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Raul Wiener
En enero del 2003 se cumplieron veinte años del terrible asesinato de ocho periodistas en las alturas de Uchuraccay. Un tiempo interminable para las familias que perdieron un hijo, un padre, un esposo o un hermano, sin hallar justicia. Y una herida abierta en el corazón de la prensa peruana cuya contradictoria historia tiene uno de sus hitos más nobles en el sacrificio de Mendívil, Retto, De la Piniella, Sánchez, Gavilán, García, Infante, Sedano, que se atrevieron a arriesgarlo todo en pos de la verdad y la noticia, sin ninguna expectativa de beneficio personal por ello.
Inexorablemente la Comisión de la Verdad iba a tener que investigar este caso y emitir una opinión sobre un tema que, de acuerdo con sus propias palabras, siempre fue controvertible. Fue a ese título que los familiares y el gremio periodístico intentaron presentar sus puntos de vista para que fuera considerado en la fase investigatoria, sin obtener resultado. La CVR estableció como metodología la revisión de documentos accesibles y la entrevista con los actuales habitantes de la comunidad diez años después de su retorno. Esas fueron sus fuentes.
La madre de Jorge Luis Mendívil me contó que la Comisión les había ofrecido el documento de informe para el 26 de enero, como parte de la conmemoración del aniversario, pero luego hubo una contraorden. Ya no habría ningún adelanto para ningún capítulo. Y todo se vería con el Informe Final. Coincidentemente circuló el rumor que la razón de todo esto era un cambio en la perspectiva y que la Comisión había concluido por asumir como propias las conclusiones de Vargas Llosa en 1983. Esto fue desmentido.
El hecho es que el 26 de enero, en medio del recogimiento de la fecha, se conoció un Pronunciamiento de la Comisión de la Verdad, publicado a toda página en varios diarios, como no se había hecho y no se volvió a hacer para ningún otro caso, y cuyo contenido central era adicionar a la lista de los ocho nombres de los mártires periodísticos, una relación de los 135 comuneros de Uchuraccay muertos en los meses siguientes, asesinados principalmente por Sendero Luminoso.
No olvidar que no fueron sólo ocho los que murieron, se sugería, y que los campesinos uchuraccaínos son seres humanos tan igual como los periodistas. Lo cierto era, sin embargo, que el 26 de enero era una fecha que pertenecía nada más que a ocho. Y que recuperando su memoria, los familiares y amigos, no ofendían ni desdeñaban a nadie. Y menos merecían ser enrostrados por el olvido centenario que la sociedad peruana ha proferido a la población del ande. Además era realmente mucho pedir que conmemoremos el mismo día a los periodistas con algunos de sus victimarios, como el famoso teniente gobernador Fortunato Gavilán y el secretario Silvio Chávez Soto que condujeron la matanza, tan sólo porque estas discutibles personas murieron más adelanten situaciones igualmente trágicas.
En el camino hacia el Informe Final, este incidente me resultó especialmente doloroso. Y por un momento se me pasó por la cabeza que lejos de estar saldado este caso como algunos creían, seguía siendo una línea demarcatoria de las visiones sobre lo que realmente ocurrió en el campo peruano.
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En enero de 1983 estábamos en los comienzos de la intervención militar. Como lo ha recordado el general Noel en estos días, su comando se había preparado intensamente para ese momento y no llegaba para improvisar. El trabajo de inteligencia había establecido anticipadamente el mapa de las comunidades que se consideraban senderistas y las que eran hostiles y neutrales frente al avance subversivo. En el último trimestre del 82, las alturas de Huanta habían sido convulsionadas por la rebelión de las comunidades más pobres que habían decidido expulsar a los cuadros senderistas que habían estado trabajando dentro de ellas. ¿Conocía el ejército que esto estaba pasando? Por supuesto que sí. El Informe de la CVR que detalla esta etapa indica que hubo denuncias e informes de los comuneros ante el puesto policial de Huanta sobre lo que estaba ocurriendo. El hecho mismo que las muertes de supuestos senderistas en Huaychao fueran de conocimiento del general Noel el mismo día en que se produjeron, denota que existía un vínculo muy estrecho.
