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	Protestas sociales en Perú ENERO DE 2008 Huelga nacional indefinida de los médicos del Ministerio de Salud El 8 de enero, los médicos de Lima y provincias iniciaron una huelga indefinida al considerar insatisfactoria la propuesta alcanzada por el Ministerio de Salud sobre sus demandas laborales. Según el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas, dicho portafolio solo accedió a un punto de su pliego de reclamos, lo que los llevó a la huelga. En la noche del 7 enero, la FMP que reúne a unos 13.000 médicos, ratificó su decisión de entrar a una huelga nacional en la víspera, luego de una reunión con el titular del sector, Hernán Garrido Lecca, que quedó sin resultados. El ministro expresó la voluntad del gobierno de atender sus pedidos e invocó a los huelguistas a deponer su actitud y reiniciar el diálogo. No obstante, no declaró ilegal la medida de fuerza como se presumía. Los principales puntos del pliego de reclamos de los médicos eran: la nivelación de los sueldos de cesantes y jubilados, el nombramiento de contratados, y la reasignación de destacados, así como el pago de las Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial (AETA) al personal del interior. Los galenos rechazaron, además, la implementación de un seguro obligatorio contra terceros para los médicos (Soat médico) y la municipalización de la salud, al tiempo que reclamaron un mayor presupuesto de salud y la construcción del sistema único de salud que busque la universalización y gratuidad de la salud, entre otras demandas. En declaraciones a la prensa, el decano del Colegio Médico del Perú, Rafael Deustua Zegarra, señaló que la posición de la institución que representa es de total apoyo a las medidas que ha tomado de la Federación Medica Peruana (FMP) y de la Asociación de Médicos del Ministerio de Salud. En la tarde del primer día de la huelga médica, la dirigencia de la Federación Médica Peruana informó que el 80 por ciento de los médicos que trabajan para el Estado en Lima han acatado la huelga indefinida, en tanto que en el interior del país la medida de fuerza fue respaldada por el 90 por ciento de galenos. El dirigente Julio Vargas, dijo que en el caso de Lima los médicos que no participaron en la huelga eran aquellos que se comprometieron a no descuidar los servicios de emergencia y cuidados intensivos. Agregó que lo mismo sucede en el resto del país, donde hay piquetes de médicos agremiados que están atendiendo las urgencias. Según el reporte realizado por la Defensoría del Pueblo, en algunos departamentos los hospitales trabajaron con normalidad, entre ellos el Hospital Regional de Cajamarca, el Hospital Daniel Alcides Carrión (Pasco), Establecimiento de Salud I-4 de Talara (Piura), el Hospital Central de Tingo María, el Hospital Central de Huánuco (Huánuco) y el Hospital Sub Regional de Andahuaylas (Apurímac). A su vez, la institución precisó que la medida fue acatada de forma parcial en el Hospital JAMO (Tumbes), el Hospital Kennedy de Ilo y el Hospital de Apoyo Departamental (Moquegua). Entre tanto, en el Hospital Regional de Huancavelica y el Hospital Guillermo Díaz de la Vega la huelga se acató en un 100 por ciento y sólo se atendió en la sala de emergencia, de partos y hospitalización. También se sumaron a la medida, los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche (Arequipa), Hospital II-I Santa Rosa (Piura), Hospital Regional Manuel Núñez Brutón y Hospital Carlos Monge (Puno), Hospital Las Mercedes (Lambayeque) y Santa Rosa (Madre de Dios). Además, no hubo atención en los consultorios externos del Hospital Regional y Hospital Socorro (Ica), Centro Materno Infantil de Castilla (Piura), Hipólito Unanue (Tacna) y Centro de Salud Cono Sur (Puno). Además los médicos de las regiones Ancash y Cusco, continuaron la huelga indefinida, iniciada en el mes de octubre de 2007, para reclamar del gobierno que se les pague los mismos incentivos laborales que ya fueron concedidos a los empleados del sector en Lima, Arequipa y otras regiones. Por su parte, el gobierno trató de crear opinión pública en contra de la huelga de los médicos y se negó a reiniciar las negociaciones mientras no se suspenda la medida de fuerza. El ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, calificó como injusta, irracional y violenta la huelga de los galenos y se declaró defensor de los pacientes "que serán los principales afectados de la medida", acusando a los médicos que "toman de rehenes a los pacientes". Además intentó presentar la huelga como un fracaso, sosteniendo que solo un 20% de los médicos estaba acatando