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	Protestas sociales en Perú MAYO DE 2008 Los mineros de Casapalca continuaron en lucha Los obreros de las empresas contratistas de la mina Casapalca continuaron en huelga indefinida, exigiendo el pago de una bonificación por utilidades, mejores salariales y estabilidad laboral, entre otras demandas. Mientras tanto la Federación Minera suspendió la huelga anacional definida programada para el 12 de amyo, luego de entablarse un diálogo con el gobierno y presentarse visos de solución de sus demandas. La demanda principal de los mineros de Casapalca era que la empresa les paga una bonificación de 5000 Soles por utilidades, dado que los trabajadores administrativos reciben entre 50 mil y 100 mil soles, pero la empresa se opone, como informó el dirigente sindical Pedro Condori. Asimismo, informó que pese a que muchos obreros trabajan por más de diez años en la empresa, ninguno ha pasado a planilla, percibiendo un exiguo sueldo de 600 soles para mantener a su familia. Sobre las condiciones de trabajo el presidente del comité de lucha del sindicato minero de Casapalca, Claudio Boza, manifestó: "Adentro de la mina todo es polvo, humo, gases. Hay contaminación por todos lados y nuestros respiradores no son adecuados. Queremos que nos respeten las condiciones laborales, no tenemos horas de refrigerios, y nuestra jornada de trabajo dura de 10 a 12 horas para ganar un promedio de 22 soles diarios. Empezamos dentro de la mina a las 8 de la mañana y recién como a las 5 de la tarde podemos comer algo". Los mineros de Casapalca ya en junio de 2007 protagonizaron una huelga indefinida, exigiendo la reposición de 300 despedidos, la entrega oportuna de almuerzo, y el aumento del pago por jornal. Las protestas y choques con los agentes del orden dejaron cinco muertos, entre mineros, niños y policías. Un año después, la situación de los mineros no ha cambiado. En octubre del año 2007, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) decidió expulsar de sus afiliados a la Compañía Minera Casapalca, debido a la serie de denuncias por sus malas prácticas y su incumplimiento en temas ambientales, laborales y de seguridad. Entre las denuncias presentadas a la minera fue que mantenía a través de "contratas eventuales" a más de 1,000 trabajadores sin el goce de la participación en las utilidades. Ubicado en la sierra de Lima a 4200 metros sobre el nivel del mar, el yacimiento minero de Casapalca se encarga de la producción de plata, zinc, plomo y cobre. Cansados de las burlas y promesas, el 5 de mayo, los mineros de Casapalca volvieron a las acciones de protesta con el bloqueo de la carretera central. Muchas personas fueron víctimas del enfrentamiento entre mineros y policías. Los mineros denunciaron que fueron emboscados por los efectivos, quienes dispararon a pesar que había familias enteras. El bloqueo fue levantado horas más tarde, a la espera de los resultados de las reuniones que se prolongaron hasta la noche, que terminaron sin resultados positivos. El día siguiente, en Lima, se reunían el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros de Casapalca, Pedro Condori, con los representantes de la minera y del Ministerio de Trabajo. Tras la reunión, Condori informó que los empresarios no accedieron a sus reclamos, por lo que, a una sola voz, los manifestantes decidieron retomar las protestas, con un nuevo bloqueo de la Carretera Central, para impedir el tránsito de los vehículos. Los mineros aseguraron que, si la empresa no accede a sus reclamos la siguiente medida de lucha será aprovechar la cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (AL-CUE) para hacer sentir su reclamo en Lima. Tras nuevas negociaciones infructuosas con la minera Casapalca, el 11 de mayo, los trabajadores anunciaron que -de no surgir iniciativa de solución-iniciarán una marcha de sacrificio hacia Lima. Pedro Condori, secretario general del gremio minero, indicó que los directivos de la empresa los amenazaron con despedirlos si no aceptaban la propuesta que les hicieron llegar, es decir, el pago de 2250 soles. Como habían anunciado, el 25 de mayo, unos 80 trabajadores del sindicato minero de Casapalca llegaron a Lima para reclamar justicia y un pago