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CONFLICTOS ACTIVOS:
ANCASH
Quillo, Provincia de Yungay
Juan Cruzado Navarro, Alcalde Distrital por el Frente por un Nuevo
Yungay (23.36% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor
pertenece al MI Unión Yungaína (19.56%).
Hechos. El 4 de diciembre de
2001, los pobladores tomaron el local municipal y bloquearon las
puertas de ingreso, acusando al Alcalde de irregularidades en el manejo
presupuestario, peculado, malversación de fondos y abuso de autoridad.
Dicha autoridad, que tiene un proceso penal abierto, empezó a despachar
en oficinas alquiladas en el distrito, pues la MD estuvo cerrada y con
constante vigilancia de la población. A mediados de mayo de 2004, se
inició en la Sala Penal de la Corte Superior del Santa, el juicio oral
como parte del proceso penal que se le sigue al Alcalde. Durante el año
pasado, el Alcalde expresó su intención de abrir el local municipal, lo
cual no fue posible por falta de garantías. La población no quería
dialogar con su burgomaestre, en especial los residentes de la capital
del distrito. En los caseríos y centros poblados se ejecutaron una
serie de obras. El Alcalde no fue revocado el 17 de octubre. Durante el
mes de enero de 2005, la MD continuó cerrada, al tiempo que un grupo de
pobladores enfrenta un proceso penal acusados por haber tapiado el
local municipal. No se ha reportado movilizaciones ni enfrentamientos,
aunque el cuestionamiento por parte de los pobladores continúa. El
proceso penal seguido contra pobladores de Quillo se ha remitido a la
Sala Penal de la Corte Suprema del Santa, encontrándose en una fase
intermedia. El 19 de febrero se instaló la Mesa Distrital de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza y se eligió su junta
directiva. Aunque la MD continúa cerrada, existe disposición del
Alcalde y del Frente de Defensa para reabrirla. Se ha propuesto el 15
de abril como fecha de reunión en la que se evaluará los logros
alcanzados entre las partes. Los pobladores esperan la sentencia de los
procesos penales abiertos contra el Alcalde.
Últimos acontecimientos. La
situación continúa siendo la misma.
AYACUCHO
Leoncio Prado, Lucanas
Billy Dusan Palomino Ayala, Alcalde Distrital por Acción Popular
(35.15% de los votos),obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece
al Movimiento Fuerza Democrática (27.89% de los votos).
Hechos. El 15 de setiembre de
2002, pobladores de Tambo Quemado solicitaron al Alcalde un informe
sobre el manejo económico del FONCOMUN correspondiente al período 1999
- 2002; no obtuvieron la información solicitada. Ese día, por presiones
de la población, el Alcalde abandonó el local municipal y se instaló en
la localidad de Nuevo Santiago. Pese a ello, el Alcalde es reelegido en
las elecciones de noviembre de este año. Sus opositores señalan
irregularidades debido a que dicha autoridad habría tramitado el cambio
de domicilio de ciudadanos de Nazca e Ica (votos golondrinos). Este
hecho fue informado al MiP y al JEE Lucanas. El 21 de enero de 2003, el
Alcalde pretendió ingresar a Tambo Quemado, capital distrital,
acompañado de personas provistas con armas blancas y de fuego, con la
intención de retirar los bienes de la MD. La población se lo impidió y
cerró el local municipal. Desde entonces, los pobladores no pueden
inscribir los nacimientos ocurridos en el distrito. El Modulo de
Atención de la DP en Puquio propuso a la MuP de Lucanas, PJ y
Subprefectura impulsar el diálogo entre la autoridad edil y la
población; la Esta fue aceptada por las autoridades provinciales,
quienes han programado una visita a la localidad para la tercera semana
de mayo. Mientras tanto, la MD permanece cerrada.
HUANCAVELICA
Distrito de Conayca, provincia de
Huancavelica
Entrique Cárdenas Cuicapusa, Alcalde Distrital por Alianza para el
Progreso (18.99% de los votos),obtuvo 4 regidores. El quinto regidor
pertenece al Movimiento Descentralista Ahora Huancavelica (16.67% de
los votos).
Antecedentes. Un regidor
solicitó la vacancia del Alcalde en el año 2004, pero fue desestimada
por el JNE. El Comité de Vigilancia promovió su revocatoria el año
pasado, sin conseguirlo. Después, la población denunció al Alcalde ante
el MiP por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y otros,
cuestionando diversas irregularidades: gestión poco transparente,
ausencia permanente, no realizar la rendición de cuentas, poca
información proporcionada a los ciudadanos, negativa y exigencia
arbitraria de requisitos para el acceso a la información.
Hechos. El 10 de marzo de 2005,
la CC organizó una asamblea para que el Alcalde presente un informe de
su gestión, pero este no asistió. Al amenazar con tomar el local
municipal, la DP informó a autoridades comunales y a la población sobre
los canales legales para tramitar sus denuncias. Los pobladores
convocaron una nueva reunión para el día 5 de abril para dialogar con
las autoridades locales sobre practicas de buen gobierno, en especial
sobre rendición de cuentas. La DP visitó la zona el 31 de marzo para
coordinar esta reunión. El 19 de abril, la CC convocó a una Asamblea
para elegir a la Junta Directiva del Frente de Defensa y Desarrollo de
Conayca, y presentar informes de las comisiones a cargo de los asuntos
del agua, fierro y denuncias formuladas por el Alcalde contra varios
comuneros por terrorismo. A dicha asamblea estuvo invitado el Alcalde,
quien se excusó por escrito por no asistir. Las severas expresiones
contra la gestión del Alcalde motivaron que la DP exhorte a un respeto
a las leyes vigentes, invocación que fue respaldada por el Juez de Paz
y autoridades presentes. El mismo día, el Alcalde visitó la OD
Huancavelica solicitando la intermediación de la DP para iniciar un
diálogo con sus adversarios.
HUANUCO
Provincia de Huacaybamba
Silvio Salazar Príncipe, Alcalde Provincial por Unión por el Perú -
Frente Amplio (26.27% de los votos); obtuvo 4 regidores. El quinto
pertenece a Perú Posible (25.15%).
Hechos. En noviembre de 2004 la
población del distrito desalojó al Alcalde de sus funciones, acusándolo
de negarse a cualquier forma de fiscalización. En diciembre, en el
centro de la ciudad aparecieron pintas y banderolas alusivas al PCP y
la lucha armada (los pobladores señalan al Alcalde como responsable de
estos hechos). El burgomaestre, acompañado por 30 efectivos PNP,
intentó reingresar al despacho municipal, sin lograrlo por la oposición
de un grupo de pobladores provistos de palos y piedras. El 16 de enero
de 2005, el Alcalde denunció ante el MiP a 60 pobladores de dicha
localidad por el delito de terrorismo. La DIRCOTE ha solicitado la
presencia de los denunciados en Huánuco; por intervención de la DP, la
PNP viajó más bien a Huacaybamba para efectuar las diligencias
correspondientes. A fines de enero, la DP visitó la zona donde se
entrevistó con regidores y supervisó el proceso judicial seguido contra
el Alcalde (Instrucción Nº018-2004) por presunto delito contra la
administración pública, el mismo que espera opinión del MiP. A fines de
febrero, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal declaró la
vacancia del Alcalde por ausencia de la jurisdicción sin autorización e
inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas.
Últimos acontecimientos. El
Alcalde ha insistido a la prensa sobre las amenazas de muerte que
estaría recibiendo, por ello, ha instalado la Oficina de Coordinación
de la MD en la ciudad de Huánuco desde donde continúa con su gestión.
Algunos regidores no estarían asistiendo a las sesiones de Consejo a
pesar - según el Alcalde - de haber sido citados vía notarial; por esta
razón, anunció que solicitará ante el JNE la vacancia de todos los
regidores. Sigue pendiente en el JNE la apelación del Alcalde sobre su
vacancia acordada por el Consejo Municipal.
Luyando (Naranjillo), provincia de
Leoncio Prado
Gunder Laffosse Grijalva, Alcalde Distrital por el Movimiento de
Integración Alto Huallaga (18.66% de los votos), obtuvo 4 regidores. El
quinto regidor pertenece a Unidad Nacional (13.86%).
Hechos. El 17 de noviembre de
2004, pobladores de Luyando (Naranjillo) tomaron el local de la MD en
protesta por la falta de celeridad del trámite de la denuncia contra el
Alcalde por presuntos delitos de peculado, malversación de fondos,
falsificación y otros. El 18 de noviembre, la DP exhortó a los
pobladores a desocupar el local municipal. El 22 de noviembre, se
programó una reunión con población y autoridades locales, pero esta no
se realizó por la falta de colaboración de los regidores y los miembros
del Frente de Defensa. La población continuó intentando la vacancia del
Alcalde, pero no lograron convencer a los regidores para votar a favor
de esta medida. La sesión extraordinaria convocada para tratar el tema
no se realizó porque la población demandaba que el Alcalde abandonara
el cargo. Hubo dos nuevos intentos (22 de octubre y 12 de noviembre),
pero no se pudieron desarrollar las sesiones por inasistencia del
Alcalde. La DP recomendó a la Primera Sala Penal de Huánuco celeridad
en el proceso que se le sigue al Alcalde. El 3 de enero de 2005, el
Alcalde, en compañía de unas 20 personas, ingresó al local municipal
para tomar posesión de su cargo. Una hora después, unas 200 personas
provistas de palos y piedras cercaron el local municipal. La PNP y la
Fiscal ingresaron a la MD, pero no pudieron evitar que la población
apedree el local, a pesar del diálogo que intentaron la PNP, MiP y DP.
En la tarde, con refuerzos de Tingo María, la PNP rescató al Alcalde y
a sus acompañantes; sin embargo, los proyectiles lanzados por la
población produjeron lesiones en algunos efectivos policiales y dañaron
el vehículo de la PNP. El 4 de enero, el MiP realizó una inspección
para determinar los daños ocasionados y determinar la seguridad en la
zona. Las investigaciones que involucran al Alcalde y a pobladores se
han ampliado por 60 días más. La MD funciona con normalidad, aunque el
Alcalde ha acondicionado una oficina de atención en el caserío de
Mapresa. El día 22, pobladores de Naranjillo realizaron una marcha
pacífica a Tingo María, realizando plantones ante los locales del PJ y
MuP, exigiendo celeridad en el proceso judicial abierto contra el
Alcalde y la revocatoria del mandato de comparecencia.
Últimos acontecimientos. El 25
de marzo, la MD solicitó la presencia de la CGR en la localidad. El
equipo de la CGR ha realizado su trabajo con regularidad. La
Procuradora Anticorrupción formó parte en el proceso, coordinando las
diligencias dispuestas por el PJ. No se han realizado actos de
violencia u hostilidad entre pobladores y Alcalde. La DP explicó a
dirigentes del Frente de Defensa la labor de la CGR y la Procuraduría
Anticorrupción. El Alcalde continúa despachando desde el caserío de
Mapresa.
LA LIBERTAD
Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión
Gonzalo Polo Solano, Alcalde Distrital por el Partido Aprista Peruano
(25.1% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a
Unión por el Perú - Frente Amplio (19.61%).
Hechos. Los pobladores del
distrito tomaron el local municipal por las presuntas irregularidades
en la administración municipal. En estas acciones el Alcalde,
agrediendo a los regidores. Luego de la intervención de la PNP, se
logró suscribir un acuerdo por el que el Alcalde se compromete a tomar
medidas administrativas que hagan transparente su gestión. A pesar de
estos acuerdos, el burgomaestre ha abierto una oficina en Huamachuco,
capital de la provincia, desde donde dirige su gestión. La DP ha
constatado que los compromisos asumidos por el Alcalde no han sido
cumplidos en su totalidad. En octubre de 2004, el Alcalde informó al
JNE que convoca sesiones de Concejo en el caserío de Chugurbamba y en
el CPM Hualasgoday, pero estas no se realizan por la inasistencia de
tres regidores. Por ello, solicitó su vacancia, la misma que fue
declarada improcedente por el JNE el 13 de enero de 2005 por no haber
seguido los procedimientos establecidos. La CGR informó en febrero que,
ante el alejamiento del titular de la MD, no puede obtener información
sobre la administración de los recursos municipales. El día 9, personal
de la DP trató de entrevistarse con dirigentes del Frente de Defensa,
sin resultados positivos. Durante marzo, la situación se mantuvo en
calma. Los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses y
Desarrollo de Sanagorán recopilaron firmas de los pobladores del
distrito a fin de promover la revocatoria de la autoridad edilicia y
algunos regidores.