la medida. El ministro fue secundado por el presidente Alan García y el premier Jorge del Castillo quienes condenaron la paralización y llamaron a los médicos a deponer su medida de fuerza para volver al diálogo y resolver su problemática. El presidente Alan García atacó a los médicos calificándolos como un grupo privilegiado que recibe "un sueldo completo por solo seis horas de trabajo" e insistió en la necesidad de aprobar la Ley de la Carrera Pública en la que se fije la evaluación de los servidores públicos para que su labor sea valorada. Funcionarios del Estado alertaron que las pérdidas económicas ponen en peligro los puestos de trabajo. En 9 de enero, el director del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Oscar Morriberón Rosas advirtió que la continuidad del contrato por servicios no personales de 200 médicos peligra debido a la huelga indefinida del gremio médico, ya que los ingresos propios por consultas externas durante las paralizaciones médicas disminuyen considerablemente, lo que impediría continuar con el contrato del personal. En tanto, el director del hospital Goyeneche de Arequipa, el doctor Mario Begazo, afirmó que el nosocomio durante una paralización pierde diariamente seis mil nuevos soles y deja de atender más que 400 pacientes en consultorios externos. Al mismo tiempo, el gobierno trató de dividir a los trabajadores del sector Salud, accediendo a algunos de sus demandas. El mismo día en que se inició la huelga, fue publicada en el diario oficial El Peruano la Resolución Ministerial Nº 008-2008, mediante la cual se dispone el reinicio del concurso para cubrir las plazas de directores generales y ejecutivos de los hospitales e institutos especializados del sector Salud, lo que fue una de las demandas de los galenos. El 13 de enero, el ministro se Salud aseguró que varias de las demandas de los médicos ya habían sido resueltas, pero que, a pesar de ello, se niegan a levantar su medida de fuerza. Frente a ello, Julio Vargas, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), sostuvo que las declaraciones del ministro demuestran desconocimiento de la realidad de la salud pública y que el Gobierno pretende actuar con autoritarismo. Vargas reconoció que, si bien se han emitido algunas normas para mejorar las condiciones de los médicos, estas aún son insuficientes. Resaltó que los médicos no piden aumento de sueldo sino que se mejoren las condiciones laborales y el presupuesto del sector. Siguiendo con su intento de dividir a los trabajadores y de crear opinión pública en contra de la huelga médica, el 22 de enero, el Ministerio de Salud informó que en las próximas 48 horas se reiniciará el proceso de nombramiento del personal profesional de salud no médico del Minsa. Sobre el pedido de nombramientos formulado por la Federación Médica, el ministro Garrido Lecca dijo que ya se nombró a los médicos que se tenían que nombrar. Sostuvo que además el reclamo de mayor presupuesto también ha sido atendido, puesto que para este año Salud cuenta con recursos superiores a los mil millones de soles "que permitirán mejorar las condiciones de atención en todo el país". Al respecto, Julio Vargas, presidente de la FMP, volvió a recalcar que el gobierno no garantiza el cumplimiento de los acuerdos adoptados con anterioridad. Los médicos de la FEP fueron apoyados del recién electo decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro Gómez, quien exigió al ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, que deje de lado las amenazas y se dedique a buscar soluciones para atender las demandas de los profesionales de la salud. "El Gobierno Central debe cumplir con la ley pero, ilegalmente, mantiene a un gran número de médicos contratados", puntualizó. Respecto a uno de los puntos de la demanda de la huelga médica, la oposición a la municipalización de la salud, los médicos recibieron respaldo del alcalde de Huamanga, Germán Martinelli, quien manifestó que esta idea sólo podría resultar a largo plazo, siempre y cuando el Poder Ejecutivo entregue los recursos necesarios para que los municipios se encarguen del tema de salud, pero en la actualidad no están en condiciones de poder asumir una municipalización de la Salud. Luego de 12 días de huelga indefinida sin visos de solución, el 20 de enero, los médicos del Ministerio de Salud anunciaron que darán una semana de plazo para que se solucione su pliego de reclamos. De lo contrario, radicalizarán su protesta abandonando los hospitales. "Daremos de alta a los pacientes y los trasladaremos a los hospitales de Essalud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, luego entregaremos