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Raul Wiener
La matanza de internos en los penales de Lima, los días 18 y 19 de junio de 1986, representó para el gobierno de Alan García lo mismo que el caso Uchuraccay para el de Fernando Belaúnde. Uno y otro, marcaron los puntos de quiebre de la política antisubversiva y definieron de una sola vez las relaciones del poder civil con las Fuerzas Armadas, de allí hasta el final de cada gobierno.
Sosteniendo la versión militar sobre la tragedia de los periodistas y canalizando la indignación nacional por medio de una comisión de alto nivel, con el implícito encargo de elaborar conclusiones que sirvieran a la "defensa de la democracia", el gobierno de Acción Popular rompió los puentes entre los mecanismos de control democrático y el Comando Político Militar de Ayacucho. De allí en adelante ya no hubo manera de ponerles la mano, porque para empezar ni siquiera se podía saber lo que iba pasando en la creciente zona de emergencia.
Tres años después, la intervención militar en los penales de San Pedro (Lurigancho), San Juan Bautista (El Frontón) y Santa Bárbara (Callao), iba a abrir una insalvable fosa de sangre en el país. Si Abimael Guzmán quería provocar un genocidio para que todos los discursos de diálogo y paz de García quedaran destrozados, lo logró plenamente, con la entusiasta participación del mismo García. Intentado valerse de la Fuerza Armada para sus objetivos, nuestros políticos volvían a quedar instrumentados por la lógica militar de aniquilación del enemigo, que iba a significar aniquilar a muchísima más gente de la que hubiera sido necesaria para alcanzar cada objetivo.
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El 18 de junio de 1986 desperté con las primeras noticias de los motines en las cárceles. Y casi desde un inicio tuve una sensación ominosa. El clima húmedo de Lima tiene la capacidad de materializar las peores premoniciones con un frío que penetra los huesos y una atmósfera gris donde todo parece ser posible. Poco a poco las noticias fueron configurando el cuadro de un gobierno herido en su amor propio. El presidente no toleraba el ridículo de inaugurar el Congreso de la Internacional Socialista, negociando en paralelo con sus propios prisioneros.
Preferiría otro tipo de ridículo. La reunión internacional reventando por todas partes. Los delegados saliendo del país a toda velocidad y sin aviso para evitar en lo posible ser salpicados demasiado por la barbarie desatada ante sus ojos. El presidente había sido derrotado por sus propias decisiones. Y desde ese momento ya no podría sacarse de encima el peso de 250 muertes que pudieron evitarse.
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Algún día se aclarará lo que intentó transmitir el padre Antunez de Mayolo cuando afirmó en Alemania que la Comisión de la Verdad, de la que era miembro, disponía de grabaciones del Consejo de Ministros de 1986, que demostraban que Alan García había dictado las órdenes de ejecución de los senderistas rendidos en los penales. Evidentemente no estaba loco. Los comisionados de Lima, sin embargo, lo desmintieron inmediatamente y lo obligaron a un silencio que dura hasta ahora.
Todos sabíamos que entre los retos de la CVR, uno de los más sensibles se refería a la responsabilidad directa de Alan García en la matanza de junio de 1986.
Uno de los comisionados había investigado estos hechos al final de la década de los 80. Y sus conclusiones apuntaban a una clara culpabilidad del presidente y el Consejo de Ministros. Esto fue más tarde ratificado por la comisión especial de la Cámara de Diputados en 1991, que recomendó denunciar al ex gobernante , el que sólo pudo salvarse articulando una alianza con el fujimorismo para que se rechazara el dictamen a cambio de apoyo para el otorgamiento de facultades para dictar una serie de normas con las que se abría el camino al golpe de Estado.
