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Sobre la inminente liberación de los procesados por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos

Víctimas de casos Barrios Altos y La Cantuta exigen justicia

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante el riesgo de la liberación de los procesados por la comisión de graves delitos contra los derechos humanos, en los casos La Cantuta, Barrios Altos, la desaparición del periodista Pedro Yauri y la desaparición de pobladores del Santa, por haber transcurrido el plazo de detención que establece la norma procesal sin que se haya dictado sentencia, cumple con expresar a la opinión pública lo siguiente:

1. Durante dos décadas nuestro país vivió en medio de una violencia política que dejó un saldo doloroso de miles de víctimas. Desde el Estado, las fuerzas del orden cometieron graves violaciones a los derechos humanos, calificados como crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, tortura y ejecuciones arbitrarias. Es urgente, por tanto, hacer justicia en tales casos, siendo un tema pendiente en la agenda política que forma parte de la lucha por la erradicación de la impunidad.

2. Sin embargo, a la liberación de personajes procesados por corrupción (pese a las abundantes pruebas en su contra) se suma ahora la excarcelación de Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, sindicado como coautor en la matanza de Barrios Altos, la inminente liberación de Nelson Rogelio Carbajal García, también coautor en este horrendo crimen, y el grave riesgo de la liberación de otros violadores de derechos humanos que vienen siendo procesados por la comisión de crímenes de lesa humanidad, al haberse dilatado excesivamente el tiempo de su detención sin que se haya dictado sentencia en el proceso judicial que se les sigue.

3. Esta lamentable y preocupante situación se produce debido a las deficiencias y limitaciones del sistema de administración de justicia, así como a la muy bien montada estrategia dilatoria de la defensa que, ante las evidencias abrumadoras en contra de los sindicados, no encuentra mejor opción que entorpecer el proceso judicial y poner trabas para evitar la acción de la justicia. Corresponde a las propias instancias judiciales, determinar por qué no se puso coto, en su momento, a las maniobras que entorpecieron y dilataron indebidamente el proceso.

4. El derecho a la justicia y a la verdad son dos aspiraciones impostergables. Constituye un imperativo y una obligación del Estado investigar estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables, siendo responsabilidad directa del Ministerio Público y del Poder Judicial. Consideramos que se debe desarrollar un juicio oral a la brevedad posible, con celeridad y respeto del debido proceso, en el que se declare la responsabilidad penal de los procesados integrantes del denominado grupo "Colina".

5. Exigimos, por tanto, que se tomen las medidas correctivas y que se impulsen los procesos sin que las maniobras dilatorias impidan alcanzar la justicia. No se podrá fortalecer el sistema democrático sobre la base de la impunidad. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil para mantenerse alerta frente a estos preocupantes hechos.

Lima, 24 de enero de 2005

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Fuente: http://www.dhperu.org/