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Luis Arce Borja
Con veracidad hemos dicho que el informe final (28/08/03) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), servirá fundamentalmente para reimpulsar en gran forma el crimen organizado desde el Estado, y la militarización de la sociedad. Su objetivo ha sido encubrir los crímenes y genocidios cometidos en los últimos 20 años por las Fuerzas Armadas , Fuerzas Policiales y los gobernantes de turno. Como señalamos en un artículo anterior (26 de febrero 2002), esta comisión nació (2 de junio 2002) "en idéntica similitud con todas las llamadas comisiones fantoches que desde el parlamento o desde el gobierno" se crearon supuestamente para "investigar" masivos crímenes de pobladores o prisioneros, pero que en el fondo su objetivo fue encubrir a los responsables de dichas matanzas.
Hasta antes de la "comisión de la verdad y reconciliación", el Perú ha conocido dos "comisiones investigadoras". Una la que se formó para dilucidar la matanza de los penales (300 prisioneros) en junio de 1986, y la otra en 1988, que se llamó "comisión de pacificación". Las conclusiones de estas comisiones sirvieron para encubrir y justificar el accionar criminal de los militares y policías. El efecto directo del rol encubridor de estas comisiones entregó carta blanca al crimen organizado desde el Estado. Las fuerzas armadas, y los grupos paramilitares dirigidos desde el Estado, ampliaron su práctica de exterminio masivo de la población. Así por ejemplo, en mayo de 1992, la policía y el ejército volvieron a cometer una brutal matanza en los penales donde fueron eliminados 100 prisioneros de guerra.
Así también, las zonas rurales y urbanas fueron asoladas por una arremetida criminal de militares, policiales y paramilitares.
Ahora, inmediatamente a dos días del informe de la "comisión de la verdad", Carlos Infantas, tercer vicepresidente del Congreso, ha dicho viva la muerte, y ha lanzado elogios a las fuerzas armadas, y sobre todo ha justificado su accionar mortal. La apología de la muerte del congresista peruano es la siguiente: "No dudaría en ordenar asesinatos colectivos para erradicar la subversión y defender mi patria ya que no estoy dispuesto a que el Estado sucumba...Si es por mi patria ordenaría cien asesinatos colectivos, es mi respuesta sincera y verás... Es la única manera de resolver un problema y creo que cuando se trata del país, los peruanos debemos estar dispuestos a hacer algunas acciones heroicas para acabar con la lacra del terrorismo". ( Carlos Infantas Fernández, tercer vicepresidente del Congreso peruano, y militante del Frente Independiente Moralizador (FIM), 30 de agosto 2003).
Las declaraciones de Infantas (que de infantil no tiene nada), hay que ubicarlas en el estricto sentido político y entender el mensaje que acaba de enviar a los "tutores de la patria" (las fuerzas armadas). En términos "cristianos" les ha dicho, no se inquieten, que aquí no pasa nada, "con los militares nadie se mete carajo", y que el poder político se sujeta al mando militar. Les ha dicho abiertamente, que no hay límites para el crimen sino de por medio está la "defensa de la patria" (léase defensa del robo, la coima y la explotación). Lo de Infantas es sólo una prueba que el informe de la llamada comisión de la verdad es una farsa, y que su objetivo fundamental, no es otra cosa que seguir otorgando respaldo político a la actividad criminal de los militares. El ejemplo más concreto de la complicidad entre la comisión de la verdad y la actividad criminal de los militares, es la forma en que esta comisión ha hecho la contabilidad de los muertos en 20 años de guerra civil.
La tramposa contabilidad del crimen
La comisión de Lerner se pregunta, "¿Cuántas personas murieron o desaparecieron en el Perú entre 1980 y el año 2000 a consecuencia del conflicto armado interno?" La respuesta es tajante y anota que serían 69,280 de los cuales 46% (31,331) provocadas por el Partido Comunista del Perú (PCP), el 30% (20,458) provocadas por Agentes del Estado; y 24% (15,967) provocadas por "agentes no identificados" ( rondas campesinas, comités de autodefensa, grupos paramilitares, etc.). Sobre este tema queremos referirnos brevemente, y sobre todo aclarar la gran farsa que se esconde en estas cifras y porcentajes.