El Comando Político Militar nunca negó que su estrategia incluyera operar sobre las contradicciones intercomunales y levantar a los campesinos contra los senderistas. Es por ello que le pareció lo más natural comunicar a su presidente, que tantas dudas había tenido para decidir la intervención militar, que a menos de un mes de la militarización, la población no sólo se separaba de la subversión sino que se volvía violentamente contra ella. Normalmente cuidado para las formas, Belaúnde festejó en pleno patio de Palacio estos asesinatos colectivos y llamó a barrer la basura ideológica que estaba envenenando al gallardo pueblo de Ayacucho. Inmediatamente solicitó al general que aceptara que su revista favorita enviara un equipo de prensa para tomar las declaraciones y fotografías en situ de este decisivo suceso.
Una semana después, el mismo presidente iba a tener entre sus temblorosas manos la noticia de que sus gallardos aliados habían destrozado a punta de hachas, palos y piedras a un pacífico grupo de periodistas que no se tragaban la versión oficial sobre lo que acontecía en las alturas y que no habían podido contar con la suerte de un helicóptero para ir a ver con sus propios ojos lo que pasaba. No podía haber ninguna duda sobre la correlación entre este matanza y la anterior, o si se quiere ser más precisos, entre la estrategia militar, saludada por la presidencia y el ataque a los periodistas.
Esto resultaba tan obvio como que desde el primer momento el Comando Político Militar empezó a manipular la evidencia y a sembrar de falsedades el proceso investigatorio. A su vez el gobierno se encontró de lleno en la situación de aceptar los "costos de la guerra", que incluían no sólo los muertos inesperados sino también las tergiversaciones interesadas de los acontecimientos para defender decisiones y evitar responsabilidades. Uchuraccay iba a ser un hito de la impunidad. Comenzando por la responsabilización exclusiva de los campesinos y por la simultánea negativa a detener a sus dirigentes, y siguiendo por la manera como la primera Comisión de Investigación presidida por el escritor Vargas Llosa mistificó los problemas para presentarlos en el etéreo plano de los desencuentros culturales.
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Al comienzo de 1983, estábamos ingresando a la etapa más sangrienta de la guerra. El gobierno que veía de sufrir humillantes fracasos como la expulsión de los puestos policiales de las capitales distritales, el asalto al penal de Ayacucho, la ineficacia de la primera declaratoria de emergencia, etc., estaba urgido de triunfos rápidos y creíbles, en medio de una intensa campaña periodística que lo condenaba por debilidad. Este mismo gobierno había llamado a las Fuerzas Armadas que catorce años antes habían sacado del poder a empellones y en ropas de dormir al presidente Belaúnde, condenándolo a un largo exilio. ¿Cómo podría después de este paso decir que se equivocaron, que tal vez no debió darse tanta autonomía a los uniformados, y, peor aún, que el presidente pisó el palito saludando los muertos informalmente ajusticiados en Huaychao?
Mario Vargas Llosa siempre dijo que su participación en la Comisión Investigadora de los sucesos de Uchuraccay, se había realizado pensando que se trataba de un acto de defensa de la democracia. En algún sentido debía suponerse que la democracia reciente se hallaba amenazada por algo probablemente más serio e inmediato que los grupos senderistas que surcaban el campo. Otro comisionado dijo, no hace mucho, que en esos días creía firmemente que se estaba preparando un golpe de Estado.
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Conocida la noticia de la matanza, era inevitable que los demás nos preguntáramos sobre las motivaciones que podían haber tenido campesinos pobres y marginados señalados como ejecutores exclusivos del crimen. La pregunta que flotaba era si habrían habido militares o sinchis operando clandestinamente en las comunidades. Nadie pudo probar nunca que eso ocurriera. Los que llegamos Uchuraccay el 30 de enero, supimos casi de inmediato que esos hombres y mujeres silenciosos, sentados en una larga hilera de ponchos frente al muro de piedra detrás del cual estaban las tumbas, habían intervenido. Pero: ¿actuaron solos?
Noel había dicho que los campesinos estaban virtualmente en la edad de piedra y no eran capaces de distinguir una cámara fotográfica con zoom, del cañón de un fusil. Vargas Llosa insistiría en la tesis de la separación absoluta entre mundo moderno y tradicional. Si esto estaba sobre el tapete, ¿cuál podría ser la extrañeza sobre las declaraciones que resaltaban presencia de individuos de otra talla, con relojes y hablando castellano? No era prurito. Querer hacer ironía de estas inquietudes, después de dos décadas y en un contexto totalmente diferente, no sólo es un atrevimiento, sino que coloca la reflexión en un plano falso respecto a lo que discutía en 1983.