los hospitales al Ministerio Público", advirtió el dirigente Julio Vargas. El día siguiente, el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, condenó la amenaza de los galenos de dar de alta a los pacientes hospitalizados o trasladarlos a los hospitales de las Fuerzas Armadas. "Si se da esta situación, ustedes verán la respuesta. No creo que los médicos del Perú falten a su juramento hipocrático y caigan en este atentado contra la vida", dijo. El titular de Salud también adelantó que de presentarse esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) "actuará dentro del marco legal que corresponde cuando alguien atenta contra la vida humana en el país". En tanto, la Federación Médica Peruana emitió un comunicado en el que denunció que los médicos en huelga están siendo víctimas de "una serie de actos de amedrentamiento y represalias". Entre ellos se mencionó las inspecciones de la Contraloría General de la República a diversos establecimientos de Salud, los despidos de médicos contratados, la convocatoria al voluntariado médico y los descuentos en los sueldos. El gremio también adelantó una serie de medidas para los siguientes días y advirtió que no cederán ante las amenazas del Gobierno. El 22 de enero, el Ministro de Salud recibió los médicos en huelga que realizaron un plantón frente a la sede del ministerio con un cartel colocado en el frontis del edificio que decía: "Si no hay solución, los descuentos continúan". Él 27 de enero, un día antes de cumplirse el plazo dado por la FEP, el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, anunció que se denunciará penalmente tanto a los médicos que envíen a sus casas a sus pacientes como a los autores intelectuales de esta medida. El ministro advirtió que si la FMP no depone su protesta, en las próximas 72 horas se nombrará a más de 2 mil 900 profesionales no médicos (tecnólogos, enfermeras, laboratoristas, fisioterapistas, entre otros) para que tomen la dirección de los centros de salud en todo el país. Pese a estas amenazas, el 25 de enero, técnicos del Ministerio de Salud (Minsa) y representantes de la Federación Médica Peruana (FMP) se reunieron para llegar a un acuerdo. Julio Vargas, presidente de la FMP, señaló que decidieron sentarse a conversar luego de que el Ministerio de Salud publicara, en periódico El Peruano, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitiera las disposiciones para la contratación y nombramiento del personal. El 28 de enero, el Ministerio de Salud emitió la resolución ministerial N° 044-2008/MINSA que declaraba ilegal esta paralización. Sobre este anuncio, el presidente de la FMP, Julio Vargas, afirmó que continuarán con su medida de fuerza. Al mismo tiempo, el Ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, llamó a los médicos a negociaciones para encontrar una solución a la paralización. A cambio, la Federación Médica Peruana (FMP) decidió suspender por 48 horas su amenaza de dar de alta a los pacientes de los hospitales del Estado. Luego de dos días de negociaciones, el 29 de enero, ambas partes llegaron a un acuerdo. En el acta firmada destacan dos puntos importantes: la propuesta de crear un sistema único de salud y el aumentar el presupuesto del sector. En ese sentido, los galenos formarán parte de la comisión multisectorial -encabezada por representantes del Gobierno- que estudiará la factibilidad de crear un Sistema Único de Salud, el cual permitirá que todos los peruanos tengan acceso a la atención médica. Otro acuerdo era que se pague parcialmente las asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial (Aetas) que se adeudan a los galenos del interior del país. Para ello, el Minsa se comprometió a gestionar, con los gobiernos regionales, la cancelación de seis de estas remuneraciones. El pedido para que se nivele los haberes de los médicos del Minsa con los de sus pares de Essalud también será evaluado. Además, entre los acuerdos figuraba el nombramiento de más de dos mil galenos contratados. La FMP entregará un proyecto de ley al Congreso, el cual tendrá el respaldo del Minsa. Tras la firma del acta, el gremio médico realizó una asamblea de delegados, donde se evaluó la propuesta hecha por el ministro para luego decidir suspender la huelga indefinida. Los médicos aclararon que no han levantado la huelga, sino que solamente la han suspendido. Esto significa que podrían retomar la medida de fuerza si el Gobierno no muestra voluntad de cumplir los acuerdos, aunque los dirigentes no precisaron el plazo que les darán a las autoridades. Rechazo total a ley que concesiona patrimonio cultural Con una serie de protestas y paros