
Actualidad	Informaciones de fondo	Documentación	Opiniones	Enlaces	Contacto

PERÚ: La situación de derechos humanos

Informe de Human Rights Watch 2002

A finales de 2000, tras una serie de dramáticos acontecimientos, el desacreditado gobierno represivo del Presidente Alberto Fujimori cayó y surgió de nuevo la esperanza de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Aunque Perú se enfrentaba a la herencia de una década de gobierno autoritario, tanto el gobierno de transición de Valentín Paniagua como el nuevo gobierno del Presidente Alejandro Toledo tomaron medidas importantes a lo largo de 2001 para reforzar las instituciones democráticas y el estado de derecho, a la vez que se ocupaban de los problemas de derechos humanos, largamente desatendidos.

Después de que Fujimori asumiera por tercera vez consecutiva el gobierno del país tras ganar en mayo de 2000 unas elecciones completamente desacreditadas, su gobierno cayó en noviembre del mismo año, en medio de un grave escándalo de corrupción política. Fujimori escapó a Japón, país de origen de sus padres, y desde allí envió su renuncia por fax. El Congreso peruano declaró a Fujimori no apto moralmente para presidir el país y encomendó a su Presidente, Valentín Paniagua, el gobierno de transición. Durante los ocho meses de su mandato, el gobierno transitorio de Paniagua logró importantes avances en materia de derechos humanos y preparó el terreno para que en abril de 2001 se celebraran nuevas elecciones presidenciales justas. Un fiscal especial, nombrado por Fujimori durante el último mes que estuvo en el poder, comenzó a desentrañar la amplia trama de corrupción tejida por Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori. Paniagua creó la Comisión de la Verdad con el fin de establecer responsabilidades por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los abusos de las guerrillas durante el período de veinte años -desde 1980- de la guerra de Perú contra la insurgencia. El gobierno del Presidente interino también tomó medidas para mejorar las condiciones penitenciarias y aceleró la puesta en libertad de los presos condenados o procesados injustamente por delitos de terrorismo por los ampliamente reprobados tribunales antiterroristas de Fujimori.

Durante los ocho meses de su mandato, el gobierno transitorio de Paniagua logró importantes avances en materia de derechos humanos.

El 28 de julio de 2001 fue investido Presidente Alejandro Toledo después de vencer estrechamente en la segunda vuelta a Alan García. García ya había sido Presidente entre 1985 y 1990, y se presentaba por segunda vez a la presidencia en las elecciones de junio. Toledo, que había encabezado la oposición a Fujimori durante dos años, declaró que su gobierno se comprometía a restablecer completamente los derechos humanos, la responsabilidad ante la ley, y el estado de derecho, e incluyó en su gabinete a miembros de las organizaciones no gubernamentales peruanas pro derechos humanos.

Tanto el gobierno de transición como el de Toledo tomaron medidas importantes para llevar ante la Justicia a miembros del gobierno de Fujimori acusados de violaciones a los derechos humanos y corrupción. El 23 de junio, el que fuera jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y comandatario virtual de Perú junto al Presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue detenido en Caracas, Venezuela, después de ocho meses en paradero desconocido. En septiembre de 2000 había tratado de obtener asilo en Panamá y al no conseguirlo había vuelto clandestinamente a Perú en el mes de octubre; tras eludir a sus captores, había huido en yate a Venezuela, desde donde fue repatriado a Perú. Montesinos fue encarcelado y está a la espera de juicio, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En mayo, el Procurador ad hoc, José Ugaz, informó de que 74 ex miembros del gobierno, jueces, legisladores y empresarios estaban detenidos, acusados de diversos delitos de corrupción, y de la congelación de las cuentas en bancos extranjeros en las que Montesinos y sus secuaces mantenían 153 millones de dólares. Para noviembre, más de un millar de personas estaban siendo investigadas por corrupción, según declaró un alto funcionario judicial. Muchos fueron descubiertos cuando se exhibieron en el Congreso los vídeos secretos que Montesinos filmó en la sede del SIN en Lima. En ellos se les veía aceptando sobornos del ex jefe de inteligencia. Entre los detenidos estaban los antiguos jefes del Ejército, el General Nicolás de Bari Hermoza Ríos y el General José Villanueva Ruesta, durante cuyos mandatos el Ejército había estado bajo las órdenes indirectas de Montesinos. En conjunto, más de treinta oficiales de alta graduación fueron acusados de corrupción, tráfico de drogas, interceptación de líneas telefónicas de opositores al gobierno, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos. Diecinueve estaban detenidos o bajo arresto domiciliario en octubre de 2001.

