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	Protestas sociales en Perú JUNIO DE 2008 Se agudiza el conflicto en torno a la ley de utilidades La modificación de la Ley de Utilidades siguió fomentando conflictos, enfrentando los intereses de los trabajadores mineros que insistieron en que se apruebe la nueva ley que prevé el aumento de su participación en las utilidades de sus empresas, y de las regiones que se oponen a la modificación de la ley porque recorta su parte de las utilidades. La Ley de Utilidades obliga a las empresas con más de 20 empleados a pagar una parte de las utilidades a sus trabajadores. El porcentaje varía según ramo. En el caso de la minería, el DL 892 de 1996 estableció que los trabajadores mineros tienen derecho al 8% de las utilidades de la empresa, con un tope de 18 sueldos. Si las utilidades sobrepasan la suma de 18 sueldos, según la Ley 24864 del 2005, el "remanente" iría al Fondoempleo, un fondo para fomentar empleo y obras de infraestructura, manejado por los gobiernos regionales. Según la rentabilidad de las empresas mineras se trata de sumas considerables que en muchos casos conforman una parte importante del presupuesto de los gobiernos regionales. Así el gobierno regional de Ancash, en el año 2007, recibió 140 millones de dólares de las utilidades de la minera Antamina. La región Arequipa contó con 135 millones de dólares por este concepto, mientras los ingresos del llamado "canon minero" sólo llegaron a 35 millones de dólares. La controvertida modificación de la Ley de Utilidades prevé la eliminación del tope de 18 sueldos y el reparto de la suma completa del 8% de las utilidades a los trabajadores, considerándose también los obreros de las subempresas mediante la modificación de la ley de "tercerización". Los respetivos proyectos de ley del partido de gobierno APRA recogen las propuestas de la "Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía" que buscan cumplir las demandas salariales de los mineros y apaciguar los conflictos laborales mediante una simple redistribución del dinero de las regiones a los trabajadores. Por lo tanto, los mineros exigieron la aprobación de ambos proyectos de ley, mientras las regiones protestaron contra el recorte de sus ingresos de los remanentes de utilidades de las empresas mineras. El 4 de junio, cientos de mineros pertenecientes a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (Fntmmsp) llegaron a Lima procedentes de diferentes partes del país, y se reunieron desde las 9:00 a.m. en la Plaza Bolognesi para marchar rumbo al Congreso de la República, donde dejaron un memorial pidiendo al Legislativo aprobar el proyecto de Ley para incorporar a los trabajadores fuera de planilla en el reparto de las utilidades mineras. Además, exigieron aprobar la iniciativa legislativa que modifica la jubilación minera. De la movilización participaron trabajadores de las empresas Los Quenuales, Antamina, Shougang y Casapalca. Luis del Castillo, presidente del gremio minero, recalcó que si el Congreso no hace caso a sus demandas iniciarían una huelga nacional indefinida a partir del 16 de junio. "Los congresistas de manera sospechosa vienen dilatando el debate de los proyectos de ley, tal parece que las influencias de las empresas mineras llegan hasta el Legislativo", denunció el dirigente. A su llegada al Congreso, un grupo de dirigentes mineros fue recibido por el vicepresidente del hemiciclo, Aldo Estrada, quien se comprometió que el día siguiente se debatirá en el Pleno del Congreso la Ley de jubilación minera. Por su parte, el congresista del Partido Nacionalista Peruano (PNP) Juvenal Ordóñez confirmó que su bancada no se opondrá a la ley de reparto de utilidades sin topes que exigen los trabajadores, como sí lo hizo en la votación anterior, porque ha constatado que la norma no solo beneficia a los trabajadores que están en planilla, sino a los que se encuentran bajo el sistema de la tercerización, como "services" o subcontrataciones. Dijo incluso que si la Comisión de Economía no se reúne el día siguiente para aprobar un dictamen de la iniciativa, pedirá al Pleno que se exonere de la opinión previa de esta Comisión para someter el proyecto a una nueva votación. El 5 de junio, cuando en la comisión de Economía se debatía el proyecto