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Coordinadora de Organizaciones de Familiares de Víctimas y Afectados por la Violencia Política de Lima.
El pueblo peruano no puede seguir callado, se trata de la muerte de cuatro hermanos campesinos: dos de Ayacucho, uno de Arequipa, otro de Barranca y el estudiante Edgar Huayta Sacsara de Ayacucho, todos murieron a consecuencia de impactos de bala en la cabeza, lo que significa asesinato por lo que estamos convencidos de que éstas órdenes para matar fueron dadas por el mismo Presidente de la República, nos preguntamos ¿Qué busca el Señor Presidente Alan Garcìa?, mandar matar a todo aquel que reclama justicia…? Y el respeto a los derechos humanos?
¿Quién debe responder por la muerte de los 4 campesinos y un estudiante asesinado durante éste paro agrario?, el único responsable en éstas muertes es el mismo Garcìa Pérez, porque él ideó el decreto Legislativo Nº 982 y su modificatoria del art. 20 del Código Penal y así entregó poderes a los miembros de las fuerzas armadas y la policía dándolas carta blanca para matar, a todo aquel que se le oponga a su mandato
No olvidemos que durante su primer gobierno (1985 - 1990) el actual Presidente de la Republica enlutó los hogares de miles de campesinos y campesinas peruanas, cientos de dirigentes populares y estudiantes universitarios, mediante ejecuciones extrajudiciales, detenciones injustas, matanzas y desapariciones forzadas que siguen impunes… "nuestro presidente de la republica" tiene las manos manchadas con la sangre de muchos de nuestros seres queridos.
Ante éstos hechos las organizaciones de familiares víctimas de la violencia política (1980-2000), expresamos nuestra solidaridad total a los familiares de nuestros hermanos campesinos Emiliano Garcìa Mendoza, Rubén Pariona Camposano, Julio rojas Roca y Edgar Huayta.
Manifestamos nuestro repudio y total rechazo a ésa famosa Ley Nº 982 que criminaliza las protestas sociales. Así mismo exigimos sanción con todo el peso de la Ley a los responsables de las muerte de nuestros hermanos campesinos y el estudiante Huayta Sacsara; toda vez que creemos que las luchas del campesinado son justas y el gobierno no tiene la voluntad política de dialogar y escuchar sus reclamos justos como: la defensa de sus tierras de la subasta a la que quiere el gobierno aprista someterlos y la vigencia de la ley actual de aguas y otros puntos pendientes que son elementales para el agro peruano.
Ante el olvido, la postergación y la injusticia, lo que nos queda a las inmensas mayorías son las calles.
Abajo la impunidad, cárcel para los asesinos.
Exigimos la anulación de la ley del uso de la fuerza. (Ley Nº 982)
Febrero de 2008
Coordinadora de Organizaciones de Familiares de Víctimas y Afectados por la Violencia Política de Lima
Fuente: http://mx.groups.yahoo.com/group/AHuA/