El 27 de agosto, el Congreso votó unánimemente retirarle a Fujimori la inmunidad que impedía que fuera juzgado como jefe de estado. El 5 de septiembre, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, presentó cargos contra él por asesinato, lesiones graves y desapariciones. Fujimori fue acusado de ser coautor, junto a Montesinos, de quince ejecuciones extrajudiciales -entre ellas la de un niño de ocho años- perpetradas en 1991 durante una fiesta que se celebraba para conseguir fondos en un vecindario pobre del distrito de Barrios Altos, en Lima. También se les acusaba de la desaparición en 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta. Estos delitos se atribuyeron al Grupo Colina, un escuadrón paramilitar bajo las órdenes de Montesinos, jefe de facto del SIN, y del que Fujimori era responsable último. Para junio, diecinueve supuestos miembros del Grupo Colina se enfrentaban a cargos por la masacre de Barrios Altos. Entre ellos había varios que habían sido puestos en libertad en 1995 en virtud de dos amplias leyes de amnistía aprobadas por el Congreso, controlado por Fujimori. El 13 de septiembre, el magistrado de la Corte Suprema de Perú José Luis Lecaros dio a Interpol una orden internacional de detención contra Fujimori a efectos de presentar ante Japón una solicitud formal de extradición. Japón, que había concedido rápidamente la nacionalidad japonesa a Fujimori, señaló repetidamente que sus leyes prohibían la extradición de sus ciudadanos.

La Comisión de la Verdad, formada en junio por el Presidente interino Paniagua, comenzó su andadura con lentitud por problemas sobre su composición. Los grupos de derechos humanos criticaban la decisión del gobierno de incluir a Beatriz Alva Hart, una ex congresista partidaria de Fujimori, entre las siete personas que integraban la Comisión que presidía el Rector de la Universidad Católica, Salomón Lerner. Tras asumir el cargo, el Presidente Toledo confirmó la presencia de Hart en la Comisión y nombró a otros cinco miembros más, incluido un general de ejército retirado. Se facultó a la Comisión investigar las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos andinos y amazónicos y las violaciones a los derechos individuales, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. También se le concedió poder para realizar audiencias públicas y señalar a quienes considerara responsables de violaciones a los derechos humanos. Aunque la ley obligaba a los funcionarios gubernamentales a apoyar y cooperar con la Comisión, ésta carece de poder para citarles obligatoriamente a declarar. La Comisión tenía planes para establecer oficinas regionales con el fin de obtener información en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado.

Los grupos guerrilleros continuaron cometiendo abusos. Aunque el estado de emergencia no estaba declarado en ningún punto del país, se siguieron recibiendo informes de casos aislados de actividad guerrillera. En la región de Alta Huallaga, en los departamentos de Huánuco y San Martín, el grupo guerrillero Sendero Luminoso asesinó en marzo, en diversos sucesos, a catorce civiles no combatientes. Las víctimas eran presuntos ex guerrilleros o simpatizantes de las guerrillas a quienes sus captores acusaban de colaborar con el gobierno. En las regiones selváticas de Junín y Ucayali continuaban operando las últimas facciones de Sendero Luminoso, al parecer, junto a traficantes de cocaína. La preocupación por el reclutamiento forzoso de indios Asháninka, forzados a trabajar para las guerrillas, no cesó. El 7 de agosto, en la selva cercana a Satipo, cuatro policías que trataban de interceptar una columna de Sendero Luminoso murieron al caer en una emboscada guerrillera. A Sendero Luminoso se le atribuía el secuestro de quince Asháninkas cuyas identidades no fueron reveladas por temor a represalias. Sucesos como éstos enfrentaron al gobierno de Toledo al reto de responder con eficacia al terrorismo sin cometer los abusos de los derechos humanos del pasado.