Sistemáticamente la carga de responsabilidad de Alan García se convirtió en pieza de intercambio político en el Congreso, la fiscalía y el poder judicial. Incapaces de discutir las razones de sus actos, García y su partido se empeñaron en bloquear como sea el pase del caso de los penales hacia los tribunales. La conclusión de la Comisión de la verdad que sostiene que los hechos "no implican necesariamente una infracción a la ley penal", aunque genere "por lo menos una grave responsabilidad política", funciona quiérase o no en el mismo sentido. Ya el ex presidente ha festejado su "responsabilidad política" como algo indefinido que no significa nada. Y para ratificarlo, una delegación de comisionados lo visitó en los días subsiguientes, suscitando un entusiasta comentario de García sobre la "izquierda inteligente"
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El 18 de junio de 1986 se declaró el cuarto motín sucesivo de los prisioneros senderistas en el lapso de poco más de un año. Al final del gobierno de Belaúnde hubieron dos revueltas: una en el Frontón (abril de 1985) y otra simultáneamente en Lurigancho y el Frontón (julio). Las dos se resolvieron a través de negociaciones, sin daños personales. El 4 de octubre de 1985, los tres penales: Lurigancho, el Frontón y el Callao, se amotinaron y el gobierno aprista respondió con dureza provocando la muerte de 30 reclusos. Tres semanas después se revisaron los puntos de las demandas de los presos y se firmó un acta de compromiso.
En el centro de cada uno de estos movimientos estaban reclamos de mejoras carcelarias reales. Las autoridades políticas y penales que participaron de las negociaciones, dieron la razón a la mayoría de los puntos planteados, asegurando que se resolverían en el corto plazo. La verdad es sin embargo que nunca se hizo nada por ellos, con lo que se fue acumulando un conflicto cada vez más agudo.
Sucesivos recursos de los prisioneros fueron elevados ante las instancias judiciales. Un amparo fue acogido por el juez el mismo día en que ya estaba en marcha el sangriento operativo de aplastamiento del motín de los penales.
Nadie podría decir que el conflicto venía del aire. O que las autoridades no sabían nada de esto. Hay numerosas evidencias de declaraciones en los meses y semanas anteriores en las que García explica que la clave para quebrar a Sendero sería liquidar su influencia en las cárceles.
No es demasiado sorprendente. Porque lo mismo pensó Fujimori que capitaneó otra masacre en 1992 y se dice ahora, con Toledo, cada vez que no se sabe donde ir a buscar a los senderistas que quedan en los montes.
La CVR no ha querido reflexionar sobre estos testimonios que obran en los expedientes de las investigaciones anteriores.
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En la mañana del 18 de junio, el gobierno de Alan García informó al país de los hechos que estaban ocurriendo, realizando una falsificación total acerca de la gravedad del momento. Se habló de una "grave perturbación del orden público". Se mezcló las huelgas y movilizaciones laborales, con los atentados más o menos constantes de la subversión, con el motín de los penales. Se mintió sobre la sincronización y la magnitud de los desórdenes que estarían ocurriendo en las calles. Y se mintió también sobre el poder de armas y la capacidad de resistencia de los amotinados.
La CVR constata este faltamiento a la obligación del Estado de decirle la verdad al país. Pero no saca conclusión alguna de esto. Mintieron y nada más. Cuando esta mentira era el eslabón clave para justificar una intervención claramente desproporcionada y para negarse a un diálogo que evitase el enfrentamiento.
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Todo el estudio de la Comisión observa el proceso de la crisis como una serie de acontecimientos aislados que no responden a motivaciones determinadas. Se miente; se decide meter las Fuerzas Armadas en una operación de policía; se dictan órdenes que no contemplan la vida de los internos; se bloquea los intentos de diálogo de las autoridades civiles y se pone en ridículo a la Comisión de Paz; se permite usar cañones y misiles contra presos parapetados (El Frontón) y fusiles contra gente desarmada (Lurigancho); se deja intervenir sin control a las tropas después de las rendiciones; se toma como natural la muerte de todos los internos de Lurigancho y se felicita a los ejecutores; se deja que algo parecido ocurra en la isla, donde sólo se detienen los fusilamientos cuando llegan los periodistas; se declaran extemporáneamente zona militar a las cárceles para secuestrar los cadáveres y borrar las huellas; etc.
