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PERÚ: La situación de derechos humanos

Informe de Human Rights Watch 1999

En medio de las críticas internacionales a la injerencia de su gobierno en la judicatura y las actividades encubiertas para intimidar a la oposición y la prensa, el Presidente Alberto Fujimori continuó preparando el terreno para su segunda reelección en las elecciones previstas para el año 2000. Aunque Fujimori mantuvo la incertidumbre entre sus opositores sobre su intención de presentarse a las elecciones, su esfuerzos exitosos hasta la fecha para superar los obstáculos constitucionales a su reelección y el aumento de su popularidad en las encuestas de opinión hicieron que su candidatura pareciera casi inevitable. Una avalancha de denuncias contra Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante el combate contra la guerrilla, así como a las actividades ilegales de inteligencia destinadas a silenciar a los adversarios políticos y periodísticos, fue profundamente embarazosa para el gobierno de Fujimori. Entre ellas se encontraban alegaciones de que el asesor de Fujimori Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), había intervenido en la planificación de secuestros y asesinatos. El SIN estaba implicado asimismo en violaciones más recientes a los derechos civiles y políticos. Un caso clave estaba relacionado con la acusación de prevaricación y la destitución de tres miembros del Tribunal Constitucional en 1997, por dictar un fallo cuestionando el derecho constitucional de Fujimori a presentarse por tercera vez consecutiva a las elecciones. En diciembre de 1998, la Comisión Interamericana pidió la rehabilitación en el cargo de los jueces, pero después de que fracasaran los intentos de lograr un acuerdo amistoso a pesar de conceder más tiempo a Perú, la comisión remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente al aumento de la atención de la Comisión y la Corte Interamericanas, Perú adoptó la medida sin precedentes de retirar su reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana. La decisión se produjo después de que la corte dictaminara en junio que cuatro chilenos condenados por un tribunal militar "sin rostro" a cadena perpetua por traición habían sido juzgados injustamente y ordenara la celebración de un nuevo juicio. La Unión Europea, Estados Unidos y miembros del movimiento internacional de derechos humanos criticaron al gobierno peruano por cerrar una vía fundamental de resarcimiento a la que tenían derecho los ciudadanos para protegerse de las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fujimori afirmó, sin ningún motivo o justificación, que la ejecución de la decisión de la corte conllevaría la puesta en libertad de miles de terroristas condenados. El Gobierno continuó enfrentándose a la esporádica actividad armada por parte de lo que quedaba del grupo guerrillero Sendero Luminoso, relegado ahora en su mayoría a regiones remotas de los departamentos de San Martín, Huánuco, Ucayali, Junín y Ayacucho. El 6 de junio, se revocaron las normas del estado de emergencia en toda el área metropolitana de Lima, que, salvo en períodos electorales, llevaban 14 años en vigor en ciertas partes de la ciudad. Sin embargo, las garantías constitucionales relativas a la inviolabilidad del hogar y la libertad de movimiento siguieron estando limitadas por los estados de emergencia que afectaban a extensas regiones del territorio nacional, entre ellas áreas que no habían estado afectadas recientemente por graves ataques de la guerrilla. Sin embargo, la fuerza de Sendero Luminoso todavía no estaba acabada. El 28 de mayo, más de 40 guerrilleros de Sendero Luminoso llegaron en cuatro camiones a la ciudad de Uchiza, en la región de San Martín del Alto Huallaga. Tras intentar allanar el Banco Nacional, que estaba cerrado, los asaltantes fueron sorprendidos por la policía y al parecer abrieron fuego indiscriminadamente, matando a Jesús Espinoza León, maestro y sindicalista, los escolares Ceriño Herrada Valverde y Guiliana Fasabi, y un guardia policial del banco. Después de un tiroteo con la policía, los asaltantes huyeron cuando llegaron refuerzos policiales y militares. Según se informó, uno de los conductores de los camiones, que había sido obligado por los guerrilleros a llevarles a Uchiza, fue disparado y resultó herido cuando intentaba escapar. Durante esa misma semana, un sobreviviente de un ataque de Sendero Luminoso en la comunidad de Yanayac, en el departamento de Huancavelica, contó a los periodistas que una cincuentena de guerrilleros convocaron a los residentes en la plaza principal y mataron a cinco miembros de la patrulla de defensa civil de la comunidad, tras administrarles un "juicio popular." El 14 de julio, tropas de la Policía y el Ejército detuvieron a Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, el dirigente más conocido de Sendero Luminoso, en la aldea andina de Cochas, departamento de Junín. El Presidente Fujimori anunció que la detención era inminente días antes de que ocurriera y apareció supervisando personalmente la operación. Más