adecuado por sus utilidades de producción. Los mineros manifestaron que, pese a las restricciones interpuestas por la Policía cercando el poblado entero de Casapalca, lograron salir en su marcha de sacrificio por pequeños grupos, junto a sus familiares. Tras el largo viaje, se concentraron en el local de la Casa del Minero (Concomip) buscando coordinar medidas de protesta ante la sede del Ministerio de Trabajo para lograr ser escuchados y que se llegue una solución a su huelga. A casi un mes de empezada la huelga de los mineros de Casapalca, el 17 de mayo, se levantó la medida de fuerza iniciada el 22 de abril, según informó el secretario general del gremio, Pedro Condori. Sostuvo que firmaron un documento, denominado Acta de Paz Laboral, con los representantes de la empresa, por el cual los trabajadores acordaron recibir un bono de productividad de dos mil 500 soles. Asimismo, se acordó que en el mes de agosto entregarán a la empresa el pliego de reclamos del sindicato, el cual plantea aumentos de sueldos, entre otros. Mientras tanto, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) seguía preparando una huelga nacional indefinida para el 12 de mayo, para exigir del gobierno el cumplimiento de los acuerdos tomados con motivo de las huelgas de mayo y noviembre del 2007. Las exigencias eran la contratación de los trabajadores tercerizados, la promulgación de la ley de utilidades, la jubilación minera y el respeto a la libertad sindical, entre otras. El 8 de mayo, el premier Jorge del Castillo aseguraba públicamente que los mineros daban marcha atrás en su medida de protesta, pese a no haber sostenido diálogo alguno con los dirigentes de la Federación. Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera, calificó estas declaraciones como "una maniobra para confundir a la población, y sobre todo a los trabajadores". Luego de haber mantenido una conversación con el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, y diversos legisladores, Luis Castillo, confirmó que la paralización se llevará a cabo de todas maneras, pues "hemos visto en la reunión de hoy que no se lograrán las soluciones que nos prometen desde hace un año". Tras una extensa reunión de los dirigentes de base, en su local sindical, el 9 de mayo, la Federación de Trabajadores Mineros acordó concederle una tregua al Gobierno y postergar por dos semanas el paro indefinido que tenía previsto iniciar este lunes 12 de mayo. Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera, informó que el gremio tomó esta decisión para no dar una mala imagen a los gobernantes que visitarán el Perú por la V Cumbre América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALC-UE). En este periodo se instalarán tres mesas de trabajo en las que se discutirán la distribución de las utilidades, la jubilación minera y la regulación de la tercerización. El dirigente aseguró que el gobierno está advertido que irán a huelga indefinida y será más drástica que la de Casapalca, si no cumplen sus demandas dentro de los 15 días de plazo. El 12 de mayo, se reunieron los dirigentes de la Federación Minera con el premier Jorge del Castillo para encontrar solución a sus reclamos. Tras el encuentro, el secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, Luis Castillo, informó que Del Castillo se comprometió a dar celeridad a los proyectos de ley referidos a las utilidades mineras, la tercerización y la jubilación. Se espera que en la siguiente semana se debata en el pleno del Congreso las leyes que exigen los trabajadores del sector para mejorar las condiciones laborales y suspender definitivamente la huelga anunciada. Paros regionales remecen el interior del país Los días 15 y 16 de mayo, un paro macrorregional convocado por organizaciones sociales de Cuzco, Apurímac, Ilo, Arequipa, Tacna, Puno y Ayacucho en rechazo a las alzas y las erróneas políticas del gobierno remeció el sur del país. El 20 de mayo, paralizó la población de Ancash en protesta contra el proyecto de la Ley de Remanentes Mineros que recortaría los ingresos de la región. El paro macroregional del sur tuvo mayor incidencia en Puno y Tacna, departamentos donde la medida fue acatado por la totalidad de la población. Los comercios y terminales terrestres