Me hubiera parecido importante que la CVR aportara nuevas pruebas. Por ejemplo los partes militares y policiales de los días previos e inmediatos a la matanza. Tal vez encontraríamos algunas luces sobre los contactos entre militares y comuneros. En cambio remitirse a declaraciones de los uchuraccaínos retornantes y a las fuentes ya conocidas, no podía ser suficiente para dilucidar las interrogantes pendientes.
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Pero obviamente el tema de la responsabilidad no se circunscribe al de eventuales militares infiltrados en las comunidades. Una investigación sería debería revisar por lo menos los siguientes aspectos:
- Si se orientó a matar indiscriminadamente, sin que fuera en posición de legítima defensa; lo que podría calificarse como instigación al asesinato masivo,
- Si se tuvo conocimiento del viaje de los periodistas y conciencia de lo que podría sucederles; lo que significaría clara exposición al peligro y renuncia a la obligación estatal de proteger la vida de los ciudadanos;
- Si habían formas de coordinación entre los dirigentes de la comunidad y los mandos militares y policiales, y si cabe la presunción de que se les ordenó proceder a la matanza.
Estos son los temas que deberían debatirse y no reducir la argumentación a caricaturizar el papel del recordado periodista Luis Morales, sugiriendo un intento de manipulación en sus entrevistas y un papel sobredimensionado en la formación de las opiniones posteriores a los hechos. Luis Morales se negó a abandonar Ayacucho a pesar de muchas amenazas contra su vida. Al final lo mataron. Era un reportero de acción y fue un elemento clave para la elaboración de las crónicas que el Diario de Marka enviaba desde el corazón del conflicto. Hay, por lo demás, un registro muy amplio de informaciones, investigaciones y opiniones vertidas en la prensa de oposición y la oficialista desde que se conocieron las primeras noticias. Hubiera sido una prueba de lealtad con la verdad contrastar todo ese bagaje para apreciar por donde iba cada uno.
Así no tendríamos que encontrarnos con una especulación tan caprichosa como aquella que dice que un medio (en el que laboraban varios comisionados) y un reportero, crearon un "sentido común" que funcionó veinte años. Si existió tal cosa, lo único que puede decirse es que nació de la desconfianza espontánea de la gente ante la versión oficial cargada de lagunas insostenibles; de las actitudes claramente encubridoras del gobierno y las conductas sospechosas de los militares; del rol de los familiares que en la lucha por la justicia no permitieron que el caso quedase confinado al archivo y el olvido; de las diversas pistas que el periodismo libre y los abogados lograron abrir y que fueron sistemáticamente torpedeadas por los militares.
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Que el general jefe del Comando Político Militar, con el eco nada menos que de la presidencia de la república, legitimara y levantara como actos "viriles y de coraje" los ajusticiamientos ocurridos en las alturas de Huanta; que Belaúnde hablara de acciones "patrióticas y saludables"; representaron mucho más que un aval a la ruptura del monopolio de la violencia legal que le correspondía al Estado. El Informe de la CVR contabiliza 24 muertos entre la segunda y tercera semana de 1983. En Huaychao y Macabamba se eliminó a siete supuestos senderistas. En Uchuraccay hubo cinco muertos. Sobre ellos la propia CVR especula que fueron interceptados desarmados en el camino y obligados a explicar los planes del partido, luego de lo cual decidieron eliminarlos. Decir justicia con mano propia era, en este caso, un exceso del lenguaje.
Yendo más hacia atrás, la CVR analiza el proceso de gestación del conflicto al interior de Uchuraccay y da cuenta de una presencia durante más o menos 16 meses de un mando senderista haciendo trabajo entre los jóvenes. Una relación esencialmente tensa de coexistencia entre autoridades comunales que no fueron cuestionadas y grupos de formación ideológica reuniéndose en las noches. No hay referencias de violencia contra los campesinos, aunque de los alrededores se iba conociendo que se cerraban puestos policiales y se expandía una fuerza implacable por los espacios rurales. De pronto, en octubre, los dirigentes deciden capturar a los senderistas del pueblo y los presentan en una asamblea. Estaban decididos a matarlos, pero la mayoría no estuvo de acuerdo, por lo que decidieron expulsarlos.