Últimos acontecimientos. La
población continúa recogiendo firmas. El local sigue tomado y el
Alcalde continúa atendiendo desde la ciudad de Huamachuco.
Mollepata, provincia de Santiago de
Chuco
Einer Rubén Agustín Minchola, Alcalde Distrital por el partido Acción
Popular (18.9% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor
pertenece a Santiago al Desarrollo (18.08 % votos).
Hechos. El 10 de febrero de
2005, la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses de La Libertad
presentó una queja ante la DP acusando al Alcalde por supuestas
irregularidades en la gestión municipal. El 16 de febrero, la OD La
Libertad solicitó al Jefe de la Oficina Regional de Control conformar
una comisión auditora para investigar la presunta utilización indebida
de bienes y recursos de la MD. El 26 de febrero, el local municipal fue
tomado por pobladores de la localidad y caseríos del distrito, en
protesta por las mencionadas irregularidades y por la inacción de las
instituciones a las que habían presentado su denuncia. El 7 de marzo,
el Gobernador informó que la MD brinda atención al público de forma
parcial, en tanto el despacho de Alcaldía y la Oficina de Tesorería
están cerradas. Un grupo de pobladores hace guardia en la Plaza de
Armas para impedir el ingreso del Alcalde.
Últimos acontecimientos. Los
pobladores han expresado su desacuerdo con el retorno del Alcalde.
LAMBAYEQUE
Chongoyape, provincia de Chiclayo
Santos Díaz Mundaca, Alcalde Distrital por el Partido Reconstrucción
Democrática (30.79% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto
regidor pertenece al Partido Aprista Peruano (26.06%).
Hechos. El 16 de marzo, el
Consejo Municipal de Chongoyape suspendió al Alcalde durante 180 días
por irregularidades en el manejo de los fondos municipales. El Teniente
Alcalde asumió la conducción del gobierno local. Ese mismo día, el
Alcalde destituido retomó el local acompañado por unas 70 personas
armadas. Un Fiscal acudió inmediatamente, pero no logró persuadir al
Alcalde a que depusiera su actitud, por lo que dispuso el ingreso de la
PNP. El Alcalde y sus acompañantes fueron detenidos y trasladados a
Seguridad del Estado de Chiclayo.
LORETO
Jenaro Herrera, Provincia de Requena
Magno Rogelio López Vela, Alcalde Distrital por Unidad Nacional (30.77%
de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a UNIPOL
(27.68%).
Hechos. El Alcalde es juzgado
por supuestos actos de corrupción, incumplimiento de funciones y
denegación de información, y los regidores están siendo procesados por
los delitos de peculado y malversación de fondos. La población exige su
destitución. El Juez Mixto de Requena informó que, el 27 de julio de
2004, el Alcalde se puso a derecho en mérito al mandato de detención en
su contra, dictado por la denuncia penal interpuesta por algunas
regidoras, quiénes además se encuentran con mandato de comparecencia.
Por presión de la población rural, el Gerente Municipal y el
Coordinador del Comité de Vigilancia Ciudadana coordinaron con la
población para la realización del Presupuesto Participativo 2005; la
población urbana está más interesada en la revocatoria. La DP recomendó
al Concejo Municipal declarar la suspensión del Alcalde mientras dure
su detención (conforme a ley) y que el cargo sea asumido por la
Teniente Alcaldesa. Asimismo, recomendó emitir la Ordenanza respectiva
para la elaboración del Presupuesto Participativo, con la finalidad de
identificar y acreditar a los agentes participantes. Luego de visitar
el distrito y entrevistar a autoridades y representantes de la sociedad
civil, la DP prepara un Informe sobre restricción arbitraria al acceso
a la información. También se solicitó al Prefecto, Fiscal Superior de
Loreto y PNP que adopten las medidas preventivas del caso. El Alcalde
se encuentra con mandato de detención y 3 regidores se encuentran con
comparecencia. El 3 de agosto, la DP visitó la zona y se entrevistó con
varios funcionarios municipales. El 17 de agosto, el Juez Mixto de
Requena informó a la DP que se tomó la declaración instructiva al
Alcalde, continuándose con el proceso penal. La población presentó
memoriales pidiendo la intervención de la CGR, MiP, PJ, DP y Comisión
Fiscalizadora del Congreso de la República, amenazando con tomar "la
justicia con sus propias medidas" en caso no ser atendidos. La Corte
Superior de Loreto respondió el 27 de diciembre. El MiP anexó el
memorial recibido al expediente Nº 2004-0053, seguido en contra del
Alcalde por delitos contra la administración pública. Por su parte, la
CGR Loreto respondió a los vecinos solicitándoles mayor documentación
sustentada. El 9 de marzo, el coordinador del Comité de Vigilancia
Ciudadana presentó denuncia ante el MiP contra la Alcaldesa encargada,
Alcalde titular, regidores y funcionarios de la MD por delitos contra
la administración pública. El día 15 se presentó la denuncia ante la
CGR.
Últimos acontecimientos. El
Frente de Defensa de Jenaro Herrera está preparando una Asamblea para
discutir medidas de presión para exigir que las denuncias presentadas
ante el MiP y CGR se tramiten sin dilaciones.
Cahuapanas, Provincia de Alto Amazonas
Oswaldo Peralta Rojas, Alcalde Distrital por Somos Perú (20.87% de los
votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al MI
Integracionista Alto Amazonas (19.87%).
Cuestionamientos. El 28 de abril
de 2004, el Alcalde y el Administrador Municipal fueron detenidos en el
distrito de Cahuapanas, en territorio de la CN Santa María
(perteneciente a la etnia shawi) por miembros de la CN Kaopan (etnia
aguaruna). Los primeros reaccionaron y retuvieron a 30 nativos
aguarunas para asegurar el respeto de su territorio, el estado de salud
y la liberación de su autoridad edil. Luego de dialogar con los dos
pueblos involucrados, se acordó conformar una Comisión de Fiscalización
de la gestión municipal integrada por miembros de ambas comunidades. La
población espera el Informe de la CGR. Se conformó el Consejo de
Coordinación Local, en el que participan los dirigentes Jesús Cruz
Rojas y Julio Huiñapi Tangoa, representantes de la Federación de
Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas y de la Federación de
Comunidades Chayahuitas del Sillay, respectivamente. También se realizó
una asamblea con la población para elaborar el presupuesto
participativo del distrito. Así mismo se ha designado al señor Ludvi
Ignacio Silva Chanchari como funcionario encargado de brindar
información. El Alcalde informó a la DP que se reunió con miembros de
la CN Kaopan para discutir el tema de la Comisión de Fiscalización;
acordaron reunirse con la CN Sillay para constituirla y elaborar un
plan de trabajo. Con relación al informe de sus actividades, señaló que
delegó esta tarea en el Secretario General de la Municipalidad, pero no
cumplió a cabalidad. Entre el 15 y el 17 mayo, la DP visitó las CN de
Kaopan y Santa María de Cahuapanas entrevistándose con Apus y brindando
información sobre derechos de los pueblos indígenas. Luego de la
visita, el Jefe de la Oficina de Contabilidad de la MD informó que el
Alcalde visitará la zona para entregar materiales y reunirse con las
CN, a fin de conformar el CCL e informar sobre la priorización
concertada de proyectos de inversión. La DP recomendó publicar la
información solicitada y comunicarla a los Apus de las CN. El día 16 de
junio se reunió la Comisión de Fiscalización para evaluar la gestión
municipal. El 22 de febrero, el administrador de la MD informó que se
han brindado todas las facilidades al Comité de Fiscalización con la
finalidad de que lleve a cabo su trabajo.
Últimos acontecimientos. La
Subprefectura de Yurimaguas informó que no se han reportado
enfrentamientos en esta localidad durante abril.
Provincia de Alto Amazonas
Ridel Padilla Sinarahua, Alcalde Distrital por Perú Posible (37.45% de
los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor es del MI
Integracionista Alto Amazonas (20.32%).
Hechos. El 16 de abril, miembros
del Frente de Defensa y Desarrollo de Lagunas - FREDEL, tomaron el
local municipal exigiendo la presencia de la CGR para realizar una
auditoría del manejo de fondos municipales. La población organizó
piquetes para impedir el acceso al local. A pesar de los esfuerzos del
Subprefecto de Alto Amazonas y del Fiscal Provincial Adjunto, no se
logró un acuerdo. En la madrugada del 20 de abril, los piquetes del
FREDEL fueron atacados por una turba de personas (posibles
simpatizantes de Perú Posible), dejando un saldo de 41 personas
heridas. El señor Germán Yuyarima Coachi fue derivado a Yurimaguas, y
posteriormente a Lima, para ser tratado por un traumatismo ocular
cerrado. Luego de los sucesos, una nueva comisión de autoridades,
integrada por el Subprefecto, el Obispo de Yurimaguas y el Fiscal
Provincial, logró que las partes se comprometan a no incurrir en actos
de violencia. El 30 de abril, la DP visita Lagunas, donde exhortó a las
partes a no incurrir en actos de violencia, y a esperar los resultados
de las instancias correspondientes. Los representantes del FREDEL
solicitaron a la DP realizar un seguimiento de las denuncias
presentadas ante la PNP y el MiP. El 1 de junio, la CGR concluye el
proceso de Acción Rápida iniciado el 22 de abril, emitiendo el Informe
de Verificación de Denuncia Nº 06-2004- CG/GDPC. Este documento fue
remitido tres días después al Fiscal Provincial, quien denunció al
Alcalde ante el Juzgado Mixto de Alto Amazonas por los delitos de
falsedad ideológica y malversación de fondos. El Juez abrió instrucción
contra el Alcalde, dictando mandato de detención, la que se hizo
efectiva el 14 de junio. Del 11 al 13 de junio, la DP visita nuevamente
la zona, exhortando a mantener la calma y a esperar el resultado de las
investigaciones. Además, se recomendó al Fiscal de Alto Amazonas que
amplíe la investigación policial, pues su atestado no individualiza a
los presuntos autores de la agresión del 20 de abril, incluyendo sólo a
los presuntos autores de los daños ocasionados al local municipal. Esta
recomendación fue acogida por el magistrado. El 15 de junio, una sesión
extraordinaria del Concejo Municipal designó al Teniente Alcalde como
encargado de la MD mientras dure la detención del burgomaestre. El 16
de junio, el Fiscal Provincial llega a Lagunas para continuar las
investigaciones sobre los hechos de violencia producidos. El 28 de
junio, la directiva local del Perú Posible emitió un pronunciamiento
solicitando al Teniente Alcalde, encargado de la Municipalidad, que
decline su encargatura por no pertenecer a dicha agrupación. Ante la
consulta efectuada por un dirigente de FREDEL, la DP recomendó no
responder el comunicado para evitar provocaciones. Durante este tiempo,
los regidores de Perú Posible se ausentaban constantemente de la zona,
por lo que el Concejo Municipal no pudo sesionar para decidir la
suspensión del Alcalde. La sesión programada para el 30 de junio no se
realizó por falta de quórum. El 1 de julio, partidarios del Alcalde
presentaron en Mesa de Partes un documento donde dicha autoridad
solicita una licencia de 15 días por problemas personales.