permanecieron cerrados en apoyo a la medida. A la protesta se unieron los gremios de docentes, construcción civil, transporte y alpaqueros, entre otros. Las labores escolares en las instituciones educativas estatales de Puno, Moquegua y Tacna se suspendieron debido a que los docentes agremiados al Sindicato Único de Trabajadores en la Educación (Sutep) se plegaron a la medida. Miles de pobladores salieron a las calles de las ciudades. En Ilo (Moquegua) cientos de pescadores realizaron una movilización por las calles de la ciudad pidiendo la derogatoria del Decreto Supremo N° 003-2008- del Ministerio de la Producción, que otorga permisos de pesca a favor de las embarcaciones industriales dentro de las cinco millas, afectando el trabajo de los pescadores artesanales. Además desde temprano piquetes de huelguistas bloquearon las principales carreteras. Así en la región Puno hubo bloqueos de las carreteras Puno-Desaguadero, Juliaca-Cusco, Puno-Juliaca y Juliaca-Arequipa. En la tarde se produjo un enfrentamiento entre pasajeros de vehículos varados por el bloqueo de carretera Cusco-Puno y manifestantes en Ayaviri, capital de la provincia de Melgar. Conductores y usuarios se enfrentaron a los manifestantes con piedras, dejando un saldo de tres personas heridas. Uno de los heridos sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de mergencia al hospital de Juliaca, reportándose su fallecimiento en la madrugada. Sus compañeros huelguistas recuperaron el cuerpo del occiso para llevarle en una marcha de regreso a Ayaviri y velarlo en un acto público. En el segundo día de la paralización se repitieron los bloqueos y marchas. Las actividades comerciales y escolares continuaron paralizadas. Con gritos como "¡Basta de hambre y represión!", miles se movilizaron por las calles de Puno, Tacna y Arequipa. Mientras tanto, el Frente de Defensa de Moquegua suspendió las acciones de protesta por discrepancias con otros gremios, aunque el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y Construcción Civil aún lo acataron. En Puno, las organizaciones sociales no sólo rechazaron las políticas económicas del presidente García sino también al titular regional, Hernán Fuentes. En Ayacucho, cientos de profesores del Sute-Huamanga marcharon pacíficamente por las calles de la ciudad, protestando contra el gobierno de Alan García y pidiendo la Defensa de la Educación Pública y no a su municipalización, la Defensa del Territorio Nacional, trabajo para el pueblo, entre otros. En lo regional, pidieron el concurso de mérito para cubrir la dirección de la DREA y las UGELES, así como la moralización de la misma. A la paralización también se plegó la Federación Departamental de Trabajadores, para protestar contra el alza del costo de vida. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, minimizó las protestas que se realizaron en el sur del país al asegurar que sus organizadores carecen de representatividad. Acusó que estas medidas extremas en fechas en que se inicia la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) demuestran que son enemigos de la democracia. El 20 de mayo, se desarrolló un paro regional en la región de Ancash, convocado por los alcaldes distritales y provinciales contra el proyecto de la Ley de Remanentes Mineros. La medida fue acatada de forma contundente por los gremios y la sociedad civil. Desde tempranas horas miles de pobladores se movilizaron por las principales arterias de Chimbote, Huarmey, Casma, Huaraz, entre otras ciudades, rechazando la iniciativa legislativa que impediría al gobierno regional recaudar las sobreutilidades de las empresas mineras. En provincias como Santa, Casma y Huarmey se produjeron bloqueos de la carretera Panamericana Norte por cerca de cinco horas, pero las vías fueron despejadas en la tarde. A la medida se aunaron organizaciones sociales y gremios como Construcción Civil, educación, salud, transporte, comerciantes y agrarios. César Álvarez, presidente regional de Áncash, manifestó que el paro de 24 horas fue contundente y "la población ancashina demostró que la violencia no es necesaria para que un paro sea exitoso". Aseveró que la Ley de Remanentes Mineros le quitará a su departamento el dinero necesario para la construcción de