de remanentes mineros y mientras los miembros del sindicato minero esperaban el debate para que dicha comisión regresase la ley al pleno para su votación, en la región Áncash se realizaba un paro preventivo. La medida de lucha fue convocada por el Frente de Defensa de Áncash y acatada por todos los frentes y sindicatos. Una vez enterados de que la comisión de economía no llevó a cabo la sesión por falta de quórum, la medida fue levantada de manera pacífica y voluntaria. Sin embargo, al finalizar la protesta los frentes sociales de Áncash acordaron un paro de 48 horas de seguir con los intentos de quitarle el dinero a las regiones. Mientras tanto, en el congreso el presidente de la región Áncash, César Álvarez, recorría los pasillos junto con los congresistas Otárola, Malqui y Calderon para tratar de parar el proyecto de ley, tal como está, e insistir que se debata el proyecto que presentó el Partido Nacionalista en minoría, y que incluye un impuesto de 6% sobre las ganancias mineras que iría directamente a las regiones así como la inclusión de los trabajadores de las services en el reparto de utilidades. "Rechazo la manipulación que hace el premier Del Castillo y lo reto para ver si tiene los pantalones de cobrarle impuestos a las sobre ganancias mineras y que revisen los contratos de estabilidad, en vez de estar enfrentando a la gente con sus propios pueblos. Lo que hace Del Castillo es aprovecharse del sindicato minero para enfrentar a todos contra todos", comentó el presidente de Áncash. El 8 de junio, Yehude Simon, coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), insistió que es necesario buscar una posición intermedia entre la demanda de los trabajadores mineros y la de las regiones, porque de lo contrario el país estará ad portas de serio conflicto social. La Federación Minera del Perú (FMP) rechazó la propuesta de la ANGR de convocar de urgencia al Acuerdo Nacional para hallar una salida a la diferencia de posiciones que existe entre los trabajadores y las regiones sobre la ley de reparto de utilidades. Luis Castillo, secretario general de la FMP, subrayó que "las regiones pueden plantear lo que crean conveniente para ellos. Lo que nosotros decimos es que el derecho de los trabajadores no está en negociación. Nosotros no vamos a participar en ninguna reunión en la que se quiera negociar el derecho de los trabajadores". Instó a los presidentes regionales a reflexionar y que entiendan que "se debe respetar la Constitución" y que hay que hacer algo por los 85 mil trabajadores de las subempresas. El 11 de junio, la protesta en Áncash volvió a remecer al país, con miles de personas marchando, voz y puños en alto, criticando no sólo la política económica en general sino golpes más directos a la economía de las regiones, como el recorte de las utilidades mineras. Si bien Áncash levantó el paro por la tarde, al confirmarse que el tema de los remanentes no se debatiría en el Congreso, igual la jornada de protesta se hizo sentir. Se registró una intensa participación de los alcaldes en primera fila de las protestas, pues varios de ellos bloquearon personalmente las carreteras, sumándose en la Panamericana Norte a una alfombra humana formada por los manifestantes. Las delegaciones de la zona sierra de Áncash se concentraron en el colegio Mariscal Luzuriaga para trasladarse hasta la Plaza de Armas de Huaraz, en donde se realizó un mitin. Estuvieron presentes en esta movilización en Huaraz, delegaciones de la Federación Regional de Trabajadores del sector Salud, el Fedip Huaraz, Construcción Civil, Juntas de Usuarios de Riego del Callejón de Huaylas, Sindicato de Transportistas, Municipalidad de Aija, de Recuay, Comité de Regantes, Federación de Agricultores, Comunidad Campesina de Ecash, y Comunidad de Mayas, entre otros. Mientras en Áncash la protesta apuntó a un lado, del otro el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú, Luis Castillo Carlos, ratificó que sus agremiados no estaban dispuestos a negociar con los presidentes regionales los alcances del proyecto de Ley de la repartición de sobre utilidades o remanentes mineros. El dirigente enfatizó que -para ellos- "no es posible negociar los derechos de los trabajadores", asegurando que la huelga nacional indefinida de su federación se iniciará