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INTRODUCCION
La represión desatada en plaza de Mayo, el 31 de agosto pasado, luego de el acto de repudio a la visita del director gerente del FMI, Rodrigo de Rato, nos preocupa seriamente. Los métodos utilizados por la Policía Federal y el gran saldo de manifestantes heridos, debe ser un llamado de atención a toda la sociedad, en especial a aquellos comprometidos con los derechos humanos.
LOS HECHOS
El 31 de agosto distintas organizaciones acuerdan realizar un escrache frente a las puertas del Ministerio de Economía, en repudio a la presencia del director gerente del FMI, en el lugar con motivo de entrevistarse con funcionarios del gobierno nacional.
A metros del lugar del escrache, frente a la Casa Rosada, otra manifestación pedía por la libertad del dirigente piquetero Raúl Castells, preso el la provincia de Chaco. Las organizaciones que escracharon a Rodrigo de Rato también adherían a esta demanda.
Una vez frente a las puertas del Ministerio de Economía, y según lo acordado por sus organizadores, se prendieron fuego cubiertas y se entonaron cánticos contra la presencia del funcionario del FMI. En ese momento es cuándo aparecen efectivos de la guardia de infantería que desalojan el lugar, donde se produce un pequeña refriega.
Una vez que la policía desaloja las puertas del Ministerio de Economía, avanza sobre Plaza de Mayo tirando gases y disparando balas de goma, al momento en que centenares de personas desconcentraban pacíficamente. Junto a la Guardia de infantería actúo personal de civil, contrariando cualquier norma democrática. Esta práctica represiva rompe acuerdos que distintos organismos de Derechos Humanos habían alcanzado con el gobierno para garantizar que no se utilizara personal policial de civil para reprimir, como en los gobiernos de facto o en anteriores de carácter constitucional.
La gran presencia de policías de civil y sin ningún tipo de identificación puede verse en las filmaciones realizada por la prensa, incluso en las fotos de los diarios del día siguiente. Durante la detención gran cantidad de mujeres fueron revisadas por personal masculino, proceder que atenta contra las leyes vigentes, ya que la tarea la tiene que realizar personal policial femenino. Otro elemento que aparece, y merece destacarse, es la utilización de camiones hidrantes con agua con pintura para "marcar" manifestantes y gases lacrimógenos vomitivos.
El caso más ejemplar de este alto nivel represivo lo constituye el hecho de que una vez desconcentrada la movilización, contando todas las organizaciones con importante cantidad de gente herida y a la espera de ambulancias, las fuerzas policiales hacen su entrada a la estación de subterráneos donde los manifestantes esperaban para retirarse. Dentro de la estación de subte, un espacio cerrado y con poca circulación de aire, la policía utiliza gases lacrimógenos y dispara con balas de goma.
Dentro de la estación se detiene a un centenar de personas, las cuáles fueron tiradas al piso, pateadas, golpeadas y apiladas unas sobre otras. Fotos aparecidas en los medios de prensa, que son adjuntadas en este informe, dan testimonio de ello. Y como síntesis del proceder brutal de las fuerzas estatales, fueron detenidas y golpeadas seis mujeres embarazadas.
El accionar policial culminó con 102 personas apresadas, alojadas en primera instancia en la Comisaría Segunda de Capital Federal y en Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, donde todos los detenidos fueron trasladados esa noche. Al día siguiente fueron dejados en libertad la mayoría de los detenidos, salvo 8 que fueron trasladados a los tribunales de comodoro Py para tomarles indagatoria.
LA CAUSA
La Causa la tramita en el Juzgado Federal N° 9 a cargo de Juan José Galeano, y el Fiscal Stornelli. Más allá de los sobrados elementos de duda que tiene la sociedad actualmente sobre la idoneidad del magistrado, se agrega la arbitrariedad con la que está llevando esta causa judicial.
En cuánto a la defensa de los compañeros, fue asumida por un grupo de abogados de distintas organizaciones y organismos, integrado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, la CORREPI, Apel, MTL y FIDELA
Los cargos que pesan sobre los compañeros procesados se basan fundamentalmente en el uso del artículo 213 bis del código penal, conocido como prepotencia ideológica. Este cargo, por su mera esencia ya demuestra el límite finito que la justicia traza entre una causa judicial y la persecución política. La primera resolución que toma el Juzgado de Juan José Galeano, es que sin previa indagatoria ni motivo que permita determinar el criterio de elección, decreta la libertad de 94 de los 102 detenidos a los cuales de todos modos les mantiene un proceso abierto. Por su parte, la Fiscalía pide que se les indague, que se procese a los ocho restantes y que se avance en la captura de más compañeros, todos ellos conocidos referentes políticos de las organizaciones que habían llevado a cabo el escrache. Casi concediendo por completo la requisitoria del Fiscal, Galeano mantiene el pedido de procesamiento para los ocho detenidos, a los que se les imputa los cargos de prepotencia ideológica a todos ellos, intimidación pública calificada, daño calificado y coacción contra funcionario público agravada a varios; mientras que a la única mujer de estos ocho compañeros sólo le mantiene el procesamiento por prepotencia ideológica, por lo que accede a su excarcelación.