regionales, la población del Cusco expresó su rechazo a la Ley 29164 que promociona la inversión privada en los sitios históricos y la Ley 29167, que regula la edificación en centros históricos. Ambas leyes fueron promulgadas en el mes de diciembre de 2007. El 5 de enero, diversas autoridades y gremios cusqueños expresaron su profundo rechazo a la Ley 29164 que promociona la inversión privada en los sitios históricos y anunciaron jornadas de lucha, movilizaciones y acciones legales con la finalidad de lograr la derogatoria de la referida norma. Aunque la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, aclaró que la ley busca promover la inversión privada en los servicios turísticos y de ninguna manera favorecerá la privatización del patrimonio, el presidente regional Hugo Gonzales Sayán consideró que la norma podría significar la concesión de sitios arqueológicos, como Sacsayhuamán y Machu Picchu. Gonzales Sayán también cuestionó que la norma faculte al inversionista del turismo a trabajar en los sitios arqueológicos que se encuentran en las zonas de amortiguamiento, sin la necesidad de ninguna autorización municipal o regional. Ante esa situación, señaló que los consejeros regionales han iniciado el trabajo legal para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley, "ya que el dispositivo violenta la autonomía de los gobiernos regionales y municipales de todo el país". Por su parte, la presidenta del Patronato de Cultura de Machu Picchu (PCM), Alejandra Arróspide, expresó su indignación por la norma, pues anotó que atenta directamente contra el Cusco, ya que hay varios consorcios interesados en ingresar a Choquequirao, Pisaq y Sacsayhuamán debido a la rentabilidad que podrían generar esos monumentos. En una primera manifestación en contra de la llamada ley, el 16 de enero, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios dijeron masivamente "¡no!" a esta norma aprobada en el Congreso, que permite la concesión del patrimonio cultural al sector privado. La movilización terminó con varios jóvenes heridos, un detenido y ataques a instituciones que respaldan esta cuestionada norma. Pese a que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la Ley 29164 busca promover la puesta en valor y el autosostenimiento del patrimonio cultural y aclaró que solo se concesionará el servicio turístico, el 23 de enero, en una nueva jornada de protesta miles de cusqueños salieron a las calles demandando la derogatoria de las leyes 29164 y 29167, sosteniendo que ambas normas atentan contra el patrimonio cultural. También participaron autoridades, como el presidente regional Hugo Gonzales y sus consejeros, así como alcaldes y regidores de Valle Sagrado de los Incas, Machupicchu, Cusco, Santiago, Wanchaq, San Jerónimo y San Sebastián, quienes así desafiaron la norma que prohíbe la participación de funcionarios públicos en protestas. Para tratar de calmar los ánimos, diversas autoridades y representantes de la sociedad civil del Cusco formaron una comisión técnica que se encargará de elaborar una propuesta alternativa a la Ley 29164. La Asamblea Regional del Cusco que reúne las organizaciones de base de la región anunció un paro regional para el 7 de febrero. Por sumarte, el congresista Carlos Bruce, promotor de la referida ley, acusó a las autoridades del Cusco de desinformar a la población, "porque no se busca concesionar zonas arqueológicas, sino las aledañas". Protestas contra la ley de concesiones para las tierras desérticas de la Amazonía En las regiones de la Amazonía la población realizó actos de protestas y acciones legales contra el proyecto de ley 840 o Ley de la Selva, que promueve y regula la venta de grandes extensiones "deforestadas de amazonía". Con la mencionada ley, el gobierno pretende lotizar los terrenos sin titulación para que Pro Inversión y el Ministerio de Economía y Finanzas lo vendan a inversionistas privados. Las protestas también fueron dirigidas contra los proyectos de leyes 1770, 1900 y 1992, con las cuales el gobierno pretende impulsar el proceso de saneamiento de tierras agrícolas y la promoción de la inversión privada sobre las mismas. El proyecto de ley de la selva (PL 840-2006) no inventa nada porque ya el gobierno de Paniagua, en abril del 2001, dictó el Decreto Supremo 003-2001-AG que aprobaba el Reglamento de la Ley Forestal, que en su artículo 22 encarga a INRENA la elaboración del plan de reforestación en coordinación con los gobiernos regionales y locales, plan que nunca fue puesto a la práctica. El 13 de enero del 2005 el gobierno de Toledo expidió el Decreto Supremo 003-2005-AG, declarando a la reforestación