indefectiblemente el próximo 30 de junio si es que en el Congreso de la República no se aprueban los proyectos referidos a las sobre utilidades y a la jubilación de los mineros, así como la promulgación de la Ley que regula la tercerización laboral. Castillo precisó que se encuentran en la etapa de convocatoria a las 57 bases del país, previa a la huelga, en la que participarían cerca de 80 mil trabajadores Los obreros de construcción de la minera Doe Run piden cumplimiento de acta Un grupo de trabajadores de Construcción Civil, el 2 de junio se ubicó frente a las oficinas de Recursos Humanos de la empresa Doe Run en La Oroya, lanzando arengas al son de un bombo, pidiendo que se cumpla el acta que suscribieron y en el que se acuerda incluirlos a planilla de manera gradual. Sin embargo, sólo 8 fueron beneficiados con el acuerdo y el contrato de los demás cesó el viernes 31 de mayo. En la mañana del 4 de junio, un grupo de los ex trabajadores de Doe Run se encadenó en la puerta de la Iglesia Inmaculada ubicada en el sector de La Oroya Antigua. Los trabajadores apoyados por sus esposas, exigieron que las autoridades de trabajo interpongan sus buenos oficios a fin de conseguir que la empresa cumpla su compromiso. Huelga de los mienros de Cerro Verde El 10 de junio, los trabajadores de Cerro Verde, controlada por la minera Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., iniciaron una huelga para pedir se cumpla con compromisos laborales pactados en convenio colectivo. El 12 de junio, los trabajadores sindicalizados y los representantes de la minera Cerro Verde se reunieron con autoridades del sector Trabajo en busca de un acuerdo que termine con la huelga indefinida. El 16 de junio, la Dirección Regional de Trabajo de Arequipa resolvió declarar ilegal la huelga que sostienen los trabajadores de la Empresa Sociedad Minera Cerro Verde, debido a que un equipo de inspectores comprobó que los afiliados al sindicato único de trabajadores realizaron la medida de fuerza, no obstante la existencia de un auto sub directorial que declaraba improcedente el plazo de huelga comunicado. Cerro Verde produjo el año pasado 273.960 toneladas de cobre, equivalente al 23% del total de la extracción del metal rojo en Perú. Moquegua acata paro por canon minero En una protesta que duró varias semanas, el pueblo de la región Moquegua exigió del gobierno que rectifique los índices de distribución del canon minero, ya que el modo de distribución vigente recortaría de manera considerable los ingresos de la región. Los moqueguanos exigieron al Ejecutivo que los índices de distribución de los recursos por concepto de canon minero se elaboren en base a los contenidos finos metálicos y no metálicos de los concentrados obtenidos en los asientos mineros de Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), operadas por la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC) y no aplicándose el artículo 4 del Decreto Supremo 029-2004-EF, que establece que la distribución de dicho fondo se haga en proporción al tonelaje de mineral beneficiado o (la cantidad de movimiento de tierras). El alcalde de Ilo, Jorge Mendoza Pérez, advirtió que de aplicarse este dispositivo, la Región Moquegua sería perjudicado con un recorte de 280 millones de soles, dado que reportes preliminares del MEF señalan que -con este criterio- el departamento recibiría 181 millones de soles; mientras que Tacna un total de 711 millones de soles, correspondiente a la transferencia del año 2007. El 4 de junio, organizaciones sociales, gremiales y sindicales de Moquegua iniciaron un paro regional de 48 horas en rechazo a la distribución del canon minero dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre los departamentos de Tacna y Moquegua. En Moquegua, las vías fueron bloquearon y piquetes de huelga recorrieron la ciudad. Las actividades comerciales y clases escolares también fueron suspendidas. Lo mismo ocurrió en las provincias de Ilo y General Sánchez Cerro, que estaban incomunicadas. Mientras tanto, el presidente regional, Jaime Rodríguez, y 20 alcaldes moqueguanos se encontraban en Lima en busca de una solución. El 5 de junio, el paro de 48 horas culminó con el compromiso de iniciar el lunes 9, una huelga indefinida si las autoridades del Ejecutivo no