Todo esto ocurrió porque en cada acto alguien se equivocó o se excedió; sin que cupiera la posibilidad que hubiera habido intención deliberada de acabar con los presos, sin que existiera plan premeditado, sin responsabilidad penal y directa, sino sólo "responsabilidad política" que ya se ha visto no descalifica a nadie para aspirar volver a ser presidente.
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En 1970 era instructor de censos en Huancayo y allí conocí a Manuel Agüero. Era parte de una grupo de modestos trabajadores que levantaban información casa por casa para el Censo a cambio de una paga muy pequeña y que en esa ciudad era aún más exigua porque así le daba la gana al jefe departamental que estaba convencido que siempre encontraría alguien dispuesto a dejarse explotar por un monto más pequeño. Como no podía ser de otra manera el abuso desembocó en una protesta después de algunos meses y encabezando a sus compañeros emergió Manuel Agüero, como un líder enérgico y sereno.
Para forzar las cosas el jefe decidió despedirlo y se negó a pagarle la liquidación mientras no cancelara un adelanto que tenía pendiente. Agüero dijo que se lo descontaran de lo que iban a pagarle pero el jefe se negó cerradamente. Entonces intervine tratando de facilitar el pago que se estaba reclamando. Pero Manuel Agüero no quiso aceptar y se fue sin recibir un centavo. Más tarde supe que era pareja de una amiga de Lima que se había trasladado a Huancayo así que los visité varias veces en su casa.
En los finales de los años 70 volví a ver a Manuel Agüero convertido en dirigente sindical. Era uno de los cuadros importantes de la Federación de Metalúrgicos FETIMP, bastión del sindicalismo más aguerrido. Todavía guardo una foto de un evento que compartimos uno al lado del otro. Luego lo perdí de vista.
En 1984, leí en el diario de un incidente en la avenida Arica en Breña, donde se había detenido a tres senderistas que resistieron a tiros. Uno de los capturados se llamaba Manuel Agüero y su foto era la de aquel antiguo amigo. A comienzos del año 86, me cruce en la calle con su compañera, frente al hospital Loayza. Me dijo que estaba haciendo una colecta por el compa, que ya sabes ahí está preso. Le di lo que tenía en el bolsillo.
En junio de ese año leyendo la revista Cambio me enteré que Manuel Agüero había sido uno de los líderes de la batalla del pabellón Azul en el Frontón. Más aún mencionaban que había salido con vida hasta el patio, donde los marinos los obligaban a arrodillarse y a pedir perdón. Manuel no se inclinó. Nunca lo hubiera hecho. Le dispararon de pie, un balazo por la espalda.
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¿Hubo heroicidad en los senderistas amotinados en los penales, como rezaba la propaganda del partido? Yo creo que sí. No tengo reparos en afirmarlo. Que Guzmán resultara más tarde un pobre tipo que se quiebra por el rigor de la cárcel, no opaca el sentido de sacrificio que mostraron sus seguidores cumpliendo precisamente las directivas de su jefatura que les había ordenado inmolarse.
Hubo neta superioridad moral en personas con muy escasos medios de defensa que resisten horas un ataque inmisericorde y no actúan contra sus rehenes y que mueren con dignidad sin lloriqueos.
Definitivamente muy distinto a los que fusilaron rendidos.
Más aún a los que dándose cuenta de lo que habían hecho se llevaron los cuerpos, robándoles a las familias el último consuelo de enterrar a los suyos.
¿Qué había detrás de estas dos actitudes? La CVR evita resaltar este contraste.
Curiosamente cada vez que habla de las bajas militares usa la expresión "causando la lamentable muerte del ..". Pero las demás muertes no son igualmente lamentables. Lo cual también es lamentable.
