encubrir los hechos, dominados por su objetivo principal de "limpiar la imagen del gobierno y de las Fuerzas Armadas" en forma tan desvergonzada y escandalosa que fueron condenadas a nivel nacional e internacional. Para cumplir su nefasto papel tomaron casi exclusivamente las versiones "oficiales", las declaraciones jefes militares de fuerzas antisubversivas que se negaban a responder sobre las cuestiones de fondo, tras "seguridad del Estado" o "subordinación al comando", mientras los ejecutores directos por lo general eran ocultados y protegidos. En todos los casos se ignoró y rechazó las declaraciones de familiares, testimonios de testigos presenciales, a los que más bien se persiguió o se fue asesinando sistemáticamente. Pero lo principal es que se negó el desarrollo de la Guerra Popular en el país, presentándola más bien como "violencia terrorista", repicando al imperialismo yanqui, y exaltando y santificando la línea y política genocida, el enfrentar masas contra masas, realizar matanzas genocidas, fosas comunes, política de desaparecidos, etc. Una acción próxima fue la de la llamada "Comisión de Paz" que montó una patraña monstruosa previa para justificar el genocidio que se haría luego el 86 contra los prisioneros en El Frontón, Lurigancho y El Callao, y otra la que concluyó con la "amnistía" decretada por Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos en año 95, beneficiando a los ejecutores e instrumentos de su política.
Dentro de una coyuntura política en la que abría una posibilidad de Democratización de la Sociedad Peruana, la exigencia de esclarecimiento del proceso de guerra interna que se incrementaba nacional e internacionalmente y ligado a ello las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que en varios fallos establecía la directa responsabilidad del Estado peruano en genocidios, la aceptación de tratar y hasta de conformar una Comisión de la Verdad representa un hecho positivo, aunque es evidente el riesgo de sólo proseguir las experiencias anteriores de Vargas Llosa, Ames, Melgar, etc.
El 4 de julio del 2001 mediante Decreto Supremo 065-2001 El Gobierno Transitorio de Paniagua estableció una "Comisión de la Verdad" planteando sus fundamentos, objetivos y funciones. Lo primero es que el proyecto presentado por el denominado "Grupo de Trabajo Institucional" no fue debatido públicamente. Lo segundo en los fundamentos se comienza con declaraciones sobre deberes del Estado, sin reconocer mínimamente el incumplimiento y violación sistemática de todo su ordenamiento legal, empezando por la Constitución, por parte de los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori. Lo tercero, es que en su parte considerativa plantea "que en mayo de 1980 organizaciones terroristas desencadenaron la violencia contra la humanidad y miles de peruanos resultaron víctimas de la violación de sus derechos más elementales tanto tanto por obra de dichas organizaciones terroristas como por la de algunos agentes del Estado con un trágico saldo de crímenes y desaparecidos y otros hechos graves que no fueron esclarecidos". Así, con ese fundamento se niegan la guerra interna desarrollada en el país desde los años 80, se exime al Estado peruano por haber desenvuelto una guerra contrarrevolucionaria y aplicado una línea y política genocida en contra de la Guerra Popular iniciada y dirigida por el Partido Comunista del Perú, se reduce todo a una acción de "algunos agentes del estado", desconociendo fue una política de Estado, aplicada por Belaúnde, García Pérez y Fujimori. Lo cuarto, sin siquiera haber iniciado las investigaciones, sin antes haber "esclarecido plenamente", como señala en su parte considerativa, actuando con subjetivismo e ideas preconcebidas imputan de "terrorismo" y hasta responsabilizan a las organizaciones que se levantaron en rebelión armada de los "miles de peruanos víctimas de la violación de sus derechos fundamentales". Lo quinto, en el Decreto Supremo se habla de "hechos que no fueron esclarecidos" y no se asume ni un mínimo de responsabilidad por justamente haberlos ocultado, negado, avalado el genocidio. Lo sexto, en su artículo 3° eluden el genocidio en cuanto a hechos a investigar. Plantean establecer responsabilidades por lo que llaman "ejecuciones extrajudiciales", que no es sino un eufemismo legal para encubrirlo. Lo séptimo, hablan de "reparaciones e indemnizaciones" a las víctimas como actos "humanitarios", de buena voluntad, éticos, cuando lo real es que el Estado está obligado a resarcir por las responsabilidades derivadas de sus propios actos..Lo