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	Protestas sociales en Perú AGOSTO DE 2008 Los pueblos indígenas de la Amazonía se levantan en defensa de sus derechos El 9 de agosto, miles de indígenas pertenecientes a las 65 etnias que habitan en la Amazonía del Perú iniciaron una movilización nacional indefinida para protestar contra lo que consideran una sistemática violación de sus derechos por parte del gobierno. En un comunicado difundido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los pueblos indígenas de la Amazonía peruana señalaron que la decisión de iniciar la lucha se debe a que "el presidente Alan García Pérez, valiéndose de un otorgamiento de facultades legislativas dadas por el Congreso de la República, ha vulnerado nuestros derechos al querer consolidar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos emitiendo decretos legislativos que afectan nuestros territorios". En tal sentido, reclamaron al Ejecutivo, la derogatoria de las leyes que atentan directamente contra sus tierras, como el Decreto Legislativo 1073 (que modificó al 1015) que establece que con el voto del 50% más uno de los integrantes de una comunidad se puede aprobar la transferencia o concesión de parte de los territorios comunales. A este dispositivo se suman otros 38 -como los 994, 1064, 1089 o 1090- que entre otras cosas establecen que el Estado podrá disponer de los terrenos eriazos que no estén titulados. El decreto legislativo 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario y que subestima el uso tradicional de los pueblos indígenas, contraviene el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú, porque no ha respetado el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Del mismo modo, el DL 1073, que modifica el artículo 10° de la ley N° 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, vulnera el derecho a la libre determinación y a la autonomía y gobierno de las comunidades, establecido en los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Otra demanda era la modificación del artículo 89º de la Constitución Política del Estado, restableciendo el carácter inalienable e imprescriptible de los territorios indígenas. Asimismo, pidieron la instalación de una comisión del Congreso de la República encargada de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú, la creación de un fondo para proyectos sostenibles a favor de los pueblos indígenas, el respeto al rechazo de los pueblos indígenas a las concesiones hidrocarburíferas, mineras y forestales superpuestas en sus territorios; la creación del Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe y Vice-Ministerio de Salud Intercultural, entre otros puntos. Los nativos señalaron que es inaceptable que el Estado y sus gobernantes los califiquen de intolerantes, pues aseguran que han expresado su intención a dialogar, pese a 28 años de indiferencia por parte de las autoridades. Las acciones de protestas empezaron el 9 de agosto en diferentes zonas de la Amazonía con la toma de instalaciones y el bloqueo de carreteras y puertos fluviales. Miles de indígenas se movilizaron en Amazonas, Ucayali, Loreto, Satipo y el Medio y el Bajo Urubamba, donde integrantes del grupo étnico Machiguengas cerraron la circulación fluvial a la altura del distrito de Echarate (Cusco) y capturaron una embarcación de transporte de combustible de la empresa Pluspetrol, así como un transporte del Proyecto del Instituto de Manejo del Agua (IMA). Los indígenas exigieron que el gobierno forme una comisión de alto nivel que viaje hasta Datem del Marañón (Loreto) para dialogar con ellos y dar solución a estos problemas de los que llevan quejándose varios meses. La misma, según sus deseos, debería estar encabezada por el propio presidente de la República, Alan García. En vez de dialogar gobierno optó por enviar tropas para enfrentarse a los miles de indígenas en lucha. El 10 de agosto, en la región Amazonas se desarrolló un enfrentamiento entre 600 nativos y unos de 200 miembros del Ejército en la zona de Santa María de Nieva, donde los indígenas lograron tomar la central hidroeléctrica de Aramango. La lucha fue cuerpo a cuerpo, pues los militares no emplearon armas de fuego contra los nativos, pero sí cobró regular número de heridos. Mientras tanto, las acciones se radicalizaron y más comunidades se sumaron a la lucha, con tomas de centrales hidroeléctricas y bloqueos. En la zona de Manceriche -también en Amazonas- otro grupo de indígenas tomaba la estación Nº 5 de Perú Petro. A la toma de la estación 5 de PetroPerú en Saramiriza (Loreto) por parte de los indígenas Awajun, el 11 de agosto se sumó la ocupación de la central hidroeléctrica de Aramango, en Muyo (Amazonas) y el bloqueo con embarcaciones del río Bajo Urubamba y la ocupación de dos plantas y un helipuerto de Pluspetrol en Quillabamba (Cusco) por representantes de las comunidades nativas del bajo Urubamba, quienes ingresaron a las plantas A y B del lote 56 correspondiente a la zona conocida como Pagoreni, perteneciente al Proyecto Camisea. Tras cuatro días de movilizaciones y tomas de locales y embarcaciones, el 12 de agosto, las comunidades nativas de la selva consiguieron que el gobierno acepte escuchar sus propuestas y debatir sus