¿Por qué se barajó la posibilidad de ejecutar a personas que no habían hasta ese entonces producido ningún hecho de sangre dentro de la comunidad? Este es un misterio fundamental que la CVR ni se plantea. Apenas si se imagina que las escuelas políticas de los senderistas alteraban las costumbres comunales por lo que hubo hartazgo y explosión. Pero de allí a discutir la posibilidad de eliminar a seis personas, entre ellas cinco jóvenes ucharaccaínos hay bastante distancia. Cae casi de su peso que para llegar a este punto ya las autoridades comunales estaban en contacto con las fuerzas de represión. ¿Hubo acaso la intención de marcar con sangre la ruptura de los campesinos con la subversión?
En las semanas siguientes Sendero devolvió el atrevimiento asesinando a los presidentes de comunidad de Uchuraccay y Huaychao y al teniente gobernador de esta última localidad. Era la guerra que se venía sobre todos. A fines de diciembre Noel se convertía en jefe del nuevo comando político militar. Y entre los datos que tenía en la mano estaban las comunidades identificadas con distintos colores según su actitud a favor o en contra de la subversión; la actitud de las distintas autoridades locales; el papel de los medios de prensa.
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La frase que se imputa a los militares y policías en los días previos a la matanza en el sentido de que se debía matar a todo aquel que llegara a pie, entrañaba una gravísima responsabilidad. Finalmente de los 24 muertos de enero, sólo se sabe que "eran senderistas", porque andaban por los cerros. Ir a pie era prueba de culpa. Y condena segura a la muerte. Lo que no sólo le pasó a los ocho periodistas, sino también a su guía y, por muy poco, no les ocurrió a la hermana y a la esposa del guía.
Sorprende que no se diga que hubo incitación al asesinato indiscriminado y en masa.
Las vistas aéreas días antes de la matanza y en los días posteriores, así como la entrada de patrullas uniformadas, se explican como una rutina regular de esos días. Recuérdese que hacía menos de un mes de la entrada de los militares a la escena. Pero la familiaridad era evidente. Los que estuvimos en el desentierro lo vimos de cerca. Sinchis y vigías comunales se apostaban en los cerros. Y la gente corría con los pitos.
El teniente de la infantería de la marina Ismael Bravo Reid llegó a Uchuraccay el 28 de enero y se notició de la muerte de los periodistas. Esta es la historia oficial. Verificó las tumbas (probablemente las abrió y volvió a cerrar), tomó los documentos e instrumentos de los periodistas y no detuvo a nadie. Citó para dos días después a las autoridades para que hicieran su declaración en Huanta. El día 30 fue el desentierro, con un juez equivocado y sin fiscal, por pura mala leche del general Noel que interfirió con la justicia. El juez tampoco hizo detenciones, dice que porque las autoridades estaban en Huanta cumpliendo las citaciones. Pero en esa ciudad ni los marinos ni la policía se creyeron obligados a apresar a los que se declaraban culpables de las ocho muertes. ¿Cómo se explica todo esto? ---- Noel ha mantenido la afirmación de que el no sabía del viaje de los periodistas y que si lo hubiera sabido les hubiera prohibido ir. En un extremo llegó a culpar a Luis Morales por alentar el viaje, sabiendo los peligros existentes. Vargas Llosa avaló este descargo. Y la CVR se limita ahora a constatar lo que cada quién dijo sobre este asunto. Hubiera sido importante revisar los partes militares y la información de inteligencia de esos días. Pero la Comisión parece no haber tenido ningún acceso a ellos. Por lo menos los registros de la garita de control de la policía del 26 de enero. Tal vez una entrevista con el taxista. Este es un aspecto clave. Pero después de la verdad, estamos igual que antes.
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Finalmente: ¿por qué fueron muertos los periodistas?
El Comando Político Militar dijo que fue una confusión, que los comuneros creyeron que eran terroristas y que sus cámaras eran armas. En una versión temeraria se añadió incluso que habían desplegado una bandera roja al aproximarse al pueblo. La Comisión Vargas Llosa un poco más controlada en sus emociones, sostiene la tesis del choque de culturas.