de 40 periodistas fueron trasladados en aeronave a la zona con antelación para que pudieran cubrir una conferencia de prensa en la que se mostró al guerrillero capturado. Cientos de peruanos condenados injustamente o pendientes de juicio por delitos terroristas continuaron encerrados en prisiones de máxima seguridad con un régimen penitenciario sumamente duro. Los llamados tribunales sin rostro que los habían juzgado, violando los derechos a la defensa y al debido proceso, fueron abolidos en octubre de 1997, tras incesantes campañas de los grupos de derechos humanos peruanos y las reiteradas expresiones de preocupación por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto, la Comisión Ad Hoc, establecida por el Presidente Fujimori en 1996 para revisar los casos y recomendar indultos presidenciales, había obtenido la puesta en libertad de 469 presos inocentes. También logró el acuerdo en noviembre de 1998 para que se limpiaran los antecedentes penales de los indultados y se archivaran todos los procedimientos legales secundarios. No obstante, las organizaciones de derechos humanos tenían listas con centenares de presos inocentes cuyas peticiones estaban pendientes. Durante los primeros ocho meses de 1999, Fujimori sólo concedió siete indultos de los más de 50 casos remitidos por la comisión de tres miembros, cuyas decisiones se adoptaban por consenso. Los grupos de derechos humanos que presentaron casos ante la comisión estaban convencidos, sin embargo, de que la comisión estaba siendo más estricta en su evaluación de los casos. Afirmaron que el Presidente estaba rechazando el indulto de personas que habían sido condenadas por cooperar con la guerrilla contra su voluntad o bajo coacción, una situación por la que habían pasado miles de peruanos en áreas rurales durante el conflicto armado. En una entrevista en julio, el Defensor del Pueblo peruano, Jorge Santistevan, uno de los miembros de la comisión, dijo que la comisión publicaría un informe al concluir su término, el 31 de diciembre, enumerando las personas recomendadas para un indulto que seguían encarceladas. Según las estimaciones publicadas por la Defensoría en septiembre, más de 5.000 campesinos cuyas vidas se habían visto alteradas por las incursiones de la guerrilla durante el conflicto armado seguían estando buscados para su detención o interrogatorio acusados de asistir a los insurgentes. Un estudio realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), una organización no gubernamental de derechos humanos, revelaba que los tribunales superiores de tan sólo tres departamentos (Junín, Lambayeque y Cuzco) estaban procesando casos de terrorismo con al menos 3.002 personas sospechosas de colaborar con la guerrilla en los ochenta y principios de los noventa. Más del 75 por ciento de ellas había sido imputado basándose exclusivamente en las declaraciones de sospechosos en detención policial incomunicada, y muchas llevaban años enfrentándose a la posibilidad de ser detenidas. Sin embargo, una serie de decisiones judiciales en relación con estos casos fue alentadora. En julio, un tribunal especializado en delitos de terrorismo desestimó los cargos y anuló las órdenes de detención de 108 campesinos de Chungui, Ayacucho, tras una vista en la que el tribunal reconoció que habían sido coaccionados para colaborar con Sendero Luminoso ante el riesgo de perder la vida. A principios de agosto, el mismo juez, Marcos Ibazeta Marino, ordenó la suspensión de los cargos y los procedimientos contra 84 campesinos de Paccucha, departamento de Apurimac, que habían sido acusados en circunstancias similares. Cientos de casos de este tipo quedaron sin resolver. La tortura de sospechosos durante la detención continuó siendo generalizada. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 1998, oficiales de la Armada de la base naval de Aguaytía, departamento de Ucayali, propinaron una paliza al comerciante Raúl Teobaldo Andahua cuando lo interrogaron por un delito terrorista, y lo torturaron insertándole un palo en el ano, por lo que quedó inconsciente. Al día siguiente, le aplicaron aparentemente electrochoques y le obligaron a firmar una declaración incriminándose. Los marinos lo entregaron a la policía antiterrorista que le puso en libertad cuando pudo establecer su inocencia. Sin embargo, se informó que un fiscal local que estaba investigando la denuncia de la terrible experiencia de Andahua la había considerado una falta menor, a pesar de una ley promulgada en marzo de 1998 que tipifica el delito de tortura y prescribe una condena máxima de 20 años de cárcel. Muchas de las víctimas de la tortura eran presuntos delincuentes comunes detenidos para ser interrogados en dependencias policiales, y también se informó de palizas por parte de guardias de prisiones. El 18 de enero, un guardia golpeó hasta matarlo a Pablo Pascula Espinoza Lome, en la prisión Yanamilla de Ayacucho, tras descubrirle bebiendo chicha, un brebaje alcohólico local. La autopsia concluyó que tenía el bazo perforado y había sufrido una hemorragia interna. Se trataba de uno entre varios casos