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Hace cinco años los peruanos que creemos en la democracia, la justicia y la dignidad salimos a protestar a las calles para enfrentar a la mafia que durante una década se apoderó del gobierno y las instituciones públicas de nuestro país, tiñéndolas de corrupción, inmoralidad y miseria. Con un despliegue de grandes sacrificios, creatividad y en marchas pacíficas, logramos recuperar la democracia. Entonces confiamos en que llegaba un nuevo tiempo que limpiaría la podredumbre material y moral legada por el fujimontesinismo. Confiamos asimismo en que las instituciones como el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial por fin cumplirían con su deber: trabajar a favor de la sociedad que las eligió y a la que tendrían que representar.
Nuestras esperanzas tuvieron corta duración. Tras un breve periodo de transición democrática hemos visto cómo, poco a poco, se ha ido dando marcha atrás en las conquistas democráticas que el pueblo peruano consiguió. En particular, en los tres últimos años, hemos ido viendo a un Congreso que, salvando honrosas excepciones, se ha dedicado a dar leyes que favorecen sus intereses particulares; a un Poder Judicial ineficiente y lento para los más pobres y veloz para beneficiar a los criminales y corruptos, pasando por alto el espíritu de la ley que es sencillamente la justicia para los ciudadanos. Asimismo, hemos visto a un Poder Ejecutivo incumpliendo las principales promesas con las que consiguiera ganarse el voto de una mayoría de cusqueños: instituciones fundamentales para el desarrollo de las mayorías, como la educación, la salud y la seguridad alimentaria y ciudadana han sido relegadas; no hubo crecimiento económico para todos salvo para algunos privilegiados, y la lucha contra la corrupción y la impunidad legada por los 20 años de violencia ha sido derribada y cada vez más desnaturalizada.
El más reciente paso atrás ha sido la promulgación por parte del Congreso de una ley que equipara el arresto domiciliario con la prisión efectiva, su validación por el Presidente del Gobierno y su veloz aplicación por parte del Poder Judicial, que, pese a su tardía derogación, está generando la excarcelación de peligrosos procesados por narcotráfico, corrupción, violación de los derechos humanos, pertenecientes a la mafia fujimontesinista, así como de otros poderosos criminales que lograron aliviar sus sentencias con arrestos domiciliarios. Estos hechos han terminado de poner en evidencia que ni las leyes ni la justicia son iguales para todos y que nuestras instituciones democráticas vuelven a ser devoradas por la injusticia, la impunidad y la corrupción.
Como ciudadanos dignos, tenemos también una responsabilidad: no podemos permitir que esos pésimos ejemplos derriben los valores de honestidad, compromiso y transparencia en nuestra sociedad, ni que la democracia que tanto nos costó recuperar sea de nuevo profanada por los corruptos y perversos. Por ello estamos reunidos aquí, siguiendo el llamado de Monseñor Luis Bambarén, para movilizarnos CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. Para decir, con las manos limpias, ¡Basta ya! Recuperemos la dignidad y la esperanza.
Por eso, desde esta capital histórica del Perú, los abajo firmantes, nos comprometemos y llamamos a la ciudadanía en su conjunto para desplegar una movilización permanente para:
- Demandar el reforzamiento del sistema anticorrupción exigiendo al Estado mayores recursos así como autonomía en el trabajo de los procuradores anticorrupción.
- Promulgación de la Ley de Reparación a favor de las victimas de la violencia política.
- Promover desde todos los sectores públicos y privados la formación y el ejercicio de valores de honestidad, justicia, equidad, democracia y solidaridad manteniéndonos en permanente vigilancia.
- Demandar al Estado, pero además contribuir con nuestro esfuerzo, a la construcción de instituciones democráticas que trabajen para el Bien Común en nuestro Perú.
Recuperemos la dignidad y la esperanza.
Movilicémonos por la justicia y los derechos humanos.
Cusco, 19 de julio de 2005.
Fuente: APRODEH