Admitamos por un instante que los resultados de la comisión son veraces. En este sentido resulta una aberración intolerable la manipulación de cifras y porcentajes. La comisión tramposamente dice que 20,458 (30%) personas fueron asesinados por lo que llama "agentes del Estado" (militares y policías) y anota que 15,976 (24%) fueron muertos por agentes no identificados (rondas, comités de defensa civil, etc.). Separar a las rondas y los grupos de defensa civil del aparato contrainsurgente del Estado, es faltar a la verdad más elemental. Para esta comisión el comando paramilitar "Rodrigo Franco" que dirigió Agustín Mantilla cuando era ministro del Interior de Alan García, y que cometió abominables asesinatos, no tenía nada que ver con el Estado. De la misma forma, para esta comisión, el comando paramilitar que dirigió Vladimiro Montesinos desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) era un "agente no identificado" y por lo tanto sus crímenes fueron ajenos al Estado.
Para alguien que conoce mínimamente la situación política del Perú, resulta una infamia hablar por separado de rondas y grupos paramilitares como si se tratara de cosa aparte del aparato militares. Desde la primera mitad de los 80, cuando ocurrió la matanza de Ucchurajay, ya se conocía la unidad entre los crímenes de los ronderos y los militares. En parte ascendente de la lucha armada dirigida por los maoístas, el Estado movilizó a cerca de 400 mil miembros de las rondas urbanas y rurales. Estas estaban bajo la dirección de las fuerzas armadas, y su contingente era considerado bajo las leyes que rigen en los cuarteles. La acción criminal de estos grupos paramilitares estaban coordinadas y protegidas por las fuerzas armadas que controlaban monolíticamente las regiones declaradas en emergencia., lugar privilegiado para las acciones brutales de los ronderos.
Además tanto rondas, así como otros grupos paramilitares, estaban regidas por decretos leyes que las sometían al poder de las fuerzas armadas, y que estratégicamente constituían las "Aldeas estrategias" antisubversivas. Por ello Alan García Pérez se filmó en Ayacucho cuando entregaba armas a los ronderos. Lo mismo hizo Fujimori, y lo mismo viene haciendo el actual gobierno, cuyo ministro del interior acaba de declarar que reactivarán las rondas y comités de defensa civil para "detener el rebrote subversivo".
Si se suma la cantidad de asesinatos que la comisión de la verdad pone a cuenta de los "agentes del Estado", más los cometidos por lo que denomina "agentes no identificados", resulta un total de 36,434 (54%) crímenes a cargo de los aparatos represivos del Estado. Mediante esta infamia se libera al Estado y sus fuerzas represivas de ser los principales causantes de muerte en la guerra civil de las dos décadas pasadas. Mediante esta fórmula tramposa se propagandiza que el PCP es el que más muertes ha cometido en el Perú. Además hay que agregar a esto, la afirmación de la comisión en el sentido que las muertes cometidas por los "agentes del estado", son "responsabilidad del PCP, por que fue este el que inicio el conflicto armado". Es decir, como acaba de vociferar el congresista Infantas, que no dudaría en ordenar un crimen colectivos, si ello sirve para proteger el Estado.
¿Quiénes son los personajes de la comisión?
¿Qué independencia ha tenido esta comisión?. Ni por sus antecedentes ni por su resultados esa comisión ha sido independiente del poder central. Para confeccionar sus integrantes, ha seguido el mismo modelo empleado en las "comisiones de verdad y reconciliación" en Guatemala, El salvador, y en otras parte de América Latina. Sus integrantes han sido reclutados en la iglesia católica, en las Organizaciones no gubernamentales (ONG), y entre la intelectualidad que se denomina "democrática", pero que políticamente está enganchada a los mecanismos del poder del Estado. En el caso peruano, la mayoría de los integrantes de esta comisión son individuos que desde 1980, abierta o encubiertamente, tomaron partido al lado de los gobernantes de turno y sostuvieron las acciones criminales de las fuerzas armadas y policiales, que como acaban de determinar "actuaban para salvar la democracia" de la "barbarie senderista".
