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PERÚ: La situación de derechos humanos

Informe de Human Rights Watch 2003

Mientras los peruanos albergaban grandes esperanzas de que el Presidente Alejandro Toledo rompiera de manera decisiva con las políticas autoritarias de sus predecesores, su gobierno careció de una perspectiva clara en materia de derechos humanos y pareció, con frecuencia, estar improvisando ante presiones contradictorias. La comisión de la verdad establecida por el presidente de transición Valentín Paniagua en 2001 y respaldada por Toledo, disfrutó de credibilidad y amplio apoyo popular, a pesar de los ataques políticos y los problemas presupuestarios. Sin embargo, la búsqueda de la verdad no fue equiparable a la de la justicia, y los fiscales hicieron avances modestos en casos importantes sobre derechos humanos.

La tortura siguió siendo un problema endémico.

Se implantaron importantes reformas en la fuerza nacional de policía, pero la tortura siguió siendo un problema endémico. Las condiciones penitenciarias no mejoraron y, en ciertos casos, se deterioraron considerablemente. Las tardías propuestas gubernamentales para la reforma de las draconianas leyes antiterroristas heredadas del gobierno de Fujimori no abarcaron de muchos aspectos relativos a las garantías procesales y agregaron problemas nuevos. A la hora de abordar este legado, el Presidente Toledo se enfrentó a considerables obstáculos: un resurgimiento de la actividad de los grupos armados; una economía estancada; la agitación popular producto de la falta de mejora en los niveles de vida; y una díscola oposición que criticó con frecuencia las iniciativas para examinar el pasado.

La situación de derechos humanos

La explosión de un vehículo bomba en un centro comercial a 50 metros de la embajada de Estados Unidos en Lima, ocurrida el 20 de marzo, en vísperas de la visita de estado del Presidente George W. Bush, puso repentinamente sobre la palestra el problema del terrorismo. En junio, el gobierno anunció que había detenido y formulado cargos contra tres presuntos miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso (SL) en relación con el atentado. Este y otros incidentes atribuidos a SL suscitaron llamamientos políticos al endurecimiento de las medidas contra el terrorismo. Estas preocupaciones por la seguridad complicaron las iniciativas largamente esperadas para la reforma de las leyes antiterroristas, las que habían sido objeto de reiteradas críticas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar las garantías procesales.

A mediados de junio, el gobierno impuso un estado de emergencia de 30 días en la ciudad sureña de Arequipa, para sofocar las protestas violentas y detener el pillaje. Los incidentes se iniciaron con una huelga de hambre de ocho alcaldes en protesta por la iniciativa gubernamental para la privatización de dos compañías eléctricas, incumpliendo supuestamente una promesa electoral. Dos jóvenes murieron y 150 personas resultaron heridas durante los seis días de protesta, que amenazó con extenderse a Tacna, Cuzco y otras ciudades. Las protestas cesaron cuando Toledo prometió suspender la venta de las compañías.

Entre abril y septiembre, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú celebró sesiones televisadas en pueblos rurales de todo el país, para recibir los testimonios de víctimas de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones y masacres que tuvieron lugar entre 1980 y 2000. Estas audiencias no tenían precedente en América Latina ya que todas las comisiones de la verdad anteriores habían celebrado sus sesiones a puerta cerrada. Tras años de silencio oficial, salió a la luz, con enorme fuerza emocional, el sufrimiento provocado por los 20 años de campaña contrainsurgente en Perú.

La comisión participó también en la exhumación de fosas clandestinas en la provincia de Ayacucho, lo que permitió la identificación de los cuerpos. En enero, fueron descubiertos, en una fosa del distrito de Chuschi, los restos de ocho campesinos, que fueron identificados y entregados a sus familiares. En agosto, se hallaron en dos fosas de Totos, provincia de Cangallo, los esqueletos de nueve personas, cinco de las cuales fueron identificadas. Se creía que las tropas del gobierno comandadas por el capitán "Chacal" (su apodo de guerra) habían ejecutado sumariamente en 1983 a las víctimas de Chuschi y Totos. En respuesta al clamor de los familiares pidiendo justicia, la comisión estableció una unidad encargada de someter inmediatamente a los tribunales los casos más graves, en lugar de esperar a que finalizara su trabajo en julio de 2003.