Todo esto es rebatido por la CVR. Los comuneros de Uchuraccay no estaban desconectados totalmente de la cultura occidental y de la modernidad urbana. Bajaban a la ciudad y realizaban comercio. Tenían acceso a artefactos como linternas, radios a pilas, cocinas y algunos de ellos podían usar relojes y prendas de origen fabril. Entonces podían distinguir a los visitantes. Más aún el diálogo que queda registrado dramáticamente en las fotos de Willy Retto indica que los periodistas pudieron explicar sus motivos.
La Comisión admite todo esto y calcula un tiempo más o menos largo de una fuerte tensión, con varios desacuerdos entre los dirigentes. Finalmente el secretario de la comunidad resuelve que hay que matarlos.
¿Por qué? La CVR tenía que decirnos algo sobre este punto que decide todo. Pero ahí no más se queda. ¿Los vencieron los nervios?, ¿el alcohol?, ¿un miedo misterioso?
En mi concepto, si se descarta la presencia directa de agentes estatales o paraestatales manejando el proceso, caben solamente algunas otras alternativas: ¿había algún tipo de contacto radial para tomar decisiones?, ¿tenían los comuneros algo que ocultar que había estado a la vista de los periodistas por lo cual no podían seguir con vida?
No son hipótesis excluyentes. Ni tampoco son muy novedosas.
Lo que sorprende es que la CVR ni siquiera las considere.
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La relación entre Uchuraccay y lo que después pasó en Ayacucho y el país es un tema clave que la CVR deja de lado. Digamos que para sus investigadores lo que pasó fue una estigmatización del campesino uchuraccaíno, al extremo que el Estado que lo alentó en su revuelta lo dejó finalmente a su suerte y permitió la venganza senderista y para completar el plato hubieron uniformados que también perpetraron matanzas sin mayor sentido sobre ellos hasta obligarlos a abandonar su comunidad y refugiarse en Lima, Ayacucho y zonas de concentración de desplazados, donde decidieron ocultar su origen para no ser señalados con el baldón de la matanza de los periodistas.
Otra cosa que ocurrió fue un juicio absurdo contra tres comuneros, dos de ellos dirigentes, que fueron cargados arbitrariamente de la mayor responsabilidad y condenados a una carcelería exagerada en la que fueron muriendo uno por uno. Estas personas nunca reconocieron participación. Y se escudaron frente a los interrogatorios con el argumento de ser gente ignorante que no sabía lo que pasaba a su alrededor.
Finalmente, también se produjo una severa restricción para el acceso del periodismo a las zonas rurales de Ayacucho, "lo cual llevó a que muchas masacres cometidas en los años siguientes no fueran conocidas" (conclusiones del Informe Uchuraccay)
Esta última consecuencia da la impresión de haber sido fortuita. Algo así como que cuidando que no se repitan errores como los de Uchuraccay, el Comando cerró el campo a los periodistas, pero -mala suerte- esto impidió tener información de muchas masacres, sin indicar siquiera si estas masacres eran militares o senderistas. O sea quién se beneficiaba d ela interdicción de la prensa.
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Todas las guerras muestran una batalla aparte entre la prensa independiente y los jefes militares. Después de todo, la información es un arma que los generales quieren tener bajo su control. Hace muy poco en Irak la lucha mediática favorecía a Hussein a pesar de los grandes medios estadounidenses. Bastó un cañonazo contra el hotel de residencia de los periodistas y dos reporteros destrozados, para expulsar a la prensa independiente del terreno y ganar la dimensión mediática. Como podía suponerse los militares yanquis se defendieron señalando que sus tanguistas actuaron en defensa propia porque creyeron que la cámara de televisión que les apuntaba podía haberles disparado un misil. Las investigaciones de ejército les dieron la razón.