Equivocadamente se cree que esta comisión es independiente del Estado, y que su actividad no ha tenido nada que ver con el gobierno actual ni los anteriores. No es cierto, y como veremos más abajo casi todo están en el engranaje del aparato del Estado. Si alguno de sus miembros tenía alguna independencia, eso se perdió en el flujo y gastos de los 13 millones de dólares que el Estado pago para realizar la compilación que esta comisión acaba de entregar como si se tratara de una primicia y un riguroso trabajo de investigación.
Veamos algunos de sus más reputados componentes:
- Salomón Lerner, presidente de dicha comisión. Lerner es rector de la Universidad Católica, y junto al reaccionario cardenal Luis Cipriani comparte la dirección de esta casa de estudios. Cipriani es el jefe del Opus Dei en Perú, y la más alta autoridad de dicha universidad. Cipriani fue entre 1990 y el 2000 un aliado de primer orden de la mafia dirigida por Fujimori y Montesinos (ver nota 1). Fue desde la U. católica donde se preparaban las marchas de los "cuatro suyos", que llevó al poder al "cholo" Toledo. La trayectoria sinuosa de Lerner con los peores gobiernos del Perú, tiene que verse en relación con la conducta de la iglesia católica del Perú, y en especial con las actividades poco santas del Opus Dei. (ver nota 2).
- Carlos Tapia, sostuvo al gobierno del APRA, y también contribuyó a que la mafia dirigida por Fujimori y Montesinos se enquistara en el poder. Incluso, durante el régimen fujimorista pretendió ser ministro del siniestro Ministerio del Interior donde decenas de peruanos fueron torturados y desaparecidos. Recientemente Tapia ha sido acusado de usar la comisión de reconciliación para llenarse los bolsillos. Se detalla que recibía 3,500 dólares mensuales de la caja de la comisión, más de 2,000 dólares por su sueldo de excongresista, y más unos 3 mil dólares de la ONG de la cual es presidente. En plena guerra civil, Tapia sacó la cara por los militares, y muchas veces justificó alevosas matanzas. (ver nota 3).
- Beatriz Alva Hart. Actualmente ex congresista fujimorista y representante del partido de la mafia que dirigió el Perú desde 1990 hasta el año 2000. Entre enero y octubre de 1999, fue viceministra de Trabajo de Fujimori.
- Rolando Ames, proviene también como Lerner de la U. Católica. Fue fundador de lo que se denominaba Afirmación Socialista, organización que hacía parte de lo que se conocía como Izquierda Unida (IU). Como los demás integrantes de IU, apoyó la candidatura electoral de Alan García (1985) y después la de Alberto Fujimori ((1990). Se hizo conocido en 1986, cuando en representación del senado presidió la comisión que investigó la matanza (junio 1986) de 300 prisioneros políticos y prisioneros de guerra en tres prisiones del Perú. La "comisión Ames", como todas las comisiones parlamentarias en Perú, sólo sirvió para echar una cortina de humo en torno a los principales responsables de esta matanza. (ver nota 4)
- Carlos Iván Degregori dirige el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ONG que maneja un presupuesto anual de UN MILLON DE DOLARES, y cuyo financiamiento proviene del Estado y de organismo de penetración americana tales como, la fundación Ford, la fundación Rockefeller, el BID, etc. El máximo órgano de dirección del IEP es la Asamblea de Asociados, y en la que se inscribe no solamente el nombre de Degregori, sino también el de Fernando Rospigliosisi (ministro del Interior del actual gobierno), el de Cecilia Blondet (fue hasta mediados de julio de 2002 ministra de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (Promudeh)), y otros que son altos funcionarios del actual régimen.
