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PERÚ: La situación de derechos humanos

Informe de Human Rights Watch 2000

El 2000 fue el año más turbulento para Perú desde 1992, cuando el Presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió poderes dictatoriales. Las circunstancias en las que Fujimori tomó posesión del cargo presidencial por tercera vez consecutiva, el 28 de julio, fueron un síntoma de la profunda crisis de legitimidad que enfrentaba su gobierno después de una década en el poder. La policía acordonó el edificio del Congreso y empleó cañones de agua y gases lacrimógenos contra miles de manifestantes. Cuando el Presidente entregaba su banda para recibirla de nuevo de manos de su leal líder en el Congreso, Martha Hildebrandt, todos menos seis representantes de la oposición salieron protestando del lugar. Las elecciones a la presidencia y el congreso del 9 de abril, viciadas desde el principio por la inconstitucionalidad de la candidatura del Presidente, fueron unas de las más cuestionadas de la región en los últimos años.

Se acusó claramente al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por el asesor en la sombra de Fujimori, Vladimiro Montesinos, de hostigar a candidatos de la oposición y manipular a la prensa, los tribunales y los organismos electorales para garantizar la reelección de Fujimori. El 16 de septiembre, para sorpresa general, Fujimori anunció el desmantelamiento del SIN y la celebración de nuevas elecciones a las que no presentaría su candidatura. El anuncio se produjo después de la emisión televisiva de un video en el que aparecía Montesinos sobornando presuntamente a un congresista de la oposición para que se pasara al partido gobernante. Una semana después, Montesinos huyó a Panamá, donde solicitó asilo sin éxito. Regresó a Perú en octubre, poco después de que el Gobierno propusiera una extensión de la ley de amnistía para que cubriera los crímenes de derechos humanos cometidos desde 1995, y su inclusión en la Constitución. Cuando se escribió este informe, no se había extendido la ley de amnistía. Aunque Fujimori tomó algunas medidas para distanciarse de Montesinos, reemplazó, sin embargo, en octubre al jefe de las Fuerzas Armadas por un general considerado por muchos un aliado de Montesinos.

La campaña para la reelección de Fujimori estuvo plagada de escándalos e irregularidades, y sólo la presión internacional concertada aplicada en el último momento parecía haber convencido a Fujimori de la celebración de una segunda ronda, después de retrasos inexplicables en el anuncio de los resultados de la primera votación. Contaba entonces con un plazo de 50 días para adoptar las reformas planteadas por la misión de observación electoral de la OEA, antes de la segunda vuelta prevista para el 28 mayo. Cuando se iba acercando la fecha, el candidato de la oposición, Alejandro Toledo, retiró su candidatura por considerar que las condiciones seguían siendo injustas. La misión de la OEA, presente en Lima desde principios de marzo, pidió a la junta electoral que retrasara la fecha para que se pudieran cumplir sus condiciones mínimas, pero la junta se negó. Fujimori salió elegido como candidato único.

Durante su toma de posesión, la policía de Lima hizo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Dispararon cartuchos de gases lacrimógenos desde vehículos en movimiento y tejados, así como desde posiciones en la calle, a veces a la altura del cuerpo y directamente contra los manifestantes. También emplearon los gases lacrimógenos en espacios cerrados. Varias personas resultaron gravemente heridas por los impactos de los cartuchos, entre ellas Aldo Gil Crisóstomo, que perdió un ojo, el artista y activista de derechos humanos Víctor Delfín, y el periodista estadounidense Paul Vanotti. Durante la mañana, personas sin identificar incendiaron varios edificios públicos del centro de la ciudad, entre ellos el Banco Nacional, un incendio en el que murieron seis guardias de seguridad. Bandas armadas atacaron a los bomberos y destruyeron el equipo de extinción, hostigaron a periodistas y amenazaron a observadores de derechos humanos, que no pudieron acceder a la escena de los hechos. El hecho de que la Policía no protegiera los edificios y detuviera a los responsables levantó la sospecha de complicidad gubernamental. El 29 de julio, una congresista partidaria de Fujimori acusó de la "autoría intelectual" de la violencia del día anterior al líder de la oposición, Alejandro Toledo, y a los congresistas Anel Townsend y Jorge del Castillo.