brindan hasta ese día una solución a su reclamo. La decisión fue tomada tras el arribo a esta ciudad de los alcaldes provinciales y distritales, quienes dialogaron en Lima con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y trajeron la propuesta de detener la paralización hasta que se agote la vía del diálogo. A pesar de que en un primer momento la población se resistió a abandonar la medida de protesta, finalmente escuchó el llamado de las autoridades y decidió replegarse a sus lugares de origen para abastecerse de los insumos necesarios y reanudar con más fuerza la protesta. Como había anunciado, con el bloqueo de carreteras y movilizaciones el 9 de junio, la población de Moquegua inició una huelga indefinida. Los manifestantes cerraron tramos de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Montalvo, en la ciudad de Moquegua. Mientras tanto en Ilo, la obstrucción de las vías se produjo en el denominado Cruce del Ratón. Las calles lucieron desiertas y la atención en los mercados, transportes e instituciones públicas fue nula. Por la paralización, las unidades de transporte provenientes de Lima y Tacna se quedaron varadas, produciéndose pocos incidentes. Entretanto, en Lima, las principales autoridades moqueguanas realizaron gestiones ante el Poder Ejecutivo, el Congreso y la filial de Southern Perú para que sus demandas sean atendidas. En una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, propuso a los dirigentes de Moquegua un arbitraje, elevar la denuncia a la vía judicial o sentarse a negociar con las autoridades de Tacna. Edmundo Coayla, alcalde de Moquegua, indicó que los planteamientos no convencieron a los moqueguanos y, por ello, tomarían medidas más radicales. Refirió que cuenta con el respaldo de gran parte de los congresistas. El 11 de junio, 14 alcaldes de Moquegua iniciaron en Lima una huelga de hambre, luego de que se frustrara la reunión que tenían programada con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Igual medida de lucha iniciaron otros 14 habitantes de Moquegua en la capital de esa región, donde las vías continuaron bloqueadas por segundo día consecutivo, causando una interrupción del tránsito y millonarias pérdidas económicas. A causa del bloqueo del puente Montalvo, en Moquegua, y las vías ferroviarias cercanas al Puerto de Ilo, dichas localidades quedaron aisladas. Miles de manifestantes cercaron varios tramos de la Panamericana y la Carretera Costanera. Otras vías fueron bloqueadas con piedras, pudiendo ser transitadas solo a pie. Cientos de vehículos quedaron varados, a la espera de una solución. En Ilo, donde la paralización fue total, manifestantes bloquearon el acceso a la refinería de la minera Southern Perú. Mediante comunicado, el Sindicato de Trabajadores de Southern Perú anunció que si en el breve plazo no se da solución al reclamo de Moquegua, se sumará a la huelga indefinida. El 14 de junio, en el quinto día de protestas, la huelga indefinida en la región de Moquegua seguía sin visos de solución. Edmudo Coayla, alcalde de Moquegua, informó que en la reunión sostenida con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, no hubo acuerdos a favor de su región, por lo que pidió la intervención del presidente Alan García. Por otro lado, se informó del desabastecimiento de alimentos y combustibles en la región Tacna, debido al bloqueo de la carretera Panamericana Sur. Mientras que el gobierno ligeramente hablaba de "minorías que bloquean carreteras", el panorama en la región Moquegua se agravó con tensiones a niveles de emergencia, bombas lacrimógenas, desabastecimiento de alimentos, helicópteros sobrevolando la zona y dos regiones (Tacna y Moquegua) que reiteraron no cederán en sus posiciones. En la noche del 15 de junio, se registraron los primeros enfrentamientos en la zona conocida como Cruce del Ratón, vía de acceso a la refinería de Ilo, en la que miles de manifestantes mantenían la medida de protesta, pues -según dirigentes locales- un contingente de 200 policías lanzó bombas lacrimógenas con el objetivo de liberar la vía, ocasionando enfrentamientos con los pobladores. Además seguían estancadas las negociaciones entre las autoridades de Moquegua y las de Tacna. Los alcaldes moqueguanos se ratificaron en su postura de solicitar al premier