- Enrique Bernales tiene experiencia en lo que respeta encubrir (mediante una comisión) los crímenes de las fuerzas armadas. En 1988 Bernales fue presidente de la Comisión Especial sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación creada por el senado peruano. Su informe final, así sus conclusiones, sirvió solamente para encubrir la responsabilidad criminal de las fuerzas armadas y policiales. Tanto el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) así como el gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) quedaron sin ninguna acusación en la matanza de miles de campesinos y pobladores del país. Para Bernales las centenas de fosas comunes (que ahora se conoce con mayor precisión), los secuestros y desaparecidos, no eran crímenes de las instituciones militares, sino más bien "errores y excesos aislados de los miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. (5).
Bruselas, 4 de agosto 2003.
NOTAS
(las notas biográficas han sido tomadas del artículo titulado "Comisión de la Verdad o comisión de pillos (26/02/02), de Luis Arce Borja).
(1) El cura de Fujimori y Montesinos
Pero todos los curas mencionados, aparecen como niños de pecho frente a la conducta mercenarizada del actual arzobispo y Cardenal Juan Luis Cipriani. Como se conoce, Cipriani es el jefe del Opus Dei en Perú y al mismo tiempo la máxima autoridad de la Iglesia Católica en este país. Este cura, que con justa razón ha sido denominado por un periodista peruano (Magno Sosa) el "teólogo de Fujimori", no sólo fue el capellán del ejército, sino que participó directamente en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que dirigía y utilizaba Montesinos para perpetrar brutales crímenes contra la población peruana. Cipriani, fue uno de los agentes que Montesinos y el general Hermosa Ríos (ambos en prisión) infiltraron en la embajada japonesa para ejecutar la matanza de los militantes del MRTA que en diciembre de 1997 tomaron la sede nipona junto con 900 rehenes. El actual cardenal de la Iglesia Católica, fue el encargado de introducir los aparatos de comunicación, que sirvieron para ejecutar en abril de 1998 la "operación Chavín de Huantar, cuyo saldo fue 14 comandos emerretistas asesinados a sangre fría después que se habían rendido. La Biblia y el crucifico le sirvieron de cobertura para camuflar las minúsculas cámaras de vigilancia del grupo guerrillero.
El largo y sinuoso historial político de Cipriani sólo es comparable con la conducta de los llamados políticos tránsfugas que crecen como yerba mala en el sistema político peruano. En 1990 Cipriani apoyó la candidatura electoral de Vargas Llosa. Cuando se dio cuenta que el escritor estaba lejos de la presidencia, se pasó a sostener al contrincante de éste, es decir a Fujimori. En cada misa de los domingos convocó a los feligreses a votar por el "chinito" de Cambio 90. Cipriani se convirtió en el más fiel militante y defensor del régimen de Fujimori y Montesinos. Cipriani estuvo a favor de la pena de muerte. Justificó los ataques del gobierno anterior contra las organizaciones que defienden los derechos humanos. Llamó estúpidos a los que hablan de crímenes y torturas por parte de los militares. Cipriani apoyo el golpe militar de Fujimori, y después sostuvo la primera y la segunda reelección del actual prófugo y ex presidente del Perú. Cipriani estuvo desde 1988 en primera línea en Ayacucho para defender a las fuerzas armadas y fuerzas policiales. En diferentes ocasiones hizo escándalo para defender la "honorabilidad" de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Cipriani estuvo en primera fila para rechazar cualquier voz acusatoria respecto a los crímenes y genocidios del gobierno y gritó cada domingo desde el púlpito las bondades angelicales de los gobernantes anteriores. Justificó y defendió los tribunales militares sin rostro. Negó los crímenes y genocidios de las fuerzas militares. Por ejemplo en 1994, señaló: "En un contexto violento como el de Ayacucho, las muertes, desapariciones y abusos son parte del enfrentamiento de la guerra...Las Fuerzas Armadas han cambiado su actitud, queremos hurgar entre los muertos y resentimientos de toda esa gente resentida para oponernos al gobierno". Caretas 14 de abril de 1994).