La imparcialidad de la comisión fue cuestionada en repetidas ocasiones por los políticos de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Su líder, Alan García, había presidido el país de 1985 a 1990, período en el que habían tenido lugar muchas de las violaciones más graves de los derechos humanos. Aunque el gobierno respaldó a la misma, tardó en aportar su contribución del 60 por ciento del presupuesto de la comisión; el 40 por ciento restante estaba financiado por otros países. En agosto, Salomón Lerner, presidente de la comisión, advirtió públicamente que tendrían que cesar sus operaciones en una semana si no recibían los 3,3 millones de dólares que les habían prometido para 2002. Los gestores de un fondo especial creado con dinero recuperado en casos de corrupción aceptaron aportar la cantidad necesaria y reembolsaron 1,5 millones de dólares para sacar a la comisión del apuro.

Entre abril y septiembre, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú celebró sesiones televisadas en pueblos rurales de todo el país.

Continuaron, aunque con modestos avances, los juicios a funcionarios implicados en violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori. El 1 de julio, el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán sentenció a Vladimiro Montesinos, asesor político cercano a Fujimori, a nueve años y cuatro meses de cárcel por usurpar las funciones del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Montesinos, detenido en una base naval de Callao, estaba inculpado en otros 75 casos. Estaba acusado, junto con Fujimori, de organizar el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte responsable de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones, a principios de los años noventa. En octubre, el fiscal Richard Saavedra formuló cargos contra 44 miembros del grupo por el secuestro y asesinato del periodista Pedro Sauri Bustamante, ocurrido el 24 de junio de 1992.

Algunos ministros del gabinete y destacados miembros del Congreso intentaron impedir el enjuiciamiento de los comandos militares que habían participado en una operación para rescatar a 71 rehenes de la guerrilla, retenidos en la residencia del embajador de Japón en 1997. Murieron 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la operación.

Algunos de los rehenes liberados dijeron que habían visto a varios guerrilleros, que luego resultaron muertos, con vida y detenidos, y los exámenes forenses de los cuerpos exhumados determinaron que, al parecer, a ocho de los guerrilleros les habían disparado en la cabeza después de ser capturados, o cuando estaban indefensos a causa de las heridas. El 13 de mayo, la Jueza Cecilia Pollack ordenó la detención de 12 oficiales superiores del ejército que habían participado en la operación. Los ministros de defensa y justicia criticaron estas órdenes de arresto. El Congreso emitió una declaración manifestando su preocupación y los diputados de la APRA y de Unidad Nacional (UN) presentaron proyectos de ley para amnistiar a los acusados. El 29 de julio, en una clara demostración del apoyo oficial, los comandos implicados encabezaron el tradicional desfile militar anual.

Aunque la propuesta de amnistía no tuvo éxito, un juez militar inició un proceso judicial paralelo cuestionando la jurisdicción civil sobre el caso. El 16 de agosto, la Corte Suprema falló unánimemente a favor de la competencia militar, argumentando que la operación había tenido lugar en un distrito de Lima que se encontraba en estado de emergencia en ese momento. También dictaminó que el tribunal civil debía mantener la jurisdicción sobre cuatro de los acusados, incluidos Montesinos y el entonces comandante en jefe del ejército, el General Nicolás de Bari Hermoza, que, según la Corte, se habían saltado la cadena de mando. Además de asignar el caso a un tribunal carente de independencia e imparcialidad, la decisión prejuzgaba efectivamente una las cuestiones fundamentales del juicio: quién había dado las órdenes y con qué autoridad.

En abril, la Fiscal de la Nación nombró a Felipe Villavicencio Terreros Fiscal Especial para Casos de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones. El puesto se creó como resultado de un acuerdo amistoso, alcanzado en enero de 2001, entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual el Estado aceptaba la responsabilidad por 159 casos de desapariciones, la mayoría ocurridos en los años ochenta, y se comprometía a proseguir con las investigaciones judiciales para esclarecer el paradero de 250 víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. El Fiscal Especial recibió también el encargo de exhumar e identificar restos humanos. (Se creía que existían más de 500 fosas clandestinas en todo el país.) Lamentablemente, la nueva fiscalía padeció una grave escasez de medios. El Dr. Villavicencio contaba con dos fiscales adjuntos, pero carecía de asistencia con dedicación exclusiva de fiscales locales y de presupuesto para elaborar una base de datos.

Los intentos del gobierno de lograr que Japón extraditara a Alberto Fujimori para que se enfrentara a los cargos de corrupción y violaciones de los derechos humanos progresaron muy poco. En junio, el gabinete aprobó una petición de un magistrado de la Corte Suprema para dar curso a la solicitud de extradición. A principios de noviembre todavía se estaba traduciendo al japonés el voluminoso expediente. El vocero de Fujimori anunció en junio que Fujimori estaba planeando presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2006.