reclamos. Como resultado de las conversaciones preliminares de la dirigencia del la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) con representantes del gobierno se acordó la instalación de una mesa de diálogo que se realizará el viernes 15 en San Lorenzo en el distrito Datem del Marañon y que estará presidida por el ministro de Ambiente, Antonio Brack. A pesar de ello, las comunidades en lucha manifestaron que no suspenderán las acciones de protesta, pues desconfían de las promesas del gobierno, razón por la cual expresaron que no están dispuestos a ceder ni dejar la toma de instalaciones hasta verificar resultados concretos y voluntad política de solucionar el conflicto. Como se había acordado, el 15 de agosto, se llevó a cabo una reunión en San Lorenzo entre la comisión presidida por Antonio Brack y representantes de las comunidades nativas. Sin embargo, en la tarde los representantes de las comunidades indígenas suspendieron las conversaciones, luego de constatar que la comisión el gobierno no tenía poder de decisión. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep), confirmó su decisión de buscar, por medio del diálogo, una solución al conflicto, pero con un funcionario que tenga poder de decisión, como el premier Jorge del Castillo o el ministro de Agricultura, Ismael Benavides y señaló que "algunos medios intentan mal informar a las comunidades nativas, diciendo que los representantes nativos rompieron el diálogo". El 17 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, respondió lanzando una ofensiva contra los indígenas en huelga indefinida, amenazando mediante un comunicado con suspender el diálogo si no deponen sus medidas de fuerza. Del Castillo ratificó la confianza del gobierno en el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, para buscar solución al conflicto con los nativos, pero señaló que todo queda condicionado a que se levante la huelga indefinida que realizan en protesta contra los dispositivos legales que vulneran el derecho a la propiedad de sus tierras. Tratando de descartar al Aidesep como interlocutor del conflicto con los nativos de la Amazonía, dijo a la prensa que dialogaría con los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). Sin embargo, el líder de la CONAP, Oseas Barbarán, señaló que no ha recibido ninguna invitación para dialogar con el primer ministro Jorge del Castillo, y aclaró que su gremio exige también la derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria, la 1073. Por su parte, las comunidades nativas rechazaron las amenazas y chantajes del gobierno ratificando su decisión de mantener la medida de fuerza hasta que haya una solución al conflicto. Casi al mismo tiempo en que el primer ministro Jorge del Castillo advertía a los dirigentes nativos que el gobierno aplicaría la ley si la Aidesep no levanta sus medidas de fuerza, fuerzas policiales arremetieron contra los pobladores que se encontraban en la central El Muyu y en la Estación Cinco del oleoducto Norperuano. El saldo del enfrentamiento en la hidroeléctrica, ubicada al norte de Bagua, fue un custodio y un nativo heridos, este último de bala. En el enfrentamiento en la Estación 5, ubicada en la localidad de Santa María de Nieva, en el distrito de Condorcanqui, en la región Amazonas, más de cincuenta efectivos en vano trataron a dispersar a punta de balas y gases, a más de mil nativos aguarunas y huambisas que se encontraban atrincherados en los accesos de las instalaciones de la petrolera estatal. La represión policial dejó cuatro manifestantes con heridas cortantes y golpes, que fueron trasladados al centro médico de Santa María Nieva. La situación se agudizó más el 18 de agosto, con la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias de Bagua, Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto), y el distrito Echarate, de la provincia de La Convención, Cusco. El mismo día, el gobierno mandó fuerzas militares a las zonas en emergencia para controlar instalaciones petroleras y carreteras. Los dirigentes de los nativos, por su parte, llegaron a Lima y pidieron el retiro inmediato de las tropas de Amazonas, Loreto y Cusco, por considerar que la declaratoria de emergencia no era más que un acto de provocación que podía generar actos de violencia de incalculables consecuencias. "Nosotros, los nativos, no somos violentos, pero los pueblos indígenas han decidido resistir y defender sus territorios. El gobierno nos ha declarado la guerra con la declaratoria de emergencia y los indígenas se mantienen firmes en su decisión de morir defendiendo sus tierras", aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango. Robert Guimaraes, vicepresidente de la de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) dijo que los nativos continuarán con el paro nacional indefinido iniciado mientras el Gobierno no envíe una "comisión multisectorial amplia" para que atienda sus demandas. Indicó que la mesa mutisectorial debe ser presidida por el primer ministro Jorge del Castillo, con quien esperan "iniciar un diálogo serio, responsable, amplio y participativo con un equipo legal que nos apoye". "Los pueblos indígenas estamos exigiendo un diálogo directo con el Ejecutivo, un diálogo multisectorial porque hay muchos