Jorge del Castillo que respete los derechos de la población de dicha región y muestre voluntad política de resolver el conflicto, antes de poner condiciones. Del otro lado, la posición de los representantes de la región Tacan era igual de radical. El presidente regional tacneño, Hugo Ordóñez, ratificó que su región no está dispuesta a ceder ni un nuevo sol de lo que recibe por canon minero, pues considera que la respalda la legislación vigente. También solicitó al Ejecutivo que "imponga el orden en el país", en vista del desabastecimiento de combustibles y productos de primera necesidad que padecía la región, por el bloqueo de las vías por parte de los moqueguanos. Anunció que liderará una delegación que viajará a Lima para negociar con sus pares de Moquegua, aunque puntualizó que no dialogarán sobre la distribución del canon. El 16 de junio, el conflicto se desbordó y le estalló en la cara al Estado, dejando decenas de heridos y policías retenidos. 60 miembros de la Policía Nacional que fueron enviados para despejar el puente Montalvo, cayeron en manos de una multitud enardecida y quedaron retenidos al interior de la iglesia Santo Domingo. El jefe de la Undécima Dirección de la Región Policial Sur, general Alberto Jordán Brignole, fue obligado a admitir públicamente su fracaso y pedir disculpas a la población por intentar repelerla. Llegó a ordenar el retiro de sus efectivos de la zona del conflicto porque "ya no podía controlar la situación". Representantes del Frente de Defensa de Moquegua argumentaron que la protesta se desbordó a causa de la amenaza policial expresada por medio de helicópteros que sobrevolaban la zona. En horas de la tarde, personal de la Defensoría del Pueblo asignado a la zona, informó que los manifestantes liberaron a 21 policías por la gravedad de las lesiones que sufrieron durante los enfrentamientos. El premier Jorge Del Castillo quien en un primer momento anunció que no habría diálogo mientras no se liberara a la totalidad de policías, en la tarde mantenía reuniones con los alcaldes que se encontraban en Lima. Tras la reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dos de los tres alcaldes provinciales de Moquegua se negaron a firmar el acta con los representantes del gobierno, argumentando que el tema de la distribución del canon minero de 2007 no ha sido solucionado. Zenón Cuevas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, recalcó que continuarán con sus medidas de lucha y no levantarán el paro regional hasta que el gobierno acepte aumentar el monto del canon minero que le corresponde a este departamento. Con la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, el día siguiente, los dirigentes locales accedieron a liberar a los policías, con el compromiso de que la delegación enviada a Lima sería escuchada. Mientras tanto continuaron los piquetes de hasta cinco mil pobladores en el puente Montalvo, al cual se sumaron cerca de 600 trabajadores de la mina Cuajone, perteneciente a Southern Perú. La ciudad seguía paralizada y la actividad comercial interrumpida, mientras los escasos alimentos empezaron a ser vendidos a precios exorbitantes, según denunciaron las amas de casa. El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, anticipó que el Ejecutivo evaluaría declarar en emergencia la región. Mientras la vigilia del puente Montalvo se mantenía en espera de una solución a sus reclamos, en Lima, en las oficinas del premier Del Castillo continuaba entrampado el diálogo sobre el problema del canon minero. En la reunión del 18 de junio, el gobierno, representado por el premier Jorge del Castillo, se mantenía en su postura que la solución de los problemas en el sur comenzaría después del cese de las medidas de lucha en esta parte del país. El dirigente Zenón Cuevas interpretó esta posición como un chantaje gubernamental haciendo recordar que los reclamos de Moquegua databan desde hace muchos meses y la toma del puente Montalvo era una medida extrema por la dejadez del gobierno. El 19 de junio, luego de más de trece horas de reunión, el premier Jorge del Castillo anunció que se firmó un acta de compromiso con las autoridades, dirigentes y la sociedad civil de Moquegua. Con el acuerdo Moquegua logró obtener 447 millones de soles para ser invertidos en obras públicas, un monto cercano a los S/. 