investigados por los tribunales penales en virtud de la nueva ley contra la tortura. Los grupos de derechos humanos documentaron varios casos de brutales malos tratos a reclutas del Ejército. Jaime Palacio Sánchez, de 18 años, que se alistó en abril en la oficina de reclutamiento de la base militar de Huaraz, fue asignado al Fuerte Coloma en Tumbes, en la frontera con Ecuador. Diez días después fue trasladado a la sala de emergencia de un hospital de Tumbes debido a lo que las autoridades calificaron de tuberculosis, aunque en el chequeo médico de reclutamiento le habían considerado apto para el servicio. Murió al día siguiente, al parecer como resultado de la tortura. Se filtró la información de que seis días después de su reclutamiento, Palacio y su amigo Elvis López Tuya habían huido de la base escapando de los malos tratos padecidos por ambos. Fueron rápidamente interceptados y llevados de regreso a la base. Según el testimonio de López, fueron encerrados totalmente desnudos y sin alimentos durante dos días, y trasladados después al almacén donde un grupo de soldados los golpeó salvajemente. El informe de la autopsia concluyó que la causa de la muerte de Palacio era un edema cerebral y pulmonar, y señaló que su cabeza y cuerpo revestían lesiones graves. Nueve soldados y reclutas murieron entre enero y abril en bases militares en circunstancias que no se han aclarado satisfactoriamente. Una campaña encubierta para intimidar a periodistas críticos del Gobierno, que, según los grupos de derechos humanos y los propios periodistas, había sido concebida y puesta en marcha por el Servicio de Inteligencia Nacional bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos, concentró la atención internacional sobre el asunto de la libertad de prensa en Perú. Durante los primeros meses de 1999, tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como el relator especial sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Santiago Cantón, visitaron Perú. Ambas organizaciones publicaron posteriormente informes en los que condenaban el hostigamiento y la intimidación de periodistas. El relator especial tuvo acceso a copias de documentos secretos de inteligencia que demostraban el espionaje oficial y el hostigamiento a un buen número de periodistas influyentes. El caso del magnate nacido en Israel Baruch Ivcher, antiguo propietario de Frecuencia Latina-Canal 2 de televisión, que en 1997 perdió sus ciudadanía peruana y sus acciones de la empresa en represalia por haber emitido información relacionada con la violación a los derechos humanos y corrupción que implicaba a Montesinos y el SIN, tuvo especial resonancia en Estados Unidos. A finales de abril, Ivcher desveló a la prensa peruana el contenido de documentos secretos de inteligencia que databan de 1996 y 1997 y describían planes para espiar e infiltrar cuatro canales de televisión, así como para vigilar al periodista Alejandro Miró Quesada, director del diario El Comercio, y Gustavo Mohme, director del diario La República, entre otros. El Presidente Fujimori desmintió categóricamente las alegaciones. El 18 de junio, un tribunal fiscal halló a Julio Sotelo Casanova, ex director general de Canal 2, culpable de fraude y alteración ilegal de documentos de la empresa para transferir acciones de la compañía a las hijas de Ivcher. Los cargos, para los que al parecer no existía ninguna prueba, parecían motivados exclusivamente por la antigua asociación empresarial de Sotelo con Ivcher. Sotelo, cuya salud, según se dijo, era mala, estaba cumpliendo condena en la prisión San Jorge. Periodistas famosos críticos del gobierno de Fujimori continuaron siendo objeto de informaciones hostiles en los medios de comunicación pro gubernamentales, que consideraban dirigidas encubiertamente por el SIN. En un sitio de Internet administrado desde Miami por Héctor Ricardo Faisal Fracalossi, un astrólogo argentino que, según se informó, había servido en el Ejército de su país, aparecieron perfiles difamatorios que sus protagonistas consideraron basados en informes de inteligencia. La organización responsable del sitio, la Asociación Pro-Defensa de la Verdad (APRODEV), había remedado el acrónimo de la organización no gubernamental de derechos humanos Asociación Pro-Defensa de los Derechos Humanos (APRODEH). La mayoría de los documentos publicados por Faisal eran similares a los aparecidos en Lima en 1998 en tabloides sensacionalistas dedicados a destruir la reputación de destacados periodistas de la oposición. Durante 1998, las investigaciones periodísticas revelaron varias pruebas que vinculaban a los tabloides con el Gobierno. El resultado de las demandas por líbelo contra Faisal presentadas por siete periodistas también sugería la participación del Gobierno. Durante la segunda semana de mayo, las jueces Elba Greta Minaya y Antonia Saquicuray, que estaban investigando las denuncias, acusaron a Faisal de difamación y le ordenaron que cesara la publicación de material ofensivo. El día después del fallo, la Corte Superior de Lima trasladó súbitamente a las dos jueces a otros puestos y el caso fue