Además, el Juez de la causa, pide la captura de uno de los referentes del MPR Quebracho, Fernando Esteche, organización que había estado entre las convocantes al escrache.
Actualmente, está en proceso de presentación de Apelación, habida cuanta de que los abogados defensores estiman sumamente arbitrario el proceso en general, carente de pruebas incriminatorias contra los acusados, y forzado en una figura legal, como es la prepotencia ideológica, que es el símbolo de la persecución política.
LOS DETENIDOS
# Barrios, Rafael Benito, 48 años, desocupado. Detenido en el penal de Marcos Paz.
Padre de 2 hijos y tiene 3 nietos. Vive con su mujer, con uno de sus hijos, su nuera y tres nietos.
Desarrolla actividades sociales en el Centro Popular Barros de Fuego del barrio Tierras Altas, partido de Malvinas Argentinas. En este centro popular funciona un comedor comunitario, merendero, emprendimientos de tejidos, artesanías, ropero comunitario y huerta.
Sufre serios problemas de salud. Deficiencias cardíacas, mal de chagas, hernia y colesterol alto. Tiene su brazo izquierdo inutilizado, para fin de año tiene programada una operación que le devolvería su normal funcionamiento.
# Reynoso Héctor, 28 años, desocupado. Detenido en el penal de Marcos Paz.
Vive con su madre y tres hermanos de los cuales dos son menores y están estudiando.
Desarrolla actividades sociales en el Centro Popular Los Pinos de la localidad de El Jaguel, partido de Estaban Echeverría, donde funcionan un comedor y merendero comunitario.
# Sánchez Pablo Marcelo, 19 años. Desocupado. Detenido en el penal de Ezeiza.
Vive junto con sus padres y un hermano.
Desarrolla actividades sociales en el Centro Popular Argentinos de Pie del barrio de Tierras Altas, partido de Malvinas Argentinas, donde atendía un merendero y comedor comunitario
# Miguel Alberto García Soler, 31 años, desocupado. Detenido en el penal de Marcos Paz.
Padre de 2 hijos de 4 y 9 años.
Al momento de su detención se encontraba en libertad condicional. Mientras cumplía su condena en el penal de Ezeiza conoce a Carlos Bertola y Diego Quinteros, con los que comienza a discutir sobre la realidad social de la mayoría de los argentinos y de política. Al salir de prisión se suma a desarrollar tareas sociales y comunitarias en los centros populares de Moreno, donde además de merendero y comedor comunitario, funciona una biblioteca popular.
# Vence, Carlos Roberto. Detenido en el penal de Marcos Paz.
#Casanova, Rodolfo Horacio. Detenido en el penal de Marcos Paz.
# Díaz, Jonatan Ezequiel, 19 años. Detenido en el penal de Ezeiza.
OTRA CAUSA
En el marco de la brutal persecución política, se detiene al dirigente de la CTD Aníbal Verón Gustavo Franquet. Éste es detenido por requerimiento del juzgado Federal nº 2 de Lomas de Zamora, por una causa iniciada a raíz de un corte de ruta a mediados del año pasado y que hasta el momento de la indagatoria, el Juez obrante decía no tener mayores informaciones.
Tras pasar detenido 4 días en el penal de Devoto, fue liberado el pasado 7 de septiembre.
CONSECUENCIAS DE LA REPRESION.
En el marco de la represión desatada, se verifica una importante cantidad de compañeros heridos. No sólo por efecto de los disparos de balas de goma, si no producto de la feroz golpiza de las fuerzas policiales, ya había varios compañeros que esperaban atención médica en la estación de subte en la que vuelve a reprimirse y finalmente se detiene a los 102 presos iniciales. Cabe recordar, que hubo una docena de compañeros que debieron ser atendidos en el Hospital Argerich, previamente a ser llevados a la Comisaría Segunda. Más allá de esto, una vez liberados los 94 detenidos pertenecientes a distintas organizaciones sociales y políticas verificamos lesiones graves en ellos, producto del maltrato policial. Sòlo por mencionar las màs graves de ellas:
# Sulemain, Adriana Gabriela, desocupada. Perdió un embarazo en curso de tres meses a causa de los golpes recibidos.
# Lezcano, Margarita, desocupada. Traumatismo en la rótula y hematomas en la espaldas.
# Dib, María Fernanda, desocupada. estómago perforado por dentro a causa de los golpes recibidos mientras le aplicaban lo que en la jerga represiva se conoce como "submarino seco" dentro de la Comisaría Segunda.
# Fernández, Valentina, estudiante. Siete puntos de sutura en la cabeza, un balazo de goma en la cercanía del ojo izquierdo, golpes y traumatismos en todo el cuerpo.