una actividad prioritaria y encargando a INRENA y PRONAMACHS el plan, sin coordinación con los niveles regionales y locales. El 4 de enero del 2006, la Resolución Suprema 002-2006 aprobó el Plan de Reforestación, que abre facilidades tributarias para la inversión, fuentes de financiamiento, infraestructura y seguridad jurídica. Esto fue confirmado y sancionado por la Ley 28852 de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, de tanta importancia estratégica que fue promulgada el 27 de julio del 2006, un día antes que Toledo se quitará entre sollozos la banda presidencial. La Ley 28852 hace posible las concesiones de grandes territorios. Con el Proyecto 840-2006, se amplía los alcances de esa ley, a través de la modificación de los artículos 2 y 7 y de dos disposiciones complementarias, básicamente orientados a aumentar la tierra concesionable de 5 mil a 40 mil hectáreas cada una y las garantías para la inversión ampliando el plazo a 60 años. El Plan Forestal Comercial que se encuentra en ejecución plantea como meta lograr al 2024 un área de 864,500 hectáreas de plantación y una tasa de siembra de 104,500 hectáreas por año, de las cuales 588,875 (68%) se instalarán en la Amazonía a una tasa de 70 mil por año. Sin embargo, la deficiencia de este plan es que no existe un catastro de los terrenos que serían entregados a terceros; en especial el territorio de las comunidades campesinas y nativas en muchos casos no están definidos y también muchos campesinos individuales no poseen títulos de propiedad para la tierra que trabajan, lo que en el pasado ha llevado a constantes conflictos con las empresas petroleras y madereras que desarrollan actividades en la zona. Por esta razón, al conocerse el proyecto de ley, en las regiones amazónicas Loreto San Martín y Ucayali se formó un amplio frente en contra de los planes del gobierno. Las protestas también incluyeron el Proyecto de Ley 1770/2007, que propone establecer "el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y nativas", desconociendo los títulos de propiedad de las comunidades debidamente inscritos en los registros públicos, así como el proyecto de ley 1900/2007-PE que propone declarar de interés público y de prioridad nacional la titulación, registro y rectificación de predios rurales individuales, comunidades campesinas y nativas y que facultará al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI para que "de oficio", realice la determinación, conversión y/o rectificación de linderos y medidas perimétricas de las tierras de las comunidades campesinas, emitiendo nuevos planos sobre las tierras ya registradas. El 18 de enero, cientos de pobladores de la provincia de Alto Amazonas, agrupados en el Frente de Defensa, marcharon por las principales calles de Yurimaguas para exigir la titulación de sus bosques. El presidente del gremio, Pedro Tello Rojas, explicó que el Gobierno les ha propuesto dar títulos solo por las tierras trabajadas por los agricultores, pero ellos piden que se incluyan los bosques ubicados en sus territorios. Los manifestantes anunciaron que harán protestas más radicales si sus reclamos no son atendidos. Un discurso que dio el Jefe del Estado el 23 de enero, en España, y en el cual ofreció como ejemplos concretos de posibilidades de inversión en el Perú, los 63 millones de hectáreas de la Amazonía peruana, encendió aún más la mecha de las protestas contra la intención del Ejecutivo de entregar en propiedad los bosques amazónicos, supuestamente deshabitados, a empresarios extranjeros. Ese mismo días, el presidente regional de San Martín advirtió que las tierras de la Selva Alta, de San Martín y Amazonas, "están ocupadas precariamente sólo en un 50 por ciento, por propietarios legales o posesionarios sin titulación, que no aparecen en el catastro oficial y por lo tanto podrían no ser reconocidos; y las demás, supuestamente libres, forman parte de reservas forestales". El 25 de enero, miles de pobladores de Iquitos y afiliados a la central sindical CGTP participaron en una marcha convocada por el Frente Patriótico de Loreto (FLP) para protestar contra la intención del Ejecutivo de concesionar las tierras desérticas de la Amazonía. El día siguiente, los dirigentes de los frentes de defensa de Ucayali, Loreto y San Martín se reunieron para coordinar una huelga macrorregional en rechazo del proyecto de ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería, más conocido como "Ley de la Selva". El 29 de enero, el presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, Percy Amaro Boniato, pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso que archiven los