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Las madres y padres, hermanos, hijos y viudas de los 253 presos políticos asesinados el 19 de junio de 1986 en los penales de El Frontón, Lurigancho y Callao, cumpliendo nuestro deber filial, en defensa de la memoria de nuestros familiares y ejerciendo nuestro derecho constitucional de exigir justicia debida expresamos lo siguiente:
1.- Este 19 de junio se cumplirán 20 años del horrendo asesinato de nuestros seres queridos y durante estos largos años el Ministerio Público y el Poder Judicial han protegido y encubierto a los responsables; además de perseguirnos y hasta encarcelarnos por pedir justicia, se han negado con distintos artilugios legales a enjuiciar a los genocidas. Basta citar los siete escandalosos archivamientos con los que Fiscales obsecuentes pretendieron sellar la impunidad.
2.-En tres sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que era el Estado peruano responsable de la muerte de nuestros familiares: A nuestra incansable demanda, el Ministerio Público inició el 2001 una tediosa y tendenciosa investigación que buscaba la prescripción del delito en el tiempo. A ello se sumó la calculada y abusiva actuación del Instituto de Medicina Legal que después de las exhumaciones del año 2003 pretendió entregarnos los restos de nuestros familiares mezclados, sin identificar y en cajas de cartón.
3.-El Fiscal Mario Gonzáles al formular denuncia penal el año 2005, no incluyó en ésta al Jefe de Estado de entonces, Dr. Alan García Pérez ni a su Consejo de Ministros quienes suscribieron el Acta que ordenaba el operativo militar en el cual fueron asesinados nuestros seres queridos. Los deudos apelamos los archivamientos fiscales, interpusimos Queja de Derecho y el 6 de abril pasado la Tercera Fiscalía Superior Nacional, ha declarada fundada nuestra queja, considerando en los literales citados lo siguiente:
Así también el Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Penal Nacional ha resuelto "…Declarar Fundada en parte la Queja y disponer que el Fiscal de la Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial amplíe las investigaciones…". Así también ha dispuesto en los numerales de su resolución tomar declaraciones indagatorias a sobrevivientes del genocidio, a militares y policías que ejecutaron las órdenes y los miembros de los equipos de demolición de la Marina, a los ex ministros Carlos Blancas y Luis Alva Castro, además de peritos independientes. Asimismo la resolución cita :
10.- "…requiérase bajo apercibimiento de ley, a la Marina de Guerra…remita copia sin editar del material fílmico en video y fotográfico que se grabara con ocasión del develamiento del motín en El Frontón"
11.-Se requiera nuevamente bajo apercibimiento a …Canal 7 y …canal 9, proporcionen material y los nombres de los periodistas o personal que cubrieron las noticias…y arribaron en un helicóptero con el Fiscal de la Nación César Elejalde .
Por último"…se exhorta al Fiscal …poner mayor celo y acuciosidad en el cumplimiento de sus funciones ...de las diligencias actuadas se deja entrever cierta condescendencia con respecto a labores propias de la función fiscal...(y) se le concederá por última vez, 120 días para que concluya las diligencias antes indicadas..."
4.-Esta resolución sólo confirma lo que desde hace casi 20 años denunciamos y reiteramos: EL MINISTERIO PUBLICO Y EL PODER JUDICIAL SON COMPLICES DEL GENOCIDIO. No es sólo "condescendencia"como dice la resolución sino un clarísimo encubrimiento al excluir de la denuncia a Alan García y su Consejo de Ministros, avalando así la política genocida que siguió el Estado durante el conflicto interno, que es política que el imperialismo norteamericano aplica a los pueblos que se rebelan contra la opresión y miseria lo cual el mundo ha visto horrorizado y ha condenado las atroces torturas contra prisioneros de Irak y Afganistán y en la cárcel de Guantánamo.
5.-Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial cumplir con su responsabilidad, denunciar y enjuiciar a los responsables y que la verdad de los hechos sea conocida, que una vez mas los responsables, principalmente Alan García no apelen a la prescripción de sus delitos. Insistimos que por este atroz crimen de lesa humanidad nadie fue debidamente procesado y menos encarcelado, pero por otro lado miles de presos políticos -incluyendo sobrevivientes de este genocidio-, purgan condenas desde hace 10, 12 y 18 años juzgados por tribunales sin rostro y con leyes inconstitucionales promulgadas por Fujimori y Montesinos, que el gobierno de Toledo mantiene y ha apuntalado más y amenaza mas con regresionar a métodos carcelarios de la década pasada
6.-Pese al reclamo de los miles de víctimas de la política estatal durante la guerra interna, de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, los gobiernos que se han sucedidos en el poder han negado con arrogancia su responsabilidad. Basta mencionar que ninguno de los 24 candidatos presidenciales ni los casi tres mil candidatos al Congreso han siquiera mencionado voluntad política para tratar y resolver la situación de los desaparecidos y asesinados, de los presos políticos, requisitoriados y expatriados por razones del conflicto interno.
Nosotros los familiares no descansaremos hasta lograr la justicia, hasta que los hechos y la verdad histórica queden registrados tal como fueron y en ese sentido llamamos una vez mas a nuestro pueblo, de quien siempre recibimos comprensión y apoyo sincero, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y personalidades democráticas, a la prensa nacional e internacional a contribuir en la búsqueda de la verdad.
Lima, 15 de mayo del 2006
ASOCIACION DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS, DESAPARECIDOS Y VICTIMAS DE GENOCIDIO - AFADEVIG
(www.afadevig.org)
Ismael Vega, representante de Amnistía Internacional en el Perú:
"El debate entre Ollanta Humala y Alan García debe incluir el tema de los derechos humanos pese a que a ambos candidatos se les imputa haberlos violado, no han manifestado interés alguno por aclarar las supuestas violaciones". (Citado en el diario La Primera, 15 de mayo)