Simultáneamente, tres regidores presentan un escrito solicitando la
realización de una sesión de Concejo para discutir este pedido. La DP
recomendó convocar a sesión, discutir el tema e informar la decisión al
JNE. Asimismo, solicitar la presencia de la Oficina de Control Interno
en la sesión y pedir a cada jefe un reporte sobre el estado actual de
cada Área. El Presidente del FREDEL informó que la sesión se realizó,
pero el acta no fue firmada por dos regidores. El 23 de julio,
simpatizantes del Alcalde detenido realizaron una marcha pidiendo que
se le restituya en el cargo. No se produjeron enfrentamientos. El
Presidente del FREDEL exigió sanciones a los culpables de corrupción y
denunció que los regidores de la comuna no le permiten al Alcalde
encargado realizar sus actividades con normalidad, pues a la fecha el
Concejo Municipal no aprueba la suspensión del Alcalde. Informó que se
ha enviado un memorial al JNE para que se pronuncie sobre la suspensión
del Alcalde. La PNP está citando a diversos pobladores por los
incidentes ocurridos en la MD. Asimismo, se ha dispuesto la detención
de Guillermo Tihuay, miembro de Perú Posible, por incitar a la
población a realizar actos de protesta. El 21 de setiembre, la Sala
Penal de la Corte Superior de San Martín cambió la orden de detención
por una de comparecencia restringida, por lo que el 24 de setiembre el
Alcalde abandonó el centro penitenciario donde se hallaba recluido. La
DP visitó la localidad para prevenir enfrentamientos. El 2 de octubre,
representantes de 43 CN de los pueblos Cocama y Cocamilla, reunidos en
Lagunas, pidieron sanción para el Alcalde. Este retornó el 26 de
setiembre, y el FREDEL le otorgó un plazo de 72 horas para abandonar el
distrito. El Alcalde se retiró anunciando volver con custodia policial.
El 10 de octubre, la DP exhortó al FREDEL, Comité de Masacrados y
dirigencia de Perú Posible a mantener la calma. Al Alcalde se le exigió
prudencia, pues el PJ le ha fijado ciertas reglas de conducta. Las
investigaciones judiciales por malversación de fondos y falsedad
ideológica en agravio del Estado concluyeron a mediados de enero de
2005, y el Juez (quien asumió el caso el 4 de enero de 2005) remitirá
el expediente al Ministerio Publico para el dictamen correspondiente.
La DP está realizando un seguimiento de los expedientes, y ha recibido
un pedido de apoyo de las CN cocamas que desean un médico que efectúe
un reconocimiento del estado de salud de las víctimas de los sucesos de
abril. El 23 de febrero, personal de la DP se reunió en Yurimaguas con
dirigentes del FREDEL y las CN, brindándoles orientación legal sobre
los procesos en los que están involucrados. La operación se repitió al
día siguiente en Lagunas, donde dialogaron con representantes de la
población; también constataron que el local municipal funciona, aunque
el Alcalde no se encuentra en el distrito. El 28 de marzo, el Juez
Mixto de Alto Amazonas condenó a varios pobladores a pena privativa de
libertad condicional por 3 años y el pago de una reparación civil de
S/. 25,000; el Alcalde fue sentenciado a 4 años de pena priva de
libertad condicional y al pago de S/. 35,000 de reparación civil. Ambas
partes han apelado la sentencia.
Últimos acontecimientos. La
población espera aún la sentencia de última instancia.
Saquena (Bagazán), provincia de Loreto
Manuel Pérez Sánchez, Alcalde Distrital por Alianza Electoral Unidad
Nacional (15.38% votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor
pertenece al partido Primero Perú (14.77% votos).
Hechos. El 6 de febrero de 2005,
miembros del Frente de Defensa de Bagazán, junto con algunos regidores,
impidieron el regular funcionamiento de la MD. El día 17, el MiP
informó que existen dos denuncias contra el Alcalde y otros
funcionarios por delitos contra la administración pública; de igual
forma, existe una denuncia contra los miembros del Frente de Defensa y
algunos funcionarios municipales por delito de usurpación agravada y
contra el patrimonio. El 18 de marzo, comisionados de la DP visitaron
el distrito y constataron que la MD pero se encontraba cerrada;
pobladores refieren que no funciona desde diciembre, lo cual trae como
consecuencia el recorte de energía eléctrica, servicio prestado por la
MD. La situación se mantuvo en calma durante abril.
Últimos acontecimientos. El
Alcalde se encuentra con mandato de detención desde el 21 de abril, por
lo que el caso pasó al Poder Judicial con denuncia Nº 013-2005.
Distrito de Saramiriza, provincia de
Alto Amazonas
Nelly Quiñónez Risco, Alcaldesa Distrital por Acción Popular (25.12% de
los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al MI de
los Pueblos Indígenas y Campesinos MIPIC (16.38%).
Hechos. El 12 de abril de 2005,
miembros de la Junta Vecinal del Distrito de Saramiriza tomaron el
local de la MD; desde esa fecha no permiten el ingreso de la Alcaldesa,
Regidores y trabajadores. La Alcaldesa es acusada por irregularidades
en su gestión, por no brindar información sobre la gestión municipal,
actividades y viajes, y por falta de coordinación con la población, por
lo que exigen la presencia de una comisión de CGR para realizar una
auditoria a la gestión municipal. El día 19, una comisión encabezada
por el Prefecto e integrada por funcionarios de CGR Iquitos, PNP y MiP
llegaron al distrito para intentar reabrir el local, sin lograrlo. El
día 22, comisionados de la DP visitaron la zona. En diálogo con
dirigentes de la Junta Vecinal, esta reiteró su solicitud de contar con
una comisión de CGR Lima; la DP informó que esta no viajaría mientras
el local municipal se encontrara cerrado. La DP propuso reabrir el
local municipal, previo inventario de bienes por parte del MiP, para
facilitar la llegada de la CGR; para ello se comprometió a efectuar las
coordinaciones necesarias. Al día siguiente, en diálogo con la
Alcaldesa, se le recomendó designar al funcionario encargado de brindar
información, implementar mecanismo de transparencia y acceso a la
información pública, conformar el CCL, realizar dos audiencias públicas
de rendición de cuentas, y fortalecer la participación social en la
elaboración del presupuesto participativo. La DP también propuso a
ambas partes suscribir un compromiso de no agresión, idea que fue
acogida por la Junta Vecinal y la Alcaldesa. El día 23, la DP se reúne
con delegados de ambas partes para suscribir un compromiso de no
agresión.
PIURA
El Carmen de la Frontera, Provincia de
Huancabamba
Actores. Ananías Velásquez Torres, Alcalde Distrital por Somos Perú
(20.71% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece
a Perú Posible (19.37%). Rondas campesinas de Huancabamba, radios
locales, empresa minera Majaz.
Hechos. Desde el mes de abril de
2004, ronderos de Carmen de la Frontera consideran que el Alcalde está
colaborando con la compañía minera Majaz. El 7 de julio, miembros de la
CC Segunda Cajas instalaron una tranquera en la carretera que conduce
de Sapalache a Carmen de La Frontera. La PNP investiga si dicha medida
fue respaldada por la MD, pues de lo contrario atentaría contra el
libre tránsito. Los ronderos informaron que ella tenía como finalidad
prevenir y controlar la tala indiscriminada y el transporte de madera,
y contribuir a la lucha contra el abigeato. Esta es una de las vías
para viajar hasta el campamento de la minera Majaz. La población teme
que el proyecto minero Río Branco, desarrollado por esta minera, genere
impactos negativos en el medio ambiente. El 5 de mayo, autoridades
regionales de Energía y Minas, autoridades locales y organizaciones
campesinas acordaron la creación de un Comité Técnico al cual se le
encargó recoger información técnica especializada sobre la actividad
minera en el sector de Río Branco. La Comisión concluyó que la
actividad minera no afectaría el medio ambiente. Posteriormente, como
parte del acuerdo, se han conformado mesas técnicas especializadas en
Desarrollo Social, Comunicaciones, Medio Ambiente. Esta última vigilará
los estudios de exploración y de impacto ambiental. La Minera, en su
intento por conseguir la licencia social de Ayabaca y Huancabamba, está
dispuesta a dar participación a la población de los beneficios que
obtenga con la explotación de recursos mineros, además el pago de
canon. El 6 de septiembre del 2004 se conformaron las 3 siguientes
Mesas Técnicas: Mesa Técnica de Seguimiento al EIA, Mesa Técnica de
Desarrollo Sostenible y Mesa Técnica de Comunicación, las cuales vienen
realizando Talleres y Charlas informativas dirigidas a los diferentes
públicos involucrados en el tema minero. El 20 de diciembre, en
presencia de autoridades del lugar (Juez, Fiscal, Subprefecto, PNP), la
Asamblea de rondas campesinas de Huancabamba acordó sancionar a "cadena
ronderil" al locutor y dueño de Radio Centinela Dúber Mauriola Labán,
acusándolo de reclutar campesinos pobres para hacerlos aparecer como
población que apoya a la empresa (y que habrían atacado en noviembre
las instalaciones de Radio La Poderosa, del periodista Federico Ibáñez,
la cual transmitía información favorable al medio ambiente y tribuna de
los opositores a la actividad minera). El locutor Mauriola fue
capturado el 27 de diciembre y cumplió su sanción durante tres noches.
El 28 de diciembre, el Obispo de Chulucanas solicitó la intervención de
la DP. Ese mismo día un grupo encabezado por dirigentes comunales
favorables a la empresa minera, retienen por unas horas a la dirigenta
Josefa Ramírez en el local de Radio Centinela; luego de ser liberada,
fue detenida con otras tres personas por la PNP bajo la acusación de
secuestro. El 29 de diciembre, la DP llega a la zona y constató que la
PNP había enviado refuerzos, se entrevistó con autoridades y visitó a
las personas detenidas. Ese día, el Prefecto convocó a una reunión en
la que participaron representantes de la Subprefectura, PJ, MiP, MuP,
PNP, Iglesia Católica, rondas, MCLCP y DP. En ella se conformó una
comisión integrada por el Prefecto, MiP y DP que iría a la CC
Huancacarpa a encontrarse con el locutor retenido. Pero el viaje no se
realizó porque la PNP informó, en la madrugada del 30 de diciembre, que
esta persona regresaba a Huancabamba, a donde llegó a las 5:00 a.m. El
2 de febrero de 2005, la Segunda Sala Penal dispuso la libertad de
Josefa Adrianzén y Federico Ibáñez, permaneciendo bajo comparecencia
restringida. El día 4, ambos fueron puestos en libertad.
Últimos acontecimientos. El 24
de febrero se reunieron representantes de los actores involucrados para
recibir informes de las mesas técnicas y de los Presidentes de las CC
Segundo, Caja, y Yanta. La segunda reunión se realizó el 22 de marzo
para discutir los informes de las mesas técnicas y sostener un diálogo
técnico con un representante del MEM.
PUNO
Asillo, Provincia de Azángaro
Antolín Huaricacha Huaricacha, Alcalde Distrital por Trabajemos por
Asillo (17.53% de los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor
pertenece al Movimiento Nueva Izquierda (13.04%).
Hechos. Los días 10 y 11 de mayo
de 2004 se realizó un paro contra el Acalde. Se tomó el local
municipal, se lacraron las puertas y una comisión (integrada por un
Consejero Regional, el Subprefecto y dos regidores) designó al regidor
Eusebio Condori para que asuma las funciones del Alcalde. Este convocó
a sesiones de Concejo en los centros poblados de Sillota y Progreso
para no ser vacado. Ante ello, los dirigentes han invitado al Alcalde a
retornar al distrito para dialogar. La oposición exige que la autoridad
facilite la documentación que debe ser revisada por la CGR. El 11 de
julio, el Alcalde se reunió con la población, acordando realizar el
deslacrado del local municipal los días 17 ó 18 de julio, diligencia
que no se efectuó. El 22 de julio, la Fiscalía Provincial de Azángaro,
junto con el Alcalde, dos regidores y el Teniente PNP Julio César Terán
deslacraron el local municipal, el cual empezó a operar desde la fecha.