Fujimori y Montesinos sometieron a sus críticos reales y posibles al hostigamiento legal y la difamación. Gracias a su influencia sobre los tribunales y la hacienda pública, Fujimori se había asegurado el apoyo de varios canales de televisión y de radio que le habían criticado anteriormente. Se lanzaron acusaciones penales falsas contra medios independientes tales como diario más respetado de Perú, El Comercio. La mano del Gobierno en estas maniobras se ocultó tras la apariencia de disputas de salón de juntas entre los accionistas. En las provincias, los periodistas sufrieron ataques físicos por sus opiniones contrarias al Gobierno. Varios tabloides populares, cuya información procedia, según muchos, del SIN, montaron una campaña de acusaciones escandalosas y sátiras de los candidatos de la oposición y los medios que los respaldaban. Muchos creían que la aluvión constante de rumores malintencionados había destruido las posibilidades del ex alcalde de Lima, Alberto Andrade, de presentarse a las elecciones presidenciales. Los simpatizantes del Gobierno desestimaron estos ataques y alegaron que se trataba de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El 29 de febrero, El Comercio desveló que un consejero partidario de Fujimori había organizado la falsificación de más de un millón de firmas para garantizar el registro del Frente Perú 2000, uno de los partidos de la alianza fujimorista, utilizando nombres del registro de las elecciones municipales de 1998. El escándalo obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cancelar el registro del partido. Además, dos candidatos implicados en el fraude se vieron obligados a renunciar y dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del recuento de votos y el cómputo de los resultados, fueron suspendidos. Sin embargo, las autoridades electorales no llevaron a cabo una investigación exhaustiva y transparente. En cambio, el JNE transfirió la responsabilidad a la fiscal especial Mirtha Trabucco Cerna, cuya investigación se retrasó excesivamente y quien acusó finalmente tan sólo a un funcionario de bajo nivel, así como a los que participaron en el fraude y lo denunciaron después. El 28 de junio, cuatro meses después del estallido del escándalo, una comisión de investigación parlamentaria aportó conclusiones que supusieron en la práctica un encubrimiento. El escándalo de la falsificación reforzó la falta de credibilidad tanto del JNE como de la ONPE.

El Defensor del Pueblo de Perú, Jorge Santistevan, y la organización no gubernamental de observación Transparencia documentaron otras irregularidades graves durante la campaña; entre ellas la negativa a permitir que los canales de televisión de emisión abierta vendieran tiempo de pantalla a los candidatos de la oposición (hasta los últimos momentos de la campaña, cuando se notó una pequeña mejora); la ínfima, tendenciosa y distorsionada cobertura informativa de la campaña de la oposición; los ataques físicos contra los mítines de la oposición y la alteración de los mismos; y el uso inadecuado de los recursos y el personal del Estado en apoyo de la campaña de la alianza electoral de Fujimori, Perú 2000. Otros abusos documentados fueron el empleo de ayuda alimentaria y otros programas de asistencia a los pobres para recabar su apoyo y evitar los votos en contra la elección de Fujimori.

Una rápida evaluación llevada a cabo por Transparencia en la noche de las elecciones del 9 de abril demostraba que ninguno de los candidatos se acercaba al 51 por ciento necesario para la victoria en la primera vuelta. Sin embargo, la ONPE tardó 12 horas en ofrecer sus resultados parciales, según los cuales Fujimori estaba por delante de Toledo y se acercaba a la victoria con el 49,88 por ciento de los votos. Sus centros de cómputo de Lima permanecieron cerrados hasta la tarde del 10 de abril, lo que impidió que los observadores de la OEA supervisaran el conteo de votos. El sistema de cómputo produjo anomalías extraordinarias, tales como el registro aparente de más de un millón de votos por encima del número de votantes registrados. Tras la firme presión de Estados Unidos, la OEA y algunos países europeos, el JNE anunció finalmente el 12 de abril la celebración de una segunda vuelta de las elecciones. Las elecciones al Congreso se vieron afectadas por retrasos mucho más largos.