asumido por otro juez, que levantó inmediatamente la prohibición. El 3 de agosto, el juez desestimó el caso contra Faisal basándose en que los documentos que aparecían en el sitio Web eran una reproducción de artículos publicados anteriormente en tabloides de Lima. Las investigaciones periodísticas demostraron que el juez que dictó el fallo era provisional sin puesto fijo y había sido sancionado en varias ocasiones por conducta impropia, y que Faisal era fugitivo de la justicia de su país. El 31 de mayo, apareció en Lima un nuevo diario de gran formato con el nombre de La Repúdica, cuya apariencia era sorprendentemente similar a la de La República. En éste aparecían amenazas de muerte contra Mohme y el famoso reportero de La República Edmundo Cruz, en las que se empleaba un lenguaje de burla similar al de las notas anónimas entregadas a opositores al Gobierno y defensores de los derechos humanos en años anteriores. La libertad de prensa eran aún más precaria en las ciudades pequeñas, donde los periodistas, especialmente los locutores de radio, fueron víctimas de represalias físicas por su trabajo. Siete periodistas de Radio Marañón, una estación local administrada por la Vicaría de Solidaridad de Jaén y dedicada a asuntos de derechos humanos, recibieron amenazas de muerte en marzo. Un colega de éstos, José Luis Linares Altamirano, salvó por poco la vida el 18 de marzo, cuando dos pistoleros encapuchados allanaron su casa y le dispararon en el estómago. Dos meses antes, Linares había recibido amenazas por teléfono advirtiéndole que dejara de informar sobre los derechos humanos. Entre otros periodistas de radio y televisión que recibieron amenazas se encontraban nueve trabajadores de diferentes medios de comunicación en Huaraz, a los que el alcalde, Waldo Ríos Salcedo, calificó públicamente de "enemigos del pueblo" y dio un ultimátum para que cesaran sus comentarios críticos. Los oficiales militares que habían sido acusados en los últimos años de cometer graves violaciones a los derechos humanos continuaron gozando de impunidad. En mayo, el IDL reveló en su revista mensual Ideele que el Mayor Ricardo Hurtado Hurtado, que había sido condenado por un tribunal militar por la masacre de 69 campesinos, entre ellos 23 niños, en Accomarca en 1985, seguía de servicio en la sexta región militar en Bagua. Tras las negativas iniciales del Ejército, el Presidente Fujimori confirmó que el IDL no se había equivocado y ofreció garantías de que Hurtado sería suspendido del servicio activo. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó investigar el caso La Cantuta, un caso notorio de asesinato y desaparición, en 1992, por parte de miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte paramilitar. Entre la información del caso presentada a la comisión se encontraban pruebas, procedentes de fuentes militares bien situadas, de que Montesinos y el ex comandante en jefe del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, miembros del "triunvirato" que había gobernado Perú después del golpe de Fujimori de 1992, habían planeado el crimen. Los miembros del escuadrón de la muerte condenados por el crimen fueron puestos en libertad en 1995 al amparo de una amnistía general del Gobierno. Durante 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana el caso Ivcher y un caso recurriendo la destitución en 1997 de los jueces del Tribunal de Garantías Constitucionales, sobre los cuales se habían roto las negociaciones de un acuerdo amistoso. Se trataba de casos muy delicados para el Gobierno. El 3 de junio, la corte dictaminó que el gobierno peruano tenía que ordenar un nuevo juicio de cuatro chilenos condenados a cadena perpetua por traición por parte de un tribunal militar sin rostro en 1994, basándose en que se les había negado el debido proceso y el derecho a la defensa. Fujimori anunció que su gobierno no tenía ninguna intención de ejecutar la sentencia. El Consejo Supremo de Justicia Militar anunció que no podría aplicar la orden de la Corte Interamericana. Como medida adicional contra la corte, el 7 de junio, el Congreso votó a favor de retirar la aceptación de la jurisdicción de la corte. La decisión privaba a los peruanos cuyos derechos habían sido violados de la posibilidad de recurrir a la corte. La Corte Interamericana se estaba convirtiendo cada vez más de hecho en el último bastión para la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Perú, dada la constante injerencia gubernamental en el sistema de justicia nacional y las leyes de amnistía que impedían pedir cuentas por violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. El argumento presentado por Fujimori para justificar la decisión, afirmando que la aplicación del fallo de la corte conllevaría la puesta en libertad de miles de terroristas condenados, carecía en realidad de base y era una grave desinformación del público peruano. En septiembre, la corte rechazó el intento de Perú de revocar su reconocimiento de la jurisdicción y concluyó: "No existe en la Convención Americana norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia de la Corte."

