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	Protestas sociales en Perú FEBRERO DE 2008 En el Cusco continuó la lucha en defensa de su paqtrimonio cultural Aunque el parlamento modificó el llamada "Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación" (Nº 29164), la población del Cusco siguió con sus protestas, exigiendo la derogatoria de esta norma y de la ley 29167 que regula la edificación de hoteles en centros históricos. El 6 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso derogó la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (Nº 29164). Pese a la derogatoria de la ley 29164, representantes de la región anunciaron que continuarán las medidas de protesta y que de todas maneras se llevará a cabo el paro regional de 24 horas programada para el 7 de febrero, porque para la derogatoria definitiva de la norma ésta debía pasar una segunda votación en el Congreso, para luego ser firmado por el presidente Alan García y publicado el Diario Oficial El Peruano. Además exigieron que se derogue también la ley 29167 que regula la edificación de hoteles y restaurantes de cuatro y cinco tenedores. Por su parte, el presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, señaló que no participará en esta medida de fuerza porque está prohibido por ley; sin embargo, indicó que el Gobierno Regional de Cusco dejó en libertad la decisión de los trabajadores para que tomen su determinación. El paro del 7 de febrero fue contundente. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de manifestantes bloquearon las principales arterias de acceso a la ciudad, impidiendo la normal circulación del transporte público, que también se sumó a la medida de fuerza. Mientras tanto, los colegios, los mercados, los bancos y los centros comerciales no atendieron por temor a represalias. Los únicos que brindaron su servicio con normalidad fueron los hospitales. La empresa PeruRail, concesionaria de la vía férrea Cusco-Machu Picchu, suspendió el servicio de trenes hacia la ciudadela inca en resguardo de la integridad de los pasajeros. Manifestantes también bloquearon, con piedras, troncos y llantas quemadas las vías que conducen al Valle Sagrado de los Incas y a los departamentos de Puno, Arequipa y Apurímac. Sin embargo, fueron dispersados por la Policía. En la segunda votación, la comisión permanente del Congreso rechazó la derogatoria de la ley 29164; sin embargo, se aprobó modificaciones de la norma, disponiendo que los gobiernos regionales deben previamente aprobar la relación de los bienes inmuebles en los que se podrá desarrollar dichos proyectos, la misma que deberá contar también con la opinión favorable del Instituto Nacional de Cultura. De igual manera se precisó que la Ley 29137 que establece el procedimiento especial y transitorio para licencias de ampliación, modificación o remodelación de establecimientos de hospedaje no será aplicable en los inmuebles declarados como patrimonio cultural de la nación por el Instituto Nacional de Cultura. El 16 de febrero, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, afirmó que las modificaciones aprobadas por el Congreso a las leyes 29164 y 29167 han frenado la vulneración del patrimonio cultural de la nación, con lo cual ya no tiene sentido desarrollar más medidas de fuerza. Aseguró que de su despacho no saldrá autorización alguna que permita actividades privadas turísticas en los monumentos arqueológicos de Cusco, puesto que todos ellos están debidamente atendidos y conservados por la dirección regional del Instituto Nacional de Cultura. Dijo que lo mismo sucede con la ley 29167, ya que la modificación de la norma evitará que en Cusco se emitan autorizaciones especiales para la remodelación y ampliación de hoteles de 4 y 5 estrellas. Mientras tanto, la Asamblea Regional del Cusco seguía promoviendo un paro regional indefinido para el 18 de febrero, exigiendo la derogatoria de ambas leyes. Sin embargo, hasta el último momento quedó en duda si los gremios de base y las autoridades apoyarían la medida. En la víspera del paro programado, la Federación Regional de Trabajadores del Cusco se plegó a la medida de lucha, iniciando las protestas formalmente con el acto simbólico del lavado de la bandera cusqueña y el izamiento de esta a media asta, en plena Plaza de Armas de la Ciudad Imperial. Luego, un grupo de unos 200 manifestantes desfiló por la Plaza de Armas y quemó un muñeco en forma de rata al que se le había pegado una caricatura del presidente