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El viernes 18 de febrero será un día aciago y de ingrata recordación para humildes familias ashaninkas de la Comunidad Chorinashi. Doscientos cincuenta policías, adiestrados en operativos especiales, intentarán desalojarlos por la fuerza del territorio ancestral donde descansa la memoria de sus mayores, para proteger una concesión forestal otorgada a un inversionista español. La orden de desalojo fue dictada por el Juez de Atalaya quien a pesar de una acción de amparo interpuesta por la Comunidad ha reasumido jurisdicción penal y desea ejecutar el desalojo a cualquier precio, presionado por la Corte Superior de Ucayali. Acusa a los indígenas de ser invasores de la concesión forestal. Haroldo Salazar, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), afirma que su organización ha hecho todos los esfuerzos posibles por hallar una salida pacífica y evitar un drástico desenlace. Pero es evidente que los intereses del Consorcio Forestal Amazónico (CFA), de Salcedo Noya pueden más, incluso burlar las leyes y los derechos indígenas. "Hace poco el Párroco de la Iglesia Católica de Atalaya bautizó más de cien niños ashaninkas en la comunidad Chorinashi. ¿Qué pasará con esos niños ante la agresión de las fuerzas policiales? ¿Este es el estado de derecho del cual nos jactamos los peruanos?" dijo visiblemente afectado. Los comuneros de Chorinashi no han aceptado las presiones para abandonar un territorio que consideran propio, según afirman, desde tiempos inmemoriales. "Si hemos de morir, lo haremos defendiendo nuestra tierra. Si nos van a sacar de aquí, nos sacarán muertos" han sostenido en diversas ocasiones. "De nada ha servido que el 2003 altos comisionados del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) y del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) hayan comprobado la existencia de la comunidad Chorinashi en el lugar. El poder económico de la concesión puede más sobre las autoridades judiciales" afirma Haroldo Salazar, también perteneciente al pueblo ashaninka. "Estamos perdiendo la fe en las autoridades del país. En estos momentos solo confiamos en la solidaridad nacional e internacional de nuestros amigos para que se dirijan a las autoridades, las hagan reflexionar y evitemos las consecuencias de una acción abusiva, irracional, arbitraria y parcializada" agregó. Julio Cusurichi, dirigente de la AIDESEP, lamentó que el Inrena y el Poder Judicial hayan cerrado filas a favor del Consorcio Forestal bajo el argumento de que es prioritario promover la inversión privada, aún sea a costa indígenas indefensos. Hay una presión muy fuerte por parte del Consorcio Forestal para que los comuneros acepten su traslado a un área devastada por la extracción forestal, donde escasean los recursos. Cusurichi, exhortó a las autoridades a no olvidar el trágico episodio de violencia acontecido en la Comunidad Indígena Los Naranjos, en Cajamarca, cuando hicieron defensa de sus derechos cuando los vieron vulnerados. La Aidesep pide que el Presidente de la República, la Primera Dama, los funcionarios vinculados a los pueblos indígenas, el Defensor del Pueblo y los organismos de derechos humanos se pronuncien y eviten las consecuencias lamentables de un conflicto que luego puede ser demasiado tarde para lamentar. Datos AIDESEP se ha dirigido al Sr. Presidente de la República, al Ministro del Interior, a Conapa y a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial a fin de que se evite esta medida. En el año 2003 Luis Huarcaya, entonces comisionado del Inrena (actual Presidente Ejecutivo de la Conapa) y funcionarios del PETT constataron la presencia del pueblo indígena de Chorinanshi y sus informes están en el expediente penal. También los visitó el entonces Jefe del Inrena Dr. César Álvarez en diciembre del 2003.
14 de febrero del 2005
Actualidad Etnica - Colombia
Fuente: http://peru.indymedia.org/news/2005/02/14191.php