problemas que resolver en la Amazonía", manifestó. El 19 de agosto, comunidades indígenas del Bajo Urubamba y rondas campesinas de Cajamarca se sumaron al paro indefinido de las comunidades amazónicas. Además los campesinos de las cuencas cocaleras de la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) anunciaron que se sumarán a la movilización. El 20 de agosto, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y el dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango firmaron un acta de entendimiento para poner fin a las protestas en la selva. El acta estableció que los nativos de la amazonía levantarán las medidas de protesta desde las 15:00 horas, y que el Congreso debatirá la derogatoria del decreto legislativo 1015 y otras normas en una sesión extraordinaria del pleno del viernes 22. Además el acuerdo indicó, entre otros aspectos, que se debe formar una comisión multipartidaria para estudiar la situación de los pueblos indígenas y gestionar que se derogue la declaratoria de Estado de emergencia en diversas provincias de la amazonía. Las bases de las federaciones nativas aceptaron el acta suscrita por el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y el dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, para suspender las protestas en la selva. El documento fue enviado a las bases nativas de manera inmediata, luego de lo cual expresaron estar de acuerdo y dejar de lado las medidas de fuerza, según informó Edson Rosales, de la oficina de comunicaciones de Aidesep. Mientras que en muchos lugares de la selva los manifestantes cumplían la tregua pactada entre sus dirigentes nacionales y el presidente del Congreso, Javier Velásquez, y cuando todos pensaban que la paz volvía, el día siguiente, en Bagua Chica se produjo un enfrentamiento violento entre la población y la policía cuando unos policías arrojaron por los suelos la olla común que los maestros de la ciudad preparaban para los nativos que acamparon en el parque Héroes del Cenepa. Los más de 2,500 nativos de las etnias awajun y huambisas que habían tomado por varios días el puente "Corral Quemado" se replegaron a Bagua Chica tras abandonar pacíficamente la estratégica vía, instalando allí sus campamentos, a la espera que el día viernes 22 el Congreso derogue las cuestionadas leyes. Cuando en la plaza principal los nativos escuchaban de sus Apus (llaman así a sus jefes) el informe de la suscripción del acta en Lima, un centenar de policías, la gran mayoría provenientes de ciudades como Trujillo, Piura, Chiclayo, Ayacucho rodeaban la plaza "Héroes del Cenepa". La chispa se encendió, cuando la policía comenzó a reprimirles y arrojó por los suelos la olla común preparada por los maestros para los nativos. Entonces, la población, a pesar de las bombas lacrimógenas, se enfrentó a los uniformados y prácticamente los empujó fuera de los límites de la ciudad, hasta el puente La Peca, en la quebrada de Hatunmayo. El día siguiente, la población de Bagua cumplió un paro de 24 horas en apoyo de las demandas de las comunidades nativas. El 22 de agosto, los controvertidos decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitaban la venta de tierras comunales de la sierra y de la selva y que provocaron la protesta de buena parte de las comunidades nativas de la amazonía, fueron derogados por el Pleno del Congreso, luego de un debate que se extendió por tres horas y media. El debate en el Pleno se inició con la exposición del proyecto elaborado por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos que planteaba la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, y la modificación del artículo 10 de la ley 26505 que regula la inversión privada en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Luego del debate, la bancada del partido de gobierno, el APRA se quedó sola en defensa de controvertidas normas, ya que todos los demás grupos parlamentarios votaron por la derogatoria. Informaciones de fondo:   SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO INDÍGENA AMAZÓNICO EN PERÚ. Rodrigo Montoya Rojas. Antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Perú. 21/08/08 Publicado en Mariátegui. La revista de las ideas. http://www.nodo50.org/mariategui/).   » Y además... Miles de mujeres del programa del Vaso de Leche protestan contra recorte de presupuesto El 5 de agosto, más de 15 mil mujeres del programa de ayuda alimenticia Vaso de Leche marcharon desde el Campo de Marte hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministro en Lima para expresar su protesta contra el recorte del presupuesto para el año 2009. Efectivos policiales trataron de dispersar la marcha para impedir que llegue a su destino, pero sus intentos fueron en vano porque las mujeres no dudaron en enfrentarse a la Policía y no se dejaron detener. La multitudinaria marcha dio frutos, porque a pesar de la represión el premier ministro Jorge del Castillo se vio obligado a recibir las dirigentes del Programa de Vaso de Leche y, luego de varias horas de diálogo, llegaron al acuerdo de que el Ministerio de Economía y Finanzas no recortará el presupuesto asignado para el 2009. La presidenta del programa, Pilar Brito, dijo que el compromiso quedó plasmado en un acta suscrita al término de la