La liberación de numerosos presos encarcelados bajo falsas acusaciones o condenados injustamente por terrorismo en virtud de las leyes antiterroristas aprobadas en 1992 por Fujimori prosiguió con decisión. Entre noviembre de 2000 y mediados de julio, el gobierno otorgó 144 perdones y conmutó 52 sentencias siguiendo las recomendaciones de una comisión especial nombrada por Fujimori para examinar las peticiones de perdón presidencial. A pesar de ello, los grupos no gubernamentales de derechos humanos, que también habían enviado solicitudes de indulto, apremiaron al gobierno para que acelerara la excarcelación de presos. A comienzos de agosto, más de cien casos presentados por las asociaciones humanitarias y las iglesias esperaban aún la aprobación gubernamental. La situación de cientos de campesinos objeto de órdenes de detención por terrorismo emitidas años antes mejoró en cierto modo al aprobarse en junio una ley que permitía a los jueces suspender la investigación o a los acusados testificar voluntariamente sin ser detenidos.

Para octubre, el gobierno no había presentado ningún plan para revisar las sentencias y los procesos de más de dos mil presos declarados culpables de terrorismo o traición a la patria por los tribunales antiterroristas. La actuación de estos tribunales violaba de forma sistemática el debido proceso y había sido criticada internacionalmente. Sin embargo, en mayo, el Consejo Supremo de Justicia Militar, el más alto tribunal militar de Perú, anunció que cuatro chilenos, miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) a los que un tribunal militar "sin rostro" había sentenciado en 1994 a cadena perpetua por traición, serían juzgados de nuevo ante un tribunal civil. La decisión auspiciaba la entrada en vigor de una decisión de 1999 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que Fujimori había citado como pretexto para retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte. En junio, un tribunal antiterrorista civil, presidido por el juez Marcos Ibazeta, juzgó de nuevo a la estadounidense Lori Berenson, a quien un tribunal militar "sin rostro" había sentenciado a cadena perpetua en 1996 por el delito de traición. Berenson había sido declarada culpable de participar en el intento fallido de secuestrar a los miembros del Congreso para forzar la liberación de los miembros detenidos del MRTA. Tras tres meses de juicio a puertas abiertas, en los que se permitió a su abogado interrogar a los testigos, Berenson fue condenada a veinte años de cárcel por colaborar con el grupo.

Se tomaron ciertas medidas positivas para remediar las condiciones inhumanas de los penales peruanos, otra herencia de los años en los que se desatendieron los derechos humanos básicos. El hacinamiento era grave, con más de 27.000 prisioneros en instalaciones preparadas para alojar a un máximo de 20.000 reclusos. Las largas condenas y la costumbre de encarcelar a los acusados antes de someterlos a juicio contribuían a agravar el problema. Además, una alimentación insuficiente, la falta de higiene y unos servicios médicos inadecuados dificultaban aún más la situación. Más de la mitad de las prisiones tenían infraestructuras y medios muy inadecuados. A comienzos de año, dos tercios de las prisiones estaban bajo control policial en vez de estar controladas por funcionarios de prisiones preparados. La extorsión y la violencia por parte de los guardas eran comunes.

Los condenados por delitos graves, como tráfico de drogas y terrorismo, no tenían derecho a ninguna reducción de la pena por buena conducta. Es más, durante años, los prisioneros condenados por actos de terrorismo fueron mantenidos encerrados bajo llave durante todo el tiempo y casi sin derecho a recibir visitas de familiares o a acceder a las zonas de recreo. En marzo, el Ministerio de Justicia introdujo normas nuevas por las que los presos podían permanecer fuera de sus celdas entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, recibir visitas familiares con más frecuencia y de mayor duración, y comunicarse en privado con sus abogados defensores. Se esperaba que para septiembre de 2001 las normas entraran en vigor y que se aplicaran por igual a todos los reclusos. A pesar de estos avances, no se tomaron medidas para el cierre del aislado penal de alta seguridad de Challapalca, situado a 14.000 pies de altura en los Andes, cerca de Puno, un lugar en el que la falta de oxígeno y las bajas temperaturas con stituyen un grave problema para la salud. Aunque algunos reclusos fueron trasladados a otros centros, cincuenta presos continuaban allí.