489 millones que se habían trazado como meta. Además se acordó la instalación de una mesa de trabajo técnica que haga posible la ejecución de todos los acuerdos. El documento de ocho puntos referentes a la economía en Moquegua y la realización de obras en cada distrito de esa región, fue llevado al sur, para que el pueblo diera luz verde. A las pocas horas de firmarse el acuerdo, los manifestantes que mantenían bloqueado el puente Montalvo, en Moquegua, empezaron a retirar las piedras, los palos y troncos. El desbloqueo del puente Montalvo hizo que se normalizara el tránsito por la carretera Panamericana. El transporte interprovincial reinició sus viajes a Arequipa, Tacna y Lima. Los comerciantes volvieron a abrir sus negocios. También se levantó el bloque del puente Pacocha, en la provincia de Ilo y la calma retornó a esta provincia. Ni bien se conoció el texto del acta firmada entre el gobierno nacional y los representantes del pueblo de Moquegua, las autoridades regionales y locales de Tacna convocaron a una asamblea general de emergencia y advirtieron que se opondrán a la implementación de los acuerdos, sobre todo al tercer punto, que dispone que la Southern Copper llevará por separado las cuentas de sus minas Cuajone y Toquepala, ubicadas en los departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente. "Entonces que separen también el agua, que es tomada de reservorios que se encuentran en Tacna y sirven para el proceso minero de Cuajone; y los pasivos ambientales, que se generan en Moquegua pero contaminan nuestro departamento", afirmó el consejero regional Julio Peralta, en un aparte de la reunión. Sostuvo también que no permitirán la ejecución de los acuerdos si es que los proyectos que presenten las autoridades moqueguanas empiezan a ser financiados sin la fiscalización de los representantes tacneños. El presidente de la región Tacna, Hugo Ordóñez, que se encontraba en la capital, solicitó una reunión con carácter de urgencia a Del Castillo. Contundente paro en Alto Amazonas De manera mayoritaria y pacifica, el 5 de junio, la población de la provincia Alto Amazonas (región de Loreto) acató un paro de 24 horas convocado en protesta por la insistencia del Gobierno central de subastar las tierras de la selva. Entre la plataforma de diez puntos emitida por el Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (FREDESAA), organizador de la medida de fuerza, destacó el rechazo a los proyectos y decretos leyes que amenazan con cercenar los territorios de la Amazonía, como el proyecto de Ley Nº 840/2006-PE de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", conocido como la "Ley de la Selva". De igual modo, se cuestionó el Decreto Legislativo Nº 1015 el cual establece que para la adquisición de propiedades de tierras se requerirá del voto a favor de no menos del 50%, es decir una mayoría simple, con lo cual se elimina la votación calificada de los dos tercios, de acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas. La medida de fuerza fue ratificada el 3 de junio, en una asamblea de delegados del FREDESAA donde también se analizaron los acuerdos alcanzados en la reunión sostenida el 30 de mayo con el premier Jorge Del Castillo. En dicha reunión con los representantes del Ejecutivo, celebrada en Lima, el premier Del Castillo se negó a asumir nuevos compromisos respecto a las demandas de los pobladores de Alto Amazonas. El paro fue acatado mayoritariamente. En la tarde, centenares de personas marcharon por las calles y avenidas de Yurimaguas lideradas por el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (FREDESAA), Fernando Fernández Rengifo, junto al padre Carlos Murayari Amasifuén, presidente de la Mesa de Concertación y Diálogo Permanente de Alto Amazonas. La movilización se desarrolló en forma ordenada y sin incidentes violentos, pese a que la víspera un contingente de 30 efectivos policiales arribó a la ciudad, procedentes desde Tarapoto (San Martín). Fernando Fernández Rengifo, presidente del FREDESAA, formuló un llamado a la unidad a las demás organizaciones de Loreto para que se sumen a esta paralización, en defensa de la integridad de la Amazonía. Y además… Trabajadores realizan plantón frente a Hospital Militar El 2 de junio, decenas de ex