PRONUNCIAMIENTO
Los familiares de las víctimas de la violencia política de las últimas dos décadas, expresamos lo siguiente:
- Nuestro pleno respaldo a la fiscal Cristina Olazábal Ochoa por la labor que viene desempeñando en la búsqueda de la verdad y la justicia para miles de víctimas y afectados por la violencia política. Destacamos su firmeza, honestidad e imparcialidad al frente de las investigaciones sobre los casos Lucanamarca, Cabitos, Accomarca, entre otros, por lo que invocamos al Estado brindarle el apoyo y respaldo necesario para seguir al frente de las investigaciones.
- Rechazamos las calificaciones vertidas por representantes del Partido Aprista en contra de la fiscal Olazábal, quien no hace más que cumplir con la labor que le corresponde en su condición de autoridad de la justicia, así como las críticas vertidas hacia las organizaciones de derechos humanos que respaldan la investigación realizada por la fiscal. Esperamos que las autoridades del Estado sigan el ejemplo del Ministerio Público de Ayacucho quien ha reivindicado públicamente a la fiscal y la justicia peruana.
- Queremos destacar que durante la década del 80 se inició una estrategia contrasubversiva que ocasionó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Alan García conocía esta situación y sin embargo, la toleró y encubrió a los responsables directos de los crímenes, por lo tanto debe responder ante la justicia también por los casos: Pucayacu; Umaru y Bellavista; Parcco y Pomatambo; Cayara; Santa Ana y Pampamarca; los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara; así como los casos presentados en San Martín, Apurímac, Pasco, Huancavelica, Huánuco, Tingo María, Ancash, entre otros.
- Creemos que los crímenes deben ser juzgados en el lugar en el que se perpetraron. Por ello el caso Cayara, como muchos otros, debe ser investigado, procesado y sancionado en Ayacucho. Trasladar el caso a Lima, alejaría a sus deudos de la justicia y además conllevaría problemas de tiempo y recursos. Recordemos que si el propio Alan García -pese al salario vitalicio que percibe como ex mandatario- no disponía de recursos para trasladarse a Ayacucho y ser interrogado por el caso Accomarca, menos lo tendrán los campesinos y huérfanos de la guerra.
- Como familiares y afectados por el conflicto armado rechazamos y condenamos cualquier forma de violencia e impunidad. Por eso permaneceremos vigilantes sobre los avances en la investigación del caso Cayara y los otros procesos pendientes con la justicia que tiene el ex presidente García y las fuerzas del orden. Para ello convocamos a la opinión pública, organizaciones sociales, medios de comunicación y representantes del Estado a sumarse a la búsqueda de justicia y sanción a los verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos-Casos CIDH
Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADER)
Familiares del caso Accomarca
Familiares del caso El Frontón
Familiares del caso Cayara
Familiares del caso Parcco y Pomatambo
Familiares del caso Umaru y Bellavista
Familiares del caso Pacchahuallhua, Independencia
Familiares del caso Chungui
Familiares del caso Soccos
Familiares del caso Chumbivilcas
Familiares del caso Cabitos
EL PUEBLO PERUANO NO OLVIDA
¡Impunidad, nunca más!
Lima, 15 de abril de 2005