Alan García, y también se le había escrito el nombre "Bruce", en alusión al parlamentario, Carlos Bruce (AP), que promovió la ley 29164. Un grupo de manifestantes inició una huelga de hambre en el paraninfo de la Universidad San Antonio Abad. Ese mismo día, el presidente de la República, Alan García, promulgó la modificación de la ley de promoción de servicios turísticos en bienes inmuebles del patrimonio cultural, y que faculta a los gobiernos regionales a que precisen en qué bienes se podrá aplicar la citada norma. La protesta que, según el coordinador de la Asamblea Regional Efraín Yepez fue programada de forma escalonada, los días 18 y 19 de febrero fue marcada por las acciones de los agricultores en el marco del paro agrario nacional. Luego se convocó a un paro regional de 48 horas para los días 21 y 22 de febrero, que en el curso del día 20 recibió el respaldo unánime del Concejo Provincial del Cusco, así como la adhesión de otros gremios, como la Federación de Estudiantes. El Concejo Provincial del Cusco que inicialmente se había pronunciado en contra de la medida, aprobó una ordenanza edil en la cual se pidió a la ciudadanía que, en señal de protesta, las banderas del Cusco sean izadas a media asta frente a la amenaza contra su patrimonio. El 20 de febrero, el paro se sintió desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer. En declaraciones a la prensa el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco, Efraín Yépez, estimó que la medida de fuerza fue acatada por el 95% de los cusqueños. La Ciudad Imperial amaneció con piquetes de manifestantes que se desplazaban por diferentes puntos. La Federación de Estudiantes se concentró en el frontis de la Universidad San Antonio Abad y enrumbó hacia el aeropuerto. Otros gremios marcharon hacia el centro de la ciudad. Un grupo de manifestantes intentó ingresar al aeropuerto Velasco Astete, pero fue contenido por la Policía. Hubo un enfrentamiento y se produjeron varias detenciones. En el centro de la ciudad se quemó algunas llantas en arterias principales como el óvalo Pachacútec, la avenida El Sol y la propia Plaza Mayor. Ya en horas de la tarde, poco a poco, los comercios fueron abriendo sus puertas y el tránsito vehicular se fue restituyendo. El segundo día del paro se volvió a presentar el mismo panorama hasta que en la tarde culminaron las acciones de protesta y los manifestantes se retiraron voluntariamente. En ambos días de protesta, el aeropuerto quedó cerrado y se suspendió el tren a Macchu Pichu. A consecuencia del paro, el gobierno central quitó al Cusco la condición de sede de la reunión de ministros de Turismo del Foro APEC que se debía desarrollar en la ciudad imperial en la primera quincena de abril. El 28 de febrero, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta decisión y demandó al Gobierno que se rectifique. Además, propuso que el Acuerdo Nacional propicie el diálogo entre el Ejecutivo y las autoridades de su región para superar el impasse. Paro agrario nacional dejó un saldo de cuatro campesinos muertos El 18 de febrero, la Confederación Nacional Agraria (CNA), apoyada por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del País (JNUDRP) y parcialmente por la Convención Nacional del Agro (Conveagro), inició un paro nacional indefinido, al sentirse marginados por el gobierno y considerar que no existen medidas para enfrentar la crisis que atraviesan. Antolín Huáscar Flores, presidente de la CNA, explicó que el detonante fue el proyecto de Ley 1770, presentado por el Ejecutivo en octubre pasado, mediante el cual declara de "interés público nacional" la formalización de predios rurales, comunidades campesinas y nativas. El dirigente consideró que dicha iniciativa busca -en realidad- despojar de sus tierras a campesinos y nativos para entregarlas a la inversión extranjera. "También exigimos la aprobación de la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria, en beneficio de productores que solicitaron préstamos durante el Fenómeno de El Niño y ahora están perdiendo sus tierras y pagan intereses altísimos", puntualizó. Otras demandas eran el urgente cambio de la política agraria nacional, la protección al agro nacional frente al TLC, la no privatización del agua de riego, la rebaja de fertilizantes e insumos agrícolas, la urgente reglamentación de Agrobanco, la implementación inmediata del Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero para un precio justo de la leche y la no criminalización