El Gobierno empleó varios métodos para hostigar e intimidar los medios de la oposición. El 2 de febrero del 2000, el 30º Juzgado de Primera Instancia confiscó el equipo de transmisión de Radio 1160, propiedad de Genaro Delgado Parker, en aplicación de un embargo solicitado por un acreedor. La confiscación silenció las emisiones del popular comentarista político de la oposición César Hildebrandt. El programa volvió a las ondas con un nuevo transmisor, que también fue embargado y confiscado por orden de un juez provisional sin cargo, y vulnerable por lo tanto a las presiones políticas.

Entre los medios escritos de la oposición que sufrieron la persecución judicial estaban El Comercio y Liberación, un periódico abiertamente de la oposición dirigido por Hildebrandt. Liberación se escapó por muy poco del cierre cuando un juez provisional ordenó el embargo y la confiscación de su prensa. Casi al mismo tiempo, un juez de Lima ordenó la confiscación de las cuentas bancarias y la prensa de la Editora Correo, que publica El Correo de Piura, tras la presentación de una demanda por difamación de 600.000 dólares por parte de un Congresista partidario de Fujimori. En agosto, el director de la empresa que publica Expreso, un tabloide pro Fujimori, interpuso una demanda por difamación de un millón de dólares contra Hildebrandt y otros dos periodistas de Liberación.

Los periodistas de la oposición también recibieron amenazas anónimas. El 8 de junio, Mónica Vecco, una reportera de investigación de La República, el diario más destacado de la oposición, recibió un mensaje amenazante por correo electrónico de una organización autodenominada Grupo 5 de Abril (en referencia a la fecha en que Fujimori asumió poderes dictatoriales en 1992). Ese día, La República había publicado un reportaje de Vecco en el que se relacionaba a oficiales de Perú 2000 con el SIN. Cuatro periodistas de Radio Santa Rosa de Lima fueron atacados físicamente o amenazados en diferentes incidentes ocurridos en mayo. Había informado sobre los intentos de Perú 2000 de presionar a los asistentes a los comedores populares de barrios pobres para que votaran a Fujimori. Los ataques físicos y las amenazas de muerte contra periodistas radiofónicos también fueron habituales en las zonas rurales.

A pesar de una ley contra la tortura promulgada en 1998, la práctica siguió siendo generalizada y sus responsables fueron rara vez condenados. En un incidente relacionado, en la tarde del 1 de marzo del 2000, agentes de policía pertenecientes a la División de Operaciones Especiales (DIVOES) detuvieron a Alejandro Damián Trujillo Llontop en Lima, cuando estaba acompañado de algunos amigos, y se lo llevaron en un vehículo particular. El 14 de marzo, su padre denunció su desaparición al fiscal del distrito, pero la DIVOES negó haber realizado ningún arresto el 1 de marzo. El 8 de mayo, se informó a los familiares de Trujillo del hallazgo, el 2 de marzo, del cuerpo de un hombre de 22 años en la playa de Callao. Las huellas digitales y otras pruebas confirmaron que se trataba del cuerpo de Trujillo. Una autopsia indicó que su muerte se había producido durante las cuatro horas posteriores a su detención del 1 de marzo, y que el cuerpo tenía heridas características de la tortura.

Cuando venció a finales de 1999, no se renovó el mandato de la comisión establecida por Fujimori en 1996 para recomendar indultos presidenciales a cientos de presos inocentes acusados o condenados injustamente conforme a las draconianas leyes antiterroristas. Aunque la comisión había obtenido la puesta en libertad de 481 presos, más de 50 solicitudes de indulto aprobadas por la comisión estaban pendientes de la decisión del Presidente, mientras que los grupos no gubernamentales de derechos humanos habían presentado cuatro o cinco veces ese número de peticiones. Los que obtuvieron la libertad no recibieron compensaciones por los graves abusos que habían padecido. A finales de agosto, el Consejo Supremo de Justicia Militar aceptó una apelación de la ciudadana estadounidense Lori Berenson, condenada a cadena perpetua por un tribunal militar sin rostro por traición. Dentro de los que se interpretó en general como un gesto para la opinión pública de Estados Unidos, Berenson sería juzgada de nuevo ante una corte civil por el cargo de terrorismo.