La libertad de prensa se benefició rápidamente de la caída del régimen de Fujimori y del desmantelamiento del SIN en septiembre de 2000. Por ejemplo, en diciembre de 2000 retornó del exilio Baruch Ivcher, propietario de Canal 2-Frecuencia Latina, quien en 1997 fue despojado de la nacionalidad peruana y de las acciones en la emisora que controlaba, por denunciar los abusos cometidos por el SIN. Unos meses después de su retorno, un tribunal le devolvió la propiedad de la compañía. Sin embargo, varios propietarios de medios de comunicación están acusados de haber aceptado sobornos de Montesinos a cambio de favorecer al gobierno de Fujimori.

En las provincias, los periodistas siguieron enfrentándose a amenazas y acciones legales en represalia por cubrir críticamente la actuación de políticos y autoridades locales. Las radios locales fueron especialmente vulnerables. De las treinta quejas que estudió entre enero y julio el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) un grupo no gubernamental a favor de la libertad de prensa, veintiocho eran de fuera de Lima, y veintidós de emisoras de radio. La Defensoría del Pueblo presentó al Congreso un proyecto de ley que deroga el artículo 374 del Código Penal, que penaliza la difamación de las autoridades públicas. El proyecto estaba en estudio en el momento de redactar este informe.

La defensa de los derechos humanos

Tanto el gobierno de Paniagua como el de Toledo expresaron apoyo y gratitud por el trabajo de los observadores de derechos humanos. La contribución de las organizaciones de derechos humanos fue vital en el debate público que se desarrolló durante los meses que precedieron a la elección de Toledo. Ambos gobiernos contaron entre los integrantes de sus gabinetes con defensores de los derechos humanos con amplia experiencia en organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones, agrupadas en la prestigiosa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) promovieron con éxito la creación de una Comisión de la Verdad antes de que tomara posesión del cargo en julio el Presidente electo, y para ello contaron con el apoyo de los dos candidatos. En septiembre, Toledo nombró a Sofía Macher, Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, miembro de la Comisión.

La Defensoría del Pueblo publicó en noviembre de 2000 un informe exhaustivo sobre las desapariciones ocurridas entre 1980 y 1996. Basando sus datos fundamentalmente en archivos de la oficina del Fiscal General, el informe documentaba 4.022 casos de desaparecidos de los que seguía sin conocerse la suerte que habían corrido. En noviembre de 2001 se publicó una actualización del informe en la que el defensor del pueblo elevaba la cifra de desaparecidos hasta 6.362 al incluir casos registrados por los grupos de derechos humanos, pero que no habían sido denunciados de forma oficial.

En noviembre de 2000 desaparecieron equipos de almacenamiento de datos de las oficinas de dos organizaciones pertenecientes a la CNDDHH, Paz y Esperanza y Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH). Los robos tuvieron lugar poco después de que la CNDDHH presentara una demanda criminal contra los responsables de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

El papel de la comunidad internacional

Las Naciones Unidas

El Comité de Derechos Humanos criticó los abusos del Poder Judicial. En las Observaciones Finales del Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 40 del Pacto, publicado en noviembre de 2000, el Comité recomendaba al gobierno, respecto a las leyes de amnistía de 1995, "la revisión y revocación de dichas leyes de amnistía que contribuyen a crear una atmósfera de impunidad". El Comité también señalaba que Perú "debe establecer un mecanismo eficaz para la revisión de todas las condenas impuestas por los tribunales militares en los casos de delitos de terrorismo y traición a la patria", y expresaba su inquietud por las malas condiciones carcelarias.