reunión. Otro acuerdo logrado fue que todos los beneficiarios de este programa social sean incluidos en el Registro Único de Beneficiarios con la finalidad de aumentar la transparencia. Ante la voz de las miles de manifestantes, el jefe del gabinete informó además que se acordó realizar un estudio para mejorar los niveles nutricionales de la ración que se reparte a los niños beneficiarios. Áncash vivió jornada de protestas El 12 de agosto, miles de personas se movilizaron en la región Áncash exigiendo una serie de reivindicaciones locales. En la provincia de Huaylas, los pobladores protestaron contra el supuesto mal uso de las aguas de la laguna de Parón, la más grande del Parque Nacional del Huascarán, por parte de la empresa Duke Energy Egenor, que administra la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato. En Lima, el congresista aprista Wilder Calderón anunció que presentará un proyecto de ley para que la laguna de Parón sea declarada en emergencia. Se acusa a Duke Energy de no presentar estudio de impacto ambiental y de ignorar llamados al diálogo de las autoridades. De otro lado, en la ciudad de Chiquián, provincia de Bolognesi, miles de personas marcharon para exigir a Provías Nacional el término de la construcción de la vía Mojón - Chiquián - Bolognesi. Ante la falta de atención de las autoridades, los manifestantes plantearon que se declare en emergencia la obra, considerada una "burla" por la población, con el objetivo de que se acelere su asfaltado. Por otra parte, campesinos del distrito Mancos - Yungay tomaron las instalaciones de la mina California, dedicada a la extracción de oro y zinc, para exigir que la compañía cumpla con su compromiso ambiental a favor de las comunidades de la zona. Nuevas protestas de los trabajadores ilegalmente despedidos El 13 de agosto, los trabajadores ilegalmente despedidos durante el gobierno de Fujimori de las bases de las centrales sindicales CGTP, CUT, CTP y CITE, tomaron la sede de la Defensoría del Pueblo en Lima, en busca de que la institución actúe como mediadora y logre que el Estado atienda sus pedidos. "El Gobierno no nos hace caso y está haciendo su lista de apristas para ser reincorporados. Además queremos que se derogue el decreto de urgencia 025 que pretende quitarnos beneficios como la jubilación, la reincorporación y la compensación", señalaron. Finalmente, luego de una fuerte represión policial que terminó con gases lacrimógenos y una manifestante desmayada, los ex trabajadores salieron de la sede de la defensoría, pero anunciaron la firma de un acta en la que dicha institución se comprometía a pronunciarse ante el Ministerio de Trabajo sobre el caso. Huelga indefinida de personal civil de las Fuerzas Armadas El 14 de agosto, los trabajadores administrativos de las Fuerzas Armadas (FFAA) iniciaron una huelga indefinida para reclamar la equivalencia remunerativa con el personal militar. En la mañana, unos mil trabajadores se concentraron en la puerta Nº 1 del Cuartel General del Ejército en San Borja para levantar su voz de protesta. "El promedio de un trabajador civil es 800 soles, mientras que un técnico gana 1800. La diferencia es abismal", señaló José Soto, secretario general del sindicato de trabajadores de las FFAA. Luis Ordóñez, secretario de defensa del gremio, precisó que la equivalencia remunerativa está determinada por el artículo 60 del DL 608, y que desde que se emitió en 1990 hasta la fecha no se hizo efectiva. Francisco Narazas, secretario general del sindicato de empleados públicos de la FAP, señaló que otro tema que exigen resolver al ministro de Defensa es la nivelación del CAFAE, el cual otorga sólo 100 soles a los trabajadores de las FFAA, "mientras un trabajador de última categoría de Defensa recibe 1000". Al cumplirse el cuarto día de huelga indefinida, el 19 de agosto, alrededor de un millar de trabajadores civiles de la Fuerza Aérea, Marina y Ejército se movilizaron por las principales arterias de Lima rumbo al Congreso, pidiendo que los congresistas exijan al ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, cumpla con su promesa de nivelar sus remuneraciones con la del personal militar. Los manifestantes fueron repelidos por la Policía Montada y retenidos -con rejas- dos cuadras antes del Legislativo. Luego los trabajadores civiles de las tres fuerzas castrenses se trasladaron hacia el Ministerio de Defensa, donde un grupo inició una huelga de hambre. Policías y militares retirados reclaman mejores pensiones Acompañados por las viudas y discapacitados de las Fuerzas Armadas, el 14 de agosto, cerca de dos mil militares y policías en retiro se congregaron en la Avenida de la Peruanidad en Lima para expresar su protesta y exigir el incremento de pensiones que durante 20 años reclaman al Estado. "Hay mandatos judiciales que no se cumplen. Nos dicen que no hay presupuesto, ¡pero consíganlo pues!, si no para qué están en la administración", manifestó el almirante (r) Francisco Vainstein, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP. En ese sentido advirtió que ningún militar en retiro, ni en actividad, permitirá que el gobierno elimine el régimen 19846 "cédula viva", pues -según sostuvo Vainstein- ello implicaría un atropello de sus derechos adquiridos.