La Defensa de los Derechos Humanos

El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, desempeñó un papel fundamental en la defensa de las normas de derechos humanos, teniendo en cuenta la indiscutible autoridad y credibilidad del organismo que encabezaba. Continuó siendo la única institución pública patentemente ajena a la intervención del Gobierno. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos siguieron realizando enérgicas campañas y su prestigio internacional protegió a la mayoría de ellas frente a los ataques del Gobierno. Sin embargo, no se libraron de la intimidación, en ocasiones violenta. Desde 1998, Lola Flores estaba recibiendo amenazas anónimas por su trabajo en el Comité de Derechos Humanos de Moyobamba, departamento de San Martín. El 13 de marzo, cuando su esposo, Esteban Ríos Serbán, regresaba a casa en bicicleta, le salieron al paso dos hombres de negro y encapuchados que querían saber si su esposa estaba involucrada en el Comité de Derechos Humanos. Le golpearon en la cabeza con un palo y, cuando intentó defenderse, le dispararon dos veces. Una bala le rozó la espalda y la otra le dio en el hombro. Logró escapar y fue finalmente evacuado a un hospital en Lima. El 3 de junio, la policía municipal de Lima descubrió una caja que parecía contener una bomba bajo un árbol frente a la oficina de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH). La caja contenía tres baterías conectadas con cables a un teléfono. La organización contaba también con una oficina en Ayacucho que había asumido la defensa de víctimas de la tortura policial. La bomba falsa había sido depositada el día previo al inicio del juicio de tres policías.

El Papel de la Comunidad Internacional

Las Naciones Unidas
En marzo, el Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial publicó sus Observaciones Finales sobre los informes presentados por Perú de conformidad con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Entre sus recomendaciones, el comité pedía a Perú que adoptara medidas para garantizar que los grupos desfavorecidos de Perú gozaran de todos los derechos previstos en la convención y de igualdad ante la justicia y en el ejercicio de los derechos políticos.