La defensa de los derechos humanos

El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, fue atacado en los medios pro Fujimori a principios de marzo, cuando se hizo eco de las acusaciones de falsificación de firmas por parte del JNE y la ONPE y pidió que se investigaran. Ministros y congresistas pro Fujimori alegaron que Santistevan había intentado desacreditar las elecciones con la filtración de información a El Comercio, y apuntaron que podrían solicitar un juicio por prevaricación. Sin embargo, como reconoció posteriormente el Presidente Fujimori, la Constitución autoriza al Defensor del Pueblo a supervisar las acciones de los organismos públicos, entre ellos los órganos electorales. La oficina de Santistevan , junto con Transparencia, desempeñó un papel clave en la observación de las irregularidades durante la campaña electoral. Su afirmación de que las elecciones tenían "un defecto de fábrica"-en referencia a la candidatura inconstitucional de Fujimori-irritó al Gobierno, pero después de la intervención firme de la OEA, el Departamento de Estados de EE UU y varios embajadores europeos, cesaron los ataques contra Santistevan.

El 12 de junio, la esposa de Jesús Agreda Paredes, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos de Tacna, recibió una llamada telefónica de un hombre sin identificar que le dijo que le dijera a su esposo no se entrometiera en el caso Pacchia, porque si lo hacía le matarían. Agreda representaba a la viuda de Nelson Díaz Marcos, un detenido que había muerto presuntamente a causa de la tortura.

Durante la segunda semana de agosto, miembros del Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG de derechos humanos muy respetada, recibieron amenazas anónimas por correo electrónico. Uno de los mensajes, recibido también por el comentarista político Carlos Iván Degregori, decía "! Muere bastardo!" Según Degregori, algunos amigos suyos habían recibido una advertencia: "Está bajo vigilancia y sabemos todos sus movimientos. Sabemos quienes son sus amigos y lo que hacen... manténgase al margen. Está a tiempo... Primer aviso." El mensaje provenía de un grupo autodenominado Colina 2000 (el Grupo Colina fue un destacado escuadrón de la muerte del Ejército que operó en los noventa).

El papel de la comunidad internacional

La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo y Estados particulares, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos, emitieron declaraciones manifestando su preocupación por las irregularidades de las elecciones peruanas.

La Organización de Estados Americanos

La misión de observación electoral de la OEA, liderada por ex Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, realizó una observación franca, transparente y proactiva del proceso electoral. A diferencia de otras misiones de la OEA, cuyas deficiencias se habían criticado ampliamente, el equipo de Stein cubrió las condiciones previas a las elecciones durante todo un mes, antes de la votación del 9 de abril, se reunió constantemente con los organismos electorales con la intención de lograr condiciones más justas e informó públicamente de los avances en boletines periódicos. La misión fue un modelo para la futura observación electoral en la región.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada en Washington, D.C., el 31 de mayo, se rechazó la propuesta de Estados Unidos y Costa Rica de convocar una reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, conforme a la Resolución 1080-relativa a la respuesta de la OEA frente a la interrupción de la democracia en un país miembro-para debatir sanciones contra Perú. La votación en contra de la propuesta demostró que la mayoría de los países miembros se oponían a tomar medidas punitivas contra otro Estado parte a causa de unas elecciones injustas, lo que ponía de manifiesto los límites de la efectividad de la OEA para responder a las interrupciones del proceso democrático que no llegaran al nivel de un golpe de Estado.

La situación política en Perú se debatió intensamente en la reunión anual de la Asamblea General de la OEA. El 5 de junio, la Asamblea General acordó unánimemente el envío inmediato de una misión de alto nivel a Perú, integrada por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, para explorar las alternativas para la reforma del proceso electoral, restaurar la independencia de la judicatura y fortalecer la libertad de prensa. Como reflejo de la reticencia de la OEA a enfrentar la ilegitimidad de las elecciones, ambos delegados dejaron claro a su llegada a Lima, el 27 de junio, que no tenían la intención de proponer un calendario para unas nuevas elecciones. La misión salió del país dos días después, tras haber acordado con el Gobierno y la oposición la implementación de una lista de 29 reformas. La OEA estableció una misión permanente en Lima, encabezada por Eduardo Latorre, ex Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, para promover las reformas y asistir en su aplicación. Sin embargo, el escándalo de los sobornos de septiembre, cambió abruptamente el panorama. Tras el sorprendente anuncio del Presidente Fujimori de nuevas elecciones a la presidencia y el Congreso, las conversaciones entre el Gobierno y la oposición, patrocinadas por la OEA resultaron en un acuerdo de finales de octubre para la celebración de las elecciones el 18 de abril del 2001.

