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Ricardo Alvarado.
25 de noviembre del 2002
Hasta el colapso de la dictadura de Alberto Fujimori a fines del año 2000, la creación de una Comisión de la Verdad no había estado nunca en la agenda política peruana, pese a las graves y notorias secuelas dejadas por la violencia política: 25.000 muertos, 7.000 desaparecidos, 500.000 personas desplazadas e incalculables daños materiales.
El gobierno de Valentín Paniagua nombró el 4 de junio del 2001 una Comisión de la Verdad compuesta por 7 miembros ("comisionados"), con mandato para investigar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas entre 1980 y el 2000 por las fuerzas del Estado y los grupos subversivos (1). El 4 de setiembre del 2001, el gobierno de Alejandro Toledo nombró 5 comisionados más y cambió el nombre de "Comisión de la Verdad" por el de "Comisión de la Verdad y Reconciliación" (2).
El nombramiento de los comisionados fue producto de negociaciones entre el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la Iglesia Católica, el Concilio Nacional Evangélico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Los grupos subversivos y los familiares de las víctimas de la violencia quedaron fuera de la Comisión.
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La iniciativa más reciente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la Campaña por los Desaparecidos, consistente en la publicación de una lista preliminar de aproximadamente 7.000 personas desaparecidas por los agentes del Estado y los grupos subversivos (3). Con el aporte del público, se espera que esta lista vaya siendo depurada paulatinamente en varias etapas, con vistas a su publicación en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Sin embargo, hasta el momento no se han previsto mecanismos adecuados para difundir la lista en las zonas rurales, de las cuales provienen aproximadamente el 70% de los desaparecidos; dada la pobreza imperante y el estado de las comunicaciones en el Perú, los mecanismos puestos en funcionamiento hasta ahora (hotline, e-mail, etc.) tienen validez sólo para las zonas urbanas.
La Comisión tampoco ha entendido cabalmente la importancia, planteada por algunos organismos de derechos humanos, de:
- Realizar de manera simultánea y diferenciada campañas de sensibilización de la población en el medio urbano y recolección de información en el medio rural;
- Involucrar a las instituciones del Estado con presencia en las zonas rurales (escuelas públicas, puestos de salud, etc.) en la campaña.
Por lo tanto, uno de los ejes claves del trabajo de la Comisión, como es la investigación de los casos de desaparición forzada de personas, corre el riesgo de fracasar debido a la falta de una estrategia adecuada de difusión y sensibilización.
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Uno de los principales objetivos del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la generación de un debate nacional sobre las causas y consecuencias de la violencia política, que genere:
- Vínculos de solidaridad entre la sociedad civil y las víctimas;
- Reflexiones autocríticas entre los actores de la violencia;
- Procesos penales contra los responsables de crímenes contra la humanidad;
- Garantías de no repetición de las violaciones a los derechos fundamentales por parte del Estado peruano; - Medidas de reparación a las víctimas de la violencia.
A más de un año del inicio de las labores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y a pesar de importantes logros como la recolección de 12.000 testimonios de víctimas de la violencia, no se ha generado nada semejante. La población peruana desconoce la naturaleza e importancia del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación; los sectores ciudadanos comprometidos con dicho trabajo pertenecen a las víctimas directas de la violencia o se hallan vinculados al movimiento peruano de derechos humanos.
Esto se debe en gran parte a la ausencia de una estrategia de comunicación por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Del conjunto de acciones realizadas por las diferentes áreas de la Comisión, sólo dos han logrado cierta repercusión en los medios de comunicación y el público: las exhumaciones de fosas clandestinas y las Audiencias Públicas, en las cuales víctimas del terror subversivo y del terror de Estado narran los hechos que les tocó vivir.
A pesar de que los organismos del Estado están obligados a colaborar con la Comisión, los medios de comunicación masiva, privados y estatales, no contribuyen a informar a la población sobre las labores realizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, bajo el pretexto de que dichas labores "no generan audiencia" (4). La cadena de televisión estatal TNP se negó a transmitir las Audiencias Públicas sin un pago previo; tras intensas negociaciones, acordó reservar para la Comisión una hora gratuita, comprendida entre la 1 y las 2 a.m. (!)
Las Fuerzas Armadas y los grupos subversivos se niegan sistemáticamente a colaborar con las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El ministro de Defensa se ha negado a proporcionar cualquier información relativa al período de violencia política, afirmando que todos los documentos relativos a dicho período han sido "incinerados". Por su parte, los grupos subversivos consideran a la Comisión como "ilegítima" ya que no participaron en su conformación.
No se han abierto nuevos procesos penales por crímenes contra la humanidad cometidos durante el período de violencia política. Por el contrario, diversas instancias del Poder Judicial han cerrado algunos procesos que se encontraban en curso, aduciendo falta de pruebas o absolviendo a los responsables, a pesar de que existen varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado peruano a esclarecer las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables. Esta situación de impunidad, si bien escapa a la responsabilidad de la Comisión, no nos permite ser optimistas respecto a los juicios que se puedan abrir en el futuro.
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En ciertos aspectos que atañen a la investigación de casos concretos de violaciones a los derechos fundamentales, la Comisión de la Verdad y Reconciliación se ha revelado como una institución susceptible de ser influenciada por el poder político.
