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Las ultimas manifestaciones de protesta protagonizadas por los estudiantes de la UNI, de la universidad de Trujillo y de Puno, evidencian el agotamiento del actual modelo de universidad y de estado y la necesidad de cambios profundos.
Asistimos a un periodo marcado por la lucha del pueblo contra las diversas expresiones de corrupción emanadas del aparato estatal y sus instituciones, así como contra los planes de ajuste económico que priorizan a las grandes transnacionales, sus estados y sus organismos multinacionales como el FMI, el BM, la OMC, etc. en desmedro de las grandes mayorías. Esta situación se refleja claramente en las diversas manifestaciones de protesta contra el gobierno y en el descenso abrumador de la popularidad del presidente Toledo, que oscila entre el 5% y el 8%, convirtiéndolo así en uno de los mandatarios más impopulares e ilegítimos del continente. Este rechazo al presidente también compromete al Congreso (8% de aprobación ciudadana) y al Ejecutivo, así como a las diversas instituciones del actual régimen, lo cual nos lleva a pensar que estamos no sólo ante una crisis de gobierno sino fundamentalmente ante una crisis de la democracia formal expresada en el actual modelo de estado que tiene en la constitución fujimorista de 1993 a su principal sostén legal.
Las universidades públicas al ser parte del tejido social e institucional no podían estar ajenas a esta crisis estructural. En ellas se reproducen los males endémicos de nuestra sociedad así como las políticas neoliberales provenientes del Estado. Tal es así que desde 1993, cuando se dio el golpe fujimontesinista y se legalizó de manera fraudulenta la constitución pro imperialista actualmente vigente, la ley universitaria 23733 sufrió grandes modificaciones que permitieron introducir - vía los decretos supremos 700, 726 y 739 - los planes privatistas, el modelo de universidad-empresa y los mecanismos legales para desorganizar y despolitizar al movimiento estudiantil, así como crear regímenes de gobierno universitario antidemocráticos.
El gobierno de Alejandro Toledo al convertirse en el continuador de la política fujimorista lo que ha hecho hasta la fecha no es sino refrendar el actual modelo de universidad-empresa, generando con ello la consolidación de la corrupción al interior del claustro universitario, el abandono presupuestal a la educación superior universitaria, el incremento de elevados cobros a los estudiantes y postulantes por derechos educacionales y de admisión que hacen inaccesible la universidad "pública" a las grandes mayorías, así como la permanencia de una legislación antidemocrática que impide la libre organización y participación del estudiantado en el cogobierno de la universidad. A ello habría que sumarle también la permanencia, como organismos dirimentes y suprauniversitarios, de instituciones corruptas como la ANR que lo único que han hecho es darle la mano a los corruptos destituidos por la lucha del movimiento estudiantil o generar nuevas mafias a su servicio.
Nuevas luchas estudiantiles muestran el camino
Pero así como el pueblo se moviliza contra el gobierno y su régimen, los estudiantes de diversas universidades del país empiezan a levantarse aperturando con ello una nueva etapa para el movimiento estudiantil, la cual tiene en estos momentos como su principal bandera la lucha contra la corrupción. No olvidemos que precisamente esta corrupción ha sido un efecto colateral de la aplicación del modelo de universidad-empresa el cual sirvió como pretexto al Estado para dejar de invertir en la universidad y pagar con ese dinero y de manera puntual la deuda externa que consume el 25 % del presupuesto nacional. El modelo de universidad-empresa daría vida a una nueva concepción de la universidad la cual seria vista, ya no como un servicio, sino como una mercancía. En ese entender las autoridades universitarias, con la complicidad del Estado y sus funcionarios, se dedicarían - como todo empresario capitalista - a incrementar sus ganancias a como dé lugar casi siempre recurriendo a mecanismos vedados en desmedro de los estudiantes, de la calidad educativa y del carácter social de las universidades públicas.
Nuevos procesos de lucha del movimiento estudiantil empiezan a cuestionar duramente la estructura del actual modelo de universidad hecha a imagen y semejanza de los grupos de poder y las clases dominantes. Hace poco los estudiantes de la universidad nacional Jorge Basadre de Tacna tomaron los ambientes de su universidad por más de 40 días exigiendo la renuncia de su rector ilegalmente reelegido y sobre el cual pesaban gruesas denuncias de corrupción y malos manejos. La radicalización de la lucha y la participación del pueblo llevaron a que no sólo se cuestione la cabeza del rector corrupto sino también se exija una severa investigación económica de los últimos 15 años de gestión. Este proceso terminaría con la salida del rector cuestionado y la instauración de una comisión de reorganización externa impuesta por la ANR, la cual ante las limitaciones democráticas presentadas por la ley 23733 para este tipo de situaciones y la ausencia de docentes probos se convirtió, paradójicamente, en la única salida.
Actualmente los estudiantes de la universidad de Trujillo se encuentran en pie de lucha; desde hace algunos días han tomado los ambientes de su universidad exigiendo la renuncia y sanción a su actual rector el cual también es acusado de corrupción. En Puno los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) también han tomado los ambientes de su universidad y se aprestan a incrementar sus medidas de lucha las cuales giran en torno al repudio a la corrupción encarnada en sus actuales autoridades universitarias. De igual manera los estudiantes de la UNI han tomado las instalaciones de su universidad ante los intentos reeleccionistas de su actual rector. En síntesis: la crisis social que vive nuestro pueblo y que tuvo en la lucha del pueblo de Ilave su máxima expresión, se ha traslado al interior de las universidades, siendo la principal bandera el rechazo a la corrupción institucionalizada.