de la protesta social y la persecución política de los líderes agrarios, entre otros puntos. El presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), Enrique Málaga indicó que más de 1'750,000 unidades agrícolas serían impactadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., por lo que reclamó un programa de reconversión agraria eficiente. Asimismo, exigió el mejoramiento de la Ley de Aguas y la importación directa de fertilizantes. Numerosas comunidades campesinas en Cusco, Ica, Arequipa, Ayacucho, Junín, Áncash y el norte de Lima, entre otras provincias, se plegaron a la huelga indefinida, incluyendo a los principales productores algodoneros, maiceros y azucareros. En el primer día del paro agrario indefinido, miles de agricultores marcharon en el interior del país. La jornada dejó diversos bloqueos de carreteras, decenas de detenidos, llantas quemadas y la consigna de continuar con la medida de fuerza hasta que el gobierno atienda las necesidades del sector. La situación más complicada de esta paralización ocurrió en Chimbote, capital de la provincia del Santa (Áncash), donde los manifestantes bloquearon el kilómetro 2 de la vía Santa en Huaraz. Fuentes policiales informaron que producto del bloqueo en el puente Lacramarca, a la entrada de Nuevo Chimbote, un capitán de la policía y dos agricultores resultaron heridos producto del enfrentamiento con piedras. Mientras tanto, en Huaraz, más de 10 mil personas provistas de palos y carteles marcharon por las principales calles de la ciudad exigiendo al Gobierno la solución de sus pliegos de reclamos. Los manifestantes, en forma pacífica, se posesionaron cerca de dos horas del frontis de la Gobernación de esta ciudad para llamar la atención de los transeúntes. Asimismo, en Trujillo, los agricultores de Laredo y Valle Chicama, se desplazaron por la plaza de Armas, donde quemaron un afiche del presidente Alan García en rechazo a su actual gobierno y demandaron la rebaja de los insumos para la producción. En Arequipa, la situación no fue distinta ya que los manifestantes de El Pedregal bloquearon las vías en Majes, mostraron ollas vacías en referencia a los bajos ingresos que perciben. A las afueras de Lima, más de 800 agricultores bloquearon las vías en la carretera de Penetración Lima-Canta en tres puntos. De la misma manera, el paso por la carretera Cusco - Abancay, a la altura del kilómetro 18, estuvo restringido. También se registraron bloqueos en Tacna, Huánuco, Junín, Cajamarca, Piura y Tumbes, así como en las vías de Huacho, Huarmey, Trujillo y Piura. Los agricultores cusqueños también detuvieron sus labores. Cerca de 400 pasajeros que viajaban en trenes de la empresa PeruRail fueron perjudicados por el bloqueo de la vía férrea Cusco-Machu Picchu por parte de pobladores que acatan el paro agrario nacional. En todas partes se produjeron enfrentamiento entre los manifestantes y la policía que en Barranca (región Lima) mató a un campesino con un disparo en la cabeza. Mientras que los hombres del campo exigían mayor atención por parte del Gobierno al agro, el presidente de la CNA, Antolín Huáscar, pidió la renuncia de aquellos dirigentes agrarios que en días anteriores suscribieron un acuerdo con el Ejecutivo para suspender el paro, en alusión al titular de la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO), Luis Zuñiga y el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), José Málaga, por negociar con el gobierno central sin el respaldo de las bases. En la noche del 18, el gobierno decretó el estado de emergencia en ocho provincias por el bloqueo de carreteras. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo informó que la medida abarcaba las provincias de Huaurua, Huaral y Barranca, en el departamento de Lima; Huarmey, Casma y El Santa, en Ancash; y Virú y Trujillo, en La Libertad. Asimismo, el jefe del Gabinete indicó que el Ejecutivo también ha emitido una resolución suprema que permite a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, asumir el control interno en las zonas declaradas en emergencia. El titular del Ministerio del Interior, Luis Alva Castro, advirtió que el bloqueo de carreteras constituye delito contemplado por el Código Penal e instó a quienes incurren en esa acción a deponer la ilegal medida. El segundo día del paro agrario continuaron los enfrentamientos entre campesinos y la policía, dejando un saldo de tres muertos y 150 detenidos. En Huamanga fallecieron dos campesinos luego de que