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Amnistía Internacional:
Presidente Alejandro Toledo Manrique
Presidente de la República del Perú
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor
Lima 1
PERÚ
Londres 6 de julio de 2003
Estimado Sr. Presidente:
Amnistía Internacional acogió con beneplácito la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo N° 065-2001-PCM); y desde su establecimiento en junio del 2001, ha seguido de cerca la labor de investigación y compilación de testimonios y evidencias que esta Comisión ha realizado.
Amnistía Internacional atribuye suma importancia a la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dentro del proceso de transición a la democracia que el país está viviendo desde noviembre del 2000. Es por este motivo que la organización ha recibido con suma procupación informes sobre los distintos ataques y críticas que desde su establecimiento varios sectores estarían dirigiendo contra la Comisión aparentemente sólo encaminados a obstaculizar o socavar su importante trabajo.
En particular, preocupa a la organización información recibida en las últimas semanas sobre declaraciones efectuadas por algunos congresistas peruanos criticando la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y pidiendo que se suspendan sus actividades. Según estos informes tal actitud habría surgido a raíz de la decisión de la Comisión de introducir el testimonio de cuatro de los líderes de los grupos de oposición armada, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); y también como reacción a declaraciones de la Comisión en las que se indicó que Sendero Luminoso no podría simplemente calificarse como una banda de delincuentes, sino que se trataría de un partido político orientado por una ideología dogmática y autoritaria, que ha desarrollado acciones terroristas y criminales contra agentes del Estado y población civil indefensa.
Amnistía Internacional considera que la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede contribuir de forma importante en el proceso de transición a la democracia y el camino hacia una verdadera Reconciliación de la sociedad peruana ayudando a crear conciencia histórica , así como brindando una versión oficial y consensuada sobre la realidad de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto interno peruano y aclarando algunas de las razones que contribuyeron a la violencia.
La superación del doloroso y violento pasado reciente del Perú en el que decenas de miles de personas perdieron la vida (según los últimos datos publicados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación) y miles fueron víctimas de otros graves abusos y violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, tanto por los grupos de oposición armada como por miembros de las fuerzas armadas y fuerzas del orden, requiere que la sociedad nacional se enfrente de forma crítica a los graves hechos de violencia en este periodo a fin de valorar la real dimensión y gravedad de tales hechos, informándose adecuadamente y así tomando conciencia de lo que realmente sucedió.
Asimismo, Amnistía Internacional considera que la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede contribuir a promover el cumplimiento de las obligaciones del Estado de prevenir las violaciones de derechos humanos y demostrar, cuando éstas ocurren, la indispensable necesidad de investigarlas así como de procesar y sancionar a los autores y reparar los daņos causados.
El derecho a la verdad, reconocido desde larga data por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluye por un lado el "derecho individual que toda víctima o sus familiares tiene a saber lo que ocurrió"y por otro el "conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión"( Op. Cit. doc. de Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, párr. 17). En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "[e]l derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 136/99, 22 de diciembre de 1999, caso 10.488 - Ignacio Ellacuría y otros, párr. 224).
En este sentido Amnistía Internacional opina que el informe que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentará a las autoridades peruanas el próximo mes de agosto contribuirá no sólo a revelar muchos de los patrones de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que se cometieron entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, sino también a establecer algunas de las responsabilidades de los distintos actores involucrados en el conflicto interno.
