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El 18 y 19 de junio de 1986, más de doscientos internos acusados o sentenciados por terrorismo perdieron la vida durante los motines que protagonizaron en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Los agentes del Estado emplearon para su debelamiento el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos quienes, una vez rendidos y controlados, fueron ejecutados extrajudicialmente.
Los familiares de las víctimas de la violencia política manifestamos y demandamos:
1. Que la lucha por la verdad de lo sucedido está vigente, a pesar de los veinte años transcurridos, por eso queremos saber quienes son los responsables directos, no solo aquellos que apretaron el gatillo sino quienes dieron las órdenes desde sus despachos.
2. Que estos crímenes de lesa humanidad no solo nos afectan como familiares y a nuestro entorno más cercano, sino a toda la sociedad en su conjunto.
3. Que la lucha por el acceso a la JUSTICIA a TODOS los responsables es un derecho que tenemos como familiares. NO PODEMOS SEGUIR CONVIVIENDO CON LA IMPUNIDAD.
4. Que los crímenes de lesa humanidad son IMPRESCRIPTIBLES. Por lo tanto, todos aquellos responsables de esta masacre, más temprano que tarde, pagarán sus culpas ante la justicia y la sociedad peruana.
5. Que el Presidente electo, Alan García Pérez, asuma el compromiso de esclarecer los hechos ocurridos durante su gobierno -tanto en la masacre de El Frontón, como en los casos Cayara, Accomarca, entre otros- y se someta a la justicia.
6. Que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación plantean que el Estado tiene responsabilidad de los hechos sucedidos durante los veinte años de conflicto armado interno por acción u omisión, por lo tanto le toca asumir, en el más breve plazo, la tarea de la Verdad, la Justicia y la Reparación.
7. En los temas de justicia, nuestra lucha tiene que ver con:
8. Todos los afectados por la violencia y familiares estaremos vigilantes para que se abra paso a la justicia. No permitiremos que la corrupción se institucionalice nuevamente en nuestro país, por ello continuaremos denunciando a los malos jueces y fiscales que poco o nada hacen para investigar los casos de crímenes de Lesa Humanidad. Tampoco permitiremos el archivamiento de los casos.
Los líderes campesinos, mineros y de todo el movimiento popular sofrieron los embates de este conflicto armado interno. Hace veinte años, TEÓFILO RÍMAC CAPCHA, dirigente de la Federación Campesina de Pasco, fue detenido y luego desaparecido, tres días después de la masacre de los penales, el 23 de junio de 1986. Sus familiares hasta ahora no tienen acceso a la justicia, mientras los responsables caminan libremente por las calles y son elegidos nuevamente como autoridades.
¡POR JUSTICIA Y POR VERDAD, NUNCA MÁS IMPUNIDAD!
¡FRONTÓN, LURIGANCHO Y SANTA BÁRBARA, NO SE OLVIDAN!
¡TEÓFILO RÍMAC CAPCHA, PRESENTE!
Familiares de El Frontón, ANFADET-CIDH, La Cantuta, AFAPREDEPP.