proyectos de Leyes 1770, 1900 y 1992, referidas a la formalización, registro y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y nativas que afectarían la posesión de sus terrenos, pues serían concesionados a terceros. El dirigente exigió también la modificatoria del proyecto de Ley 1770, señalando que existen territorios titulados, no titulados y no contactados que no son considerados por el Gobierno. Anunció protestas que llegarían a marchas de sacrificio y paralizaciones regionales. Y además... Huelga de los docentes universitarios La huelga de los docentes universitarios, iniciada en el mes de octubre 2007, en demanda que el gobierno cumpla con el cronograma de pagos de la homologación de sus sueldos con los magistrados del Poder Judicial, continuó hasta el comienzo de las vacaciones de verano en enero, sin que se haya llegado a alguna solución. Si bien el Congreso de la República les dio la razón, sancionando el pago del aumento programado para el año 2007, el primer mandatario Alan García Pérez, observó la ley dada por el Parlamento Nacional. El 7 de enero, el presidente de la Federación de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), Julio Lazo, negó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya pagado en su totalidad el tercer incremento de sueldo que debió concluir en diciembre de 2007. Aseguró que de los 71 millones de soles que el gobierno debía pagar a los docentes entre junio y diciembre, sólo ha cumplido con el último mes y "se ha quedado con 61 millones de soles, lo cual es ilegal". Lazo opinó que el cuarto aumento programado para el año 2008 no debe estar condicionado al cumplimiento de ratios de gestión, como reiteró al MEF el día anterior. El dirigente dijo que esto vulnera la ley universitaria, y por ello se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto supremo referido a los ratios. Mientras tanto, en varias universidades los estudiantes que inicialmente apoyaron la huelga de los docentes, exigieron que se levante la medida porque temían perder el año académico. En Arequipa, el 5 de enero, más de un centenar de exaltados universitarios tomaron la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) para demandar a sus docentes retornen a las aulas, a fin de que ellos no pierdan un ciclo. Asimismo, los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa en Chimbote, el 8 de enero, decidieron formar una Comisión de Diálogo para exigirle a sus maestros la interrupción de la medida de fuerza. En algunas universidades, como en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, los docentes decidieron levantar la huelga para dictar las clases perdidas durante las vacaciones. Huelga de los trabajadores judiciales El año judicial 2008, se inició con la huelga indefinida que acató la mayoría de servidores del Poder Judicial desde el 26 de noviembre, en demanda del pago de una bonificación de 900 Soles a cada trabajador, usando los excedentes del presupuesto del sector del año 2007. En el acto de inauguración que se llevó a cabo el 2 de enero, Francisco Távara Córdova, el presidente del Poder Judicial, pidió al gobierno cambiar de actitud, cumplir con la Ley 29155 y otorgarle los recursos para atender el reclamo "justo y legítimo" de los trabajadores y avanzar en la reforma de la administración de justicia. A su vez, invocó a los trabajadores a deponer la huelga y no perjudicar a los usuarios de la justicia y les prometió seguir trabajando, a través de mecanismos constitucionales, para atender sus problemas salariales. Una hora después de su mensaje, el titular del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, ratificó que no habrá fondos destinados a los trabajadores judiciales y que era una irresponsabilidad pretender utilizar el presupuesto sobrante del 2007 en un bono excepcional. Además, criticó que los trabajadores en huelga del PJ hayan cobrado su sueldo de diciembre y la gratificación. Mientras el gobierno siguió sin atender la huelga de los trabajadores del Poder Judicial, miles los litigantes sufrían las consecuencias de esta paralización al ver sus procesos sin atención alguna. El 3 de enero se produjo un enfrentamiento entre la policía y trabajadores judiciales, cuando éstos pretendieron marchar al Congreso en la Av. Abancay en Lima. En el trayecto, los policías les salieron al paso y hicieron uso de la fuerza para impedir que sigan su recorrido. Los servidores judiciales junto con un grupo de trabajadores municipales despedido que reclamaron su reposición, se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los agentes, quienes recibieron el apoyo de los vehículos conocidos como 