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Perú: Un informe policial que costo 13 millones de dólares
Luis Arce Borja
El informe de la "Comisión de la Verdad y Reconciliación" (presentado el 28 de agosto) es una prueba más que el Perú está en poder de una casta política mafiosa y sin límites para la mentira. Esta comisión que cobró 13 millones de dólares para realizar una vulgar compilación de los informes militares y policiales, y presentarlos como si se tratara de una "investigación", muestra que el Perú se cae a pedazos. Esta comisión, cuyos integrantes en su mayoría han sido colaboradores de los anteriores regímenes (incluso hay militares y fujimoristas), hace parte de la crisis institucional del país, donde como hemos dicho en varias oportunidades, los intelectuales, los jueces, y las autoridades están hundidos en una corrupción y mediocridad espantosa, que les resta calidad ética y moral para enjuiciar la historia reciente del Perú. Desde el nombramiento de esta comisión, hasta la ridícula presentación del informe final (el 28 de agosto), todo ha estado planificado para encubrir los crímenes, genocidios, torturas, secuestros y desapariciones cometidos por militares, policías, y grupos paramilitares por orden expresa de los gobernantes de turno.
La comisión de la verdad, no ha ido más allá de lo previsto en los planes actuales del gobierno y de las fuerzas armadas. Desde su origen hace dos aņos, su objetivo fundamental fue encubrir con un manto de legalidad y de defensa de la democracia la acción criminal de las fuerzas armadas, y de los gobernantes que se han sucedido en el poder desde 1980. Fernando Belaúnde, Alan García Pérez, y el mafioso Fujimori, responsables de matanzas masivas de campesinos, obreros, estudiantes, pobladores y prisioneros de guerra, salen airosos del informe de la comisión. Ni con un pétalo de una rosa han sido tocados. No son responsables ni sospechosos de nada. En esta misma orientación, esta comisión ha justificado la acción criminal de las fuerzas armadas, y para ello ha empleado los más ridículos argumentos. Por ejemplo, en uno de sus capítulos dedicados a los militares y su participación en la lucha antisubversiva, seņala desvergonzadamente y en un caso para Ripley, que las personas asesinadas por las fuerzas armadas, en ultimo caso no ha sido una responsabilidad de los militares, sino más bien del grupo subversivo "que era difícil de identificar" y que fue el que "emprendió una luchar armada injusta contra el Estado democrático". Seguidamente, entrega una cifra de 69,280 muertos en la guerra, que por la misma lógica de esta comisión, la mayoría de estas víctimas fueron perpetradas por la guerrilla maoísta. "Las investigaciones realizadas por la CVR demuestran claramente que el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos". La simpleza de la comisión para analizar el problema de la guerra civil en Perú es delirante, y su mensaje no deja dudas de su apoyo a la criminal actividad militar en el pasado y en el presente. Las fuerzas armadas resultan inmaculadas para esta comisión y ello no es otra cosa que seguir otorgando a los militares carta blanca para secuestrar, torturar, asesinar, y exterminar pueblos enteros, si alguien se atreve a atentar contra el Estado y la democracia.
"Las decisiones sobre el empleo de la fuerza militar son especialmente graves cuando se trata de un conflicto interno. Si los insurrectos - como en el caso del Partido Comunista del Perú-- Sendero Luminoso - tienen por objetivo la supresión de los derechos humanos y por método la violación de los mismos, entonces la inacción del Estado contribuye a que esa violación se cometa sistemática y masivamente. Pero las operaciones militares para vencer a un enemigo difícil de identificar - lo que es también distintivo del PCP-SL - acarrean inevitablemente múltiples actos de violencia contra personas inocentes, quienes, además, son compatriotas de los soldados, son precisamente las personas que ellos vienen a salvar.....Todos estos costos y riesgos morales son ocasionados por la decisión estatal de emplear la fuerza militar en el conflicto interno, aunque el causante y responsable principal sea, sin duda, el grupo subversivo que emprendió una lucha armada injusta contra el Estado democrático". (Informe final de la Comisión de la Verdad). Pero esta comisión, no solamente limpia la cara a las fuerzas armadas, también lo hace con otro de los instrumentos criminales que el Estado utilizó en la guerra contrainsurgente. Las rondas campesinas y los grupos de defensa civil, que tienen en su haber miles de asesinatos, cuyos miembros en su mayoría están involucrados en robos, hechos vandálicos y en el narcotráfico, aparecen para esta comisión como gestores del "restablecimiento de la paz". Dice la comisión, que la visión que tiene la opinión pública de estas rondas, son simplemente "opiniones contrapuestas". "En ningún otro actor de la guerra, la línea divisora entre perpetrador y víctima, entre héroe y villano es tan delgada y tan porosa como en los Comités de Autodefensa (CAD) o rondas campesinas contrasubversivas. Su actitud durante la guerra, su subordinación a las Fuerzas Armadas (FFAA), la terquedad con la cual se niegan a entregar las armas y su innegable contribución a la derrota militar del Partido Comunista del Perú El PCP-SL Luminoso (PCP-SL) y, por lo tanto, al restablecimiento de la paz han causado opiniones contrapuestas". (Comisión de la Verdad).
Pero no hay que creer, que el informe final de esta comisión, sólo se ha restringido al objetivo de encubrir los crímenes del Estado y sus fuerzas represivas en las dos últimas décadas. Sería un error tomar este asunto con esta ligereza, y verlo simplemente como un problema de distorsión de la realidad y la historia. La compilación militar-policial de esta comisión tiene un propósito de largo alcance político, y ello tiene que ver con los futuros planes militares y represivos del Estado. El informe, que exculpa a las fuerzas armadas, encaja en la estrategia de seguir otorgando poderes ilimitados a las fuerzas armadas, y fortalecerlas para militarizar aún más el Estado y la sociedad. La crisis que atraviesa el Perú (crisis económica, política, social y moral) no tiene solución, y las perspectivas a corto y a mediano plazo es la bancarrota total del Estado y la sociedad. El hambre, la miseria y desocupación, serán los detonantes de las futuras rebeliones populares. Las masas oprimidas no tendrán otra alternativa que luchar contra la injuria y la pobreza. Y es aquí, en este marco de explosión social, donde las fuerzas armadas, las rondas, y la policía, tendrán un rol preponderante y exterminador de los agentes que amenazan traerse abajo el poder del Estado. Así los peruanos están advertidos, y la nueva campaņa del gobierno y del ejército para relanzar la formación de las rondas campesinas, y los grupos de defensa civil, para detener el "rebrote senderista", tiene carta blanca y el apoyo de esta comisión que supuestamente ha analizado 20 aņos de guerra civil en Perú.
Bruselas, 30 de agosto 2003
Fuente: http://www.rebelion.org/
