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Human Rights Watch:
26 de abril de 2002
Washington, D.C.
Dr. Alejandro Toledo
Presidente de la República del Perú
Presidencia de la República
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1, Perú
De mi más alta consideración:
Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia después de la reciente visita a Perú de los representantes de Human Rights Watch, la Dra. Joanne Mariner y el Sr. Sebastian Brett. Con motivo de la amable invitación del Dr. Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tuvieron el privilegio de asistir en calidad de observadores a las primeras audiencias públicas de la Comisión en Ayacucho y Huanta.
Como ya sabe por nuestras conversaciones en Washington, desde 1983 Human Rights Watch ha trabajado para llamar la atención mundial sobre las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el período cuya investigación tiene a su cargo la Comisión. Nos impresionó durante nuestra visita la seriedad de las iniciativas emprendidas por la Comisión para documentar imparcialmente los abusos cometidos por todas las partes del conflicto armado. Junto con el resto de los observadores internacionales invitados por la Comisión, aplaudimos estas audiencias públicas por ser una innovación importante en el continente que puede contribuir significativamente a sembrar la conciencia pública sobre este trágico período, y ayudar a restaurar la dignidad de miles de víctimas y sus familiares. Al mismo tiempo, creemos que el trabajo de la Comisión ayudará a establecer la responsabilidad por los graves crímenes de derechos humanos que se han cometido, fortaleciendo de este modo el Estado de Derecho y la solvencia de las instituciones democráticas peruanas.
A parte de las audiencias, también nos impresionó el trabajo de los expertos forenses no gubernamentales peruanos que han llevado a cabo las recientes exhumaciones en Chuschi y Ayacucho. Dichas exhumaciones no sólo cumplen el objetivo humanitario esencial de identificar a las víctimas, sino que también contribuyen a determinar la causa de las muertes y aportan pruebas que permiten establecer la responsabilidad criminal individual.
Al igual que en otros países que han pasado por transiciones políticas, el proceso de establecimiento de la verdad en Perú está resultando polémico y ya ha provocado reacciones negativas de algunos sectores políticos. Nos animó, por lo tanto, que tanto S.E. como otros portavoces oficiales hayan reafirmado recientemente el compromiso sin reservas de su gobierno con la Comisión y su trabajo.
Un factor crucial para garantizar el éxito de la Comisión es proteger la seguridad de los que declaran ante ella y cooperar con su trabajo. Nuestros representantes quedaron alarmados al descubrir, durante su estancia en Ayacucho, que varios miembros de una organización local de derechos humanos que colabora con la Comisión habían recibido advertencias anónimas con la intención aparente de intimidarles para que cesaran su trabajo. Tras las audiencias, informamos al personal de la Comisión de estos incidentes. Lo que es aún más grave, desde entonces hemos sabido que algunos de los familiares de las víctimas que testificaron en las audiencias han sido objeto de intimidación. Cirila Margarita Patiņo, una de los testigos en las audiencias públicas en Huanta, recibió repetidas llamadas anónimas el 13 y 16 de abril de 2002, en dos de las cuales recibió amenazas de muerte. La hija de la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos de Perú (ANASEP), Angélica Mendoza de Ascarza, recibió llamadas en las que amenazaban de muerte a su madre, luego que la Sra. Mendoza prestara su declaración a la audiencia en Huamanga.
Instamos a su gobierno a que se mantenga alerta frente a dichos incidentes de intimidación, los cuales deben ser investigados a la brevedad posible y con la debida atención que merecen, al igual que cualquier otra amenaza o acto de violencia contra testigos, miembros de la Comisión o colaboradores de la misma. Sería conveniente que su gobierno diera una seņal pública en este sentido, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto Supremo No. 065-2001-PCM.
Finalmente, con respeto a la repercusión final del trabajo de la Comisión, hemos constatado con satisfacción que su mandato exige que someta toda información relevante a las autoridades judiciales competentes para que puedan iniciar procesos penales de los responsables de abusos graves. En este sentido, aplaudimos el nombramiento del aņo pasado de un fiscal especial encargado de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori y presentar cargos contra los responsables. Tenemos entendido que el Fiscal General tiene previsto nombrar próximamente a otro fiscal especial encargado de establecer la responsabilidad por los graves abusos cometidos durante la década de los ochenta. Confiamos en que los funcionarios responsables de esta difícil tarea sean elegidos cuidadosamente en función de su experiencia, su imparcialidad y su probado historial de diligencia y compromiso con su trabajo.
Para concluir, me gustaría reiterarle mi apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual considero crucial para la recuperación de la verdad y el establecimiento de la responsabilidad por los graves abusos cometidos durante un período trágico de la historia de Perú. Confío en que el gobierno de S.E. mantendrá su compromiso inquebrantable con estos esfuerzos.
Le agradezco de antemano la atención prestada a este asunto urgente y le hago partícipe de mi más alta consideración.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo
Publicado por Human Rights Watch (http://www.hrw.org/spanish/peru.html)