# Fuentes, Cirila del Rosario, desocupada. Fractura de tobillo.
# Montenegro, Daniel, desocupado. Fractura de tabique y maxilar superior, pérdida de varios dientes.
ACTUALIZACIONES AL 20 DE SEPTIEMBRE
Según denunciáramos en las primeras líneas del Dossier de los Presos del FMI, en el marco de la causa N° 12.865/4 que tramita en el Juzgado federal N° 9 Secretaría N° 18 de J. José Galeano (represión a los militantes de organizaciones sociales y políticas el 31-8-04) se encunetra un importante marco de irregularidades. Según esta causa va avanzando y, hasta donde pudo ser vista por la defensa (a la que se le retacea permanentemente información), se han sumado nuevos y preocupantes elementos que nos evidencian las consideraciones políticas de las actuaciones.
El marco persecutorio que se establece desde la misma imputación de delitos como "prepotencia ideológica", "intimidación pública", "coacción agravada" y "daño calificado" se ve empeorado, por la actuación del Fiscal Stornelli quien a raíz de la liberación de 94 de los 102 detenidos que quedaron como saldo de la brutal represión del mismo 31/08, apeló el procesamiento de la totalidad de ellos. Este fiscal propuso la combinación de cargos desproporcionados para evitar la liberación de los imputados, a la par que hizo uso de argumentaciones de tipo políticas para justificar la negativa de la excarcelación de los 7 compañeros que quedaron detenidos (mencionando por ejemplo el uso de pañuelos como elemento evasor de justicia). Stornelli considera que deben ser requeridos por figuras penales que impliquen la prisión preventiva hasta la decisión del juicio oral pertinente (arts. 213 bis y 211 2da. parte Código Penal). Esto siempre sobre la base del cargo de prepotencia ideológica, que como nos cansáramos de decir es la esencia misma de la persecución política, y que en momentos de connivencia entre el poder político y el judicial es una clara herramienta de proscripción.
Actualmente el fiscal insiste en el pedido de indagatoria de los más de 100 detenidos y en especial avanza solicitando las capturas e indagatorias de varios referentes de organizaciones populares, que no se encontraban inicialmente procesados en esta causa. Hasta donde fue visto el expediente (17/09/04), el juzgado de Galeano concede parte de estos pedidos, situación ésta que compromete hasta el momento, la situación de Fernando Esteche, sobre quien pesa una orden de captura y la de Leonardo del Grosso, quien fue citado a declaración indagatoria; ambos, miembros de la dirección de Quebracho. Esto, sin perjuicio de que se dicten nuevas medidas que profundicen la búsqueda y captura de más militantes.
A sí mismo, en días de la semana pasada se incorpora a la causa y como un cuarto cuerpo agregado a los tres que se especifican en los sucesos del 31 de Agosto, un informe elaborado por el Departamento de Seguridad del Estado (lo que antiguamente era el Depoc), de la Policía Federal (órbita del Ministerio del Interior). Este cuerpo ya no versa sobre las propias actuaciones de la causa del 31 de Agosto, sino que se basa en informes de inteligencia en los que se buscan establecer cuestiones de la vida interna de organizaciones políticas, sus miembros y sus actividades. Así, en una línea política que se emparenta directamente con las prácticas del viejo ministro del Interior del menemismo, C. Corach, en este informe se ven comprometidos compañeros de distintas fuerzas políticas, en especial Quebracho y Martín Fierro. Lo que fundamentalmente hace es identificar a varios dirigentes de ambas organizaciones, acompañando material fotográfico y "fichas" de datos personales y se monta una teoría de que ambas fuerzas serían una misma y única organización de dirección compartida. En este cuarto cuerpo se incrimina entre otros, a Gustavo Piantino, uno de los abogados que oficia como defensor en la causa, dato que atenta contra la propia actuación de la defensa.
Este informe elaborado en ámbitos del poder político del Ministerio del Interior, nos remite directamente a lo sucedido en torno a la detención del 03 de septiembre de Gustavo Franquet, referente de la dirección de la CTD A Verón y miembro de Quebracho, quien fuera interceptado en la vía pública por personal de civil y llevado al Juzgado N° 9 de Lomas de Zamora, donde era mencionado en una causa dormida y sin trascendencia por corte de ruta. En esta oportunidad, el compañero fue liberado después de pasar 4 días alojado en el penal de Villa Devoto.
Este tipo de inteligencia, que es violatoria de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, deja en evidencia que más allá de la búsqueda de incriminar a nuevos compañeros a raíz de la causa iniciada por la manifestación del 31 de Agosto, se está profundizando directamente sobre la tarea de información acerca de la vida interna de organizaciones políticas públicas. Esto demuestra la clara actitud no sólo de persecución sino de escarmiento hacia aquellas organizaciones que mantengan un perfil opositor al gobierno montando una descarada práctica de arrojarlas a la semilegalidad, manteniendo la amenaza permanente de la judicialización de su línea política.
Actualmente, la causa se encuentra en estado de Apelación. Ya presentada la motivación de la misma, resta el sorteo de Cámara. Así mismo, se prevén presentaciones de la defensa y de distintos organismos de derechos humanos, denunciando las irregularidades anteriormente mencionadas.
Lunes, 20 Septiembre 2004
Coordinadora Por La Libertad De Los Presos Políticos - Argentina