El Jefe de la CGR en Puno visitó el distrito para una primera
intervención y programar la visita de personal de la CGR de Lima. Dicho
funcionario constató que las oficinas de Tesorería y Contabilidad no
funcionaban y que la documentación contable estaría en poder del
contador. Ante ello, dejó un documento para que el Alcalde informe a la
CGR cuándo funcionarán dichas oficinas y el lugar exacto donde se
encuentra la documentación contable; con ello podrá realizarse la
acción de control. El 4 agosto, el Jefe de la Oficina Regional de
Control visitó la MD y verificó que funciona normalmente, excepto las
áreas de Tesorería y Abastecimiento, y que la documentación
sustentatoria del movimiento económico se encontraba en la ciudad de
Juliaca a cargo del Contador de la MD. En carta del 13 de agosto, la OD
Puno exhortó al Alcalde a tomar las medidas necesarias para que las
mencionadas oficinas funcionen en el plazo más breve y que la
documentación sustentatoria de los gastos efectuados se encuentre
físicamente en el local municipal, requisito necesario para realizar la
acción de control. El Gobernador del distrito informó que desde
mediados de agosto el Alcalde no se encuentra en el distrito. La OD
Puno ha ofrecido mediar en el diálogo. El 21 de noviembre, pobladores
del CPM Progreso llegaron a la MD buscando al Alcalde; al no
encontrarlo (estaba en Lima gestionando, con otros Alcaldes, el trazado
de la carretera transoceánica), los pobladores retuvieron a una
regidora y al Gerente Municipal y los condujeron al local comunal del
CPM, a unos 15 Km. de la capital del distrito. El Subprefecto de
Azángaro visitó la zona, pero no pudo conseguir la liberación de ambos
funcionarios, aunque comprobó que estaban bien de salud. La DP se
comunicó telefónicamente con el Alcalde, quien anunció su retorno para
el miércoles 24; mientras tanto, el asunto será visto por personal de
la MD. También señaló que entregará el presupuesto solicitado. El 25 de
noviembre, se realizó una reunión con participación de 50 dirigentes
del centro poblado de Progreso, autoridades locales y el Alcalde, en la
cual se acordó reponer el presupuesto de la irrigación y la posterior
liberación de los rehenes. El 17 de febrero, los pobladores iniciaron
una paralización indefinida, demandando la salida del Alcalde y los
cinco regidores. El día 21 realizaron una marcha en Puno; además se
concertó una reunión con autoridades provinciales y dos representantes
del JNE, quienes informaron sobre los procedimientos de la revocatoria.
El día 24, dos personas (topógrafo municipal y un efectivo de seguridad
del Alcalde) fueron retenidas por la población, aunque después fueron
liberados. El 24 de febrero, la CGR publicó la resolución en la que,
basándose en el Informe Especial Nº 031-2005CG/ORPU que examinó el
período enero 2003 - junio 2004, encuentra indicios razonables de la
comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos
funcionales, colusión, peculado y contra la fe pública. El 1 de marzo,
el Procurador Público llegó a Asillo para formalizar la denuncia contra
el Alcalde. El día 7, un sector de la población se realizó una protesta
con bloqueo de la carretera solicitando la inmediata detención del
Alcalde. El día 8, RENIEC comprobó las firmas entregadas por los
representantes de Asillo y envió su confirmación positiva al JNE, el
cual incluyó al distrito de Asillo en el proceso de revocatorias.
Durante marzo, se ha abierto proceso legal contra 7 personas: cinco con
mandato de detención (entre ellas el Alcalde) y dos con comparecencia
restringida, acusados por peculado, colusión, contra la fe publica en
modalidad de falsedad ideológica y omisión de funciones. El 10 de
marzo, pobladores de Asillo capturaron al Alcalde, poniéndolo a
disposición de la PNP. El día 21, la Sala Penal confirmó el mandato de
detención dictado por el PJ. La población no quiere que ninguna
autoridad asuma la conducción municipal hasta el día de las
revocatorias. El registro civil es la única oficina que funciona en la
MD.
Últimos acontecimientos. El 6 de
abril, unas 300 personas se movilizaron hacia el PJ de Juliaca para
exigir la detención y sentencia de dos regidores no habidos que se
encuentran con orden de captura. El 20 de abril, pobladores del CPM
Progreso realizaron un paro preventivo para exigir que no se realice la
consulta popular de revocatoria, sino que se programen elecciones
complementarias para elegir Alcalde y regidores. El 22 de abril, a
través de Resolución Nº 184-2005-CG, la CGR verificó la contratación y
el pago de una consultoría, cuyo trabajo fue incumplido; la
contratación y el pago de una persona que, sin reunir las condiciones
profesionales, realizó la liquidación técnico-financiero de las obras
realizadas el año 2003, incumpliendo además con el trabajo encargado.
La CGR autorizó al Procurador Público a iniciar las acciones legales
correspondientes.
Santa Rosa, provincia de Melgar
Leandro Julián Paucar Huarca, Alcalde Distrital electo por Poder
Democrático Regional (27.73% de los votos), obtuvo 4 regidores. El
quinto regidor pertenece al Partido Primero Perú (22.25%).
Hechos. El 6 de abril de 2005,
unos 350 pobladores tomaron las instalaciones municipales exigiendo al
Alcalde la rendición de cuentas e informar sobre el balance económico
del año 2004. En el acto cuatro regidores fueron retenidos, los cuales
- por solicitud de los pobladores - vacaron al Alcalde. Este tiene un
proceso judicial por el delito de peculado que se ventila en la Segunda
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en Lima. El Alcalde se
encuentra como no habido.
Unicachi, provincia de Yunguyo
José Coarita Yapachura, Alcalde Distrital electo por Movimiento
Político Unión Regional para el Desarrollo (37.42% de los votos),
obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al Partido Aprista
(21.28%).
Hechos. El 2 de diciembre se
produjo un incidente en el local de la MD sobre el cual las partes
tienen versiones distintas. Los pobladores manifiestan que ese día el
Alcalde los invito a una reunión; lo estuvieron esperando durante una
hora; poco después escucharon que en el exterior tocaban pitos y
empezaron a ingresar al local personas desconocidas; decidieron cerrar
el local por seguridad; poco después hace su aparición el Fiscal de
Yunguyo en compañía de la PNP manifestando que se había producido el
secuestro del Alcalde. Para los pobladores, se trata de una trampa
urdida por el Alcalde para presentarse como víctima, pues hace tiempo
le exigen transparencia en la gestión. De las 19 personas detenidas ese
día, 13 han sido denunciados por el MiP por atentar contra la libertad
personal del Alcalde. El 7 de diciembre se realizó una movilización en
Yunguyo por las acciones tomadas por los jueces. El 23 de diciembre,
las personas detenidas fueron puestas en libertad, aunque siguen con
orden de comparecencia.
Últimos acontecimientos. No se
han registrado hechos de violencia en el distrito durante el mes de
abril. En el Juzgado Mixto de Yunguyo continúa el proceso penal contra
19 pobladores por delito de secuestro en agravio del Alcalde; la
investigación debe concluir en mayo. Se ha declarado improcedente la
realización de la reconstrucción de los hechos, se ha presentado una
excepción de naturaleza de acción a favor de los procesados, que ha
sido declarado improcedente. Los pobladores han apelado.
Ciudad de Juliaca, provincia de San
Román
Miguel Ramos Benique, Alcalde Provincial de Juliaca
Hechos. Miguel Ramos Benique,
Alcalde Provincial (MI Moral y Desarrollo) es cuestionado por
organizaciones sociales encabezadas por la Central de Barrios desde el
mes de enero de 2004. Acusan a la actual gestión municipal por supuesto
incumplimiento de promesas electorales y no haber efectuado la
rendición de cuentas. El año 2004, solicitaron el retiro de regidores
por causales de vacancia y el despido de funcionarios de confianza que
no son oriundos de la zona. Inclusive, han tomado el local municipal en
una oportunidad. El 20 de 2005, distintos gremios encabezados por la
Central de Barrios se concentraron en la Plaza de Armas para expresar
su inconformidad con la gestión del Alcalde, señalando que no ha
ejecutado obras de saneamiento y no ha realizado la rendición de
cuentas de los años 2003 y 2004.
SAN MARTÍN
Chazuta, provincia de San Martín
Demetrio Saurín Apagueño, Alcalde Distrital por el MI Ideas (19.16% de
los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece al Partido
Aprista (18.92%). El Alcalde enfrenta un proceso de revocatoria
liderado por Isaac Tangoa y Edinson Mendoza (ambos de Perú Posible)
quienes lo acusan por no rendir cuentas sobre su gestión.
Hechos. En julio de 2004, la
población impidió el traslado de computadoras de la Asociación Central
de Productores de la Microcuenca Bajo Huallaga que contenían
información sobre el manejo económico de la cooperación internacional,
reteniendo de paso a 6 trabajadores que luego fueron liberados sin daño
alguno. La población reclamó también por la paralización de la
construcción del tramo de la carretera Shilcayo-Achinamiza (CHEMONIC y
DEVIDA indicaron que esperaban el estudio de impacto ambiental pues la
zona sería declarada de reserva). La DP alentó la conformación de una
Mesa de Diálogo, que se reunió el 25 de julio con representantes de
DEVIDA, CHEMONIC, Prefectura, GR, FONCODES y el Comité de Lucha de
Chazuta. En este encuentro se acordó, entre otros aspectos: construir
la carretera, en cumplimiento del Convenio Marco entre la MD de Chazuta
y DEVIDA (si el gobierno nacional no asumía el estudio de impacto
ambiental, lo haría el GR); presencia inmediata de CHEMONIC y DEVIDA
para informar sobre su gestión; intervención de la CGR en la MD (a
partir del 15 de agosto); anular el CCL por no haber sido conformado de
acuerdo a ley; elaborar el Perfil de proyecto de titulación de bosques
comunales. La población levantó su medida de lucha. El 15 de agosto,
representantes de DEVIDA, CHEMONIC y Constructora Lincoln, el Alcalde
de Chazuta y representantes de los CPM de Yucanayacu y Tununtunumba
firmaron el Acta de entrega del terreno donde se iniciará la
construcción y rehabilitación de la carretera afirmada Chazuta -
Shilcayo. Mientras tanto, el Comité de Lucha de Chazuta presentó una
denuncia contra el Alcalde por malos manejos económicos, lo que ha
motivado la intervención de la CGR. El Alcalde no pudo ser revocado el
17 de octubre. La población se mantiene en calma, aunque permanece
descontenta porque el Alcalde sigue sin ejecutar obras. Durante la
tercera semana de febrero, el Alcalde no realizó la rendición de
cuentas ofrecida a la población; la DP ha recomendado una nueva fecha y
que la convocatoria se realice con 30 días de anticipación, adjuntando
un cronograma. Durante marzo, la situación se mantuvo en calma.
Últimos acontecimientos. El 16
de abril de 2005, el Alcalde realizó la rendición de cuentas en la
Plaza de Armas del distrito, contando con la asistencia de unas 100
personas. La Presidenta del Comité de Vigilancia de Chazuta informó que
el Alcalde no cumplió con realizar la convocatoria debida, pues no
utilizó medios de comunicación ni estableció un cronograma de
inscripción de participantes. Por ello, el acto fue calificado como
meramente informativo. Del 18 al 22 de abril, la DP visitó la zona para
supervisar la implementación de normas de buen gobierno y capacitar a
funcionarios, servidores y población sobre el rol de la DP,
transparencia y acceso a la información. La situación social se
mantiene en calma.
Huimbayoc, provincia de San Martín
Elías Campoes Pezo, Alcalde Distrital por el Partido Aprista (27.24% de
los votos), obtuvo 4 regidores. El quinto regidor pertenece a Somos
Perú (21%). También son cuestionados el Tesorero Municipal y el
Secretario Municipal.
Hechos. La población de este
distrito tomó el local municipal impidiendo el tránsito del Alcalde.