El 26 de julio, el Presidente Toledo presentó un proyecto de ley para la reforma de las draconianas leyes antiterroristas, heredadas del gobierno de Fujimori. El gobierno guardaba la esperanza de poder rebajar las críticas internacionales corrigiendo las deficiencias de estas leyes en materia de garantías procesales, a la vez que las endurecía y aseguraba que las personas condenadas por terrorismo no pudieran justificar su puesta en libertad por dichas deficiencias: por ejemplo, aquellas personas detenidas por cometer un segundo acto terrorista tras una primera condena podrían estar recluidas hasta 30 años como "medida de seguridad", contraviniendo la presunción de inocencia; y los sospechosos de cometer actos terroristas podían estar detenidos hasta seis años sin que se determinara su culpabilidad, si la investigación de su caso resultaba "especialmente difícil".

La tortura continuó siendo un problema grave. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos, documentó 53 casos, ocurridos entre enero de 2001 y agosto de 2002, relacionados con 77 víctimas de tortura, 15 de ellas muertas a consecuencia de la misma. Una ley promulgada en 1998 prohibiendo explícitamente la tortura tuvo escasa eficacia frente a la impunidad reinante. En los cuatro años transcurridos desde su entrada en vigor sólo hubo tres condenas. Muchos fiscales no formularon cargos, o lo hicieron por un delito menor como el de "abuso de autoridad". En otros casos, los fiscales del ejército asumieron que la tortura debía juzgarse como un delito tipificado en el Código Penal Militar. Con frecuencia, realizaron una investigación paralela a la de los tribunales civiles, se negaron a cooperar con ellos y reclamaron oficialmente su jurisdicción sobre los casos.

Lo drogaron presuntamente con una tela impregnada y le introdujeron en el ano un bote de polvo de talco con una bombilla en el interior.

En 2002, fueron especialmente preocupantes las denuncias de tortura contra reclutas militares. En septiembre, la COMISEDH había documentado nueve de estos casos. En la noche del 9 de julio, tres sargentos de la base militar Domingo Ayarza en Huamanga despertaron al recluta Rolando Quispe Berrocal, de 19 años, lo drogaron presuntamente con una tela impregnada y le introdujeron en el ano un bote de polvo de talco con una bombilla en el interior. Tras su hospitalización y la operación de sus lesiones, los oficiales militares montaron guardia a su alrededor y le amenazaron a él y a sus familiares. El 24 de julio, el fiscal militar de Ayacucho le acusó de mentir, afirmando que era homosexual y que se había provocado las lesiones él mismo. Al mes siguiente, lo condenaron a 30 días de detención y a pagar una indemnización de 1.500 soles (unos 416 dólares). Al mismo tiempo, un tribunal militar abrió una investigación por "abuso de autoridad" contra los responsables de su tortura.

A pesar de las mejoras positivas en las normas sobre personas condenadas o detenidas por delitos terroristas, la infraestructura carcelaria se mantuvo en un estado deplorable, con un severo hacinamiento de presos. La prisión Lurigancho de Lima, por ejemplo, con capacidad para 1.800 presos, albergaba a unos 7.000. Los presos dormían amontonados en filas sobre el suelo de grandes pabellones. Los presos con tuberculosis o VIH/SIDA (el 2,6 por ciento de los reclusos en 1999, y la mayoría en una fase avanzada de la enfermedad) fueron atendidos por voluntarios de Médicos Sin Fronteras, a falta de atención médica oficial. La población reclusa de la remota prisión de alta seguridad de Challapalca, en Puno, situada a más de 4.000 metros de altura en los Andes, se duplicó de cincuenta a un centenar en 2002. Dada la escasez de oxígeno, el aislamiento y las bajísimas temperaturas, la defensoría del pueblo de Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían pedido reiteradamente el cierre de la prisión porque ponía en peligro la salud de los presos y del personal.

En agosto, el gobierno promulgó una ley sobre el libre acceso a la información, con el objetivo de promover la transparencia oficial. La ley establecía que toda la información en manos del Estado era, en principio, pública, y fijaba sanciones por negarse a revelarla. El Consejo de la Prensa Peruana dijo que la ley era un paso en la dirección correcta, pero que se había aprobado de manera precipitada y sin suficiente debate. Criticó, en particular, una disposición por la que se permitía al gabinete clasificar información por razones de seguridad nacional demasiado amplias.