trabajadores del Hospital Militar realizaron un plantón, en los exteriores de dicho nosocomio, denunciando haber sido despedidos arbitrariamente de la institución a finales de mayo, pues las autoridades argumentaron que sus contratos por servicios no personales vencieron. Según indicó Urbano Centeno Huaringa, secretario general del gremio de trabajadores, se trata de 102 empleados -entre administrativos, técnicos médicos y personal asistencial- a quienes no se les respetó el tiempo de servicio y se les separó por negarse a laborar por medio del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), propuesta que posteriormente se convirtió en exigencia. Centeno adelantó que pedirán la intervención del Ministerio de Trabajo y exigió que dicha cartera investigue los abusos contra los trabajadores, ocurridos al interior del Hospital Militar en los últimos meses. Agregó que no aceptaron las condiciones planteadas porque habrían renunciado a los derechos adquiridos por tiempo de servicios y denunció que algunos altos mandos incorporan nuevo personal -de su entorno- irregularmente. Conflicto por la mina Untuca (Puno) cobró una víctima mortal El conflicto de los mineros informales y comuneros de Untuca, en la provincia Sandía (Puno) y el consorcio minero Cartagena, propietario de la mina de oro Untuca, se agudizó. El 30 de mayo, los pobladores habían tomado el campamento minero, exigiendo que la empresa les ceda 300 hectáreas de la concesión minera, demanda que fue rechazado por la minera que argumentó que implicaría la desaparición de la empresa Untuca. El 4 de junio, el primer intento de diálogo entre las autoridades regionales con los dirigentes de los mineros informales y comuneros terminó con un violento enfrentamiento con los policías. Los hechos de violencia se produjeron al mediodía en el sector denominado Laguna Negra, a unos 15 kilómetros de la mina de propiedad del Grupo Cartagena, tomada por comuneros y mineros informales. El enfrentamiento se desató luego de haberse iniciado el diálogo con la participación del director regional de Energía y Minas, Américo Arizaca, y un representante de la Defensoría del Pueblo. El detonante fue la llegada de un contingente policial que fue atacado por los comuneros con piedras. Fue entonces que la policía respondió con bombas lacrimógenas y disparos. Como consecuencia de este enfrentamiento falleció instantáneamente la menor Francisca Ticona Laura de doce años. El dirigente Mario Mamani Ticona informó que además Raymundo Mamani Quispe de 21 años de edad sufrió heridas graves de bala y fue trasladado al hospital Carlos Monje Medrano de la ciudad de Juliaca y que había otros cinco heridos que fueron internados en el centro de salud de Untuca. Dirigentes de los comuneros manifestaron que continuarán con su medida de protesta y que el día siguiente viajarán a la capital de la región Puno para ofrecer una conferencia de prensa y solicitar un dialogo pacifico con el consorcio Cartagena. Médicos de Puno levantan huelga para dialogar Los médicos del Ministerio de Salud de Puno, continuaron la huelga indefinida empezada el 6 de mayo, para exigir la destitución del director regional de Salud de Puno, Percy Zela Campos, a quien acusaron que haya designado directores de las redes de salud en base a favoritismos políticos. Por ello, reclamaron el nombramiento de nuevos directores de redes de salud y de hospitales por concurso público. El 16 de junio, los miembros de la Federación Médica Peruana (FMP) en el departamento altiplánico, anunciaron que partir del 19 junio radicalizarán su protesta entregando el control del hospital regional "Manuel Núñez Butrón". Carlos Molina Delgado, titular de la FMP en Puno, advirtió que darán de alta a los pacientes hospitalizados que presenten mejores condiciones de salud; mientras, los que se encuentran en estado grave, serán transferidos al hospital "Carlos Monge Medrano" de Juliaca. Finalmente el 19 de junio, luego de 43 días de huelga, los médicos de Puno levantaron su huelga indefinida, tras la intervención del viceministro de Salud, Melitón Arce, a fin de proceder a un diálogo con las autoridades regionales. La Federación Médica de Puno acordó dar una tregua por un lapso de 90 días. Según Ronald Roldán, director del Hospital Manuel Núñez