Las exigencias de la población son: renuncia irrevocable del Tesorero
Municipal (perdió un cheque de 4,000 soles) y del Secretario Municipal
(nombró al Tesorero); informe sobre el dinero recaudado por alquiler de
tractor y devolución inmediata del mismo; rendición de cuentas de la
gestión edil; intervención de la CGR para investigar presuntas
irregularidades del Alcalde. El 26 de julio, la DP participó en una
asamblea comunal donde brindó orientación sobre los alcances de la
renuncia irrevocable, derechos laborales del trabajador nombrado,
procedimiento para destitución, rendición de cuentas y mecanismos para
canalizar sus peticiones. También se exhortó a la población a deponer
su medida de lucha ante el compromiso del Alcalde de realizar la
rendición de cuentas y la renuncia voluntaria del Tesorero. La
propuesta no fue aceptada debido a que el Presidente del FRECIDES San
Martín ofreció traer a la CGR el 28 de julio. En dicho acto también se
recomendó al Alcalde iniciar procedimiento administrativo contra el
Tesorero por las presuntas irregularidades cometidas,
independientemente del proceso judicial iniciado. El 27 de julio, la DP
informó a la CGR Moyobamba sobre los hechos suscitados y se recomendó
que se programe una visita a la zona. Esta gestión fue informada el
mismo día al Comité de Lucha, al cual se le volvió a exhortar a deponer
sus medidas de protesta. Luego que el 30 de julio el Alcalde visitara
la OD San Martín, los pobladores levantaron su medida de protesta el 2
de agosto, con lo que la MD pudo reanudar sus actividades y la
población quedó a la espero de la rendición de cuentas programada para
el 8 de agosto y la intervención de la CGR. La rendición de cuentas
casi concluye abruptamente cuando el Alcalde se negó a presentar copia
documentada de la misma, tal como había sido acordado por la Mesa de
Solución el 31 de julio. Tras la recomendación de la DP, el Alcalde
aceptó entregar este documento luego de la reunión. Al no cumplir su
ofrecimiento, la población toma nuevamente la MD. El Alcalde informó
que no sacó copias por carecer de petróleo para el funcionamiento de la
única fotocopiadora del distrito. El 14 de agosto, la DP sugiere al
Presidente del FRECIDES deponer su medida de lucha para que la CGR
actúe con las garantías del caso. El 19 de agosto, por gestión de la
DP, una comisión de la CGR, acompañados por un representante de la
Prefectura, visitaron Huimbayoc para recoger información sobre
presuntas irregularidades en la gestión edil. Ese día se levantó la
toma de local municipal, por lo que las actividades se desarrollan con
normalidad. El FRECIDES informó que, a pesar del compromiso del
Alcalde, el concurso público para seleccionar Contador Municipal no
contó con la presencia de representantes del Ministerio del Interior y
de la sociedad civil, y que para la plaza se habría elegido al hermano
de un regidor. Aún no se ha seleccionado nuevo Tesorero Municipal, por
lo que el anteriormente elegido sigue en funciones a pesar de los
cuestionamientos. El Alcalde no permanece en el distrito, sino en
Tarapoto; no ha convocado a concurso para ocupar la plaza de Tesorero.
Últimos acontecimientos. En
abril, el Alcalde señaló que, conforme a los acuerdos adoptados con la
Subprefectura, realizó el concurso público de la plaza de Tesorero de
su comuna, el cual fue declarado desierto; por ello, se eligió al señor
Roel Arma Majipo para que asumiera el cargo.
CONFLICTOS LATENTES
AMAZONAS
Provincia de Utcubamba
El 4 de marzo de 2004, el Presidente del Frente Cívico por la
Democracia y el Desarrollo de la provincia de Utcubamba (FRECIDE),
presentó un pedido de vacancia del Alcalde Provincial, José Luis Novoa
Flores (de la agrupación Energía Comunal Amazónica). El 9 de marzo, el
Concejo Municipal suspende en funciones al Alcalde mientras dura la
detención domiciliaria ordenada por el PJ (Instrucción Nº 481-2003) por
supuesto delito de peculado. El 15 de marzo, el pedido de vacancia fue
acogido en sesión de Concejo por 10 votos a favor y 1 en contra. El
Alcalde apela al JNE, que acepta su recurso (Resolución Nº
096-2004-JNE) el 18 de mayo. Las decisiones del JNE y del PJ son
cuestionadas por FRECIDE, organizaciones productivas y rondas
campesinas que, el 24 de mayo, realizan un paro regional. El 26 de
mayo, FRECIDE organizó una reunión con autoridades y organizaciones
sociales de Utcubamba acordando rechazar la Resolución del JNE,
solicitar el pronunciamiento del GR, la intervención fiscalizadora del
Congreso y celeridad al PJ. El 23 de junio, la DP revisó los procesos
penales seguidos en el PJ de Utcubamba contra el Alcalde, por los
delitos de peculado, malversación de fondos, contra la fe pública,
falsedad ideológica y otros. La MuP logró ampliar la denuncia penal
contra el Alcalde incluyendo los presuntos delitos de concusión,
falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir en
agravio de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba
(EMSEU). A fines de octubre, algunos miembros del FRECIDE son
procesados por el presunto delito de resistencia a la autoridad con
motivo de la protesta realizada a comienzos de año. El PJ ordenó la
detención domiciliaria del Alcalde y del ex Gerente de la mencionada
empresa, a quien luego se le cambió el mandato de detención por
comparecencia. El 31 de agosto, el JNE designa como Alcalde Provisional
al Teniente Alcalde. El 27 de octubre, la DP viajó a Bagua al ser
informada que el Alcalde suspendido había reingresado al local
municipal, y que grupos de pobladores rodearon la MuP. La DP, el
párroco, y el Fiscal Provincial convencieron al Alcalde de abandonar el
local, hecho que se produjo a bordo de un vehículo policial que fue
apedreado por los manifestantes, sin daños personales. El 11 de
noviembre se volvió a ordenar la detención domiciliaria del Alcalde
suspendido. El 14 de noviembre, el Teniente Alcalde sufrió un atentado
contra su vida que le ocasionó graves lesiones a su salud, por lo que
fue trasladado de emergencia a Chiclayo. El 21 de noviembre, el Alcalde
suspendido se puso a derecho. El 22 de noviembre se realizó una marcha
pacífica por la "no violencia" por las calles de la ciudad. A fines de
noviembre el Consejo Provincial declara fundada la vacancia definitiva
del Alcalde. El 15 de diciembre, la CGR dispuso la ejecución de una
acción de control a la MuP. Anteriormente, entregó su Informe Especial
Nº 262 que encuentra indicios de irregularidades en la contratación de
diversos servicios durante el período investigado (2001 - 2003). En
enero, el Alcalde, que continúa con detención domiciliaria, apeló ante
el JNE la declaración de vacancia decretada por el Concejo Municipal;
no se han presentado movilizaciones de protesta, a pesar de la
incomodidad entre los pobladores por las declaraciones del Alcalde. Las
vacancias de un alcalde y dos regidores provinciales y de otros cuatro
alcaldes y dos regidores distritales serán analizadas y resueltas por
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en audiencia pública del
próximo martes 29 de marzo.
AYACUCHO
Provincia de Cangallo
Eduardo Oscar Tineo de la Cruz, Alcalde Provincial (Partido Aprista),
es cuestionado desde abril de 2004 por el Frente de Defensa de Cangallo
porque habría iniciado la remodelación del palacio municipal sin
expediente técnico ni autorización del Concejo Provincial. Dicho Frente
convocó a un paro provincial e intentó tomar el local. La Prefecta de
Ayacucho viajó a Cangallo y verificó que existe malestar en la
población este hecho, pero que las amenazas de toma de local se han
disipado. Luego de concluir la remodelación del palacio municipal, el
Alcalde organizó una ceremonia de inauguración y mitin, que contó con
la presencia del líder aprista Alan García. A esta concentración, según
la prensa, habrían asistido jefes y funcionarios de diferentes
entidades públicas empleando vehículos oficiales. El Frente de Defensa
y los residentes en Ayacucho han criticado estos hechos.
Carapo, provincia de Huancasancos
El Alcalde Román de la Cruz Rojas (Movimiento Regional por el
Desarrollo e Integración de Ayacucho) es cuestionado porque habría
desarrollado obras sólo en su anexo de origen (Porta Cruz),
despertando, a partir de marzo del año 2004, descontento en otros
anexos y, principalmente, en la capital del distrito. Tal autoridad fue
amenazada con comunicados, pintas, cadenas a las puertas del local
municipal y objetos de brujería. La DP coordinó con el Alcalde y el
Frente de Defensa la realización de un evento de capacitación en
gestión municipal y participación ciudadana, que se realizó el 14 de
junio. El taller no ayudó a mermar las posiciones de ambos grupos,
especialmente por la resistencia del gobierno edil. El descontento de
un sector de la población, fundamentalmente de área rural, persiste. El
Ministerio de Educación aprobó la construcción de aulas en la Escuela
de Carapo. Los pobladores han pedido al Ministerio que se efectúe dicha
obra según lo aprobado, y no en el CPM Porta Cruz. También han pedido
la intervención de la DP para solucionar sus diferencias con el
Alcalde. La DP gestionará una reunión con el GR.
CAJAMARCA
Provincia de Cutervo
La población descontenta por la gestión del Alcalde Jorge Luis Paredes
Guevara, pretendió sacarlo del cargo por la fuerza. En sesión de
Concejo del 28 de abril de 2004 se optó por iniciar el proceso de
vacancia. El 7 de junio se realizó una sesión de Concejo en la que seis
regidores (de un total de once) solicitaron la reconsideración del
pedido de vacancia, la cual no fue aprobada antes porque no se
alcanzaron ocho votos a favor. A mediados de julio, los regidores de
oposición pidieron la reconsideración de la solicitud de vacancia. Se
realizo la Sesión Extraordinaria de Consejo en la que exigía la
documentación sustentatoria de la denuncia, sin embargo esto no
procedió ya que dos de los regidores que estaban propiciando la
vacancia desistieron de sus pretensiones.
CUSCO
Maranganí, provincia de Canchis
El Alcalde Miguel Saraya Sinsaya (Frente Independiente Moralizador)
convocó el 7 de julio de 2004 una asamblea extraordinaria para tratar
el pedido de vacancia de su cargo. Los 5 regidores solicitaron que
dicha reunión se realice en la Plaza de Armas y no en la MD. El Alcalde
rechazó la petición al notar que miembros del Frente Unido de Defensa
de los Intereses de Maranganí (FUDIM) habían traído una acémila. Sobre
las acusaciones de nepotismo, informó que a solicitud del Director del
C. E. Nº 56025 el Concejo Municipal, con 4 votos a favor y una
abstención, aprobó la contratación de su hermana. Sin embargo, 30 días
después el contrato fue anulado. Por esta razón, el Concejo Municipal
le impuso una suspensión de 60 días, mientras se espera la confirmación
de la vacancia presentada al JNE. La PNP y la DP recomendaron al
Alcalde cumplir la sanción para calmar los ánimos. El 19 de setiembre,
unos 120 comuneros tomaron el local municipal para impedir el ingreso
del Alcalde, a quien acusan de malversar los fondos municipales en
obras fantasmas y el pago de personal no contratado. Se ha formado un
comité de revocatoria. El 11 de octubre, mediante Resolución N°
205-2004-JNE, el JNE confirma la permanencia del Alcalde en el cargo.
Llusco, provincia de Chumbivilcas
El 31 de julio de 2004, pobladores del distrito tomaron el local
municipal luego de una asamblea convocada por el Frente Único de
Defensa de los Intereses de Llusco, en la que participó el Alcalde
Andrés Abrigo Maque (Movimiento Nueva Izquierda) y sus regidores. Los
pobladores pertenecen a la CC San Sebastián y exigen la vacancia del
Alcalde acusándolo de no haber realizado obras con los ingresos del
FONCOMUN y de no haber brindado un informe económico de su gestión. El
2 de agosto, la Fiscal Provincial de Chumbivilcas acudió a la localidad
y constató el hecho. En dicha Fiscalía existe una denuncia por presunto
peculado contra el Alcalde, presentada por el Frente de Defensa, el
Presidente de la CC y el Tesorero Municipal. Por su parte, el Alcalde y
4 regidores denunciaron a los dirigentes del Frente y a la regidora
Yeny Negrón para prevenir la comisión de los delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud, contra el patrimonio y contra los deberes de
función. El MiP realizó una Audiencia de Prevención, sin lograr acuerdo
alguno entre las partes. Un equipo de la DP viajó a la zona del 10 al
13 de agosto. Allí se entrevistó al Alcalde, Subprefecto y a
representantes del MiP, PNP, dirigentes del Frente de Defensa y
pobladores. Luego, recomendó a la Fiscal Provincial y al Comisario
adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad
física de las autoridades y la población. El 22 de agosto, la DP, con
presencia del Prefecto y un representante de la ONPE, se reunió con
ambas partes por separado. Se acordó realizar el 1 de setiembre una
reunión pública en el distrito contando con la mediación de las
mencionadas instituciones. La población desocupó el local comunal pero
no se ha producido ningún acuerdo. El Alcalde continúa en el cargo. Los
dirigentes han sido denunciados por los hechos sucedidos.