carreteras para ser entregado como utilidades "a la burocracia y aristocracia sindical de las mineras, que son en Áncash sólo 39 trabajadores en planilla". En la tarde, Álvarez, se reunió con representantes de la bancada aprista y fujimorista y se acordó postergar el debate del proyecto de Ley de Remanentes Mineros. Cambio de la Ley de Comunidades el gobierno provoca indignación del campesinado Aprovechando las facultades legislativas otorgadas por el parlamento, el 20 de mayo, el ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1015, que propicia la venta de tierras de comunidades campesinas andinas y selváticas y que provocó el rechazo de organizaciones campesinas y de varios sectores políticos. El decreto autoriza la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto del 50% más uno de los comuneros reunidos para este fin, cuando antes se exigía los dos tercios (66.6%) de los miembros calificados de la comunidad. Políticos de la oposición anunciaron que buscarán la derogatoria de la norma. "Alan García le está echando gasolina a una pradera que está a punto de arder", sostuvo el congresista Róger Nájar, al enterarse que el presidente García dijo que el DL 1015 tiene la finalidad de mejorar la producción y competitividad de las comunidades campesinas y nativas. Nájar recordó que tanto las dos cumbres amazónicas como la Cumbre de los Pueblos se han opuesto a esta ley. Gloria Ramos, presidenta de la Comisión de Pueblos Amazónicos y Afroperuanos, reveló que, por carecer de consenso, el citado proyecto fue archivado por decisión de la mayoría de los miembros de su comisión. Para el congresista Isaac Mekler lo que ha hecho el presidente García es "fomentar una infinidad de protestas sociales". "La propiedad de las tierras corresponde a los campesinos y tienen derecho de reclamar. Esta es una ley mal dada, anticonstitucional y peligrosa, que atiza la violencia y que debe ser derogada de inmediato" indicó. La congresista Juana Huancahuari advirtió que García le declaró la guerra a las comunidades. El 21 de mayo, la bancada del PNP anunció que presentará un proyecto de ley para derogar el controvertido decreto legislativo 1015 "porque vulnera el derecho a la propiedad de las comunidades y pueblos indígenas", como informó la legisladora Yaneth Cajahuanca, autora de la iniciativa. Para lograr su propósito, los nacionalistas empezaron con la recolección de las firmas necesarias, principalmente de los parlamentarios provincianos. "El Ejecutivo está abusando de las facultades que se le ha otorgado. Se trata de una norma, copia fiel de un proyecto que fue presentado por el gobierno central y rechazado en la Comisión Agraria porque era contrario a los intereses de nuestras comunidades", recordó Cajahuanca, tras destacar que al presidente Alan García solo le interesa promover la competitividad de la inversión privada y no de los campesinos. El 22 de mayo, el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar Flores, advirtió que más de cinco mil comunidades se levantarán en pie de lucha contra el decreto legislativo 1015 que promueve la inversión privada en tierras campesinas sin considerar sus derechos. Informó que la dirigencia acordó que las protestas comenzarán el 4 de junio en Lima con un plantón en las afueras del local del Banco Interamericano de Desarrollo que brinda apoyo a la titulación de tierras. Además, entre el 22 y 24 se realizará una serie de movilizaciones en la sierra y la selva y un paro agrario el 8 y 9 de julio. En el país existen 5 mil 680 comunidades campesinas, informó Huáscar Flores. "Todas estas comunidades rechazan el decreto y por eso más de cinco mil participarán en las protestas contra esta ley aprobada por encima del Congreso y sin nuestra opinión", agregó. A esto se sumó el rechazo de más de mil 300 comunidades nativas de la Amazonía, representadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Según su vicepresidente Robert Guimaraes, habrá una reunión de emergencia para aprobar las medidas de fuerza. Cinco organizaciones campesinas y nativas decidieron unirse para recolectar cinco mil firmas que les permitan presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1015. Además de la CNA y Aidesep, aunciaron su participación