La organización considera importante tanto la publicación y amplia difusión del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como el mismo proceso de recopilación de testimonios que la Comisión ha desempeņado en gran parte del territorio nacional. El acercamiento a los sobrevivientes de la violencia cuyas denuncias antes fueron ignoradas, el escuchar y dar voz a estas personas, dando así validez y dignidad al sufrimiento que estos padecieron es un proceso especialmente importante en el contexto del Perú, donde según las conclusiones iniciales de la Comisión, un gran procentaje de las víctimas pertenecían a aquellos sectores históricamente más desprotegidos y marginados del país, personas de bajos recursos económicos y bajo nivel educativo, miembros de diversas poblaciones andinas, mayoritariamente indígenas y campesinos. Amnistía Internacional confía en que su Gobierno acogerá y otorgará el peso y la importancia debida a los resultados de la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Por otro lado, tal y como establece el proyecto de Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derecho humanos mediante la lucha contra la impunidad "... no existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 136/99, 22 de diciembre de 1999, caso 10.488 - Ignacio Ellacuría y otros, párr. 26). Amnistía Internacional considera que este derecho implica que el Estado debe de investigar las violaciones, identificar a los autores y sancionarlos si se establece su culpabilidad. Por tal razón es un paso importante el avanzar hacia la erradicación de la impunidad que durante aņos ha estado institucionalizada en el país y legalizada durante los últimos cinco aņos del Gobierno de Alberto Fujimori con la aprobación de las leyes de amnistía en 1995; así como enviar un claro mensaje de que tales hechos no son tolerados en el Perú de hoy. En este sentido, Amnistía Internacional acoge con beneplácito la decisión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de transferir a la justicia casos plenamente documentados, incluida la identificación de los presuntos responsables. La organización espera que el Gobierno que usted preside apoye sin reservas el derecho de las víctimas a buscar justicia y garantice que los procesos que se inicien contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos se realicen con las debidas garantías.
Además del derecho a saber, y el derecho a la justicia, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen el derecho a la reparación. El proyecto de Conjunto de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos Humanos y al derecho humanitario a obtener reparación (Doc. de Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/1996/17) especifica que la reparación incluye medidas de restitución y compensación, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. Perder el derecho a la vida y a la integridad física son pérdidas irreparables. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que reparación moral y material son una tarea absolutamente necesaria para una reconciliación nacional encaminada a la democracia.
Amnistía Internacional espera que su Gobierno contribuya a un proceso de verdadera reconciliación mediante la creación de un programa nacional de reparación a las víctimas y de reformas, incluidas reformas institucionales, para evitar que los actos y patrones identificados se repitan en el futuro. La organización espera además que tal programa incluya medidas para la reparación tanto económica como moral de las víctimas. Asimismo y en vista de las conclusions iniciales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que indican que un gran número de las víctimas del conflicto interno fueron personas de grupos étnicos y sectores sociales históricamente marginados y discriminados en el Perú, la organización confía en que tal programa incluirá propuestas para avanzar hacia la erradicación de la discriminación por razones etnicas o de género y para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales de estos sectores desprotegidos.
Amnistía Internacional cree que los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, que son fundamentales para la dignidad y el desarrollo de todos los seres humanos, son indivisibles y universales. El contexto en el que se producen las violaciones de derechos humanos, como la tortura o la ejecución extrajudicial, es invariablemente complejo y no puede separarse de cuestiones como la posición social de la víctima y su nivel de acceso a la justicia. No es posible proteger eficazmente los derechos civiles y políticos sin proteger los derechos sociales, económicos y culturales. La organización cree que en este periodo de transición a la democracia, Perú debe tomar medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos del conjunto de la población del Perú, tanto los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como aquellos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ambos ratificados por el Perú en 1977, así como otros instrumentos sobre la materia de los que el Perú es parte.
Sr. Presidente, Amnistía Internacional estima que el apoyo activo e inequívoco de las autoridades peruanas a todos los niveles a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y al trabajo que ésta viene desempeņando contribuirá de forma decisiva a marcar una clara ruptura entre el pasado en el que abusos y violaciones se cometieron con total impunidad y un futuro en el que el respeto a los derechos humanos de todos sea una realidad y se pongan en práctica mecanismos que impidan la repetición de tales violaciones y garanticen que si tales actos volvieran a cometerse estos serán investigados y los responsables llevados ante la justicia.
Finalmente, Amnistía Internacional insta al Gobierno peruano a poner en práctica un amplio programa nacional de derechos humanos en el que sea materia de prioridad la atención y consideración del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para asegurar que al término de su Gobierno la realidad del Perú sea una en la que independientemente del género, raza o etnia, situación económíca o estatus social de la persona los derechos de toda la población sean respetados; y se pongan en práctica medidas para proteger a los grupos más vulnerables.
Agradecería nos hiciera llegar sus comentarios en relación a los temas arriba expuestos.
Atentamente,
Irene Khan
Secretaria General
Fuente: http://www.amnistia.org.pe/