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La Comisión de la Verdad asume que el uso de las armas era un recurso legítimo para el restablecimiento del orden. El tema sería: ¿cuántas armas y de qué potencia debían emplearse para tener éxito sin provocar un costo humano excesivo?
Pero ellos mismos recuerdan que otros motines se arreglaron hablando. Y que dado el aislamiento de los presos se les podía enfrentar con un cerco sostenido sin necesidad de intervención.
Fue García el que inventó que la gobernabilidad y el Estado estaban en peligro por una virtual insurrección general de huelguistas, terroristas y prisioneros rebeldes, para pasar a organizar un operativo militar de aplastamiento.
No es un asunto de armas más o menos. Es de los objetivos que se plantean.
Si el presidente decía: es un motín en tres penales, mantengan bajo presión a los amotinados, desarrollen una negociación para desactivarlo, busquen agotarlos; sus órdenes habrían equivalido a tratar en los posible de obtener una solución pacífica. Si en ese contexto había provocación, tal vez hubiera sido necesario el uso delas armas. Pero fue al revés. Se decidió atacar frontalmente y se consiguió la muerte de algunos marinos. Entonces vino la hecatombe. Se destruyó el Frontón con todos los que estaban dentro.
¿Cómo alguien puede decir aquí que el problema era de control sobre el uso excesivo de la fuerza, si lo que se hizo fue un bombardeo como si se tratara de un cuartel general del enemigo y se enfrentara un poder de fuego extraordinario?
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Debo anotar aquí que me encuentro seriamente preocupado por el escaso valor que la CVR otorga al acta Consejo de Ministros del 18 de junio. Parecería que la cadena de los acontecimientos no se origina en los acuerdos de esas primeras horas. Varias veces se resume el mandato en los conceptos de actuar con premura y energía, lo que provenía tanto del Consejo de Ministros como del presidente que seguía al detalle lo que iba sucediendo, y que habrían tenido el efecto de acicatear la intervención de los represores. Y se señala que eso fue un error.
Recién en las conclusiones del capítulo tenemos una cita textual del acta en la que se habla de instrucciones de actuar "con energía y decisión para alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible"
Pero en esta cita falta algo fundamental, que es la frase que plantea: "preservando la vida de los rehenes", y que obvia por completo la vida de los internos como un bien a cautelar dentro de los límites de lo posible.
Siempre pensé que el acta era lapidaria para Alan García y sus ministros. Justamente porque definieron una acción de guerra, rápida, enérgica y que sólo viera por la vida de los rehenes.
Es por eso que se felicitan el día siguiente.
Confieso que no entiendo porqué la Comisión no se centra en el acta y no desentraña su verdadero contenido. Será tal vez porque presume que García no quería las muertes pero se confundió con lo que pasaba, ordenó más fuerza que la necesaria y no controló la matazón, ¿ será esto lo que llaman responsabilidad política?
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Decir que Sendero Luminoso es el principal causante de muertes en el Perú en los últimos veinte años, no es muy difícil. Tanto que la Comisión de la Verdad lo dice y le siguen tildando de prosenderista. Así estamos. Proponer responsabilidades penales sobre Fujimori es igualmente redundante. Con todos los procesos que tiene encima, el chino goza actualmente de 30% de aprobación porque las encuestas lo siguen viendo como candidato y cuenta con un programa radial para decir lo que quiera.
Mucho más difícil será en cambio poner ante la ley a los generales Noel y Huamán, al general Valdivia, al vicealmirante Nicolini y otros. Y entre los políticos, señalar la enorme responsabilidad de Alan García que construyó el heroísmo senderista que les dio un largo aliento político y degradó aún más el ejercicio de la autoridad estatal.
Eso debería haber sido dicho.
Y ninguna visita debería haberse realizado en nombre de la verdad y la reconciliación, a quién todavía tiene las manos manchadas de sangre.
Publicado en Rebelión (http://www.rebelion.org/) - 26-09-2003
