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Los familiares de los presos políticos asesinados el 19 de junio de 1986 en los penales de El Frontón, Lurigancho y Callao, denunciamos una vez mas la impunidad en que el Estado peruano mantiene por mas de 19 años a este execrable delito de lesa humanidad a través del Ministerio Público y el Poder Judicial.
A poco de ocurridos los hechos, Alan García Pérez montó farsas de procesos judiciales y exculpó a los genocidas. En 1991, Fujimori los exculpó en el Congreso, sacramentando así la política genocida del Estado peruano.
En ese largo trajinar tocamos cientos de puertas y siempre recibimos negativas, persecución, golpizas y hasta hemos sufrido carcelería por pedir justicia, por exigir nos sean entregados los restos mortales de nuestros seres queridos.
El Ministerio Público en siete oportunidades archivó nuestras denuncias y recién el 2004 a nuestra exigencia formuló denuncia penal contra los responsables sin incluir al principal responsable Alan García Pérez. Las Actas del Consejo de Ministros del 18 y 19 de Junio y las felicitaciones públicas que hiciera García Pérez a los genocidas, prueban suficientemente nuestras denuncias. Todo ello pretende ocultarse y en el colmo del abuso el Instituto de Medicina Legal dirigido por el Dr. Luis Bromley, pretendió entregarnos restos no identificados y en cajas de cartón lo cual rechazamos. Pasados 28 meses de las exhumaciones no han identificado ningún cadáver. y no nos entregan los restos mortales de nuestros seres queridos.
Una vez una vez mas la justicia peruana pretende establecer la impunidad.
La Jueza del Primer Juzgado Penal Supraprovincial, Dra. María Salazar Casas, ha denegado nuestra petición de constituir al Estado como tercero civilmente responsable, desacatando dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha determinado la responsabilidad del Estado y ordenado se investigue y procese a los responsables en sentencias de obligatorio cumplimiento. También la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final, determinó claramente la responsabilidad del Estado en estos graves hechos y demandó investigar y encontrar la verdad de los hechos.
Haciendo un abusivo y mal uso del derecho y de las leyes la Señorita Jueza en su resolución del 29 de septiembre, adelantando opinión , ya absolvió de toda culpa a Alan García y demás responsables y hasta justifica su proceder al aludir en el Punto Cuarto de su Resolución, que actuaron "…en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho…". Rechazamos este sustento de la Jueza pues el genocidio, el cruel asesinato de nuestros familiares no fue ni un deber ni un derecho, ahí están sus cuerpos fusilados, mutilados, quemados, en pedazos como lo hemos visto en las exhumaciones. Las leyes vigentes no ordenaban ni ordenan ese cruel proceder, pero con su resolución la Jueza María Salazar pretende establecerlo así, lo cual rechazamos con indignación y exigimos que esa Resolución sea revocada por la Instancia Superior respectiva.
Nosotros no descansaremos hasta encontrar la justicia, pase el tiempo que pase seguiremos luchando. Llamamos al pueblo peruano, a las organizaciones populares, a los organismos defensores de los Derechos Humanos, a las personalidades democráticas a pronunciarse contra la impunidad y a impedir la prescripción de este delito en el tiempo como pretenden Alan García y los demás responsables.
Lima , 3 de noviembre del 2005
Fuente: Indymedia Perú (ttp://peru.indymedia.org/news/2005/09/19744.php) 6 de setiembre de 2005.