HUANUCO
Molino, provincia de Pachitea
La población cuestiona al Alcalde Distrital de la localidad de Molino,
César Luis Eugenio Carlos, por la construcción de un mercado, hotel y
restaurante municipal, así como por el alquiler de un volquete y
cargador frontal a personas privadas. Se cuestiona también la
transmisión de películas pornográficas en el canal municipal. Se
reclama por la no ejecución de obras en la localidad de Huarichaca.
Finalmente se menciona que el Alcalde no rinde cuentas a la población y
no atiende las peticiones de los ciudadanos. El 28 de mayo de 2004,
mientras se realizaba un cabildo abierto en la Plaza de Armas de
Molino, un grupo de pobladores lanzó tomates, huevos y piedras al
estrado. La PNP dispersó a las aproximadamente 700 personas asistentes
con bombas lacrimógenas. Dicha autoridad ingresó al local municipal,
cuyas ventanas fueron apedreadas. Finalmente, el Alcalde escapó
vistiendo uniforme policial para no ser reconocido. Luego de los
hechos, el MiP inició una investigación. El Fiscal Provincial Mixto
también recibió una denuncia contra el Alcalde. El 7 de junio, el
distrito amaneció con pintas que, empleando las siglas PCP, amenazaban
de muerte al Alcalde y sus regidores. La DICOTE - Huánuco está
realizando las investigaciones respectivas. El 18 de julio, la DP
informó a la población del CPM Huarichaca de las actuaciones realizadas
(intervención de la CGR, seguimiento de la investigación fiscal). Luego
de esa reunión, la DP ha solicitado a la MD brindar la información
solicitada por la población de Huarichaca. La población de este CPM
mantiene un ánimo beligerante contra el Alcalde, pese a lo cual la MD
labora normalmente. Durante febrero, no se ha registrado ningún
incidente; una presunta incursión terrorista en contra del Alcalde ha
sido desestimada. La CGR ha informado que ha previsto realizar una
acción de control en la MD durante el 2005, la misma que también ha
sido solicitada por el MiP.
Chavinillo, provincia de Yarowilca
La población cuestiona el resultado de las elecciones municipales, en
el que salió elegido Abel Soto Ponciano por el Movimiento MI Luchemos
por Huanuco. Desde el año 2002 la población no ha permitido que el
Alcalde se haga cargo de la Alcaldía e ingreso al local municipal. El
Alcalde y sus regidores sesionan en localidades colindantes de Obas y
Choras. Se originaron enfrentamientos que ocasionaron la muerte de
varias personas, entre ellas un regidor. La DP se reunió por separado
con pobladores y autoridades. El 4 de abril de 2004, en asamblea
comunal, los primeros aceptaron dialogar con el Alcalde. Después, en
Huánuco, Alcalde y regidores acordaron que la Oficina de Registro Civil
volviera a funcionar en Chavinillo, lo cual se produjo a partir del 26
de abril. Mientras tanto, continúa un proceso penal seguido contra el
Alcalde. El 11 de junio, la DP informó a la población de Chavinillo
sobre la decisión de la CGR de realizar un examen especial de auditoría
a la Municipalidad en el segundo semestre, que abarcará desde enero de
2001 hasta diciembre de 2003. La población designó a sus representantes
ante la Comisión de Diálogo, para definir con el Alcalde y sus
regidores el funcionamiento de los servicios municipales, pero esta no
llegó a reunirse. La población informó que el Alcalde ha denunciado por
diversos delitos a algunos de sus opositores, y que el PJ ha ordenado
el pago de cauciones onerosas. El 7 de julio, en reunión convocada por
el congresista Santos Jaimes en el Congreso, y en presencia de diversas
entidades públicas (JNE, PCM, CGR, CND y DP), autoridades locales y
dirigentes sociales de la provincia discutieron alternativas de
solución al conflicto (el Alcalde no asistió). Se suscribió un acta con
los siguientes acuerdos: la Municipalidad brindará un informe económico
de la gestión actual; se solicitará que la intervención de la CGR
cuente con la presencia de veedores de la sociedad civil; se designará
una Comisión de Fiscalización de la gestión municipal con presencia de
la sociedad civil; se solicitará que los servicios básicos (Vaso de
Leche, Obras Públicas) funcionen nuevamente en el local municipal;
ambas partes respetarán mutuamente la integridad y seguridad de los
ciudadanos. Se programó una siguiente reunión en agosto. Actualmente,
en la MuP atienden la Oficinas de Registro Civil y labora personal
administrativo. El diálogo con la población y las autoridades se
encuentra paralizado. Según el expediente Nº 87-00 y 1584-03, con fecha
11 de febrero de 2005, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Hánuco Pasco, emitieron sentencia en contra de Abel Soto
Ponciano, absolviéndolo de los delitos de peculado, malversación de
fondos y colusión , por los hechos del mercado central de Cavinillo así
como del hostal y Comedor Municipal, y del programa del vaso de leche.
Por otro lado, condenó al mismo como autor y responsable de los delitos
de peculado y colusión en agravio de la municipalidad provincial de
Yarowilca y el Estado, por los hechos del programa del vaso d e leche,
a cuatro años de pena privativa de libertad e inhabilitación, por el
términod e tres años, fijando el pago de la suma de dinero ascendente a
cinco mil nuevos soles, por concepto de reparación civil, que deb de
pagar el sentenciado a favor de los agraviados, a razón de tres mil
quinientos nuevos soles para el Concejo Municipal agraviado y mil
quinientos nuevos soles a favor del Estado; pena principal cuya
ejecución se suspende para el sentenciado por el plazo de dos años bajo
el cumplimiento de reglas de conducta. Esta sentencia fue apelada ante
la Corte Suprema de la Defensa y pobladores. Luego, recomendó a la
Fiscal Provincial y al Comisario adoptar las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad física de las autoridades y la
población. El 22 de agosto, la DP, con presencia del Prefecto y un
representante de la ONPE, se reunió con ambas partes por separado. Se
acordó realizar el 1 de setiembre una reunión pública en el distrito
contando con la mediación de las mencionadas instituciones. La
población desocupó el local comunal pero no se ha producido ningún
acuerdo. El Alcalde continúa en el cargo. Los dirigentes han sido
denunciados por los hechos sucedidos.
LA
LIBERTAD
Quiruvilca, provincia de Santiago de
Chuco
El 13 de junio de 2004, el Alcalde Pedro Roldán Rodríguez (Somos Perú),
presuntamente presionado por algunos pobladores, organizó un cabildo
abierto para informar que, ante la falta de servicios básicos en la
localidad, las empresas contratistas de la Minera Barrick Misquichilca
trasladaron sus oficinas a Huamachuco. La población responsabilizó al
Alcalde por este traslado e intentó agredirlo, por lo que tuvo que
refugiarse en la Comisaría. El Alcalde había solicitado al Gobernador
garantías para el cabildo el día sábado 12 de junio en horas de la
noche, por lo que dicha autoridad denegó el pedido. La MD dejó de
brindar atención durante varios días. Refuerzos policiales llegaron al
distrito desde las Comisarías de Shorey y Santiago de Chuco, y el
Fiscal se hizo presente. El 24 de junio, a mediodía, se reabrió el
local municipal y se dispuso el peritaje de obras efectuadas en la
jurisdicción, las cuales habrían sido sobrevaluadas. Los pobladores han
expresado que no permitirán el retorno del Alcalde cuestionado. No se
produjeron nuevos incidentes, pero el Alcalde trasladó su despacho al
caserío Shorey Chico, a 6 Km del local municipal, y formuló denuncia
penal contra los responsables de la toma de local. La investigación
preliminar solicitada por el Fiscal no encontró indicios de
irregularidades por parte del Alcalde. Desde agosto, la MD trabaja con
normalidad. Pese a la recomendación de la DP, los dirigentes no han
presentado ante la CGR y/o el MiP las pruebas sobre los actos
presuntamente irregulares del Alcalde; por ello, la CGR no puede
intervenir. El 23 de agosto, el Alcalde retomó su despacho en el local
municipal de manera pacífica, en donde viene ejerciendo sus funciones.
El 27 de agosto, un grupo de pobladores trató de agredir al Alcalde
fuera del local municipal, siendo detenidos por la PNP. El 31 de
agosto, el Fiscal Provincial de Santiago de Chuco informó que la
investigación preliminar ordenada por su despacho ha sido archivada por
no haberse logrado determinar la responsabilidad del Alcalde. El 18 de
noviembre, 6 de los 8 presidentes de barrios ofrecieron su apoyo al
Alcalde y propusieron la conformación de la Mesa Distrital de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza cuya instalación se ha
programado para el 26 de noviembre. La atención administrativa se
realiza con normalidad.
Carabamba, provincia de Julcán
El descontento por la gestión del alcalde Luis Trujillo Guevara dio
inicio a un proceso de revocatoria promovido por la Asociación
Distrital de Defensa de los Intereses de La Libertad. El 18 de
diciembre de 2003 el Alcalde fue denunciado penalmente por el delito de
peculado. El parte policial del 27 de febrero de 2004 concluye que no
existe delito, por lo que la denuncia se declara infundada el 1 de
marzo. Se interpuso queja de derecho y se eleva el expediente al MiP
que, el 16 de marzo, confirmó la Resolución anterior y archiva
definitivamente la denuncia. El Alcalde pretendió ejecutar una
sentencia contra el CLAS Agallapampa (provincia de Otuzco) por una suma
aproximada de 37,000 nuevos soles. La sentencia afectaría el
funcionamiento de seis establecimientos de salud a cargo de dicho CLAS.
Esta demanda no tuvo la defensa correspondiente de parte del CLAS, pues
el Alcalde fue despedido por haber cometido irregularidades en su labor
como médico. La sentencia fue consentida y los ex directivos del CLAS
no apelaron. Dos intentos de conciliación fueron frustrados por el
Alcalde que no aceptó el pago fraccionado de la deuda establecida en la
sentencia judicial. La DP informó al Juzgado Provincial Mixto de Julcán
que una medida de ejecución forzada afectaría directamente el servicio
público que brindan los establecimientos de salud, cuya cobertura
alcanza los 23 mil usuarios. Así mismo, señaló la inconveniencia de
ordenar un embargo pues los bienes administrados por el CLAS Agallpampa
son bienes afectos a un uso público, por lo tanto son de dominio
público. La DP informó a la población del distrito sobre el derecho al
voto en el proceso de revocatoria. El 17 de octubre no se logró revocar
al Alcalde y a dos regidores cuestionados. La denuncia por el delito de
peculado fue archivada por el PJ.
Huaranchal, Provincia de Otuzco
Un sector de la población cuestiona la gestión del Alcalde Distrital
Arístides Ovidio Alvarado Rodríguez (Alianza para el Progreso), por
supuesta falta de transparencia, así como presunto enriquecimiento
ilícito, malversación de fondos y peculado. El Presidente de la
Asociación de Huaranchalinos residentes en Trujillo y el Presidente del
Frente de Defensa de los Intereses de Huaranchal informaron a la DP
sobre enfrentamientos anteriores entre seguidores del Alcalde y
pobladores descontentos con la gestión edil, con la secuela de algunos
heridos de consideración. En primera instancia, el Juzgado Provincial
Mixto de Otuzco determinó, mediante Resolución UNO del 7 de junio de
2004, no abrir instrucción penal contra el Alcalde por el presunto
delito de peculado (Instrucción N° 322-04). El 22 de junio, luego de la
apelación del Fiscal Provincial Mixto de Otuzco, el expediente fue
remitido a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad. El 9 de julio el expediente fue derivado a la Fiscalía
Superior para el dictamen correspondiente. La DP informó a la población
sobre el estado del proceso. El 3 de agosto, la Segunda Fiscalía
Superior Penal formuló denuncia ante el PJ. Se produjo un
enfrentamiento entre pobladores y seguidores del Alcalde. El Juzgado
Provincial de Otuzco resolvió no iniciar instrucción contra el Alcalde,
resolución que ha sido apelada. La Segunda Fiscalía Superior Penal
opinó que la apelación no es procedente, y derivó su dictamen a la
Segunda Sala Penal para que resuelva.