fueran alcanzados por balas en medio de un enfrentamiento entre la Policía y los agricultores. El alcalde de Huamanga, Germán Martinelli, detalló que los policías dispararon a matar ya que ambos campesinos murieron por balas en la cabeza. En la tarde, un grupo de manifestantes atacó la comisaría de Huamanga, donde permanecían detenidas unas 10 personas, las que finalmente fueron liberadas por la noche. Se informó que al Hospital Regional de la zona fueron evacuados 51 heridos por impacto de perdigones, bombas lacrimógenas y variados cuadros de asfixia. Con relación a los agentes policiales que reprimieron la revuelta, se informó que por lo menos 13 estarían heridos. La tercera víctima mortal fue un agricultor de 19 años, quien murió a la altura del kilómetro 921 de la Panamericana Sur, en Alto Siguas, Arequipa, cuando cayó a un barranco de 150 metros de altura cuando huía de los gases lacrimógenos lanzados por la Policía. Similares disturbios ocurrieron en Huaral y en la carretera Santa-Huaraz, donde hubo 33 detenidos, así como en Chimbote. La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), en horas de la noche, acordó levantar la movilización por siete días para continuar el diálogo con el Gobierno. El 20 de febrero, siguió el paro de rechazo a la represión, organizado por el Gobierno Regional de Ayacucho y el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Áncash también volvió a vivir protestas y enfrentamientos. El aeropuerto de Anta, ubicado a 17 kilómetros al norte de Huaraz, amaneció bloqueado por los comuneros que reclaman la continuidad del paro agrario, así como las carreteras en Carhuaz y Huaraz. Mientras, en Huancayo, las empresas de transporte interprovincial decidieron restringir la frecuencia de las salidas de sus buses que cubren la ruta hacia Ayacucho. En Ancash, 32 campesinos detenidos durante los disturbios ocurridos en el valle de Santa fueron trasladados a las dos de la tarde a la carceleta de la Corte Superior de Justicia del Santa, en medio de los reclamos de sus familiares que llegaron hasta la sede de Seguridad del Estado para exigir su liberación. Mientras tanto, tres menores de edad que habían sido detenidos en las vías de acceso a los centros poblados de San Carlos y Rinconada por arrojar piedras a la pista fueron puestos en libertad; sin embargo, los demás fueron denunciados por el fiscal de turno, Jorge Ricser Flores, por los delitos contra la seguridad pública y peligro común. El 23 de febrero, el 2ºJuzgado de Investigación Preparatoria de Huaura (provincia de Lima) impuso tres años de prisión suspendida a 21 agricultores, quienes participaron de los disturbios durante la huelga agraria el lunes 18 de febrero. Los campesinos fueron capturados por bloquear en varios tramos de la carretera Panamericana Norte. La represión excesiva de la policía durante el paro agrario causó un controvertido debate público. En la tarde del 19 de febrero, la bancada nacionalista exigió en el parlamento una inmediata investigación y la renuncia del ministro del Interior, Luis Alva Castro, por los decesos de los cuatro campesinos. El 21 de febrero, el Jefe del Estado Alan García Pérez intentó justificar la muerte de cuatro personas en el paro agrario, afirmando que detrás de estas paralizaciones populares existen "extremistas" y "filiaciones terroristas", delito que es sancionado con condenas severas que van desde los 15 años de cárcel. Luego de justificar la muerte de pobladores que protestaban en las carreteras, el presidente Alan García defendió al ministro del Interior, Luis Alva Castro, e intentó minimizar el paro general de la región Cusco, diciendo que sólo involucra a cuatro mil personas y que su gobierno no va a dejar que el Perú caiga en camino de desorden. No descartó la presencia de extranjeros detrás de "todo esto", sin que se haya capturado a ninguno, pero insistió, también sin pruebas, que debe haber un peruano que recibe consignas extranjeras. En otro intento de librar al gobierno de cualquier responsabilidad de las víctimas del paro agrario, el día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pidió a los dirigentes agrarios que respaldaron el paro que asuman las responsabilidades penales por los daños materiales y pérdidas humanas que dejaron los actos de violencia producidos en la paralización. El 25 de febrero, el Partido Nacionalista anunció que promoverá la derogación del Decreto Legislativo 982 -que exime de responsabilidad penal