Cipriani, después de haber navegado en el barco de Fujimori y Montesinos, no espero mucho para subirse al carro del vencedor. Inmediatamente al triunfo electoral de Toledo, Cipriani ha dicho: " La Iglesia Católica apoyará el llamado hecho por el Presidente de la República, Alejandro Toledo, para trabajar juntos todos los peruanos". De esta manera, el cura de Fujimori que sostuvo la pena de muerte, los tribunales militares sin rostro, y que contribuyo y sostuvo el gobierno mafioso anterior, se alista ahora a servir a los nuevos amos de palacio de gobierno: "Desde nuestra posición, la Iglesia procura limar asperezas, unir voluntades, comprender y perdonar, para que resurja un país optimista, apoyado en el alma que es la Iglesia Católica peruana", manifestó Cipriani. (La mayoría de los diarios, 14.4.2001).
(2) ¿Por qué la iglesia en la comisión?
La iglesia en Perú, como en todo América Latina sigue siendo uno de los aparatos con mayor capacidad para el camuflaje y la manipulación de masas. Su gigantesca infraestructura (miles de curas, monjas, iglesias, colegios, universidades, centros culturales, etc.) constituye un soporte de primer orden del Estado y de las clases que lo dirigen. En la historia peruana, desde la llegada de los conquistadores, pasando por los inicios de la República, hasta llegar a la actualidad, no ha habido un sólo régimen político que no haya contado con el apoyo de la jerarquía religiosa. Los peores gobiernos de nuestra historia, civiles o militares, gobernaron bendecidos por la iglesia católica.
Es en esta realidad (histórica y política), dónde hay que buscar la explicación más acertada de la participación de la iglesia católica en la llamada comisión de la verdad. La iglesia no es tan santa como parece, y su derrotero político la hecho cómplice de la barbarie que se ha cometido en estos 20 años en Perú. La iglesia, ni en el aspecto moral, ni en el terreno de la ética, tiene la más mínima autoridad moral para erigirse como garantía de una imparcialidad al interior de la comisión de la verdad. Por el contrario la jerarquía religiosa, que tiene mayoría en la comisión es una garantía para voltear la página y borrar el nombre de los asesinos y criminales (civiles y militares) de miles de ciudadanos peruanos. Un perdón celestial, y una reconciliación entre muertos y vivos, es el concepto más próximo a una iglesia que sin remordimientos se puso de lado de los militares y del poder de turno.
Existen abundantes hechos que muestran como la iglesia, incluida sus "corrientes izquierdistas" apuntalaron la militarización del Perú. Por ejemplo, en la época de Alan García, el cardenal Juan Landázuri bendecía los carros blindados que el ejército enviaba para combatir la subversión en Ayacucho. En 1992, este mismo cardenal oficiando de estratega militar de Fujimori, se pronunciaba no sólo en favor de las acciones antisubversivas de las fuerzas armadas, sino que exigía la "creación de un comando único antisubversivo". (Declaraciones al diario Expreso, 30 de julio 1992).
En junio de 1992, el Consejo Permanente del Episcopado peruano, emitió un documento titulado: "Un nuevo Perú tarea de todos". Ahí la iglesia peruana, volcó su posición a favor de las fuerzas criminales del Estado. Sin medias tintas destacaba "el caso de muchos peruanos que han dado la vida por defender a sus hermanos y a su libertad....los policías y soldados que cumpliendo su deber son sacrificados sin posibilidad de defensa...". (Consejo Permanente del Episcopado Peruano, 16 de junio 1992).
En 1993, cuando ya el gobierno de Fujimori y Montesinos habían hundido al Perú en un charco de sangre y corrupción, Luigi Dossena, representante diplomático del Vaticano, se acercó a Fujimori no para criticarlo, sino más bien para sostenerlo y alabar su gestión gubernamental: "se ha podido constatar nuevas perspectivas en un proceso que favorece la unión, la concordia, y el camino hacia una sociedad más justa y fraterna"., decía angelicalmente el representante de Juan Pablo II. (declaraciones al diario La Nación, 28/07/93). Pero las alabanzas a Fujimori y a su régimen de dictadura militar, no provenía exclusivamente de los más rancio de la iglesia. Fujimori también se ganó el apoyo de ciertos sacerdotes que en Perú se han hecho de una fama (nada merecida) de democráticos y contestatarios.
