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David Lovatón
Instituto de Defensa Legal
No era un secreto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación seņalaría en su informe final que durante la violencia política se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, vejaciones sexuales, detenciones arbitrarias) por parte de Sendero Luminoso y el MRTA por un lado, pero también por parte de efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, en contra de miles y miles de personas inocentes.
Tampoco es un secreto que durante esos aņos de violencia política el Poder Judicial y el Ministerio Público no estuvieron a la altura de las circunstancias, salvo -como siempre- honrosas excepciones. Por un lado, no cumplieron su rol tutelar de la legalidad y del Estado de Derecho ni de defensa de los derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la libertad de miles de compatriotas, al no investigar ni castigar graves violaciones a estos derechos fundamentales, contribuyendo así a la impunidad de estos casos. Por el contrario, durante esos aņos -salvo, nuevamente, excepciones- los tribunales civiles abdicaron de su competencia a favor de los tribunales militares.
Tampoco cumplieron su rol de investigación y condena del delito de terrorismo. En un primer momento, se les acusó de ser una suerte de "coladera" de los cabecillas terroristas y, a partir del autogolpe de 1992, aceptaron una legislación antiterrorista absolutamente violatoria de estándares internacionales, con jueces y fiscales sin rostro y el protagonismo de tribunales militares, al punto que ha obligado en la actualidad a anular muchos de esos procesos y a reiniciarlos con una nueva legislación.
Sin embargo, desde el inicio de la transición democrática cada vez más magistrados vienen reconociendo esta situación. Muestra de ello es la preocupación judicial por volver a juzgar a las personas acusadas de terrorismo, respetando el debido proceso pero también pensando en la seguridad del país; también lo son algunas decisiones judiciales que han afirmado la competencia de los tribunales civiles frente a la justicia militar, la creación de una fiscalía especializada o la apertura de algunos casos como Cantuta o Barrios Altos. A la vez, hay también algunos hechos preocupantes, como el que hasta la fecha la fiscalía especializada en derechos humanos no haya formalizado denuncia alguna.
Por tanto, el informe final de la Comisión de la Verdad será, en gran medida, la vara con la cual se medirá la auténtica voluntad del Poder Judicial y del Ministerio Público de investigar y, de ser el caso, sancionar, a los responsables de las más graves y atroces violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante ese periodo. Será también una forma de reivindicar frente al país su independencia frente al poder; independencia tan reclamada durante las últimas semanas por los jueces, que tiene aquí la mejor oportunidad de verse plasmada con una valiente actuación jurisdiccional, más allá de los discursos.
Al respecto, la Comisión de la Verdad ha propuesto llevar a la justicia alrededor de 50 casos de graves violaciones a los derechos humanos, para lo cual, ha documentado dichos casos y ha sindicado a los presuntos responsables. Corresponde ahora al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar con serenidad pero con firmeza dichas denuncias y, de ser el caso, condenar tales crímenes. Es verdad que son casos muy complejos y cargados de presiones y amenazas por parte de los que se sienten en el banquillo de los acusados. No será nada fácil pero es un reto al que es imposible rehuir; por ello, sería conveniente que se cree un subsistema de derechos humanos similar a los que ya existen para los casos de corrupción y terrorismo, blindándolo con magistrados probos e independientes y dotándolo de recursos suficientes.
El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen pues entre manos una gran responsabilidad frente al país y la comunidad internacional: demostrar que en el Perú es posible -respetando el debido proceso- encontrar justicia frente a estas graves violaciones a derechos humanos y que el sistema judicial no será más, cómplice de la impunidad sino aliado de la justicia.
Publicado en el Portal Justicia Viva (http://www.justiciaviva.org.pe) 29-08-2003