Butrón, la suspensión de la huelga se dio en aras del servicio médico y de la resolución de sus demandas. Huelga de Salud en Loreto Al no ser escuchada su protesta, el 17 de junio, miles de integrantes de la Federación Única de Trabajadores del Sector Salud de Loreto realizaron un plantón frente a la posta médica del distrito de San Juan en Iquitos. Los trabajadores del sector Salud de Iquitos y zonas aledañas anunciaron una nueva fase más radical de su protesta, iniciada varios días atrás para pedir el pago de la Asignación Extraordinaria para Trabajadores Asistenciales de Salud (AETAS). Tras criticar la falta de diálogo con el Gobierno central, los dirigentes señalaron que en las próximas horas harán un acto simbólico de entregar las llaves del Hospital de Loreto, es decir, dejarán de laborar y abandonarán las instalaciones del nosocomio. Como informaron los trabajadores, tuvieron contacto con autoridades regionales y de la capital, pero quedaron en promesas de solución y envío de delegaciones para iniciar una mesa de diálogo que nunca se dio. Dirigentes de dicho gremio sindicaron como culpable al presidente regional Yván Vásquez, a quien consideraron incapaz de lograr el pago de las AETAS para los trabajadores. Huelga indefinida de trabajadores administrativos del sector Educación El 17 de Junio, más de 45 mil trabajadores administrativos del sector Educación iniciaron una huelga nacional indefinida exigiendo que el Gobierno cumpla con su promesa de aumentarles el sueldo. Este pedido habían venido solicitando desde julio del 2007 y el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo se comprometió atenderlo en las diferentes reuniones que sostuvo con el gremio. Juan Silva, Secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) denunció que "somos los peor pagados del gobierno, apenas nos pagan 600 soles que no alcanza para mantener a nuestras familias". Huelga de los trabajadores de agua de Lima El 23 de junio, los trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL) iniciaron una huelga general indefinida en la que participaron los obreros, técnicos y demás trabajadores de las plantas de Lima y Callao. Durante la paralización de labores, el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL) garantizó el abastecimiento del servicio de agua mediante la puesta de piquetes de emergencia en las principales plantas de la capital; sin embargo, informaron que de no llegar a acuerdos favorables radicalizarían la medida retirando los mismos. En una multitudinaria movilización, los trabajadores se desplazaron pacíficamente por las principales calles del centro financiero de San Isidro, hasta las oficinas del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), en el Paseo de la República. Más de dos mil trabajadores de Sedapal reclamaron frente al FONAFE que se apruebe la nueva estructura remunerativa de la institución, la cual fue consensuada entre el sindicato y las autoridades de Sedapal, pero que la institución gubernamental se negó en varias oportunidades a aceptar. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), Henry Viera, indicó que en Sedapal existen 300 sueldos diferentes, por lo que exigen se nivelen los sueldos de los trabajadores, pues por la misma labor, se dan hasta 20 remuneraciones distintas. "Lo único que pedimos es que se modifique el presupuesto, el cual ya está financiado y no afecta a las tarifas por servicio de agua o las obras que se puedan realizar", aseguró. Viera señaló que su sindicato agotó la vía del diálogo con documentación hace varios meses, por lo que se vieron obligados a retomar las medidas de lucha, pues en diciembre del año 2007 realizaron un paro preventivo, durante el cual se presentó una propuesta al FONAFE, siendo rechazada por sus autoridades. El anuncio de que dejarían sin agua a la ciudad de Lima al no ser escuchados hizo ceder a los representantes del Fonafe. Tras permanecer más de dos horas reunidos, los representantes del Sindicato de Sedapal y del Fonafe acordaron la elaboración de una nueva estructura de sueldos para más de dos mil trabajadores. A consecuencia, los trabajadores acordaron levantar la huelga. Sin embargo, los dirigentes sindicales de SUTESAL recalcaron que se trata de una tregua de 15 días para el cumplimiento de dichos acuerdos.