La Organización de los Estados Americanos

Los organismos de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ayudaron a solventar algunos de los abusos cometidos durante la era Fujimori y a promover la justicia para las víctimas, al tiempo que Perú demostró un nuevo compromiso con el cumplimiento con las recomendaciones de la OEA. El 18 de enero, el Congreso peruano revocó la decisión de julio de 1999 por la que Perú no reconocía la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una resolución que la Corte había considerado inadmisible. En febrero, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó a Perú que devolviera a Baruch Ivcher su participación accionarial mayoritaria en la cadena de televisión Canal 2-Frecuencia Latina, y que le indemnizara por daños y perjuicios por valor de 70.000 dólares. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 1998, Perú rehabilitó a tres miembros del Tribunal Constitucional que habían sido destituidos en 1997 por oponerse a los planes de reelección de Fujimori.

En marzo, en una resolución histórica, la Corte Interamericana decidió por unanimidad que la aplicación de las leyes de amnistía de 1995 al caso de la matanza de Barrios Altos era incompatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos y por tanto carecía de efecto legal. La Corte instó a Perú a juzgar a los responsables y a compensar a las víctimas. Pocos días después de que se tomara esta decisión, la policía peruana detuvo y acusó de asesinato a varios presuntos miembros del Grupo Colina, incluidos dos antiguos generales. En septiembre, la Corte Interamericana respondió a la solicitud del gobierno peruano de que aclarara el alcance de la decisión sobre Barrios Altos. La Corte afirmó que la aplicación de las leyes de amnistía a cualquier caso de violación a los derechos humanos supondría violar la Convención Americana. En octubre, el Consejo Superior de Justicia Militar anuló la decisión que tomó en 1995 de aplicar las leyes de amnistía a los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

La Unión Europea

La Unión Europea suspendió su ayuda financiera a Perú en 1999-2000 bajo el gobierno de Fujimori. Los programas de ayuda se restablecieron en 2001, y los objetivos prioritarios fueron la reforma judicial e institucional y la lucha contra la pobreza.

Estados Unidos

En medio del escándalo que produjo la revelación de la conducta criminal de Vladimiro Montesinos, la prensa estadounidense publicó detalles de su larga asociación con la CIA, y del importante papel que Montesinos desempeñó en la lucha antidroga que Estados Unidos llevó a cabo en Perú. En septiembre de 2000, el periódico TheWashington Post informó de que la CIA había defendido a Montesinos en las reseñas de las agencias federales y había considerado irrelevantes y no probadas las informaciones que le atribuían haber "orquestado" violaciones a los derechos humanos a comienzos de los noventa. Según el diario, Estados Unidos mantuvo su asociación con Montesinos hasta bien avanzado el 2000, hasta que aparecieron pruebas de que el asesor de Fujimori había participado en la venta ilegal de rifles de asalto a guerrillas colombianas de izquierda. En junio, la organización no gubernamental estadounidense de defensa de la libertad de información, National Security Archive (NSA), publicó documentos desclasificados en virtud de la ley que permite un acceso a los archivos de las agencias federales, Freedom of Information Act, acerca de los primeros lazos entre EEUU y Montesinos, que se remontaban a los años setenta. Otros documentos mostraban que Estados Unidos recibió informes sobre la creciente influencia de Montesinos en Fujimori ya en 1990. Siguiendo, al parecer, una decisión de alto nivel de romper definitivamente los lazos con Montesinos, el FBI prestó a Perú una valiosa ayuda para su captura en junio en Caracas.

En julio, Human Rights Watch escribió una carta al Presidente George W. Bush con el fin de manifestarle su preocupación por la muerte, el 20 de abril, de Veronica Bowers, una misionera, y de su hija pequeña. Las muertes se produjeron al ser derribado su avión durante una operación de vigilancia antidroga que realizaban conjuntamente Perú y Estados Unidos. Human Rights Watch instó a que los pilotos recibieran instrucciones claras de no emplear fuerza letal en ausencia de una amenaza violenta inminente. Un informe conjunto de los dos países, hecho público por el Departamento de Estado en el mes de agosto, señalaba que la tragedia se debió a una mala actuación y a que el piloto peruano no emitió una advertencia adecuada.