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1- La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el caso El Frontón (Durand y Ugarte) de fecha 16 de agosto de 2000 ha sentenciado y ha hecho suyo que en el gobierno que encabezó Alan García Pérez de 1985 a 1990 dijo:
4. [e]stá demostrado que el gobierno al incumplir con su obligación de proteger la vida humana, dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificado número de muertes. a. La opción tomada de debelar los motines a través de la fuerza militar, en el plazo más breve y perentorio, significaba poner en grave e innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos [y].
b. [l]a fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por reducir los costos humanos del develamiento.
68. De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la declaración de testigos y peritos, la Corte tiene por demostrado que el Pabellón Azul fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, quienes hicieron un uso desproporcionado de la fuerza en relación con el peligro que entraņaba el motín (supra párr. 59.j), situación que provocó que muchos de los detenidos murieran por aplastamiento, según se revela en las necropsias correspondientes.
2- Asimismo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó y el Estado peruano cumplió con hacer una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daņos causados y una ratificación de la voluntad de que no volverán a ocurrir hechos de este género.
3- Que, la violación de derechos humanos de los peruanos no constituye ninguna gesta gloriosa del siglo XX, muy al contrario constituye la vergüenza de un crimen sin nombre, que las naciones del mundo le han denominado de lesa humanidad y ha enlutado y dividido a todos los peruanos, y creemos que la única forma de poder volver a reunirnos en una misma mesa, es con justicia, con todas las partes que se vieron involucradas en el conflicto armado que asoló el Perú a fines del siglo XX.
4- Que, el decreto supremo por el cual el seņor Alan García Pérez pretende "defender" a soldados, marinos, aviadores, oficiales, a todos aquellos que sufren acusaciones por violación de derechos humanos constituye un bien planificado manto de impunidad ordenado directamente por el Presidente de la República, con el objeto de que a través de una defensa concertada se impida el conocimiento de la verdad, ya que, en los procesos penales en trámite por los crímenes durante el gobierno de García Pérez y Alberto Fujimori, los subalternos están confesando la responsabilidad de sus superiores en la planificación y ejecución de los crímenes de lesa humanidad, "este peligro" alcanza la conciencia de García Pérez, y así lo expresa en su discurso del 22 de setiembre de 2006 cuando manifiesta: "Cómo podría el gobierno, mucho menos yo, que participé con la Fuerza Armada, con todo orgullo, en defender a la Patria de la peor amenaza, dejar abandonados.
5- Que, la Comisión de la Verdad ha manifestado que durante el gobierno de García Pérez se produjeron ocho mil desapariciones, y miles de violaciones, así también se pretende encubrir con un manto de impunidad la masacre llevada adelante por Alberto Fujimori Fujimori en donde participaron los generales Juan Briones Dávila, Teófilo Wilfredo Vásquez Flores, Miguel Barriga Gallardo entre otros, y que García Pérez pretende proteger con el cuento de la gran gesta del siglo XX.
6- Por todas estas razones, la Asociación Americana de Juristas, repudia y condena la conducta a favor de la impunidad expresada por Alan García Pérez, declarando que el Estado peruano no puede hacer causa común a favor de quienes violaron los derechos fundamentales de millones de peruanos, gastando recursos públicos que a todos nos pertenece, dilapidando dinero y destinándolos a partidas no presupuestadas, violando su denominada austeridad, con propósitos contrarios a la Constitución, a la ley y la Sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y llama a todas las organizaciones sociales y políticas a cerrar filas contra esta nueva inversión de valores morales que pretende García Pérez.
Lima, 27 de Septiembre de 2006
ANDRÉS COELLO CRUZ JUAN JOSÉ LÓPEZ LIZAMA
PRESIDENTE SECRETARIO
(Nota de prensa de la Asociación Americana de Juristas - Rama del Perú).