La Organización de Estados Americanos

El Secretario General de la OEA, César Gaviria, no adoptó una postura firme en defensa de la autoridad de la Corte Interamericana ni sobre la situación de Perú con respecto a sus obligaciones en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En una declaración del 17 de julio, aunque reafirmó la importancia del cumplimiento de los fallos de la corte, Gaviria sólo tuvo palabras de elogio para la política sin concesiones contra el terrorismo seguida por el gobierno de Fujimori. Consideró que había sido una política indudablemente eficaz que contribuyó de manera importante a fortalecer el Estado de derecho en Perú, a pesar de las conclusiones tanto de la corte como de la comisión de que la política violaba derechos humanos fundamentales. En septiembre, haciendo referencia a lo que calificó de paso atrás, el Secretario General Gaviria criticó al gobierno peruano por retirar su aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dijo que la superación del problema de que Perú no acatara las sentencias de la corte era aún más urgente.

La Unión Europea

En una declaración hecha pública el 16 de julio, la Unión Europea (UE) lamentó profundamente que Perú hubiera retirado su aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y describió la decisión como un paso atrás en el avance del país en materia de derechos humanos; señalando que afectaría inevitablemente a la confianza de los inversores europeos, principales socios comerciales de Perú. En junio, en una reunión entre los jefes de Estado de la Comunidad Andina y de la UE celebrada en Brasil, Perú recibió con satisfacción los avances alcanzados en el diálogo político entre las dos regiones basado en el propósito común de fortalecer la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Estados Unidos

La preocupación en el Congreso de Estados Unidos por el constante deterioro del Estado de derecho y las violaciones a la libertad de prensa en Perú aumentó en 1999, lo que añadió un nuevo elemento a la presión ejercida por el Departamento de Estado y el Embajador Dennis Jett en Lima. El 1º de julio, el Comité de Relaciones Externas de la Cámara de Representantes aprobó una declaración en la que se daba a conocer que "el deterioro de la independencia de los organismos judiciales y electorales del Gobierno de Perú, la interferencia de la libertad de prensa y la intimidación flagrante a periodistas en Perú constituyen una amenaza para la democracia en ese país y son asuntos que preocupan a Estados Unidos." Ese mismo día, el Comité de Presupuestos del Senado aprobó un proyecto de ley de ayuda exterior para el año fiscal 2000 cuya sección sobre Perú decía lo siguiente: El Comité ha expresado reiteradamente su preocupación por el apoyo de Estados Unidos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú. El Comité continúa recibiendo informes que indican que las investigaciones de denuncias de corrupción por parte de funcionarios del SIN se bloquean habitualmente, que el SIN ha ocultado información a funcionarios estadounidenses y que el SIN sigue hostigando e intimidando a periodistas y opositores al partido gobernante. El Comité solicita que se le consulte antes de adoptar cualquier decisión de ofrecer asistencia al SIN. Aunque la asistencia de Estados Unidos al SIN ha sido sospechada durante años, los funcionarios del gobierno estadounidense se han negado durante años a confirmar o denegar la información. Se trataba de una revelación sorprendente de que, en interés de la "guerra antidroga," el gobierno de Clinton había cooperado y financiado secretamente a una organización cuya involucración en graves violaciones a los derechos humanos había sido reconocida en informes sucesivos del Departamento de Estado. La Embajada de Estados Unidos en Lima insistió en que la asistencia se había limitado al suministro de equipo informático y capacitación para una unidad de inteligencia antidroga, por un valor total de 34.000 dólares en 1996, 150.000 en 1997 y 25.000 en 1998. El Embajador Jett desmintió que la unidad hubiera participado en operaciones o tuviera alguna relación con violaciones a los derechos humanos. Dijo que no se dotaría de más fondos al SIN en el año fiscal corriente ni en el futuro. El Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, que estaba debatiendo la ley de ayuda en julio, dijo que el SIN no era un aliado confiable en la lucha antidroga ya que no era ni transparente ni responsable ante las autoridades civiles, y estaba "involucrado en actividades incompatibles con los derechos humanos, el Estado de derecho y el desarrollo de la democracia." Aunque era un firme defensor de las iniciativas antidroga peruanas, el embajador estadounidense Dennis Jett había salido constantemente en defensa de los derechos humanos durante su período de servicio, que acabó en 1999.

El Banco Mundial

En abril, el Banco Mundial donó 500.000 dólares a la Defensoría del Pueblo para apoyar sus actividades de defensa de los derechos humanos en Perú.