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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública para expresar su profunda preocupación ante la decisión de la 41 Fiscalía Provincial de Lima de archivar las denuncias contra Alan García Pérez y el Consejo de Ministros de su gobierno por las muertes y desapariciones ocurridas en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, entre los aņos 1985 y 1986.
La fiscal Rebeca Sánchez, titular de la Cuadragésima primera Fiscalía Provincial Penal consideró que no existen pruebas que acrediten la responsabilidad de Alan García Pérez y del Consejo de Ministros durante su gobierno.
Frente a esta decisión el equipo de abogados, de las distintas instituciones de derechos humanos que forman parte de la CNDDHH, presentaran dos quejas: la primera ante la Fiscalia Superior que se funda en que la Fiscal Sánchez no ha permitido que los abogados de las víctimas accedan al expediente y como resultado no se han podido proponer pruebas, y la segunda queja será presentada ante el Órgano de Control del Ministerio Público por inconducta funcional.
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias a favor de las víctimas y encontró al Estado Peruano responsable de haber violado el derecho a la vida y otros, y lo insto a ha hacer todo el esfuerzo para localizar e identificar a las víctimas y entregarlos a sus familias, así como investigar los hechos, identificar, procesar y sentenciar a los responsables. Actualmente de acuerdo a su propia sentencia la CIDH continua vigilando el cumplimiento de su resolución.
Hacemos un llamado a las autoridades judiciales a fin de que se tomen las medidas necesarias para que continúen las investigaciones sobre este caso que representa una grave violación a los derechos humanos y que se realice con respeto a las normas del debido proceso.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
25/04/02
Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