En el segundo informe sobre los derechos humanos en Perú publicado en junio por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA se señalaba que "el proceso eleccionario que ha tenido lugar en Perú constituye claramente una interrupción irregular del proceso democrático."

Las Naciones Unidas

En noviembre de 1999, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó sus observaciones finales sobre el informe presentado por Perú conforme al artículo 19 de la Convención contra la Tortura. Manifestaba su preocupación por las denuncias constantes de tortura, el hecho de que las autoridades no investigaran ni procesaran a los responsables y la falta de independencia de los miembros de la judicatura sin seguridad en sus puestos. En enero del 2000, el Comité sobre los Derechos del Niño publicó sus conclusiones sobre el informe de Perú en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Consideraba positivas las leyes decretadas para proteger a los niños frente a la violencia doméstica y sexual. Sin embargo, criticaba los decretos legislativos promulgados en 1998 para reducir la edad de responsabilidad penal por debajo de los límites permitidos en la Convención.

Estados Unidos

El gobierno de Clinton desempeñó un papel clave en la trastienda durante las negociaciones de la reunión de la Asamblea General de la OEA que condujeron a la misión Gaviria-Axworthy. Pero la decisión de enviar una misión era menos de lo esperado, tendiendo en cuenta la dureza de las primeras reacciones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado ante el resultado de las elecciones del 28 de mayo. "Una sociedad democrática está basada en elecciones libres, justas y abiertas. Sin ellas, nuestra relación con Perú se verá inevitablemente afectada," advirtió el Presidente Clinton. Mientras que un vocero del Departamento de Estado declaró: "No consideramos válidas las elecciones. La manera en que el régimen de Fujimori ha manejado estos problemas supone una amenaza grave para el sistema interamericano y su compromiso con la democracia." En el Congreso, tanto demócratas como republicanos respaldaron una acción firme si Fujimori seguía desafiando a la opinión internacional. El 7 de abril, el Congreso aprobó la Resolución Conjunta 43, en la que se advertía que si la comunidad internacional juzgaba que las elecciones no eran libres y justas, "Estados Unidos revisaría y modificaría como fuera pertinente sus relaciones políticas, económicas y militares con Perú; y colaboraría con otras democracias de este continente y del resto del mundo para restaurar la democracia en Perú." Sin embargo, tras la negativa de los miembros de la OEA a apoyar la propuesta estadounidense de aplicar la Resolución 1080, el gobierno de Clinton no persistió en su intento.

El 9 de marzo, funcionarios estadounidenses detuvieron al Mayor Tomás Ricardo Anderson Kohatsu, un agente de la inteligencia militar peruana implicado en graves violaciones a los derechos humanos. Tras una operación relámpago de organizaciones de derechos humanos estadounidenses para reunir pruebas, los funcionarios de inmigración detuvieron a Anderson en el aeropuerto de Houston, cuando se disponía a tomar un vuelo de regreso de Lima. Una cantidad abrumadora de pruebas implicaba a Anderson en la tortura en 1997 de Leonor La Rosa Bustamante, una ex agente de inteligencia que quedó parapléjica como resultado de la tortura. El Departamento de Justicia estaba preparando el procesamiento de Anderson conforme a la Ley de Tortura 18 USC 2340A, que contempla el juicio extraterritorial de personas implicadas en actos de tortura. Sin embargo, en una decisión lamentable, el Departamento de Estado bloqueó la detención y alegó que Anderson gozaba de inmunidad debido a que el Gobierno de Perú le había llevado a Estados Unidos para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Se puso en libertad a Anderson y se le permitió que saliera de Estados Unidos después de un interrogatorio de 12 horas.

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) retiró a sus observadores electorales de Perú después de que el JNE anunciara que no aceptaría las recomendaciones de retrasar las elecciones. La UE declaró que las elecciones no serían creíbles ni satisfarían las normas internacionales, y que la aceptación de los principios democráticos era una condición previa para el desarrollo de sus vínculos políticos y económicos con Perú.