LORETO
Provincia de Ramón Castilla
La población de Caballococha solicitó al Alcalde Marino Oswaldo Chávez
Pérez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú) la destitución de su
Asesor Legal y del Procurador Municipal, porque estarían encubriendo a
Guido Marcelo Pinedo, trabajador municipal y presunto autor del
homicidio de Ernesto Rivero Vásquez (22). Según la versión oficial,
este falleció tras ahogarse en la quebrada Palo Seco; sin embargo, la
necropsia muestra un golpe en la región occipital de la cabeza y
diversas lesiones en el cuerpo. La población dio un plazo hasta el 5 de
noviembre de 2004 para efectivizar esta demanda. Al no obtener
respuesta, la población saqueó el local municipal y dañó los hostales
municipales, resultando once personas heridas (tres de ellas evacuada a
Iquitos). El 6 de noviembre, el Fiscal Superior Decano y el Director de
la V Dirección Territorial PNP se desplazaron a la zona, restablecieron
el orden interno y conversaron con la población. El 7 de noviembre,
comisionados de la OD Loreto, en reunión con la población y dirigentes
del Frente Patriótico, exhortaron a la tranquilidad y brindaron
información sobre mecanismos y derechos para fiscalizar la gestión del
Alcalde. El Alcalde anunció una sesión de Concejo para el 9 de
noviembre en la que trataría la destitución de los funcionarios
cuestionados. En su lugar, emitió una Resolución suspendiendo el
funcionamiento administrativo y la prestación de servicios (con
excepción de limpieza, agua y televisión municipal) hasta que existan
garantías plenas para el desempeño de las actividades institucionales
y/o que los daños ocasionados sean constatados por una comisión de alto
nivel. El 10 de noviembre, el Alcalde declaró a la prensa que
contestará la agresión. La población expresa su malestar porque no se
están cumpliendo los acuerdos tomados en la reunión multisectorial
realizada el 15 de noviembre en la cual se sugirió al Alcalde la
destitución de los funcionarios cuestionados.
Maquía, Provincia de Requena
En mayo de 2004, el Concejo Municipal y la población comenzaron a
expresar su malestar por el proceder del Alcalde Distrital, Víctor
Román Estrada Villacrés (Partido Aprista Peruano), acusándolo de no
realizar obras, no rendir cuentas a través de un cabildo, no sustentar
el destino de los recursos, entre ellos una donación efectuada por la V
Región de Defensa Civil, falsificación de firmas, y nepotismo. Desde el
17 de mayo, el Alcalde y la Regidora Carmela Cahuaza Mozombite (PAP)
enfrentan una denuncia penal en trámite ante el Ministerio Público por
los delitos de concusión y corrupción de funcionarios en la modalidad
de cohecho propio. El 6 de junio, tras una reunión en la localidad de
San Roque, representantes de 70 comunidades tomaron el local municipal
exigiendo la renuncia del burgomaestre. El 9 de junio, la Fiscal de
Requena acudió a Maquía acompañada por efectivos policiales. A pesar de
sus exhortaciones, no logró deponer la medida de fuerza, por lo que, al
día siguiente, intervino la PNP para desalojar a los manifestantes,
logrando que la MD volviera a funcionar. La Fiscal convocó a una
reunión con el Alcalde para el 10 de junio, pero ésta no se realizó por
inasistencia de dicha autoridad. Posteriormente, en sesión
extraordinaria, sin la presencia del Alcalde ni de la Regidora Cahuaza,
el Concejo Municipal acordó, por tres votos contra uno, la vacancia del
primero, considerando que había incurrido en nepotismo. Como no existe
proceso judicial en trámite sobre este delito, los regidores elevarán
el acuerdo al JNE. La DP sugirió analizar el procedimiento de
suspensión y estudiar la posibilidad de interponer denuncia penal ante
el MiP por delito de nepotismo. El 13 de diciembre, el JNE designa como
Alcalde provisional a Enrique López Tamani mientras dure el mandato de
detención dictado contra el Alcalde.
Putumayo, Provincia de Maynas
La población tomó en enero el frontis de la Municipalidad pidiendo que
la CGR se constituya en la zona e investigue al Alcalde, Víctor Raúl
Reátegui Paredes (por el partido El poder de Putumayo) a quien acusan
de no brindar información, de malversar fondos y de apropiación
ilícita. La DP coordinó con la MuP, Prefectura y MiP, una visita de
funcionarios de la CGR, la cual se realizó el 8 de enero de 2004. Por
otro lado, se sugirió a un asesor municipal comunicar al JNE la
inexistencia de gobierno local (aunque está en proceso las
revocatorias, la población solicita contar con una autoridad). El 29 de
marzo, la CGR emitió el Informe de Verificación de Denuncia Nº 04-2004-
CG/GDPC, el cual señala la existencia de indicios razonables de la
comisión de los delitos de peculado, negociación incompatible con el
cargo, falsedad ideológica y falsificación de documentos. El 8 de
junio, el Diario Pro & Contra informó de un supuesto atentado
contra el Presidente del Comité de Revocatoria del Putumayo, Edwin
Pérez Álvarez, ocurrido el 7 de junio. La persona acusada fue Rolando
Shimbo Pipa, nativo de la etnia Secoya, quien asistió a la dependencia
policial para rendir su declaración. Ese día, un grupo de
manifestantes, desde la plaza del distrito, amenazó al señor Shimbo (lo
vinculan con el Alcalde), por lo que optó por permanecer en local,
aunque el Comisario aclaró que sólo se encontraba en calidad de citado,
y que su permanencia era voluntaria por motivos de seguridad. El señor
Shimbo permaneció allí hasta el 12 de junio. La PNP Adscrita a la CGR
derivó el Atestado Nº 05-2004, con la investigación preliminar sobre la
gestión del Alcalde, a la 4ª Fiscalía Provincial de Maynas, y ésta lo
trasladó al Tercer Juzgado Penal de Maynas, el cual ordenó la detención
del Alcalde. El 24 de junio, dicha autoridad fue internada en el penal
de Iquitos junto con un regidor y un proveedor (el resto de regidores y
dos funcionarios siguen prófugos). Como no puede sesionar el Concejo,
el Alcalde encargó al Administrador Municipal la continuidad de los
servicios públicos. La Junta Vecinal de Defensa de los Intereses del
Putumayo solicitó la intervención de la DP ante el JNE para que éste
tome conocimiento del caso y constituya una comisión que visite la
zona. El PJ, mediante Resolución Nº 1, abre instrucción y ordena la
detención del Alcalde y miembros del Concejo Municipal. Sin embargo, la
Sala Penal de la dicha Corte cambia la orden de detención por una de
comparecencia restringida. Esto motivó, el 20 de agosto, un
enfrentamiento en la localidad de El Estrecho entre unos 25 pobladores
(promotores de la revocatoria) y la PNP, luego que los primeros tomaran
el local municipal por dos horas. Tres personas resultaron heridas (el
Gobernador y dos efectivos policiales; uno de ellos perdió el ojo
izquierdo tras ser golpeado por una piedra). El 21 de agosto, un Fiscal
Adjunto visitó la localidad y abrió una investigación de oficio. La MD
fue cerrada por la población el 9 de setiembre; durante el hecho se
produjo un enfrentamiento con la PNP dejando 4 civiles heridos. El
Concejo Municipal se reúne en el domicilio del Alcalde. El 19 de
setiembre, la DP se reunió con los dos grupos en conflicto. En la
reunión con los grupos de oposición, la DP se comprometió a realizar el
respectivo seguimiento de los documentos presentados al PJ, MiP y CGR.
Se les exhortó a deponer las medidas de fuerza para el normal
desarrollo de las actividades y servicios municipales y que el Alcalde
asuma el cargo; sin embargo, este grupo decidió continuar con su medida
hasta la llegada de una comisión de CGR Lima. Al Alcalde se le sugirió
no realizar sesiones de Consejo u otra actividad municipal en lugar
distinto al local municipal. El Alcalde no pudo ser revocado el 17 de
octubre. Dos días después, los promotores de la revocatoria incendiaron
el local partidario del Alcalde. La situación fue controlada por la
PNP. Dos personas heridas fueron evacuadas a Iquitos. El 26 de octubre,
una comisión integrada por MiP, Prefecto, PNP y DP llegaron a la zona;
en esta visita, el Presidente de la Junta Vecinal entregó documentación
sobre la gestión edil. La población espera la revisión de la misma por
parte de la CGR Iquitos. El 8 de marzo de 2005 la DP solicitó
información a la Corte Superior de Justicia de Loreto respecto a los
procesos en trámite que se siguen en contra del alcalde de la MD de
Putumayo, regidores y funcionarios involucrados. El oficio está en
seguimiento.
Trompeteros, Provincia de Loreto
En abril de 2004, los jefes de las CN de Trompeteros intentaron tomar
el local de la MD exigiendo la destitución del Alcalde Distrital, Aldo
Schrader Vargas (Perú Posible), por incumplimiento de promesas y
supuestos malos manejos de bienes y recursos municipales. El 7 de mayo,
los Apus regresaron a sus comunidades, indicando que en 8 días
regresarían en mayor número para tomar medidas más drásticas. El 7 de
junio, la OD Loreto informó a los Apus de las CN Santa Rosa, Pampa
Hermosa, San José, Sauki, Jerusalén, Providencia, Siu y Pijuayal, sobre
el seguimiento realizado a las investigaciones en curso en el PJ y CGR.
Además, se realizaron coordinaciones con la Prefectura y el MiP, y se
visitó la zona para informar sobre derechos, exhortar a la no violencia
y supervisar la inspección ocular realizada por el Juez del Cuarto
Juzgado Penal de Maynas, el Fiscal de Prevención del Delito y la
Procuradora Pública Anticorrupción. El 10 de junio, los Apus de
Trompeteros viajaron a Iquitos para exigir celeridad en las
investigaciones. La CGR realizó un Examen Especial del período enero
2002 - diciembre 2003 en el cual se determinó la existencia de indicios
de delitos contra la administración pública. Dicha investigación se
integró al Atestado Policial Nº 027-2004 de la Policía Adscrita a la
CGR que fue remitido el 21 de julio a la Cuarta Fiscalía Provincial de
Maynas. El Cuarto Juzgado Penal de Maynas informó a la DP que, en dicho
proceso, los peritos remitieron la pericia contable, estando a la
espera de la ratificación respectiva. También están pendientes las
declaraciones de 4 personas, entre ellos el representante de PLUS
PETROL en la zona. El 6 de agosto, la el MiP precisó que la Fiscalía
Superior ha resuelto que el expediente sea remitido a la Fiscalía
Provincial Mixta de Loreto - Nauta, en aplicación del principio del
fiscal natural. Los Apus volvieron a Iquitos para exigir al PJ la
captura e internamiento del Alcalde. El Juez Mixto de Loreto ordenó la
detención del Alcalde. El 9 de noviembre, el Concejo Municipal lo
suspende y encarga la administración de la comuna al Teniente Alcalde.
El 23 de noviembre, el Alcalde fue detenido. Durante Enero, luego de la
investigación realizada por CGR, se ha iniciado un proceso judicial
contra el Alcalde, quien se encuentra internado en el Establecimiento
Penitenciario de Iquitos, junto su asesor y el Administrador Municipal.
El Fiscal Provincial Mixto informó que en el proceso por malversación
de fondos, peculado y otros, se amplió el plazo de investigación por 60
días más.