El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), institución que colaboró con la Comisión en la investigación de las fosas clandestinas existentes en el Perú, denunció recientemente la existencia de fuertes presiones hacia la Comisión por parte del Ministerio Público (5), en el sentido de obstaculizar sistemáticamente las exhumaciones realizadas por el EPAF y la Comisión, no admitir los estándares internacionales de investigación antropológica forense y oponerse a la elaboración de un Plan Nacional de Exhumaciones adecuado a dichos estándares (6).
De las denuncias realizadas por el EPAF, la más grave era la oposición del Ministerio Público a la elaboración del Plan Nacional de Exhumaciones. Como la Comisión de la Verdad y Reconciliación sólo prevé exhumar 5 de las 150 fosas clandestinas que existirían en el Perú, un Plan con proyección de 5-10 años es imprescindible si se pretende dar continuidad al proceso de esclarecimiento de hechos.
Como respuesta a las denuncias del EPAF, la Comisión de la Verdad y Reconciliación decidió unilateralmente dar por concluida su relación con dicha institución y convocar a expertos internacionales para continuar los trabajos de investigación antropológica forense, bajo la supervisión directa del Ministerio Público. Así, la institución más cuestionada por su oposición a las investigaciones sobre fosas clandestinas terminó asumiendo el control de dichas investigaciones.
Otra situación que pone en cuestión la independencia política de la Comisión de la Verdad y Reconciliación está relacionada con la investigación de la matanza cometida por el Ejército peruano en el pueblo ayacuchano de Cayara en 1988, caso que tuvo en su momento gran repercusión internacional y en cuyo encubrimiento habría participado el ex presidente y líder opositor Alan García.
Tras el asesinato de casi todos los testigos de la matanza por parte de fuerzas paramilitares, Carlos Escobar, fiscal encargado de la investigación, huyó a los Estados Unidos con una copia de los documentos del caso, ya que los originales fueron destruidos por el Ejército. Escobar ofreció entregar los documentos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero esta exigió que la entrega se realizara de manera secreta. En un primer momento, Escobar se negó a entregar los documentos y denunció públicamente que la Comisión de la Verdad y Reconciliación estaba realizando negociaciones para asegurar la impunidad de Alan García (7); aunque posteriormente aceptó entregar los documentos, las negociaciones entre García y la Comisión nunca fueron desmentidas.
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Las situaciones antes expuestas arrojan dudas sobre la labor de la Comisión de la Verdad y el futuro del proceso de esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la violencia política. La recolección de testimonios, la exhumación de algunas fosas clandestinas y las Audiencias Públicas no alcanzan para cubrir las expectativas de la población que sufrió años de terror subversivo y terror de Estado, más aún si la Comisión da señales claras de susceptibilidad frente a las presiones políticas y de intelectualizar los reclamos de verdad y justicia en documentos poco entendibles para el ciudadano común y corriente.
"Ojalá la Comisión de la Verdad pueda buscar justicia. Ojalá verdaderamente investiguen. A veces yo veo poco de la Comisión por alcanzar justicia. ¿Por qué no exigen a los generales que saben de las muertes?" (8).
"¿Alguien aún sigue creyendo que un libro bien empastado y escrito por grandes intelectuales servirá para cerrar las heridas en un país de analfabetos? ¡Háganme el favor! Verdad y Justicia si, pero estando preparados a todas las consecuencias; no pactando, obviando y jugando ajedrez para no quemarse más de la cuenta" (9).
NOTAS
(1) La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ente que agrupa a las organizaciones peruanas de defensa de los derechos humanos, cuestionó la designación de Beatriz Alva Hart, ex viceministra del régimen de Fujimori: "...estuvo vinculada al régimen responsable de muchos de los hechos que la Comisión va a investigar. Su presencia va en contra del texto de la norma, que señala como un requisito indispensable el estar identificados con la defensa de la democracia" (Pronunciamiento público de la CNDDHH, Julio 09, 2001).
(2) La CNDDHH cuestionó el nombramiento del general (retirado) Luis Arias Graziani: "...es asesor presidencial en materia de Defensa, poniendo en cuestionamiento la autonomía e independencia que la Comisión debe conservar frente a los poderes del Estado y la trayectoria democrática exigida como condición fundamental para ser miembro de la Comisión de la Verdad, es incompatible con el hecho de haber sido ministro de Estado de un gobierno de facto" (Pronunciamiento público de la CNDDHH, Setiembre 11, 2001).
(3) De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se considera como desaparecidos sólo a las víctimas del Estado; sin embargo, a instancias del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), la lista de la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye también a las víctimas de los grupos subversivos.
(4) En las cadenas privadas de televisión, el tiempo promedio de cobertura noticiosa para las actividades de la Comisión es de un minuto al día, y sólo durante las Audiencias Públicas o los procesos de exhumación de fosas clandestinas.
(5) Institución estatal encargada de realizar las investigaciones penales.
(6) Comunicación de José Pablo Baraybar, presidente del EPAF y Jefe de la Oficina Forense de Personas Desaparecidas (OMPF) de la Administración Interina de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Noviembre 05, 2002.
(7) El motivo de las negociaciones habría sido la inminencia de una victoria electoral del APRA, partido liderado por García.
(8) Entrevista a Angélica Mendoza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú.
Tomado de la revista "Rebelión": http://www.rebelion.org/internacional/alvarado251102.htm