Así por ejemplo, el mismo Gustavo Gutiérrez (conocido por la publicitada Teología de la Liberación), en 1994, cuando ya los militares tenían en su haber más de 20 mil asesinatos y miles de secuestros y desaparecidos, señalaba que la violación de los "derechos humanos" provenía de los "malos elementos" de las Fuerzas armadas, y que denunciar esto, no suponía un "ataque al importante papel que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional deben desempeñar en el país". (Declaraciones a Suplemento especial de La República, 7/06/93).
La Iglesia Católica desde 1980, se vio comprometida con los gobernantes de turno, y con la estrategia antisubversiva que éstos desarrollaron. Así por ejemplo, diferentes obispos de la iglesia se vieron involucrados en la organización de las rondas campesinas y grupos de defensa civil, que los militares utilizaron en el campo y la ciudad como fuerzas paramilitares antisubversivas, cuya actividad sanguinaria acarreó la muerte de miles de campesinos. "Es necesario entonces, que las entregas de armas se hagan con mucho cuidado, y que luego se sometan a los ronderos a evaluaciones y controles permanentes". (Obispo de Huaraz, Eduardo Velázquez Tarazona, publicado en La República 31/07/94).
Por su parte el cura belga Hubert Lanssier, que se hizo conocido en la prensa fujimorista por su supuesta defensa de los derechos humanos, no tuvo tampoco ningún remordimiento en 1994 para declararse admirador de Fujimori y pedir la creación de un "organismo anticorrupción" dirigido personalmente por Fujimori, como pomada milagrosa para acabar con los malos manejos del Estado. Lanssier, que oficiaba también de conferencista en los cuarteles militares, no tuvo ningún escrúpulo para decir de Fujimori: "el Presidente de la República, en el cual yo confío, lo digo de manera enfática...Pero es mi opinión y yo confío en el Presidente de la República...Yo creo en la palabra del Presidente, tengo indicios suficientes para hacerlo". (La República 29/05/94). Este cura, de la misma manera que lanzaba loas y vivas a Fujimori, gritaba que el mayor violador de los "derechos humanos era Sendero Luminoso". Esta servía para apuntalar las acciones criminales de las Fuerzas Armadas; Si Sendero era el principal violador de los derechos humanos, no había que inquietarse mucho por lo que hacían los militares. "Me gustaría mucho establecer conversaciones francas y serias con las Fuerzas Armadas...". Sobre los crímenes de los militares en La Cantuta, el Alto Huallaga, pretendiendo exculpar a los militares dijo que "muchas cosas se dan en el fragor de los hechos".
Este cura que se declaraba militante de los derechos humanos, se manifestó a favor de los "Tribunales sin rostro", que la mafia que dirigía el Estado utilizó para reprimir a miles de inocentes ciudadanos. En 1994, Lanssier en respuesta a una pregunta en torno a la validez o no de los "Tribunales sin rostro", su respuesta fue la siguiente: "Si funcionan bien me daría igual". (La República 29/05/94).
Por su parte, en 1993 el cura Ricardo Durand, obispo del Callao, cuando ya se conocía que la dictadura militar reposaba en Fujimori, Montesinos y el general Hermosa Ríos, no tuvo el más mínimo respeto por el pueblo peruano, y afirmó: "El general Hermosa, que sin ninguna duda tiene el mérito de estar dirigiendo en este momento la pacificación.. es el portaestandarte del respecto que las Fuerzas Armadas deben tener por los derechos humanos...No por el error de tres o diez ya todos los militares son culpables....".(Declaraciones al Suplemento Especial 28/07/93).
