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Por: Vanessa Meneses
El presidente Alan García durante la celebración del día de las Fuerzas Armadas anunció que el Estado asumirá la defensa legal de los militares investigados y procesados por violaciones a los Derechos Humanos durante la violencia política.
García sostiene que los militares realizaron una labor sacrificada para luchar contra la subversión y por eso anunció la dación de un decreto supremo que dispone que el Estado cubrirá los gastos de la defensa de los efectivos, en actividad o en retiro
El ministro de Defensa Alan Wagner señaló que la norma no beneficiará al grupo Colina ni a los acusados de violaciones sexuales. ¿Cuál será el criterio para que se asuma la defensa de un militar?
Para el ex presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner la norma no está clara.
"Un problema que va a tener que solucionar el Ejecutivo es cómo distinguir entre aquellos casos que merecen ser apoyados en su defensa, de otros que no lo sean sin adelantar el pronunciamiento de los jueces. Si se hace esto debería hacerse para todos lo que implicaría que criminales o gente que tiene delitos casi comprobados como el comandante Camión, o Telmo Hurtado, o gente que se ha acogido a la confesión sincera tengan que ser apoyados. Esas cosas no están muy claras"sostuvo.
Miguel Huertas representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos COMISEDEH fue más allá y sostiene que en reciente medida existe un interés particular del presidente Alan García.
"El señor Alan García estuvo investigado por casos de violaciones a los derechos humanos, el caso el Frontón y otros casos en los cuales están involucrados los militares. Recordemos también que su primer vicepresidente es Giampietri que también está implicado en estas investigaciones. Es clara la cercanía. Lo que nos preocupa es cuán independiente se va a mantener el Poder Ejecutivo para el desarrollo de las investigaciones y cuán cierto será la afirmación de que el Ministro de Defensa ha referido de dar todas las garantías para que se facilite la documentación e información al Poder Judicial para el desarrollo de las investigaciones", indicó.
Hay que recordar que el Ministerio de Defensa ha incumplido con los requerimientos de información hechos por fiscales y jueces, lo que ha favorecido en la demora de las investigaciones. Además después de tantos años de finalizado el conflicto no existe ni un solo militar condenado por crímenes de lesa humanidad. En este sentido, Eduardo Luna representante de la Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo rechazó las versiones que señalan que ha existido una judicialización excesiva en los casos que presentó la Comisión de la Verdad. Además señaló cuál es la propuesta de este organismo para la defensa de las víctimas.
"De los 47 casos que investigó la Comisión de la Verdad, sólo 24 de ellos han sido judicializados, es decir tienen un proceso penal abierto ante una autoridad del Poder Judicial y en esos 24 hay 292 personas procesadas. De las víctimas lo que estamos proponiendo es que se evalúe la posibilidad de la creación de una unidad especializada dentro del Ministerio de Justicia que pueda abocarse a la defensa especializada de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estos casos requieren una cierta especialización, cierto conocimiento de la temática de los DDHH. Especialmente de la postura que tienen las víctimas en este tipo de delitos para ejercer una defensa adecuada", informó.
Todos los funcionarios públicos que se les imputa un hecho ilícito cometido en el ejercicio de sus funciones tienen el derecho a que se les garantice su defensa. En los casos de violaciones a los derechos humanos ¿Sólo tienen los militares ese derecho? ¿Acaso las víctimas no lo tienen también? Eso el lo que cuestiona Gladis Canales vicepresidenta de la Asociación de Reflexión de Inocentes Liberados
"Yo sí coincido en que todas las personas deben tener defensa, pero también a nosotros nos lastima el hecho de saber que ahora el Estado asuma la defensa de los militares cuando en un momento de violencia política que vivimos, nosotros éramos gente que estábamos condenados a veinte años o a cadena perpetua y nadie asumía la defensa nuestra solamente las instituciones de Derechos Humanos. Esto es muy lamentable para los afectados de la violencia política porque pareciera que en nuestro país se quiere institucionalizar la impunidad", precisó.
Al respecto la ex ministra de la Mujer Susana Villarán precisó que todos los esfuerzos en este sentido, deberían estar destinados a las víctimas que en su mayoría se encuentran en estado de indefensión.
"Sólo en los 47 casos que la Comisión de la Verdad entregó al Ministerio Público hay más de 1600 víctimas. Sólo 300 tienen abogados. Estamos hablando de víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, 8 mil personas que han visto desparecer a sus seres queridos. Entonces si los militares tienen derecho a una defensa, todos estamos de acuerdo, pero necesitamos que la defensa gratuita sea reforzada para todas las víctimas de la violencia política también".
La Comisión de Defensa del Congreso acordó solicitar al Ejecutivo extender el beneficio de la defensa legal del Estado, también a los ronderos que lucharon por el terrorismo. La medida, al final puede convertirse en un instrumento para desconocer y deslegitimar los procesos de investigación iniciados por violaciones a los derechos humanos. El Estado no sólo deber defender a los presuntos perpetradores sino también a las víctimas.
Transmitido por Ideéle-Radio el Miércoles 4 Octubre 2006