La defensa de los derechos humanos

Edward Álvarez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), prestigiosa organización de derechos humanos, recibió amenazas de José Eduardo Tomanguilla, un teniente de la policía que acababa de ser condenado a diez años de cárcel por la tortura y la desaparición de Alejandro Trujillo, en marzo de 2000. Poco después, Tomanguilla se fugó de la cárcel, lo que hizo temer por la seguridad de Álvarez.

En el momento de escribir este informe, el Congreso peruano todavía no había nombrado al sucesor del Dr. Jorge Santistevan para el puesto de Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo llevaba sin titular desde diciembre de 2000, y estaba siendo dirigida provisionalmente por el adjunto de Santistevan, Walter Albán. Este organismo continuó ganándose la credibilidad y un amplio apoyo popular por su vigor e independencia en la defensa de los derechos humanos. En mayo, Human Rights Watch escribió al Presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, instándole a que se nombrara rápidamente a una persona competente para el puesto.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas

En la sesión de abril de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Perú adoptó la positiva medida de extender una invitación permanente a los organismos de vigilancia del respeto a los derechos humanos, sumándose a un grupo selecto de cinco países del continente.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer felicitó a Perú por los "grandes avances" en la promulgación de leyes para combatir este problema. Sin embargo, varios expertos señalaron que, en las elecciones de abril de 2001, se había incumplido el sistema de cuotas para mujeres candidatas en algunas partes del país.

La Organización de Estados Americanos

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo públicas sus conclusiones sobre el caso de la ciudadana estadounidense Lori Berenson.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo públicas sus conclusiones sobre el caso de la ciudadana estadounidense Lori Berenson, condenada por terrorismo por un tribunal civil en junio de 2001. La Comisión concluyó que se había violado el principio de legalidad en el juicio, así como las garantías procesales de Berenson. Sus observaciones se centraron en la ley antiterrorista de 1992 que sirvió de base para el proceso judicial. La Comisión también criticó el uso de pruebas obtenidas durante el primer juicio por un tribunal militar y pidió a Perú que reparara la violación de los derechos de Berenson y reformara las leyes antiterroristas.

Durante una visita a Perú en agosto, Marta Altolaguirre, miembro de la citada Comisión, anunció que el Ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero, se había comprometido a seguir las recomendaciones de la CIDH para el cierre de la prisión Challapalca.

En octubre, la Comisión admitió a trámite una denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo y una organización de derechos de la mujer en la que se alegaba que las autoridades electorales habían incumplido la cuota del 30 por ciento de candidatas en tres distritos.

Estados Unidos

El 7 de enero, el Departamento de Estado hizo público un conjunto de 38 documentos desclasificados en respuesta a una petición del comité del Congreso peruano encargado de investigar los cargos de corrupción y violaciones de los derechos humanos contra Vladimiro Montesinos. Ese mismo mes, el Archivo de Seguridad Nacional, una organización con sede en Washington, publicó otros 41 documentos obtenidos mediante la Ley de Libre Acceso a la Información (Freedom of Information Act). Todos estos documentos aportaron valiosa información para las investigaciones judiciales en curso sobre violaciones de los derechos humanos en Perú. En septiembre, durante una visita de Toledo a Washington, el Departamento de Estado anunció la pronta desclasificación de otros 54 documentos.

En julio, los funcionarios estadounidenses confirmaron, al parecer, su intención de reanudar las misiones conjuntas de interceptación aérea contra el narcotráfico en Perú. Dichas operaciones se habían suspendido en abril de 2001, después de la muerte de la misionera Verónica Bowers y su hija de corta edad cuando un caza peruano derribó el avión en que volaban al confundirlo con una aeronave de los narcotraficantes.

Según un comunicado de prensa emitido en marzo por la Asociación Bautista para el Evangelismo Mundial (ABWE, por sus siglas en inglés), "tras recibir la advertencia de que el gobierno de Estados Unidos no haría nada por nuestros misioneros a menos que lo eximiéramos de toda responsabilidad económica por las pérdidas habidas en nuestra organización, ABWE ha decidido aceptar esta condición". Human Rights Watch supo que Estados Unidos estaba considerando atribuir la responsabilidad exclusiva a los pilotos peruanos al reanudarse el programa, lo que le hacía más fácil negar cualquier responsabilidad en caso de errores con resultado de muerte o lesiones graves. En agosto, Human Rights Watch escribió al Presidente Toledo instándole a que rechazara este tipo de programa siempre que conllevara un empleo ilegítimo de fuerza letal contra civiles, fueran o no narcotraficantes.