a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales cuando usen sus armas de reglamento al repeler manifestaciones- porque considera que obedece a una decisión política de reprimir a quienes expresan su voz de protesta contra el régimen. Su colega de bancada Daniel Abugattás -autor de una iniciativa legislativa para que se derogue el mencionado dispositivo- advirtió que el Gobierno pretende "criminalizar las protestas". El parlamentario calificó dicha norma de inconstitucional "porque es una ley que permite los asesinatos contra la población civil que protesta por sus propios derechos". Por su lado, Ana María Tamayo, especialista en Defensa del Instituto de Defensa Legal, manifestó que el Estado, el Gobierno y la sociedad necesitan fijar reglas claras para regular el uso de la fuerza en escenarios como los que vivió el país en días pasados. Asimismo, afirmó que el riesgo de que exista abuso de la fuerza aumenta cuando las FF.AA. asumen el control del orden interno, una función que debería ser exclusiva de la PNP. A su turno, Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), mencionó que dicha entidad viene recopilando firmas (necesita 5,000) para plantear la inconstitucionalidad de cuatro decretos legislativos dictados por el Ejecutivo, entre ellos el 982. En tanto, el ministro de la Producción, Rafael Rey, sostuvo que la Policía seguirá actuando con las armas que le brinda la ley para resguardar el orden público. Rey consideró que las denuncias, no comprobadas, de supuestos excesos por parte de la Policía nacional buscan minar la moral de esta institución. El 25 de febrero, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, aseguró ante la Comisión Permanente del Congreso que la Policía Nacional del Perú (PNP) no tuvo participación en las cinco muertes durante protestas los paros en Ayacucho y en Cusco. El ministro del Interior aseguró que las balas que mataron a los huelguistas fueron de escopetas y no de armas utilizadas por las fuerzas del orden. Para fundamentar lo dicho, el ministro aprista mostró una fotografía tomada a un grupo de manifestantes de Ayacucho, en la cual se ve a una persona -con polo de color amarillo- portando en la mano una escopeta de fabricación casera llamada 'trampero'. Esta versión fue desmentida por representantes de la región Ayacucho. Y además… Cumbre Macroregional Amazónica acuerda paro macroregional para marzo La I Cumbre Macrorregional Amazónica, que se realizó en Pichanaki, Chanchamayo, acordó el 17 de febrero, convocar a las autoridades políticas nacionales a establecer una mesa de diálogo con la finalidad de derogar la ley 28852 y que se archive definitivamente los proyectos de la Ley de la Selva, la que amplia las funciones de Cofopri y la modificatoria de la Ley de Tierras, a las cuales las consideran atentatorias contra el desarrollo armónico de la región. Los cinco mil asistentes a la I Cumbre Amazónica acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas y una movilización nacional los días 17 y 18 de marzo. En este evento, se acordó también una plataforma de 20 puntos, entre los que resaltan, además de los mencionados, el cambio de la Constitución de la República, la ampliación de las exoneraciones tributarias para la región Amazónica, el establecimientos de políticas de desarrollo para los principales productos selvícolas como café, cacao, cítricos, etc.; así como el establecimiento en el Congreso de la República de un bloque Amazónico de parlamentarios que defiendan los acuerdos de la I Cumbre. Los trabajadores de la minera Buenaventura iniciaron huelga de tres días El 26 de febrero, los trabajadores de las principales unidades de Buenaventura, la mayor productora peruana de metales preciosos, iniciaron una huelga de tres días en demanda de información sobre sus utilidades. La huelga afectaba a las minas de Uchucchacua, Orcopampa, Antapite y Caravelí de Buenaventura. Según un dirigente minero, la huelga en Buenaventura se produce en reclamo de información sobre el reparto de utilidades de la empresa, que por ley debe de distribuir un 8 por ciento de sus ganancias entre sus trabajadores. Aseguró que, hace unos días, ambas partes fueron citadas para que conversaran en el Ministerio de Trabajo, pero el diálogo se frustró por la negativa de la firma a negociar. Buenaventura opera seis minas en Perú y además tiene un 43,65 por ciento de participación en Yanacocha, el mayor yacimiento de oro de América Latina, y un 18,50 por ciento de la minera de cobre Cerro Verde.