la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y además… Pobladores exigen declarar Huangamarca zona intangible Los comuneros de Huangamarca, demandarán al Gobierno Regional de Cajamarca declarar zona intangible a este centro poblado, ubicado en el distrito de Bambamarca (Hualgayoc). La petición fue acordada el 1 de mayo, cuando más de 1.500 ronderos se reunieron en la comunidad de Liriopampa y pactaron que se rechaza cualquier tipo de actividad minera en la jurisdicción. Por lo pronto, los comuneros convinieron en notificar la presencia de cualquier extraño en la zona. De igual manera, instaron a los residentes del lugar a no vender sus tierras, particularmente a empresarios. El acuerdo fue tomado luego del fracaso de una mesa de diálogo con la empresa minera Gold Fields, que pretende desarrollar un proyecto minero en la región. En la reunión los delegados de las localidades afectadas propusieron que la minera aporte en forma anual la suma de cuatro millones de dólares a la Municipalidad, a fin de que se realice proyectos de desarrollo sostenible en las áreas de salud, educación y agricultura, lo que fue rechazado del representante de Gold Fields que sólo ofreció 400.000 Soles. Violenta represión a estudiantes de UNMSM Una violenta represión por la policía sufrieron los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima durante una protesta contra las obras viales que la Municipalidad de Lima realiza en las avenidas Universitaria y Venezuela y que recortarán más de 28 mil metros cuadrados del terreno del la universidad. El 8 de mayo, una pacífica manifestación de estudiantes terminó en una batalla campal cuando la Policía decidió disolver la protesta. El hecho se produjo cuando los estudiantes se prepararon a marchar hacia el Congreso para exigir la paralización inmediata de los trabajos de remodelación y la reformulación del proyecto. La policía les impidió salir del recinto universitario, atacándoles con una verdadera lluvia de bombas lacrimógenas y destruyendo muros de la casa de estudios decana de América, para ingresar al campus universitario, lo que constituía una violación de la Ley Universitaria que prohíbe la intervención policial en las universidades sin el premiso expreso del rector u orden judicial. Según fuentes estudiantiles, los enfrentamientos dejaron un saldo de 32 heridos y más de 30 alumnos detenidos. Por su parte, el rector de la Universidad de San Marcos, Luis Izquierdo Vásquez, enfatizó que su institución no autorizó mediante ninguna vía el ingreso de personal policial a sus instalaciones antes de los violentos incidentes del 8 de mayo, explicando que lo que se solicitó fue apoyo para el restablecimiento del orden ante una amenaza de toma del local, pero que lo hizo el 3 de mayo pasado. De esta forma, Izquierdo desvirtuó lo afirmado desde la Policía Nacional, cuyos altos mandos justificaron la intervención mediante un comunicado, explicando que existieron oficios del rectorado solicitando apoyo. Activistas de derechos humanos y dirigentes sociales presentaron demanda ante Tribunal Constitucional contra leyes antiprotesta El 12 de mayo, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentó ante el Tribunal Constitucional, con más de 6,500 firmas, una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Su director, Miguel Jugo, destacó la importancia del acto que persigue el pronunciamiento del organismo constitucional contra el Decreto Legislativo 982 porque atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo de los sectores más vulnerables que, precisamente, sufren las consecuencias de la criminalización de la protesta. Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos y Culturales, recordó que el Ejecutivo sólo estaba facultado para regular la problemática del crimen organizado, no para emitir normas de carácter general, como la inimputabilidad a policías y militares que maten personas, la sanción a las autoridades que apoyan huelgas, ni la posibilidad de detener a personas sin mandato judicial, o sancionar hasta con 25 años de prisión a las personas que bloqueen carreteras, entre otros temas. Además de Jugo y Ardito, acudieron al Tribunal Constitucional Olmedo Auris y Luis Isarra, dirigentes nacionales de la CGTP; Melchor Lima, de la Confederación Campesina del Perú; y Mario Palacios, de Conacami. Paro preventivo de los trabajadores de EsSalud El 13 de mayo, los alrededor de 20 mil trabajadores de los hospitales de Seguro Social Essalud paralizaron sus labores a nivel nacional, protestando por la ineficiencia, corrupción y nula apertura al diálogo que consideran existe en EsSalud. El presidente de la Asociación Médica del Seguro Social, Santiago Vinces Rentería, indicó que la suspensión de labores era consecuencia de la grave crisis que atraviesa EsSalud, poniendo énfasis en la falta de equipos tecnológicos, despilfarro de recursos y la incapacidad de los actuales directivos. Sin embargo, garantizó la atención a pacientes hospitalizados y servicios de emergencia. La medida incluyó médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, trabajadores asistenciales y administrativos en los 150 establecimientos de la institución, quienes otorgaron a la plana directiva del seguro social un plazo de dos semanas para ser escuchados, pues -de lo contrario- evaluarán la posibilidad de una huelga indefinida. Cocaleros continúan la lucha contra la erradicación forzosa El 19 de mayo, cientos de productores cocaleros de la provincia de Sandia y de otras cuencas de la región Puno, salieron a las calles con la finalidad de protestar contra de la erradicación forzosa de sus cultivos por parte del Ejecutivo en alianza con la Agencia de Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) de Estados Unidos. En su marcha hacia la Plaza de Armas de la capital de su provincia, los manifestantes también rechazaron la militarización de las cuencas cocaleras y la prohibición del chacchado de la hoja de coca. Por otro lado, Javier Ricaldi, coordinador de base de la Asociación Cocalera Cuenca de Inambari, Base San Gabán, denunció la contaminación en las tierras de sus cuencas debido a un hongo instalado por el gobierno central hace 2 años, y que poco a poco está expandiéndose por las tierras de esta cuenca, volviendo estériles los terrenos. Paro de los trabajadores de Salud Cuando el Perú aún no terminó de procesar el paso de la V Cumbre ALC-UE por Lima, la población volvió a llenar las calles con gritos de protesta. El 20 de mayo, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) realizó primero un plantón frente al Ministerio de Salud (Minsa), de donde las 34 bases de Lima y Callao partieron hacia el Congreso de la República, como parte del paro preventivo de 24 horas que realizaron. Víctor Pusario, secretario general de la Federación, señaló que con la medida exigen al gobierno que cumpla con las actas -firmadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Minsa y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - suscritas en junio y noviembre del año 2007, "en las que ofreció cumplir las leyes que el gobierno mismo ha emanado. Es decir, la ley del nombramiento, la nivelación de incentivos laborales, mejoras de la infraestructura de los establecimientos de salud. Sin embargo, hasta la fecha no está considerando -ni siquiera en los créditos suplementarios- resolver los problemas de los trabajadores del sector Salud". En tal sentido, anotó que esta medida, que también fue acatada en varias regiones del país, como Loreto, Ucayali, Áncash, San Martín y Apurímach, entre otras, podría pasar a ser una huelga nacional indefinida, si el gobierno no da una solución a las peticiones de los trabajadores. Pobladores marchan al Congreso por agua potable y alcantarillado El 21 de mayo, pobladores de diferentes puntos de Lima realizaron una movilización hacia el Congreso de la República para demandar la aprobación de una ley que les permita acceder al agua potable y alcantarillado, servicios que piden, según indicaron, hace más de 10 años. Los habitantes de distritos como San Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte y San Martín de Porres se desplazaron por la avenida Abancay, en el Centro de Lima, llevando pancartas con sus reclamos. Entre los gremios que participaron en la marcha figuraba la Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos del Perú (Conapuc), cuyos representantes refirieron que si bien el gobierno ha enviado el proyecto y ha dado el visto bueno, el Congreso aún no le da luz verde.