Pebas, provincia de Mariscal Ramón
Castilla
El 6 de diciembre de 2004, la MD emite la Resolución de Alcaldía Nº
051, que declara a la entidad en emergencia administrativa por 90 días
a raíz del proceso judicial seguido contra el Alcalde José Cárcamo
Maldonado y algunos regidores por presuntos malos manejos de fondos
municipales. El 5 de enero de 2005, el Comité de Defensa, Paz y
Desarrollo de Pebas, reuniendo a unas 50 personas, se posesionaron del
frontis del local municipal, demandando la destitución inmediata del
Alcalde por presuntas irregularidades en el manejo de fondos
municipales. La PNP se desplazó a la zona desde Caballococha, Nuevo
Chimbote e Iquitos, logrando que el grupo de oposición se retirara. Los
dirigentes del Frente solicitaron la presencia de la CGR, MiP y DP;
además solicitaron la destitución del Juez Mixto de Ramón Castilla y el
bloqueo de las cuentas de la MD. La situación se ha polarizado por el
apoyo brindado por el Frente de Defensa al Teniente Alcalde, mientras
que los trabajadores municipales apoyan al Alcalde. El 11 de enero,
personal de la DP visitó la localidad en la que se reunió con el Frente
de Defensa. La PNP informó que se incrementó el número de efectivos
para retirar a las 30 personas que ocuparon el frontis del local
municipal. La MD funciona con limitaciones por el estado de emergencia
administrativa, pues sólo presta los servicios de energía eléctrica,
radiofonía, limpieza pública, Registro Civil, Programa del Vaso de
Leche y mesa de partes. La Procuradora Anticorrupción se constituyó
como parte penal en el proceso seguido contra el Alcalde, apelando el
mandato de comparecencia restringida a favor de dicho funcionario. El
juez que ve el caso informó a la OD que aún se continúan con las
investigaciones, se han realizado peritajes e inspecciones a la
Municipalidad. La población se encuentra en calma.
PIURA
Suyo, Provincia de Ayabaca
Desde el año 2002, los pobladores de dicho distrito reclaman por una
presunta alteración del resultado de las elecciones en las que el
Alcalde Juan Huanca Merino (Somos Perú) venció a Segundo Telmo Guerrero
Zegarra (Perú Posible). Se aduce que el Acta Electoral de la Mesa Nº
015570, ubicada en el Centro Educativo Inicial Nº 104, fue suplantada
en el Centro de Cómputo de la ODPE en la ciudad de Ayabaca. Al día
siguiente, el personero legal de Perú Posible presentó un pedido de
impugnación al JEE de Ayabaca un pedido de impugnación. El 25 de
noviembre de 2002, esta instancia, mediante Resolución Nº 229-2002-JEE,
valida los resultados; sin embargo, al día siguiente, el mismo JEE
denuncia ante el MiP los presuntos hechos delictivos suscitados en la
ODPE Ayabaca en los que se habría alterado la mencionada acta. El 13 de
diciembre de 2002, mediante Resolución 972-2002-JNE, el JNE declara
infundado la impugnación presentada por Perú Posible. El 19 de enero de
2004, la Segunda Sala Mixta de Sullana concluye que existió alteración
de resultados, condenando a Fernando Vargas López, entonces Jefe de la
ODPE Ayabaca. Perú Posible interpone ante el JNE un Recurso
Extraordinario de Revisión solicitando la rectificación de los
resultados electorales del año 2002. El 1 de abril, el JNE desestima el
pedido aduciendo "la irrevisibilidad de las decisiones emitidas por el
JNE". Los primeros días del mes de junio se inician las protestas
mediante plantones y vigilias en la Plaza de Armas, frente al local
municipal, exigiendo la salida del Alcalde. El 16 de junio, la protesta
se tornó violenta, resultando 2 personas detenidas y 12 heridos, siete
de los cuales son miembros de la PNP, todos por contusiones o asfixia
(la PNP disuadió a los manifestantes con bombas lacrimógenas y armas de
fuego). También se causaron daños a la propiedad pública y privada. El
3 de junio, personal de la OD Piura viaja a Suyo y exhorta a los
pobladores a no cometer actos de violencia; se compromete a revisar el
caso y, de ser pertinente, remitir recomendaciones al JNE. El 9 de
junio, representantes de los pobladores se reunieron en Lima con el
Defensor del Pueblo y el congresista Jhony Peralta; como resultado, el
15 de junio el Defensor del Pueblo remite el Oficio Nº DP-2004-293 al
JNE, recomendando la revisión del caso en consideración a la sentencia
del PJ. El 16 de junio, la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso
invitó al JNE y a la DP a tratar el tema, pero esta no se realizó por
la juramentación de nuevos magistrados del JNE. El 17 de junio,
personal de la DP estuvo en Suyo para conocer los hechos de violencia
suscitados. Se visitó a las personas detenidas y se recomendó que se
les realizara el reconocimiento médico legal respectivo; se conversó
con la población y sus dirigentes, llamándoles a esperar con
tranquilidad la decisión del JNE. También se dialogó con el Alcalde y
se visitó a los heridos civiles y de la PNP. El 25 de setiembre,
mediante Resolución N° 190-2004-JNE, el JNE confirmó la permanencia del
Alcalde en el cargo. El JNE convocó a consulta popular de revocatoria
de autoridades en el distrito para el 3 de julio de 2005.
Huancabamba, provincia de Huancabamba
En febrero de 2005, la población señaló irregularidades en la
Licitación Pública N° 002-2004/CEA/MPH, destinada a la adquisición de
productos para el Vaso de Leche; por ello, solicitaron al Concejo
Municipal que anulara el proceso antes de la suscripción del contrato
correspondiente. Ante la negativa del Alcalde, el señor Valentín
Quevedo Peralta (perteneciente al movimiento Poder Industrial
Campesino) la Asociación de Ganaderos convocó a un paro el 21 de
febrero, en el cual tomaron carreteras y puentes, exigiendo además,
entre otros aspectos: vacancia del Alcalde, destitución de funcionarios
municipales, autonomía de la UGEL Huancabamba, asfaltado de la
carretera Canchaque - Huancabamba. El 20 de febrero, un día antes del
paro, la DP llega a la zona, y al día siguiente solicita al Alcalde
copia del Procedimiento de Licitación Pública y participar en la
reunión con los organizadores del paro. En la reunión, la DP explicó el
procedimiento de selección del producto, adquisición y distribución del
producto, y enfatizó que la toma de carreteras afecta el derecho a la
libertad de circulación, por lo que constituye un delito. Al concluir
el diálogo, se suscribió un acta con, entre otros, los siguientes
acuerdos: de existir causal de vacancia, sería informada al Concejo
Municipal y al JNE; la DP elaborará un informe sobre el proceso de
licitación; retiro de confianza a funcionarios implicados; ejecución de
proyectos 2003-2004 en el presente año presupuestal. La población
aceptó levantar el paro.
PUNO
Kelluyo, Provincia de Chucuito.
El 13 de febrero se realizó una movilización contra el alcalde
distrital Alejandro Vilcanqui Tarqui (por el partido Acción Popular) y
sus regidores, a quienes se les acusa de malos manejos de los recursos
de la MD e incumplimiento de obras en comunidades. El día 15,
autoridades de la provincia (Subprefecto, Fiscal Provincial, DP, PNP y
Gobernador) se reunieron con la población; allí el MiP se comprometió a
realizar una investigación de oficio y solicitar una pericia contable.
En otra reunión realizada el día 17 en Puno, se informó a los
pobladores sobre los procedimientos legales para promover la salida de
las autoridades. Por medio de Resolución Nº 040-2005, el 9 de marzo el
JNE incluyó al distrito de Keyullo, provincia de Chucuito, en la
convocatoria a consulta popular de revocatoria del mandato de
autoridades municipales efectuada mediante resolución Nº 012-2005-JNE.
El alcalde retoma su función en espera del resultado de la consulta.
Provincia de Melgar
La MuP fue cerrada por la población el 12 de abril de 2004. Ese mismo
día, los regidores cuestionaron públicamente al Alcalde Ricardo Chávez
Calderón (por el Movimiento independiente Primero Perú) por abuso de
autoridad y por no entregar información solicitada. El PJ declaró
inaplicable el acuerdo de Concejo Municipal que suspendió al Alcalde,
la que no fue ejecutada esperando la decisión del JNE. No se produjeron
enfrentamientos; más bien se realizaron reuniones de regidores con
representantes de las Comisiones de Alto Nivel. Una medida cautelar,
declarada fundada por el Juzgado Mixto de Melgar, dejó sin efecto la
suspensión acordada en sesión de Concejo Municipal. Sin embargo, en
forma paralela, otro Juez del mismo Juzgado declaró improcedente la
Acción de Amparo presentada por el Alcalde. La decisión fue apelada y
derivada a la Sala Civil de San Román. El 15 de julio, el Alcalde
intentó reabrir la MuP, pues el MiP le entregó la custodia del local. A
pesar de la presencia de un representante de la CGR, no se llevó a cabo
tal ingreso, incumpliendo el acuerdo suscrito el 1 de julio en
presencia del MiP y otras autoridades, en la que se acordó no tomar
decisiones hasta que el PJ decida. Posteriormente, el Alcalde reasumió
sus funciones. En el acto se agredió a algunos regidores y a un oficial
PNP. El 23 de julio, el JNE expidió la Resolución Nº 141-2004-JNE,
declarando improcedente la suspensión del Alcalde planteada por siete
regidores. La MuP funciona normalmente. El representante de la CGR en
Puno realizó una visita al lugar, para luego programar otra de personal
de la CGR de Lima. La DP se ha hecho presente en la zona en varias
oportunidades para dialogar con dirigentes, pobladores e instituciones
locales. Los regidores se han quejado que no los convocan a sesión. En
setiembre, la CGR inició una investigación en la MuP. La MuP funciona,
pero continúan las tensiones entre regidores y Alcalde, pues los
primeros se quejan que los están dejando de lado. No hay información
adicional.
SAN MARTÍN
CPM Mariscal Castilla, distrito de
Tingo de Ponasa, provincia de Picota
El 6 de junio de 2004, la población, reunida en asamblea general,
acordó cerrar el local de la Municipalidad del CPM para impedir el
ingreso del Alcalde Néstor Tuanama Putupaña y resguardar los bienes de
la entidad. El 7 de junio, el Juez de Paz y el Teniente Gobernador
invitaron al Alcalde a informar de su gestión. Como dicha autoridad no
acudió, se abrió el local municipal para realizar un inventario de los
bienes y se designó por aclamación como nuevo Alcalde de CPM al
Teniente Alcalde. Al Alcalde se le acusa de haber vendido 180 calaminas
del techo del Centro Educativo Inical Nº 123, y de haber suscrito un
contrato por 11,000 nuevos soles para la explotación de recursos
maderables de un área de protección municipal, decisión tomada sin
consultar a la población. También se menciona que no informó sobre el
destino que se dio a los recursos obtenidos con ambas operaciones. No
existen procesos judiciales contra el Alcalde cuestionado. El 8 de
junio, efectivos de la PNP que llegaron a la localidad, solicitaron que
las llaves del local municipal fueran entregadas al Alcalde destituido,
sin lograr su propósito. El 14 de junio, la población evaluó las
medidas a desarrollar para lograr que el Alcalde renuncie al cargo,
previo informe sobre su gestión. El local de la Municipalidad del CPM
abrió nuevamente al público. El Alcalde destituido denunció al Teniente
Alcalde y a diez personas más por el delito de usurpación de funciones
ante el MiP de Picota. El 3 de julio, INRENA realizó una visita de
inspección al lugar donde se produjo la tala de árboles. Se levantó un
acta de compromiso entre INRENA y la población para que los 26 árboles
talados que aún permanecen en el lugar sean utilizados en beneficio de
la población. El 5 de julio se realizó una sesión de Concejo para
determinar el mecanismo de vacancia aplicable al Alcalde destituido. La
OD San Martín mantiene comunicación telefónica con los pobladores de la
localidad. La población está desarrollando sus actividades con
normalidad, y el Teniente Alcalde sigue ejerciendo sus funciones de
Alcalde encargado.
Fuente: Defensoría del Pueblo del Perú