Debemos rodear de las más amplia solidaridad las luchas estudiantiles en curso que se vienen desarrollando en las universidades de Trujillo, Puno, Tacna, Lima y las que se puedan abrir en el futuro ya que el triunfo o el fracaso allí, significarán a la postre un triunfo o fracaso para todo el movimiento estudiantil peruano. De igual manera es urgente crear, cuanto antes, espacios de coordinación nacional que les permitan a los estudiantes discutir sobre las causas de fondo que generan la crisis universitaria y para coordinar y centralizar mejor la pelea contra las autoridades corruptas y las instituciones del Estado que, como la ANR, ya se han pronunciado -tomando como ejemplo a Tacna- en contra de los intentos moralizadores y democratizadores del movimiento estudiantil aduciendo que no permitirán que agitadores externos alteren el "orden" al interior de las universidades.
¿Cual es el enemigo de fondo?
Las autoridades universitarias con su accionar corrupto lo único que hacen es reproducir al interior de las universidades la lógica que campea en todas las instituciones del Estado, la misma que es amparada legalmente por la actual ley universitaria, sus decretos supremos que la modifican y por la constitución política del Estado.
Si bien es cierto que hay que barrer cuanto antes a todos los corruptos que hoy ostentan cargos directivos en las universidades del país, debemos tener en cuenta que esto puede caer en saco roto sino ligamos nuestra lucha contra la corrupción reinante hoy en día, con la lucha por deshacernos del actual marco jurídico que ampara y promueve la corrupción y la pérdida de la gratuidad de la enseñanza en las universidades, o sea, la ley universitaria 23733 (y sus decretos supremos como el 739) y la constitución política. Estos mecanismos son instrumentos de la clase dominante, principal enemigo de la universidad pública y del estudiantado. Esos instrumentos jurídicos permiten la vigencia del modelo de universidad-empresa, que como ya se dijo, sienta las bases de la corrupción al convertir a la universidad pública y a la educación en general, en una mercancía y a las autoridades universitarias en gerentes hambrientos de ganancias.
Así mismo la vigencia de una normatividad legal antidemocrática y desfasada hace posible que no existan mecanismos de control y fiscalización que impidan que los corruptos no sólo se embolsillen libremente los dineros de los estudiantes y del pueblo sino que se queden indefinidamente en el poder. Ello se da gracias a que la actual ley universitaria reduce la participación estudiantil a un sector limitado del estudiantado -el tercio estudiantil - quienes al pasar por el tamiz academicista que establece el decreto 739 no terminan representando a todos los estudiantes sino más bien a sus intereses personales. De igual manera la arbitraria exclusión de los trabajadores del gobierno de las universidades crea un terreno fértil para las mafias corruptas.
Por una salida a la crisis universitaria y nacional
La crisis universitaria al ser parte de la crisis social, económica y política que vive nuestro país no se solucionará de manera aislada ni a partir de buscar remiendos o reformas a la actual ley universitaria en el marco del actual régimen de falsa democracia donde a los congresistas y al presidente lo único que les importa es quedar bien con sus amos extranjeros. La crisis universitaria solo la podemos resolver los estudiantes, con los profesores y trabajadores universitarios, de la mano con el pueblo a partir de un proceso de cambio del actual modelo de estado, buscando priorizar la inversión social en educación, salud, alimentación y vivienda, antes que beneficiar al FMI y las multinacionales con el pago de la deuda externa y los contratos de estabilidad jurídica que permiten una millonaria evasión de impuestos.
Así mismo la implementación de un nuevo tipo de universidad que cumpla con su carácter social y de servicio es determinante para, a partir de ello y de la más amplia participación de la comunidad universitaria no sólo en el gobierno de su universidad sino también en todos los procesos de dirección y elección de autoridades, poder erradicar la corrupción reinante. Por ello ahora más que nunca debemos exigir que las elecciones para autoridades universitarias (rectores, vicerrectores y decanos) sean universales y que permitan la participación de los estudiantes, profesores y trabajadores; solo así empezaremos a solucionar la crisis que se vive en las universidades e institucionalizaremos un espacio democrático que permita el control y la fiscalización permanente de las autoridades.
Pero para ello hay que transformar el Estado y sus leyes, un paso en esa dirección es la lucha por una Asamblea Constituyente, soberana y con poder, que esté conformada por los representantes directos del pueblo y los estudiantes. Sólo en ese espacio realmente democrático los estudiantes decidiremos qué tipo de universidad queremos y en qué marco de sociedad. Toledo, el Congreso, el Ejecutivo, la ANR, no lo harán, sólo los estudiantes organizados y movilizados junto al pueblo lo lograremos. Por eso el paro nacional convocado por la CGTP para este 14 de julio se convierte en una gran oportunidad para que los estudiantes hagan llegar sus reclamos y se sumen a las luchas de los trabajadores y del pueblo. Más aun si tomamos en cuenta que uno de los puntos principales del paro, que ha sido tomado por diversas organizaciones gremiales, sociales y populares del país, es la inmediata convocatoria a una asamblea constituyente la cual se convierte hoy en una salida política para enfrentar la corrupción engendrada por el neoliberalismo y amparada por la constitución del 93 pero también para terminar con el gobierno entreguista de Toledo.
¡¡SOLIDARIDAD CON LAS UNIVERSIDADES EN PIE DE LUCHA!!
¡¡CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA REELECCIÓN Y EL NEOLIBERALISMO EN LAS UNIVERSIDADES!!
¡¡ VOTO UNIVERSAL PARA ELEGIR AUTORIDADES Y RESPETO A LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA!!
¡¡PARO NACIONAL 14 DE JULIO!!
¡¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE, SOBERANA Y CON PODER...YA!!
Nuevo referente "LA LUCHA CONTINUA"
01 de julio del 2004
Fuente:indymedia Perú (www.peru.indymedia.org)