octavo, plantean "reinstitucionalizar la democracia" cuando lo que necesita el pueblo es la Democratización de la Sociedad Peruana, empezando con la derogatoria de toda la legislación "antiterrorista" y antilaboral, la restitución y respeto a sus derechos fundamentales negados y conculcados, la solución a los problemas y necesidades de campesinos, obreros y masas en general principalmente las afectadas por la guerra. Lo noveno, hablan de "dar voz a los sin voz" cuando lo que se debe aceptar no es una representación burocrática a través de organismos designados por el Estado, sino el derecho de las masas a hablar directamente, sin intermediarios de ningún tipo. Lo décimo, la experiencia internacional aconseja y demanda la participación y representación de los miembros protagónicos y donde eso no ocurrió, como en Chile y Argentina, sólo llegaron a soluciones parciales, entrampadas por la subsistencia de problemas, que tras largos años sigue dándose y hasta hoy no se resuelven y una reconciliación nacional que no han logrado. Lo undécimo, en el artículo 4° del mencionado Decreto Supremo se dice "La Comisión de la Verdad estará conformada por siete personas de nacionalidad peruana de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificados con la defensa de la democracia e institucionalidad constitucional". Así la Comisión de la Verdad es unilateral, ya que sus conformantes son exclusivamente personalidades y funcionarios del Estado, comprometidos en la defensa del Estado peruano y su política, y cuyas divergencias fueron y son sólo sobre cómo combatir la Guerra Popular. Lo duodécimo, en el artículo 6° tras el manejo burocrático de la Comisión se restringe el tratamiento público de los hechos y se abre el camino para silenciar las opiniones que sean consideradas inconvenientes.
La designación de miembros de la comisión de la Verdad por el Gobierno Transitorio confirmó el rumbo que pretenden seguir, reeditando el nefasto camino de las comisiones encubridoras y avaladoras de la línea y política genocida del Estado peruano, ese es el papel en el que se reafirman los funcionarios del Estado peruano y personalidades comprometidas directa o indirectamente con la guerra contrarrevolucionaria, una de ellas cómplice directa de la camarilla genocida vendepatria de Fujimori-Montesinos-Hermosa Ríos, otros que medraron de la guerra como "expertos" y asesores, otro que entre sus méritos tiene el de haber sometido la Universidad de Huamanga a los planes de "pacificación", ser fiel representante del Gobierno Transitorio en Ayacucho, y jamás de las masas populares de Ayacucho. Tales miembros no tienen el nivel ni las luces para esclarecer hechos ni menos para servir a la reconciliación nacional.
Últimamente el Presidente Toledo ha dado su respaldo a la Comisión conformada por Paniagua, sin embargo ha puntualizado el carácter vinculante de sus conclusiones, ha planteado se la amplié en integrantes y además se cambie su denominación por la de "Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional". Aunque tales ajustes son derivados de sus propias divergencias, y son formalmente positivas, pues se reconoce indirectamente la estrechez y unilateralidad de la conformada por Paniagua, así como se asume cumplir las obligaciones derivadas de sus conclusiones, y destaca el objetivo principal y final a lograr , pero no ha hecho sino reiterar el contenido del Decreto Supremo 065-2001. Más aún, frente a los hechos ocurridos en la Selva Central, Satipo y río Ene, que comprueban se sigue aplicando las campañas de cerco y aniquilamiento, como el denominado "Plan Tormenta" y por tanto la línea y política genocida del Estado peruano de arrasamientos y matanzas genocidas, los llamamientos y exasperadas declaraciones de "exterminio", "destruir totalmente al terrorismo", "no permitir que ni un solo metro de suelo peruano esté en poder de los terroristas", y las consecuentes decisiones de que el Ejército amplíe sus operativos, sólo muestran la reiterada oposición a la Solución Política a los problemas derivados de la guerra, uno de cuyos pasos es precisamente resolver la situación de quienes prosiguen aún la acción armada, y sobre la cual el Presidente Gonzalo y el Partido Comunista del Perú, han planteado claramente debe terminar como parte de un tratamiento y negociación global e integral del conjunto de situaciones pendientes. Persistir en la solución militar, represiva, sólo acrecentará inútilmente el costo social, como lo prueban las vidas de los agentes policiales muertos y las de las masas que evidentemente con desprecio se oculta.