(3) Carlos Tapia
Tapia. En su juventud aspiró a ser miembro de las fuerzas navales del Perú. (Estudió un corto tiempo en la Escuela Naval, pero no llegó a ser oficial). Fue uno de los dirigente de Izquierda Unida (IU) y como tal también apoyó la candidatura electoral de Alan García y después de Alberto Fujimori. En la actualidad se declara partidario de Alejandro Toledo. Durante el fujimorismo pretendió ser asesor para la política contrainsurgente del Estado, y mismo aspiró a ser ministro del Interior. Desde 1990, recorre los cuarteles militares en donde ha sido profesor-conferencista de las Escuelas Superiores de Guerra del Ejército, la Marina y la Aviación.
Desde hace más de 15 años es propietario y director de la ONG "Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional", desde donde ha sostenido los planes militares contrainsurgentes de los tres últimos gobiernos peruanos. Tapia se sintió identificado con el accionar de las fuerzas militares en la época de Fujimori y Montesinos. Así por ejemplo, en 1991 algunos meses antes de que la banda de palacio de un autogolpe y establezca una feroz dictadura militar, Tapia propuso el establecimiento de un "Gabinete de Guerra Interna", que a propuesta de él tendría que estar presidido por Fujimori, y el que participarían los mandos militares, incluido el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dirigido por Montesinos. Después vino el golpe de abril 1992.
Después, cuando ya los golpistas se habían sentado bien en el poder, Tapia impulsó un "acuerdo político nacional" en torno al gobierno de Fujimori-Montesinos", cuyo propósito fue legalizar la dictadura de militar (declaraciones a revista Oiga 24 de junio de 1991. No contento con ello, en 1993 cuando bastante "sangre había corrido bajo el puente, y ya había sucedido la matanza de la Universidad La Cantuta y la de Barrios Altos, Tapia no tiene ningún problema en alabar las acciones militares, señalando que la orientación y las medidas eran CORRECTAS. Dice Tapia: "De igual manera, en la lucha por la pacificación se debería reconocer lo mismo: las medidas que se están dando en la lucha antisubversiva son correctas, es decir, la orientación de las medidas son las correctas, pero hay problemas en la gestión y los costos sociales son muy altos..". (Revista Oiga 2 de agosto de 1993).
Hay que señalar, que Tapia que ahora es integrante de la Comisión de la verdad y Reconciliación, fue uno de los que justificaron la matanza de 9 estudiantes y un profesor universitario de La Cantuta. Esto se puede ver en las declaraciones que hizo en 1993 en torno a este hecho que conmovió el Perú: "No puede ser, por ejemplo, que en la Universidad de La Cantuta, a pesar del cerco militar, todavía se siga enseñando en forma obligatoria materialismo dialéctico y materialismo histórico para alguien que quiere ser profesor de educación física". (Carlos Tapia, declaraciones en la Revista Oiga, 2 de agosto 1993). A Tapia no le bastó usar argumentos de la santa inquisición para justificar el crimen de la Cantuta. El fue más lejos y expresó términos elogiantes y llenos de admiración nada menos para el general Luis Pérez Document, que como se sabe fue el militar de más alto rango que participó directamente en el crimen de los estudiantes y el profesor: Tapia hablando de una "renovación" en el sentido positivo en las Fuerzas armadas, señalo a pocas semanas de haberse cometido el crimen de La Cantuta (julio 1992): "En cambio, ahora hay oficiales como el general Luis Pérez Documet, el general Arciniegas, para nombrar a otros más, que sí representan a sectores renovados del Ejército". Oiga, 21 de setiembre 1992).
Tapia en el transcurso de los 10 años de gobierno de Fujimori y Montesinos, no ha pestañeado para alabar las acciones de los militares, y buscar una justificación a los "excesos" y "errores" de algunos malos soldados. Así por ejemplo señala en 1991: "Los militares han hecho todo lo que podían hacer y no lo han hecho tan mal. No es que yo justifique excesos...esos excesos se producen precisamente porque los militares no saben como resolver el problema del dominio político, para lo cual no están calificados". (Revista Oiga, 24 de junio de 1991). En 1994, Tapia vuelve con la defensa de los militares de Fujimori, y señala que en el campo militar, "mayores son los aciertos que los errores". (La República 23/07/94). Tapia no sólo se convirtió en un apologista del militarismo en el Perú, sino que abogó para buscar una "unidad" en torno a la brutal política de pacificación de Fujimori. Así por ejemplo en noviembre de 1993, cuando ya las fuerzas armadas habían convertido el Perú en un cuartel militar, el senderólogo llamaba a concretar la "más basta unidad y que relegue a un segundo plano las discrepancias entre el oficialismo y la oposición". (La República 24 de noviembre 1993).
