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En estos meses, en el Perú, están pendientes los nuevos procesos por terrorismo contra casi 2000 acusados a quienes se les juzgan por su participación en los movimientos armados de los años 80 y 90. Nos unimos a las protestas contra estos procesos, en los cuales con la acusación de terrorismo el Estado peruano viene aplicando la doctrina de George Bush de la "guerra contra el terrorismo mundial" que apunta a desprestigiar a los movimientos sociales criminalizándolas para encubrir su carácter político y estigmatizar al supuesto "terrorista" para desconocerle todos sus derechos fundamentales y justificar su aniquilamiento.
¡Los insurrectos en la guerra interna en el Perú no son terroristas, son luchadores sociales que merecen nuestro respeto!
En el Perú, en los años 80 y 90, se llevó a cabo una guerra interna como muchas personas, entre ellos connotados intelectuales, en el Perú y a nivel internacional reconocen, guerra que apuntó contra el orden social profundamente injusto que condena a la mayoría de la población peruana a la miseria, al hambre, a la ignorancia y al atraso. En muchos casos, los insurrectos dejaron atrás un promisorio futuro para entregarse íntegramente a la lucha por la transformación social del país aún a riesgo de sufrir prisión y muerte. Ellos públicamente han asumido la responsabilidad política de su participación en la guerra interna expresando su disposición de responder por las limitaciones, errores y excesos que se manifestaron como en todo hecho social. Esta actitud merece respeto, se esté de acuerdo con el camino que eligieron o no. Por eso rechazamos que se les califique de "terroristas" y se les juzga como tales. Son luchadores sociales, presos políticos y prisioneros de guerra y como tales deben ser tratados.
¡El Estado peruano aplicó una política sistemática de aniquilamiento contra los presos políticos y prisioneros de guerra!
Desde el inicio de la guerra interna en el año 1980, el Estado peruano aplicó una política sistemática de aislamiento y aniquilamiento contra los presos políticos y prisioneros de guerra. Esta política llegó al colmo con la masacre en el penal de Lurigancho de octubre de 1985, donde la policía mató a 32 prisioneros, el genocidio en los penales Santa Bárbara, Lurigancho y El Frontón de junio de 1986 con más de 250 prisioneros asesinados, ambos de responsabilidad del gobierno de Alan García Pérez, y el asesinato selectivo de 50 prisioneros en el penal de Canto Grande en mayo de 1992, ordenado por Fujimori después de su golpe de Estado del 5 de abril. Con la complicidad del Poder Judicial, los principales responsables de estos crímenes siguen gozando de impunidad. Durante la dictadura de Fujimori, los presos políticos fueron sometidos a las condiciones carcelarias más duras de toda Latinoamérica. Después de la matanza de mayo de 1992, fueron recluidos en "cárceles de alta seguridad" especialmente construidos, con hacinamiento de 3 a 5 personas en una celda pequeñísima e húmeda, expuestos a requisas constantes que eran pretextos para masacrarles y robar y destruir las pocas pertenencias que se les permitían tener. Mientras en todas las demás prisiones del Perú hay visita varias veces a la semana, debido a que el sistema carcelario peruano no está en condiciones de garantizar las necesidades básicas de los internos y éstos dependen del apoyo de sus parientes, los prisioneros en las "cárceles de alta seguridad" el primer año de reclusión no tenían ningún derecho a recibir visita y después solamente se les concedía una visita de 30 minutos por mes que estaba limitada a familiares directos y se realizó en locutorios divididos por una doble malla gruesa. Este "trato especial" apuntó a quebrar las convicciones ideológicas de los prisioneros, porque al mismo tiempo se les ofrecía una flexibilización de las condiciones de reclusión a cambio de la delación y el abandono de sus ideales. Esta práctica muestra claramente que no se trataba de proteger a la sociedad del peligro que supuestamente significaban los "terroristas" o de hacerles pagar por sus supuestos actos, que en muy pocos casos estaban comprobados, sino que buscaban escarmentarles por sus ideas, lo que es una violación grave de su derecho a la libertad de pensamiento y opinión. Sin embargo, la gran mayoría de los prisioneros se mantenían firmes en sus convicciones y emprendieron la lucha por el respeto de sus derechos fundamentales. Si bien a finales de los años 90, hubo una flexibilización de las condiciones carcelarias de la mayoría de los presos políticos, el gobierno de Toledo que entró el año 2001, continuó con esta política, aislando supuestos dirigentes y restringiendo sus derechos. De los procesos habidos se puede apreciar que al concluir los juicios aún quedarán 700 encarcelados con penas entre 20 años a cadena perpetua que estarán expuestos a la regresión a los aislamientos.
¡Las leyes antiterroristas del Estado peruano violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los acusados y son incompatibles con un Estado de derecho!
Como en otros países, la legislación antiterrorista peruana es una legislación de excepción que impone penas desproporcionadas a delitos motivados políticamente con el fin de eliminar y aniquilar al enemigo político. En el Perú, se creó todo un sistema de leyes "antiterroristas" separado del derecho penal, el derecho procesal y la ley de ejecución penal comunes. En enero de 2003, el tribunal constitucional declaró inconstitucional parte de la legislación antiterrorista, sobre todo los procesos por "traición a la patria" ante tribunales militares y los juicios con jueces anónimos, los llamados "jueces sin rostro", y anuló las sentencias correspondientes, lo que motivó los nuevos procesos que actualmente se llevan a cabo; sin embargo, mantuvo el decreto 25475 sobre el delito de terrorismo y con ello la columna vertebral de la legislación anterior, que ha sido criticado por muchos juristas e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su definición difusa del tipo delictivo, de manera que prácticamente todo tipo de delito y hasta actos no considerados delito por la ley común pueden ser definidos como terrorismo si el fiscal lo determina así. El gobierno de Toledo apuntaló la posición del tribunal constitucional con los decretos 921 a 927 que emitió después de la derogación de las leyes anteriores y que mantienen las penas draconianas de 20 años a cadena perpetua, introducen salas penales especiales, permiten la restricción de la publicidad del juicio oral y limitan los beneficios penitenciarios, entre otras cosas. De este modo, esta legislación sigue violando los derechos fundamentales e importantes garantías legales de los acusados como la igualdad ante la ley y la imparcialidad de los jueces, lo que es incompatible con un Estado de derecho. Por eso exigimos la derogatoria de la legislación antiterrorista y la aplicación de los principios del derecho y la justicia comunes a los combatientes de la guerra interna, lo que significaría que la gran mayoría de los presos por "terrorismo" que ya están en la cárcel entre 12 a 20 años, ya hace tiempo hubiera cumplido su pena y tendría el derecho a salir en libertad.
¡Contra la política de aislamiento y aniquilamiento de los presos políticos!
¡Exigimos condiciones carcelarias dignas para todos los presos!
¡Exigimos del Estado peruano que regrese a los principios del Estado de
derecho y derogue la legislación antiterrorista inconstitucional!
¡Que termine la política de odio y venganza! ¡La guerra interna fue un hecho
político y social y exige una solución política!
¡Los presos políticos y prisioneros de guerra tienen el derecho a la
libertad, a la libertad de pensamiento y a actuar políticamente!
Mayo de 2006
Asociación Perú de Alemania