Se cometerá un grave error histórico si se persiste en imponer usando todos sus medios, la "verdad" del Estado peruano, ocultando los hechos y avalando los genocidios, pues en ese caso, aunque el tiempo pase, la verdad se abrirá paso por más que se le enfrenten numerosas "comisiones de la verdad", pero habrá oportunidades que se habrán perdido.
3.- Luchar por Auténtica Comisión de la Verdad. Defender históricamente la Guerra Popular. No a la impunidad del genocidio.
Luchamos por una Auténtica comisión de la verdad y en contra de que se reedite una "Comisión de la Verdad" falsa, avaladora del genocidio, unilateral y burocrática.
Por ello luchamos, porque estén representadas las dos partes en conflicto y no sólo la del Estado, porque se concrete la representación de las organizaciones levantadas en armas, principalmente el Partido Comunista del Perú, representado por el Doctor Abimael Guzmán Reinoso, Presidente Gonzalo, y Elena Iparraguirre Revoredo, camarada Míriam, así como representantes de prisioneros y familiares desaparecidos, victimados, torturados, etc. sólo de esa forma , y tratados públicamente, los hechos serán esclarecidos y el genocidio no quedará impune, así como se podrá crear las condiciones necesarias para la futura reconciliación nacional, y no sólo entre quienes han combatido la Guerra Popular, lo que debe ser su objetivo final.
Asumimos firme posición por defender históricamente la Guerra Popular, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, defender la Jefatura del Presidente Gonzalo, continuador de Marx, Lenin y el Presidente Mao Tsetung, defender su ideología el marxismo-leninismo-maoismo, pensamiento Gonzalo, principalmente al pensamiento Gonzalo nuestra arma ideológica estratégica, específica y principal, y defender al Partido Comunista del Perú, vanguardia organizada del proletariado peruano.
Nuestra brega es por condenar y desenmascarar la línea y política genocida del Estado peruano, y contra su prosecución; no a la impunidad del genocidio.
Por todo ello reafirmamos nuestra disposición y voluntad de luchar desde dentro y fuera de la comisión de la Verdad, principalmente desde fuera, convencidos de que las luchas de las masas que, aún en el repliegue comienzan a movilizarse y empiezan a agitar nuevos vientos, son el factor decisivo para que la verdad finalmente se imponga, para que se pueda lograr la Solución Política a los problemas derivados de la guerra, centrando en Democratización de la Sociedad Peruana, de manera global e integral, considerando como parte de ella la situación de quienes aún se mantienen en armas. Sabemos que esa brega no es fácil, será dura y requerirá un proceso, pero en la medida en que persista los logros serán mayores.
Con el espíritu de servir de todo corazón al pueblo y desinterés absoluto, como nos enseñan y forjan con su propio ejemplo el Presidente Gonzalo y la camarada Míriam, asumimos con entera responsabilidad ante el proletariado internacional, el pueblo peruano y los pueblos del mundo el servir a que la verdad se abra paso y los hechos hablen.
Rendimos emocionado homenaje a quienes con desprendimiento ejemplar entregaron sus vidas la libertad de su pueblo, a todos los que enfrentando la prisión, las torturas y aún la muerte han abierto un brillante camino para la transformación del viejo orden y la construcción de la nueva sociedad.
Saludamos con optimismo a los familiares que dan ejemplo de organizarse unificadamente para defender y ejercitar sus derechos, y a los hombres y mujeres, organizaciones e instituciones que convergen con la necesidad de Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna y una reconciliación Nacional, sin odios, rencores ni venganzas.
Comité de Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra de la Luminosa Trinchera de Combate de Yanamayo.
Agosto de 2001