(4) Rolando Ames
La Comisión presidida por Rolando Ames, bajo el objetivo de encubrir a los responsables de la matanza de los penales, señalo que "no tenían evidencia de la participación del presidente", y que la "comisión no podía decir que García había dado la orden de ejecución". De esta manera, Alan García Pérez, en ese entonces presidente del Perú, fue uno de los principales beneficiarios del papel encubridor de Rolando Ames. Como se conoce, García fue el que planificó y ordenó el brutal genocidio de prisioneros, pero sin embargo sigue libre y hasta se prepara para ser nuevamente presidente del Perú. La responsabilidad de García en este abominable exterminio de prisioneros fue claro para el común de los mortales, pero no así para el encubridor Ames que salió al frente para gritar que García Pérez "nada tenía que ver" en este genocidio. Ames en una entrevista que le hizo la revista caretas en diciembre de 1987 dice lo siguiente: "No estamos señalando que dio orden de ejecución de rendidos: no tenemos para ello una evidencia que nos permita señalarlo. Quiero creer, por el contrario que cuando el Presidente de la República denunció en Lurigancho estas ejecuciones fue, precisamente, porque nada tenía que ver con ellas". (Artículo "Exculpando al Presidente", revista Caretas, 7 de diciembre 1987).
De esta manera Ames limpiaba la sangre de las manos de Alan García, y negaba que los cálculos para la ejecución de esta matanza se hicieron meses antes en el interior de palacio de gobierno. En esta planificación, junto con García participaron el Consejo de Ministros, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este crimen, como se conoce contó, con la aprobación y complicidad de los partidos políticos del medio oficial. El mismo Alfonso Barrantes Lingán, en esos momentos alcalde del municipio de Lima y jefe de Izquierda Unida (IU, en el que militaba Ames), se pronunció a favor de los planes del gobierno "para poner orden en los penales".
(5) Enrique Bernales
Bernales, igual que Ames hizo parte de la Izquierda Unida, y votó también por García Pérez y después por Fujimori. Entre 1980 y 1992 fue senador de la República . Ocupó este lugar en representación de lo que en esos momentos se conocía como Izquierda Unida (IU). En 1988 fue presidente de la Comisión Especial sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación. El "infome Bernales" ahora es parte de la ruma de papeles que se han utilizado para sacramentar la brutal política antisubversiva del Estado. Lo más abominable de parte de la comisión de Bernales, no fue solamente el encubrimiento de los crímenes del ejército como institución represiva del Estado, sino el llamado que hace Bernales para "reforzar la "defensa nacional" exigiendo para ello: plasmar una "relación profunda que siempre debe existir entre las Fuerzas Armadas y la sociedad". Bernales junto con hacer las estadísticas de las "violencia política" en Perú, pidió "apoyo" y "comprensión" para las fuerzas armadas. Así lo expresó en una de las conclusiones de la comisión: "La construcción de la democracia requiere de una profunda comprensión y respaldo mutuos del pueblo y la Fuerza Armada y debe ser éste, uno de los planteamientos eje de la pacificación nacional". (Comisión Especial sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación, julio 1988). La convocatoria de Bernales, de "unidad entre civiles y militares", es decir entre víctimas y victimarios, se planteó bajo el objetivo de silenciar los crímenes de las Fuerzas Armadas, y preparar la base "moral" y política para ampliar el poder y la acción represiva de los militares. Los hechos posteriores y dramáticos han demostrado que eso fue así, y que la unidad entre civiles y militares que exigía Bernales para la pacificación, fue coronada con más de 40 mil asesinatos.
Fuente: http://www.rebelion.org/