'pinochitos', que lanzaron chorros de agua para dispersar a los manifestantes. Ante la respuesta policial, algunos huelguistas intentaron refugiarse en las instalaciones del Ministerio Público y en establecimientos cercanos. Esta situación generó congestión vehicular por varios minutos y obligó a algunos comerciantes a cerrar momentáneamente sus negocios por seguridad. Al promediar las 2:00 p.m. se restableció el orden público. Producto del enfrentamiento, 15 personas fueron detenidas y conducidas a la comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima. Luego de 42 días de huelga y tras intensas jornadas de negociación con representantes del Poder Judicial (PJ), el 7 de enero, los aproximadamente 14 mil trabajadores de dicho organismo del Estado suspendieron la medida de lucha y retornaron a sus labores en 29 distritos judiciales del país. Según informó el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Lima (Sutrapoj), Alexander Mass Lozada, la decisión de poner un alto a la protesta se dio luego de que el PJ -representado por el gerente de personal, Jaime Gómez Valverde- accediera a suscribir un acta en la que se comprometen a dar solución a los principales reclamos del gremio. Mass Lozada indicó que el acuerdo firmado incluye, como primer punto, no renunciar al pago extraordinario de 900 soles como bonificación especial que el gobierno se negó a concederles. En tal sentido, advirtió que continuarán con la lucha por el pago de dicho beneficio a través del Congreso, el PJ y, de ser necesario, en organismos internacionales. El segundo punto concertado fue garantizar que no existirá ningún tipo de represalia contra los trabajadores que acataron la huelga. Además, se acordó que el PJ procederá a renovar los contratos de todos los trabajadores que están en planilla, así como los que se encuentran contratados bajo servicios no personales, durante el 2008. Sobre este último punto, se informó que se formará una comisión mixta para promover el pase progresivo de los contratados por servicios no personales a planilla. En quinto lugar, se dispuso que se mantendrá en la institución a los trabajadores de los centros juveniles del Poder Judicial evitando su traslado al Ministerio de la Mujer. Mass Lozada manifestó que los trabajadores del PJ se comprometieron a recuperar-hasta el 30 de junio- las horas no laboradas durante la huelga. A sólo dos semanas de suspender su huelga indefinida de dos meses, el viernes 25 de enero, los trabajadores del Poder Judicial realizaron un paro preventivo de 24 horas, debido a que el Consejo Ejecutivo de dicho poder del Estado incumplió puntos del acta que posibilitó la culminación de su medida de fuerza. Sobre las razones de la medida de fuerza Alexander Mas Lozada, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, señaló que se pretende vulnerar los acuerdos consignados, en lo referido a la reposición de horas perdidas durante la huelga pasada y a las vacaciones de febrero. Además de la paralización, los representantes del gremio judicial presentaron en el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el premier Jorge Del Castillo y el ministro de Economía, Luis Carranza, por considerar que ambos vulneraron la Ley 29155, impidiendo el pago de una asignación excepcional de 900 soles. Nativos de Loreto exigen de la empresa Pluspetrol el cumplimiento de acuerdos En la región Loreto, el 7 de enero, nativos de la zona de influencia del río Tigre tomaron un campamento de la empresa Pluspetrol Norte en protesta por el incumplimiento de acuerdos. La medida de fuerza fue protagonizada por un grupo de pobladores de la comunidad nativa 12 de Octubre, quienes reclamaban reunirse con los principales ejecutivos de la empresa petrolera. Entre los acuerdos incumplidos figuraban la electrificación de las aldeas vecinas, la construcción de tanques y motores de bombeo para obtener agua potable y otras obras de infraestructura. Luego de tres días de la toma de las instalaciones y la paralización de las operaciones de la batería San Jacinto de Pluspetrol, el 11 de enero, los ejecutivos de la empresa llegaron a un acuerdo con los líderes de la comunidad nativa Doce de Octubre (Loreto). Según informó un vocero de Pluspetrol, entre los principales acuerdos se encuentran la compra de una embarcación para 12 personas, la construcción de una posta médica, la construcción de un salón evangélico y financiar más horas de generación eléctrica. "Muchas de estas cosas nos ofrecieron desde el 2006 y no cumplían. Como no nos daban importancia tuvimos que tomar esta acción de fuerza", señaló Juan Ribeiro, miembro de la comunidad Doce de Octubre.