En el Perú de 1983, la matanza de Uchuraccay fue un mensaje para todos. Ciertamente que se pusieron restricciones. A mí mismo me impidieron viajar a Huanta en 1984 porque mostré mi carnet de periodista en la garita de salida. Pero un día después pasé declarándome comerciante. Pero lo sustantivo era que ya no había garantías para caminar solos por el campo. Los medios instalados en Ayacucho recibían diariamente unos partes burocráticos del cuartel de los Cabitos que repetían en tono monótono que le día anterior se habían producido enfrentamientos en una o más zonas del interior del departamento, con un saldo de tantos DDTT (delincuentes terroristas) muertos. Ningún herido, ningún detenido, ninguna baja militar. Los cadáveres fueron enterrados en el sitio. Gracias por su difusión. ¿Cuánto de esto fue guerra real?, ¿cuántas masacres quedaron ocultas? ----
"Luego de los sucesos de Uchuraccay, la estrategia de "guerra sucia" puesta en práctica por el Comando Político Militar de Ayacucho contribuyó a generar un clima proclive a la creencia en la culpabilidad de los sinchis e infantes de marina en la matanza de los periodistas. Al prohibir la presencia de la prensa en las zonas rurales, las fuentes de información se información se restringieron principalmente a los comunicados oficiales. De esta forma Uchuraccay aparecía como parte de un complot para justificar la política de desinformación impuesta por las autoridades militares. De hecho, fue un pretexto y sirvió para poner en sordina el incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las zonas declaradas en emergencia" (Informe Uchuraccay)
Apreciemos el razonamiento: luego de Uchuraccay efectivamente se despliega la estrategia de guerra sucia (sin ninguna comilla, relativizadora). Pero la creencia de la culpabilidad militar- policial no vino de eso, sino de la apreciación que la gente se hizo sobre los mismos hechos. Es decir la creencia no fue retroactiva. Pero por cierto que se consolidó cuando se vio como se borraban huellas, se asesinaban testigos y se acrecentaba el conflicto con la prensa. Como ya se dijo, además, la mayor prohibición para entrar al campo fue el asesinato mismo, que dejó al descubierto la falta de garantías. Uchuraccay se convirtió así en un complot claro contra la libertad de información. No algo que parecía, sino que tuvo tremendas consecuencias en la defensa de los derechos humanos y la vida de la gente.
No entiendo a que se alude con "pretexto", pero es más que obvio que se impuso un bloqueo informativo, pero es no impidió las denuncias de violaciones. Otros periodistas pagarían con su vida sus afanes de investigación y denuncia: Jaime Ayala, Hugo Bustíos, Luis Morales y varios otros, nacionales y extranjeros que cayeron en misión periodística.
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La cruz de Uchuraccay es un baldón del Estado peruano.
Tanto por lo que le toca de responsabilidad por haber provocado la muerte de los ocho periodistas, como por haber alentado a sus habitantes a una sangrienta rebelión, que luego ni siquiera fueron capaces de respaldar con la presencia de las fuerzas armadas y la policía, dejándolos a merced de un Sendero que iniciaba su escalada de acciones punitivas para aterrorizar a sus opositores en el campo.
Me parece que decir ambas cosas es importante. Pero si entiendo bien son dos casos diferentes aunque interconectados.
Lamento por eso que toda la implicancia histórica, política, judicial de la matanza de los periodistas, se halla refundido en una reflexión filosófica y cultural, donde nadie resulta responsable de los hechos. Nadie responderá finalmente por los muertos del 26 de enero de 1983 y por la política de cerco informativo que afectó a todo el país y especialmente a las víctimas de la guerra sucia y de los contraataques de la subversión.
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Las recomendaciones finales de la CVR sobre Uchuraccay no pueden ser más patéticas: "mantener vivo en la memoria nacional el recuerdo de los periodistas asesinados". y "en aras de la reconciliación nacional .. que el país incorpore a su memoria el recuerdo de los 135 uchuraccaínos muertos entre 1983 y 1984 recordando que la vida de todos y cada uno de los peruanos tiene el mismo valor, recordando que esa comunidad impulsó la primera rebelión campesina contra la subversión.."
¿Alguien podría pensar que se necesitaba una Comisión de la Verdad para este resultado? Los ocho periodistas de Uchuraccay siempre estarán en la memoria colectiva, sin necesidad de una solemne recomendación de comisionado.
¿Y los 135 uchuraccaínos? Con todo respeto. Porque la vida vale. Y a nadie se le debe matar, herir o faltar, sobre todo cuando no ha agredido a nadie y carece de medios para defenderse. Pero no estoy de acuerdo en hacer de varios de ellos un emblema de la liberación antisenderista.
Aunque sólo sea porque en el camino de su rebelión decidieron matar a todo caminante. Y en el Perú las cosas nobles se hacen a pie. No hay otra forma.
Publicado en Rebelión (http://www.rebelion.org/) - 16-09-2003
